Debe continuarse el esfuerzo reformador orientado a mejorar el sistema electoral, entre otras razones porque las valiosas normas aportadas por la reforma de 2007 para la promoción y regulación de debates políticos entre candidatos fueron sumamente benéficas en las elecciones federales de 2012, ya que protegieron la difusión de los debates presidenciales en cobertura nacional, probando que se requiere también un marco normativo que promueva y regule los debates entre candidatos a diputados y a senadores, protegiendo debidamente su difusión en radio y/o televisión en cada uno de los 300 distritos de mayoría y en cada una de las 32 entidades federativas, como lo he propuesto anteriormente. La realización de debates electorales es en realidad una tarea muy compleja que reclama gran capacidad de organización y de negociación para conducirse entre actores políticos, además de que se trata de una tarea en la que debe involucrarse cuanto sea posible a la sociedad civil. Hay que establecer sedes, fechas, formatos, conducción y un conjunto de aspectos técnicos, que a mi juicio reclaman la existencia de un comité o comisión especializada en la materia, de carácter permanente. Debería pensarse en un aparato en el que concurran las autoridades electorales, los partidos y sus candidatos, las universidades y el gremio de la industria de radio y televisión, para promover, organizar y asesorar en su caso debates electorales en todos los niveles de nuestra estructura constitucional, es decir, en elecciones de ayuntamientos, congresos locales, gobernadores, además de los comicios federales para diputados, senadores y Presidente de la República. Ya en otra ocasión he propuesto un esquema de comunicación político-electoral que se sustente menos en spots con cargo a los tiempos del Estado y más en espacios oficiales que garanticen el debate político.
Al respecto me permito enderezar una crítica al legislador de la reforma de 2007: sacrificaron el llamado “programa especial de los partidos políticos” que la legislación contemplaba aún después de la reforma de 1996, muy probablemente a cambio de la cesión al IFE de la administración de una parte de los tiempos del Estado, mediante un esquema diseñado con base en spots de 30 segundos. Ello tal vez porque las televisoras siempre se opusieron a ceder espacios de una hora para la difusión de ese programa mensualmente en horarios adecuados, como por ejemplo aquellos que ahora usan las propias televisoras para transmitir en la noche programas de análisis o debate político. Pero el hecho es que ese programa, conducido durante varios años por Carmen Aristegui, además de por otros prestigiados profesionales de la comunicación que lo condujeron por tiempos más breves antes y después que ella, era en su tiempo la “joya de la corona” en lo referente al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación masiva, pues se trataba de un espacio que se destinaba al debate político, generalmente bajo el formato de lo que coloquialmente se conoce como “mesa redonda”. Era la mejor ventana de comunicación de ideas de los partidos políticos hacia la sociedad mediante la radio y la televisión. Ahí se discutían cada mes los temas acordados por quienes entonces integraban la Comisión de Radiodifusión en el IFE. En sus últimos años, antes de recibir el embate de la spotización, ese espacio fue denominado “Programa de Debate Político”, el cual también fue conducido un tiempo por Guadalupe Juárez, la periodista que condujo el primer debate presidencial el 6 de mayo pasado. Cuando ese programa pudo ser colocado durante algún tiempo en horarios late night de canales como el dos o el cinco fue visto ampliamente, entre otras causas, porque también los dirigentes y cuadros connotados de los partidos se sintieron estimulados a asistir y participar en ellos. Así que, dentro de una reorganización de los tiempos de Estado destinados a fines electorales, en el que haya mas debates y menos spots, valdría la pena que se restaurara el programa especial de los partidos políticos bajo formatos de debate acordados por los propios partidos en el seno del Comité de Radio y Televisión del IFE y que se transmitiera en canales y horarios similares a los que se emplean en programas tales como “Punto de Partida”, “Tercer Grado”, “Reporte Trece”, “El Asalto a la Razón” o “En 15”, por mencionar algunos ejemplos.
Todavía es necesario revisar y reformar las normas que sustentan la comunicación política del país, porque las normas de la comunicación gubernamental no solo padecen de debilidad ante el presidente de la República y demás servidores públicos, sino porque ya es un clamor que resulta del consenso de los especialistas en la materia la demanda de que se expida una ley de publicidad institucional que defina misión, objetivos y contenidos autorizados de la publicidad gubernamental; que señale con claridad los límites y las prohibiciones correlativas; que defina el origen de los recursos estatales que habrán de emplearse en los diversos tipos de campañas gubernamentales según su clasificación y modo de operación; y que aperture una vía procesal que permita a los ciudadanos impugnar la publicidad gubernamental que considere lesiona sus derechos y/o vulnera los contenidos.
Queda claro que las reformas electorales, por lo menos hasta ahora, no han sido definitivas y que queda aún mucho por reformar. Pero ello no debe conducirnos a menospreciar ni mucho menos a desechar los importantísimos logros que los mexicanos hemos alcanzado a través de las mismas. Por esas reformas es que se acabaron los colegios electorales mediante los cuales los presuntos diputados calificaban sus propias elecciones para luego proceder a calificar la elección presidencial en condiciones ominosas. Por esas reformas el poder presidencial fue expulsado de la organización electoral, dando paso así a una transición democrática. Es por ello que una nueva reforma debe tener presente los avances que han de reputarse como irreversibles, por su valor estratégico para el avance de nuestra democracia. Sin pretender ser exhaustivo enumeraré sólo algunas decisiones políticas que han surgido del consenso político en los últimos años: garantizar la difusión de la propaganda de los partidos en la radio y la tv a través de tiempos del Estado; prohibir la compra de tiempos en estos medios para la difusión de contenidos partidarios y electorales; abreviar sustancialmente el periodo de las campañas electorales; garantizar espacio en los medios masivos para los debates electorales; garantizar el derecho de réplica; monitorear la radio y la televisión; evitar propaganda gubernamental políticamente parcial y prohibir toda la propaganda oficial en periodo de campañas electorales. Sin duda hay otros principios, derechos y procedimientos que se deben sumar al núcleo de los avances democráticos que deben ser considerados irreversibles e irreductibles, pero el tema da para mucho más que lo expuesto hasta aquí, razón por la cual lo habré de abordar en posteriores ocasiones.
