Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

La tragedia de los desaparecidos en Veracruz: un grito de dolor

La desaparición de personas es uno de los actos criminales más detestables que pueden existir. Representa una doble tortura, pues mientras a las víctimas les supone ser privadas ilegalmente de su libertad y solo por ese hecho recibir maltrato físico y psicológico, para sus familiares implica un suplicio insoportable.

Para quien no lo ha experimentado directamente, es inimaginable el dolor, la angustia y la desesperación que provoca no saber del paradero de un ser querido o de un amigo, sufrimiento que se mantiene y extiende durante el tiempo que no se tiene noticia sobre si, quien fue secuestrado, ya sea por la autoridad o por delincuentes, vive o muere, y en dónde se encuentra.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento ratificado por México, define a este delito como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Y aunque en Veracruz no puede decirse que el gobierno es necesariamente el perpetrador o siquiera el autor intelectual del gran número de desapariciones registradas en su territorio en los últimos tres años, lo que es un hecho es que en todo este tiempo, las autoridades veracruzanas han preferido taparse los ojos e ignorar un fenómeno que ha crecido a niveles realmente alarmantes. Amén de que sí existen denuncias sobre la participación o responsabilidad de agentes del Estado, como es el caso de las policías, en hechos de esta índole, según lo señalan organismos civiles como el Colectivo por la Paz.

De 2011 a la fecha, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha registrado, como declaró en febrero pasado su titular Luis Ángel Bravo Contreras, que asciende a 665 el total de personas que desaparecieron en Veracruz sin dejar rastro durante el lapso referido. De esta cifra, 521 son adultos y 144 son menores de edad, aunque la cantidad se modifica todos los días, ya sea porque -en menor medida- alguien reportado como desaparecido fue afortunadamente ubicado, o porque hay un nuevo caso de otra persona que no puede ser localizada.

Las causas

Son diversas las variables que se aducen como motivo de las desapariciones en Veracruz, que en su gran mayoría son de personas jóvenes, muchos adolescentes menores de edad.

Por un lado, y debido a la expansión de las actividades ilícitas de los grupos del crimen organizado, éstos se han dado a la tarea de reclutar, por la buena o por la mala, a nuevos integrantes para engrosar sus filas, ya sea para obligarlos a actuar como sicarios, para vender droga, secuestrar personas o extorsionar comerciantes y trabajadores. Generalmente son utilizados como carne de cañón y son los primeros en caer abatidos en los enfrentamientos con las fuerzas castrenses.

Las variables también apuntan hacia la trata de personas. A pesar de que no hay cifras oficiales, el crecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y jóvenes en Veracruz y otros estados de la República es considerado ya como un foco rojo, que hasta ahora solo ha sido atacado con una laxa legislación que no hace ni cosquillas a un negocio que genera nueve mil 500 millones de dólares al año en México.

La violencia de género también incide en la desaparición de personas, particularmente de mujeres, que son llevadas por la fuerza para ser abusadas sexualmente. En estos casos, cuando llegan a aparecer, generalmente ya están muertas. Sus cuerpos, abandonados en parajes baldíos, en tiraderos de basura o en drenajes, tienen visibles señales de haber sido no solo vejados, sino también torturados.

Autoridad ciega, sorda y muda

La respuesta del Gobierno del estado de Veracruz ante la generalización de la desaparición de personas en la entidad ha sido errática e indolente. Ávida por lavarse las manos, la autoridad ha preferido señalar, en primera instancia, que se trata de “escapadas” con el novio o la novia, parrandas de las que no se dejó aviso o, en el peor de los casos, de las “funestas consecuencias” por involucrarse en actividades ilícitas.

De lo anterior no deja dudas la postura del propio gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien al referirse a este tema, tras él mismo dar a conocer la desarticulación de una red de tráfico de menores en la entidad, afirmó que “en muchos de los casos es con el consentimiento de los padres de familia. Muchas menores que hemos rescatado, que no tenían denuncia, que no había ningún dato por parte de la propia Procuraduría, las hemos rescatado de esta situación lamentable, triste, dolorosa, lacerante y que tenían inclusive, el consentimiento de los propios padres”.

Y remató, reprendiendo a los padres de familia veracruzanos por “desatender” a sus hijos: “que sepan dónde andan metidos, quiénes son sus amistades, qué piensan, a qué se dedican en sus ratos libres, el poder infundir en ellos los principios y valores que nos identifican como sociedad y que lamentablemente, y lo digo con profunda tristeza, hemos en muchos casos perdido, y responsabilizamos al gobierno cuando aquí es una parte de corresponsabilidad. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero también los padres de familia deben cumplir con la suya”.

Otros funcionarios de su administración acudieron antes a la misma excusa para no asumir responsabilidad alguna y, por razones desconocidas e inentendibles, no investigar. Fue el caso de quien en 2011 todavía fungía como procurador de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez, experto en criminalizar a las víctimas de delitos antes de iniciar las investigaciones correspondientes, y que hoy es “asesor legal” de la pandilla de “campesinos” desnudistas e invasores de tierras e inmuebles conocida como Movimiento de los 400 Pueblos.

La historia es ésta. El 13 de junio de 2011, la joven estudiante de preparatoria Gabriela Benítez Ybarra desapareció en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, luego de salir a hacer ejercicio a un parque cercano a su casa, como era su costumbre.

Su madre, Bárbara Ybarra Martínez, inició desde ese mismo momento una intensa búsqueda de su hija, que incluyó la colocación de carteles con una fotografía de Gabriela por toda la ciudad, en paradas de autobuses, en automóviles y hasta en espectaculares.

Cuando la desaparición de Gabriela Benítez Ybarra comenzó a escalar mediáticamente, Escobar Pérez se apresuró a declarar que la joven de 17 años se había “escapado” de casa por problemas de “violencia intrafamiliar” con su madre, de cuyos regaños estaba “harta”.

Pero el 23 de septiembre de ese mismo año, la versión de la Procuraduría fue trágicamente echada abajo. Ese día se econtró el cuerpo de Gabriela Benítez Ybarra, enterrado a unas cuantas cuadras de su domicilio, con huellas de tortura y violación, y ya en estado de descomposición.

El Gobierno del Estado solo se limitó a expresar sus “condolencias” a Bárbara Ybarra por el deceso de su hija, quien al momento de ser plagiada estaba a unos días de graduarse como bachiller.

Atención condicionada a las víctimas

De mala gana, forzado por los reclamos de las familias de decenas de desaparecidos, el gobierno de Javier Duarte ha tenido que admitir que existe un problema más allá de la delincuencia común.

En noviembre de 2013, el Colectivo por la Paz -conglomerado de organismos no gubernamentales que atiende diferentes problemáticas sociales y cuyo objetivo es “brindar apoyo y solidaridad a deudos y familiares de víctimas”- denunció “la realidad de injusticia y el incremento exponencial de violencia que estamos viviendo los veracruzanos y los trágicos acontecimientos que pasan todos los días: los 221 secuestros y 383 desapariciones ocurridos entre los años 2010 y la primera mitad del 2013, las extorsiones y demás crímenes cometidos en contra de la sociedad, nos conducen y nos obligan a establecer un posicionamiento de demanda social a las autoridades en materia de prevención del delito, de seguridad y paz social; así como en la procuración e impartición de justicia y castigo a la delincuencia organizada.

“Los familiares de víctimas nos declaramos en contra de la politización de nuestro dolor y demandamos el reconocimiento de la búsqueda que llevamos para hallar con vida a nuestros familiares. Exigimos un cese a la revictimización por parte de las autoridades que investigan, exigimos el cese a la criminalización de nuestros familiares, a la minimización de nuestro dolor, al encubrimiento de responsables y de sus familiares, ya que estas prácticas han estado presentes desde el momento en que realizamos las denuncias, lo cual impide que se sigan líneas de investigación objetivas y con apego a la ley”, enfatizó en una proclama pública el Colectivo por la Paz.

Tuvo que ser a través de una increpación directa al gobernador Javier Duarte durante un evento público en el puerto de Veracruz, a inicios de 2014, cuando la autoridad se dignó a voltear la mirada a los familiares de desaparecidos. Antes de eso, fueron ignorados olímpicamente.

En un principio se les canalizó a la Comisión de Atención Integral para Víctimas del Delito, que encabeza Mireya Toto, funcionaria sobre quien pesan sendas denuncias por maltrato laboral y violencia psicológica hacia sus subalternos.

Rápidamente se le descartó como interlocutora, pues como indicó Anaís Palacios, vocera del Colectivo por la Paz en el tema de los desaparecidos, se pretendió condicionar el apoyo a las familias de las víctimas a cambio de no participar en manifestaciones de protesta.

Tras varios intentos y denuncias públicas, finalmente Javier Duarte de Ochoa accedió a reunirse y establecer un compromiso con las familias de desaparecidos, que se limitó a la firma de una minuta en la que el gobierno acepta crear una Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas así como tipificar el delito de “desaparición forzada”. La minuta no fue signada por el Gobernador, solo por el procurador Luis Ángel Bravo Contreras y por el secretario de Gobierno Erick Lagos Hernández.

Pero sobre las demandas para analizar la pertinencia de mantener al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Arturo Bermúdez Zurita, quien en éste y otros asuntos relacionados con su responsabilidad y con sus malos resultados ha mostrado absoluta indolencia, ni hablar. No fue tema de interés para el gobernador Duarte de Ochoa.

La obligación del Estado

De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, los estados “tienen el deber de impedir y castigar todos los actos de desaparición forzada. Deben investigar igualmente todas las desapariciones perpetradas sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y llevar a los responsables ante la justicia.

“Tanto en casos de desapariciones como de desapariciones forzadas, el Estado tiene la obligación de establecer el paradero de la víctima, llevar ante la justicia a los autores y garantizar que las víctimas o sus familiares reciban reparaciones”, establece este mecanismo de protección de derechos humanos.

Sin embargo, en Veracruz la impunidad es lo que priva en los casos de desapariciones, y más aún si en éstos hay implicados elementos de Seguridad Pública.

Así lo asienta también el Colectivo por la Paz: “El Estado y sus instituciones poco han hecho para garantizar a la ciudadanía un pleno ejercicio de los derechos humanos en un ambiente de seguridad. Constantes declaraciones por parte de las autoridades a nivel estatal e inclusive nacional señalan que el estado de Veracruz tiene políticas de seguridad ejemplares, cuando la realidad que vivimos es totalmente contraria.

“Los hechos delictivos donde se ha señalado la participación de las fuerzas de seguridad pública han sido desmentidos por las autoridades y el Estado no reconoce las desapariciones forzadas. Las instituciones encargadas de velar por los Derechos Humanos permanecen silenciosas ante tanta violencia”.

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