Cinque Terre

Mariano Yberry

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Periodista.

La silenciosa agonía

El surgimiento de La Jornada, que fue gestado por un grupo de periodistas que salieron de unomásuno alegando limitaciones a la libertad de expresión, se considera como uno de los capítulos más importantes para nuestra naciente democracia junto con las elecciones presidenciales de 1988.

Enorme plumas han escrito en el rotativo fundado por Carlos Payán y, a lo largo del tiempo, pasó de convertirse en la opción de izquierda en un país que parecía ver de una sola manera la realidad a un periódico de periodismo militante que ha defendido dictaduras como la de Castro en Cuba, la de Chávez y Maduro en Venezuela, y hasta a grupos terroristas como ETA.

Más allá de las coincidencias y diferencias que se pueda tener con la línea editorial de uno de los diarios que más portadas dedica a Enrique Peña Nieto, La Jornada es pieza clave en la pluralidad mediática mexicana.

Por eso, llamó la atención cuando en el editorial del 16 de enero sus directivos informaron que la viabilidad del proyecto estaba en riesgo, al margen de la disminución de las ventas del impreso y el difícil contexto económico actual.

Tal como registró etcétera en su momento (“¿Crisis en La Jornada?”, de Marco Levario Turcott), desde mediados de los 90 varias personas que fueron miembros del Consejo de Administración advirtieron de las diversas irregularidades que los directivos cometían en el diario.

Fue Rosa Patricia Vega Salgado, exsecretaria técnica del Consejo de Administración de Demos, Desarrollo de Medios S.A. de C.V (empresa que edita La Jornada), destituida de ese puesto de forma ilegal y despedida como reportera después de 18 años; quien reveló las problemáticas que enfrentaba el diario ya a principios de los 2000. Por ejemplo, documentó la disminución del tiraje del diario y las ventas del mismo, pasando en siete años de imprimir 99 mil ejemplares, en 1995, a imprimir casi 55 mil de los cuales se vendían 44 mil, casi nueve mil ejemplares menos que el año anterior (fenómeno que ya anunciaba la muerte del periodismo en papel).

Vega Salgado también relató la forma en la que el entonces gerente general, Jorge Martínez Jiménez, maquillaba las pérdidas ante el Consejo de Administración, como lo hizo en una reunión ordinaria. Ante la expectativa del anuncio de que se cumplió la meta de una utilidad acumulada de 2.9 millones de pesos, se informó de una pérdida acumulada de 4.6 millones. ¿La razón? La difícil situación económica del país.

Pese a los signos de alarma, La Jornada continuó circulando al grado de que para las elecciones presidenciales de 2006, la figura de Andrés Manuel López Obrador no se explicaba sin el apoyo incondicional que el diario brindó (aún sigue) al exjefe de Gobierno capitalino.

No obstante, apenas en 2015, el periódico daba nuevamente señales de que la crisis y el mal manejo de los recursos persistían.

El 28 de abril, Jaime Avilés, uno de los fundadores de La Jornada, difundió en Twitter una carta que revelaba que el diario del cual se salió cuando no publicaron una de sus columnas, estaba a punto de cerrar por un desfalco millonario.

Ante la magnitud de la revelación, la secretaría de Lira Saade, Socorro Valadez, salió a desmentir este desfalco, pero reconoció que era necesario renegociar el contrato con los trabajadores so pretexto de mejorar la administración del diario y evitar un desbalance.

En este mismo tenor se pronunció Luis Linares Zapara, gerente general del periódico, sólo que añadió más detalles: tenían que negociar con el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajo) una reducción salarial del casi 40% con el fin de que el medio no atravesara por un déficit y, posteriormente, la quiebra.

Tras 79 reuniones, y con el apoyo del 80% de los trabajadores, el Sitrajo y los directivos llegaron a un acuerdo para reducir el salario de los trabajadores, entendiendo que era por el bien del diario, según las propias declaraciones de Linares Zapara.

Ya desde ese momento era claro que uno de los elementos “clave” para continuar imprimiendo el periódico,uno de los que más propugna por los derechos del proletariado y cuyos articulistas son los más recalcitrantes respecto a cualquier práctica neoliberal, estaba recurriendo a la reducción del sueldo de los empleados sindicalizados para sobrellevar la empresa.

Tan no se pensó en la crisis financiera que las filiales de La Jornada siguieron su expansión en varios estados de la República, hasta el 15 de diciembre de 2015, cuando la empresa Demos informó que por problemas económicos se rescindieran los derechos para publicar bajo el nombre de La Jornada a sus filiales en Jalisco y Michoacán.

Pese a las aclaraciones, prácticamente ningún directivo afirmó abiertamente que existiera un riesgo inminente de cierre, ni siquiera se informó a los lectores sino simplemente se aclararon en diversas entrevistas, la mayoría con Ciro Gómez Leyva.

Es por ello que el editorial del lunes 16 de enero de 2017 (“La Jornada: por su futuro”) sorprendió a más de uno pues describe una situación crítica, de inminente cierre, si no se renegocia el contrato colectivo y la plantilla laboral, a la cual –según el diario– se le dedica 90% de los recursos.

Para periodistas como Ricardo Alemán, este anuncio era sólo una consecuencia de lo que ya se había advertido años antes: un saqueo desmedido por parte de los directivos y su apuesta por el periodismo militante a costa de todo.

Para el columnista de SDP, José Luis Camacho, en realidad se trataba de un fenómeno del cambio de consumo de noticias, de la muerte del periodismo escrito, porque en su editorial La Jornada señalaba un contexto de “crisis generalizada del periodismo impreso” y sí, una difícil situación económica en el país.

Pero el Sitrajo tendría otra opinión. El mismo 16 de enero, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la secretaria general del Sindicato, Judith Calderón, rebatió a los directivos y los acusó de una mala administración que permite que haya trabajadores con salarios de más de 100 mil pesos.

Calderón incluso responsabilizó, directamente, a una contadora que cuenta con el apoyo incondicional del columnista Enrique Galván Ochoa y que se ha dedicado a meter “empresas extranjeras” al diario.

Agregó que el 13 de noviembre se reunieron con los directivos para reducir las prestaciones y salarios y, aunque no llegaron a ningún acuerdo, para la primera quincena de enero (días antes de la publicación del editorial) recibieron sólo la mitad de su salario.

Tres días después, en entrevista para etcétera, la líder sindical rechazó tajantemente que el diario esté en una situación de inviabilidad económica y afirmó que los directivos en realidad están tratando de adueñarse del contrato colectivo, razón por la cual, ya entablaron las demandas correspondientes.

Aunado a ello, y aunque públicamente La Jornada pidió una reunión con el sindicato para llegar a un acuerdo, hasta el cierre de este reporte no se ha dado ningún tipo de encuentro.

El editorial también detonó que más de un trabajador develara el secreto que, desde hace dos meses, estaban obligados a guardar “por la empresa”:

“Primero nos dijeron hace dos meses que no debíamos ventilar lo que sucedía dentro de la empresa por respeto a nuestro querido periódico. Y en medio de esa sensación de aislamiento recibimos la noticia de que la única forma de salvar este proyecto era reduciendo nuestros salarios en 45%, sin que la empresa nos explicara nunca claramente cómo y por cuánto tiempo su administración derivó en la situación de números rojos que ahora resulta ser nuestra culpa”, expresó Yazmín Mendoza en su cuenta de Facebook.

“El viernes pasado nos enteramos de dos cosas. Primero, que la empresa interpuso en la Junta de Conciliación y Arbitraje un conflicto colectivo de naturaleza económica. Si no mal recuerdo, nos habían dado a entender que no querían llegar a ese punto, porque supuestamente primero querían dialogar con nosotros. Y según entendí cuando nos explicó el abogado del sindicato, el objetivo de ese proceso que inició la empresa es renegociar el contrato colectivo para dejarnos sólo con las prestaciones de ley, o sea, lo que habían dicho desde el inicio. Y con ese proceso en marcha, nos explicaron, no pueden tomar ninguna medida hasta que la propia Junta lo juzgue adecuado, para lo cual, por fin, la empresa tendría que mostrar esa información que sustenta que efectivamente no tiene viabilidad económica, misma que a los trabajadores no nos ha mostrado”.

Este silencio “impuesto” fue notorio entre los columnistas en la semana del 16 al 20 de enero, no escribieron nada al respecto. Irónicamente, la Rayuela del 16, el día de la publicación del editorial, alude a escuchar los reclamos del “pueblo trabajador”, esto al margen de las protestas contra el “gasolinazo”.

Por si fuera poco, La Jornada afronta un nuevo reto: La Jornada Zacatecas corre el riesgo de dejar de imprimirse por falta de recursos debido al recorte de gastos de publicidad por parte del gobierno estatal.

En entrevista para etcétera, Raymundo Cárdenas Vargas, director de la filial, relató que “de forma arbitraria” y sorpresiva se redujo en un 66% el gasto de publicidad que el gobierno estatal les destinaba. Esto sumado a seis meses de tener sólo la mitad del presupuesto estimado porque la Cámara de Diputados, la UAZ y los gobiernos municipales dejaron también de dar publicidad, obligando al director a hacer recortes, imprimir menos páginas, reducir rutas y cancelar presentaciones de eventos, con tal de no recurrir al recorte de personal.

Si la situación no mejora, reconoció Cárdenas Vargas, para febrero La Jornada Zacatecas ya no será impresa. En dos años, La Jornada habría perdido tres filiales.

Pero para los directivos, columnistas y reporteros del diario no ha pasado nada. Guardan silencio después de un anuncio que pone en riesgo la continuidad de uno de los diarios más importantes del México contemporáneo y que representa el ingreso de miles de familias.

 

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