María Eugenia Chávez Fonseca

LAS COMUNITARIAS EN LA LEY: Cuando no todos jugamos el mismo juego

Cuando se empezó a hablar de la reforma en telecomunicaciones en la AMARC1 recibimos incrédulas la noticia, desde sus inicios hemos siempre luchado, al lado de otras organizaciones y sectores, por reformar el sistema de medios, en donde la comunicación se viera como lo que es: un derecho humano al servicio de los ciudadanos y una herramienta en la construcción de la democracia.

Al analizar la reforma vimos y apreciamos los cambios sustanciales, la inclusión de conceptos y el reconocimiento de derechos verdaderamente de avanzada. Sin embargo, también nuestros temores están ahí: los derechos se reconocen pero no se traduce en un engranaje que permita ejercerlos; se sigue viendo a los medios bajo la misma lógica, las leyes del mercado son las que están dictando las discusiones, las preocupaciones están focalizadas en el poder que ejercerán o no los monopolios, el capital extranjero y el poder del presidencialismo, los temas de la competencia y apertura del mercado, se han subrayado, como cambios paradigmáticos de esta reforma.

Pero, y quiénes jugamos con otras reglas, no las del mercado, sino los que cada día nos empeñamos en ver a la información y comunicación como un derecho, que sabemos que tener un medio que hable en nuestro idioma, literalmente, cambia la vida del ciudadano de a pie, le hace empoderarse o saberse cerca de otros, los que sabemos que un medio es una herramienta para defender otros derechos o para construir ciudadanía.

Después de 12 años de gobiernos panistas que, paradójicamente a las tendencias internas en su partido en el que ha habido voces demandantes de mayor democratización en los medios, hicieron una serie de dádivas a las grandes corporaciones de medios, dando por hecho que pagarían por adelantado y tendrían a su favor al aparato mediático en la pasada elección federal. Fox y Calderón se equivocaron, el poder de las grandes corporaciones es tal que no necesitaron de esas dádivas para “vender” una filiación que han tenido desde sus orígenes y que es priísta.

Con la reforma parecería que el PRI le está dando duro a los grandes corporativos y no es así, estos muy seguramente seguirán fortaleciéndose y no caerá el sistema, como es natural, como ha sucedido en otros países. Existen legislaciones menos concentradoras en países como Francia, Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Legislaciones que han incluido mecanismos de competencia, pluralidad y un amplio marco de derechos humanos y no ha sucedido que grandes corporativos nacionales hayan quebrado estrepitosamente.

De ahí que la reforma no constituya un punto de quiebre para las grandes empresas, y sí constituye un instrumento de mayor legitimación para un gobierno que llegó sumamente cuestionado al poder y que sí ha considerado necesario retomar demandas de diversos sectores de la sociedad como un medio para mantener respirando al sistema.

Desde el sector que trabaja con las radios comunitarias consideramos que es mejor esto que nada. El sistema de medios no puede continuar siendo inamovible y no vamos a esperar otro momento histórico para la transformación profunda o que las otras caras de la democracia se encuentren en el poder. No obstante, hacemos énfasis en correcciones urgentes que se requieren en esta reforma y apelamos a la sensibilidad de las y los legisladores para incluirlas, pues algunas son deudas históricas que el estado mexicano mantiene:

En primer lugar nos preocupa que a las radios comunitarias no se les nombre ni tampoco a los medios indígenas, la interpretación es que se nos está reconociendo bajo la figura de “medios sociales y privados”, a pesar de que la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas claramente habla de “radios comunitarias” como sujetos de protección, es decir, ya hay antecedentes en la legislación nacional del reconocimiento a estos medios y no estar enunciadas en la reforma es un gran retroceso.

Como se dice popularmente, lo que no es nombrado no existe, por ello proponemos la siguiente definición de medios comunitarios y comunitarios indígenas:

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal, de interés público, prestado por organizaciones sociales con personalidad jurídica y sin fines de lucro, y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación de la comunidad propiciando la difusión de las ideas, ofreciendo mecanismos para la formación e integración de la comunidad, estimulando y fortaleciendo la cultura y las lenguas nacionales, la convivencia social y permitiendo la capacitación de los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la expresión y acceso a la información. Asimismo deberán ser atendidas aquellas especificidades propias de las radiodifusoras comunitarias indígenas con base en los derechos consagrados en el artículo 2° de la constitución.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos sociales. No podrá promover ningún tipo de discriminación de acuerdo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Si no hay claramente una definición de a qué se refieren con “medios sociales y privados” se puede caer en un uso arbitrario del término y en consecuencia seguir empleando el otorgamiento de las que serán las concesiones como sistema de coerción para acallar voces, máxime que en el tercer párrafo del artículo 7° propuesto se señala que las concesiones para este tipo de medios serán por asignación directa.

Como ya lo señalamos el espíritu de la reforma es la libre competencia y el combate a los monopolios, si bien, se señala también que no será el factor económico el determinante para otorgar nuevas licitaciones, sin embargo, no se establece la reserva del espectro, se corre el riesgo de que los medios comunitarios sigan siendo marginados bajo la excusa de que ya no hay frecuencias que otorgarles, como sucede actualmente en el Distrito Federal y en general en las zonas urbanas. Para esto es indispensable que las nuevas frecuencias que se piensan obtener se reserven un 30% para los medios comunitarios, del cual la tercera parte sea para los medios comunitarios indígenas en cumplimiento del artículo 2 apartado B, fracción VI de la Constitución vigente y otro 30% para los medios públicos, lo ideal sería seguir el ejemplo de Argentina y expropiar las frecuencias que están en unas pocas manos.

Otro punto importante a subrayar es que esta reforma hace un expreso reconocimiento a los medios indirectos que violan la libertad de expresión, como el abuso de controles oficiales en las frecuencias radioeléctricas y otros enseres usados en la difusión de la transmisión, en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un buen paso para evitar la criminalización de los y las comunicadoras comunitarias, pero que para ser efectivo necesitará se reformen los artículos 149 y 150 de la Ley Federal de Bienes Nacionales, artículos empleados para iniciarles procesos penales a quienes hacen uso de una frecuencia de radio sin permiso, contraviniendo recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos. Sin ello, tememos que este reconocimiento solo sea una declaración de buenas intenciones.

Otra preocupación que expresamos es la forma en que será regulado este sector de las comunicaciones, si bien, será tema hasta la hora en que se discutan las leyes reglamentarias, es inquietante que la reforma no incluya definiciones básicas de lo que se está entendiendo por medios “sociales y privados”, antes bien, deja una gran incertidumbre, por ejemplo, nos preguntamos si tendrán posibilidad de comercializar como a los medios públicos, entre otras dudas.

No puede existir pluralidad y diversidad de voces si se deja al tercer sector de la comunicación de lado, ésta es la oportunidad histórica para que las y los legisladores actúen en aras de imprimir una visión de derechos humanos en la reforma constitucional. Es hora de que las y los ciudadanos puedan ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, remontar la visión de solo ver consumidores en donde existen personas.

La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados se ha pospuesto hasta el jueves 21, las y los legisladores tienen un día más para profundizar en las reformas y que este paso para hacer más amplio el marco constitucional sea realmente un hito histórico en nuestro país en el que todos los sectores estén representados. Pero es necesario observar, opinar, presionar para lograrlo.

Nota:

1 Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

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