La revolución tecnológica de los medios de comunicación electrónica de los últimas décadas es equiparable a la que tuvo como origen la invención de las máquinas de vapor y que dio lugar a la Revolución Industrial en el siglo XIX. El desarrollo de equipos de cómputo con capacidad de procesamiento de datos, impensable hace 50 años; la invención de protocolos para la transmisión de todo tipo de información -voz, datos, audio e imagen- a velocidad de la luz; el progreso de nuevas tecnologías que permiten la conectividad en movimiento, son ejemplos de cómo el avance tecnológico ha modificado nuestra forma de vivir, relacionarnos y hacer negocios. Basta pensar que hoy un dispositivo del tamaño de la palma de la mano, nos permite sostener una conversación con una o más personas, recibir correspondencia enviada apenas segundos antes, interactuar con redes sociales, ver videos e inclusive asistir programas de televisión.
Diez años de progreso en materia de medios de comunicación electrónica equivalen a un siglo de trabajos continuos para la construcción de redes ferroviarias, redes carreteras o instalaciones portuarias. Pese a ello, en México las leyes que regulan estas actividades datan de 1960, en el caso de la Ley de Radio y Televisión, y 1995 en el de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
No es que desde entonces no hayan aparecido iniciativas de reforma o intentonas para la expedición de una nueva ley, sino que las que han sido aprobadas por el Congreso, -que buscaron ganarse el favor de los poderosos grupos mediáticos para el proceso electoral del 2006-, fueron después declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desafortunadamente, los vacíos legales y la falta de legislación adecuada favorecen los intereses de los poderosos grupos que participan de uno u otro lado de la industria. La falta de acción legislativa mantiene el statu quo de los dominantes en el mercado, y propicia a que éstos resuelvan cualquier obstrucción a sus intereses a través de la creatividad de sus abogados, que con interpretaciones imaginativas consiguen sortear restricciones o prohibiciones contenidas en una legislación que además de confusa es obsoleta.
Así, pese a la tan publicitada prohibición en su título de concesión, Telmex participa en el mercado de la televisión de paga a través de su alianza con Dish. TV Azteca incursiona en el mismo mercado con su producto Hi-TV, que usa el canal digital que le fue asignado para ser espejo de un canal analógico. Cablevisión, subsidiaria de Televisa, adquiere participación accionaria de Cablemás y TVI de Monterrey, y forma una alianza con Megacable, a través de la que controla más del 70% del mercado de la televisión de paga vía cable. Esto sin contar que Televisa, además, es propietaria de Sky, la única empresa de televisión satelital en toda la república, hasta la aparición de Dish.
Entretanto, el mercado de las telecomunicaciones fijas continúa migrando valor para el de los celulares, socavando el atractivo de invertir en infraestructura física indispensable para evitar que llegue a ser un cuello de botella para el tráfico de señales. Es de todos conocido que pese a que existen redes de comunicación de alta capacidad entre las principales ciudades del país, el resto del territorio apenas y cuenta con la alternativa de la red de Telmex (aunque algunos vean en el propósito de licitar dos de las 36 fibras ópticas de la red de la Comisión Federal de Electricidad, la forma de resolver el problema).
La industria de la radio y televisión abierta también enfrenta desafíos. Los vacíos legales e interpretaciones de la decisión de inconstitucionalidad de muchos de los preceptos de la llamada Ley Televisa, mantienen a muchos de sus participantes en estado de incertidumbre en relación al refrendo o supuesta “prórroga” de sus concesiones. Pero también refuerzan las barreras de entrada a nuevos competidores que podrían convertirse en una alternativa para la oferta diversificada de contenidos, con el potencial de diluir el poder mediático y, por ende, el poder político de los grandes grupos de medios masivos de comunicación -tanto de la radio como de la televisión.
No se trata de que el Ejecutivo y el Congreso no sean conscientes de la necesidad de debatir y aprobar una ley que determine los términos y condiciones de actuación de los participantes en el nuevo mercado convergente. Pero ambos saben del riesgo político que corren, por lo que han preferido impulsar las propuestas mínimas necesarias para resolver problemas puntuales, descartando la posibilidad del debate de una reforma integral.
Basta como evidencia las más de 16 iniciativas parciales presentadas por diferentes representantes en el Senado, y las dos o tres acciones promovidas por el gobierno. Y es que el debate de una reforma integral pondría en riesgo el fin último de la actuación de políticos y partidos: el poder. El poder por el poder mismo, y no como medio para llevar a cabo las acciones requeridas para el mejoramiento de la sociedad.
En prácticamente todos los ámbitos sobran ejemplos para demostrarlo, pero en comunicaciones es aún más evidente. Desde 2007 la reforma integral se ha aplazado. Nunca será un buen momento para debatir reformas que pudieran afectar los intereses de los grandes grupos que concentran el poder de facto: elecciones para gubernaturas, renovación del Congreso, presidencias municipales, delegaciones políticas, etcétera. A su manera de ver, es de idiotas pelearse con el cocinero justo cuando está preparando la sopa.
Y si bien es cierto que en el Congreso se han presentado 16 iniciativas -ninguna del Ejecutivo-, todas y cada una de ellas están enfocadas a tratar de congraciarse con los grupos mediáticos, cuyo favor es, desde su óptica, imprescindible para mejorar su posición en las contiendas electorales.
No obstante, es posible que el desastroso resultado de las elecciones de julio de 2009 convenciera al PAN y a su Gobierno de la necesidad de revisar su estrategia. Algunos hasta nos at revimos a imaginar que el Presidente, anticipándose a una posible derrota electoral en 2012, haría a un lado los resquemores partidistas, y con la visión de estadista, buscaría impulsar verdaderas transformaciones estructurales. Esta entelequia pareció confirmada por el mensaje que con motivo del Tercer Informe de Gobierno, rindió Felipe Calderón el 2 de septiembre del año pasado.
En esa ocasión, el Presidente propuso pasar de la lógica de lo posible, limitada siempre por los cálculos políticos de los actores, a la de los cambios de fondo. Pero hasta ahora, en comunicaciones, las acciones propuestas por el gobierno son apenas paliativos con los que se pretende bajar la fiebre sin atacar la enfermedad.
Entretanto, a comienzos de diciembre pasado se introdujo en el Senado la primera y hasta ahora la única propuesta de reforma integral. Así, el 9 de diciembre de 2009, el senador Carlos Sotelo presentó un Proyecto de Decreto para la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se desarrollan trece temas: 1) una sola ley convergente para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión; 2) los principios fundamentales que definen a esos servicios cómo públicos, de acceso universal garantizando la conectividad; 3) un ente regulador del sector con naturaleza de órgano constitucional autónomo; 4) la Concesión como figura jurídica única con independencia del fin, sea lucrativo o no, así como la forma para su asignación, contraprestación, duración y refrendo; 5) convergencia tecnológica para mayor competencia; 6) concesiones a pueblos y comunidades indígenas; 7) régimen de medios públicos; 9) régimen de medios comunitarios; 10) contenidos audiovisuales; 11) tiempos de Estado; 12) publicidad; y, 13) sanciones.
Con absoluta candidez, se podría pensar que considerando el compromiso asumido por el Ejecutivo, el 2 de septiembre pasado, de llevar a cabo una reforma estructural del sector de telecomunicaciones, y la introducción en el Senado de la iniciativa del senador Sotelo, finalmente estamos ante un escenario propicio para el debate de una propuesta para la expedición de una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Pero la mula no era arisca, sino que la hicieron, y es ingenuo pensar que este año, en el que están en juego por lo menos 11 gubernaturas, los representantes de los partidos políticos tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, cambien la lógica hasta ahora utilizada de tratar de ganarse el apoyo de los grupos de medios, o de por lo menos no arriesgarse a provocar su enemistad. Además -y cómo siempre- están en juego otras reformas estructurales, como es la iniciativa para una reforma política presentada por el Ejecutivo en diciembre pasado; o la tan anunciada reforma hacendaria y la reforma laboral. En el mejor de los casos, la discusión de una iniciativa para una nueva ley de medios electrónicos de comunicación, sería moneda de cambio para la negociación de otras aprobaciones.
No pretendo ser profeta pero apuesto con quien se anime a apostar, que para la discusión y aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se nos acabó el sexenio.
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Nueva clasificación
Una de las características de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión presentada por el senador Carlos Sotelo, es la modificación del artículo 13, en el que se establecen los tipos de estaciones. La legislación vigente menciona que éstas pueden ser “comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole”, aunque no las describe. La nueva propuesta divide a las radiodifusoras en comerciales, sociales, públicas y de uso reservado.
A continuación el fragmento correspondiente al artículo 13 de la iniciativa de reforma:
Artículo 13.- Al otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser: Nueva clasificación de uso comercial, de uso social sin fines de lucro y de uso público.
I.- Uso comercial: utilización de frecuencias para explotación comercial con fines de lucro, mediante concesión que otorgue la Secretaría;
II.- Uso social: utilización de frecuencias para la explotación sin fines de lucro, mediante permiso que otorgue la Secretaría para fines sociales, culturales, científicos, educativos y de experimentación;
III.- Uso público: utilización de frecuencias mediante permiso asignado de manera directa al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales y los organismos constitucionales autónomos, para el cumplimiento de sus atribuciones;
IV.- Uso reservado: son aquellas frecuencias o bandas de frecuencias no atribuidas a ningún servicio en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
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