viernes 29 marzo 2024

La negociación de la desobediencia

por Jorge Javier Romero

Por más que el presidente Calderón repare ante la definición de México como Estado fallido, todos los días la organización estatal en su conjunto da muestras de lo endeble que es su capacidad de poner las reglas y hacerlas cumplir.

El caso del nuevo berrinche de las televisoras, de su intento de rebelión contra el orden jurídico y su embate contra el nuevo modelo de financiación de los partidos, que les quitó un negocio de algo más de dos mil millones de pesos, para hablar en números gruesos. Eso es lo que pelean. Al mismo tiempo, aprovecharon para hacer un alarde de fuerza frente a la pendiente ley de medios, que ha quedado en el aire como una nueva forma de creación de un arreglo informal, de un statu quo paralizante que le está impidiendo al país aprovechar las nuevas tecnologías en materia de comunicación para democratizar el espacio público. Es decir, las televisoras están defendiendo sus privilegios sus exclusividades, sus protecciones específicas, hasta ahora basadas en el mantenimiento de una situación oligopólica sin contrapeso estatal.

Televisa nació de una concesión monopolística del Estado mexicano, que permitió la absorción de todos los competidores de Emilio Azcárraga por Telesistema Mexicano primero y por Televisa después. Los políticos mexicanos permitieron la concentración y la aprovecharon para hacer negocios. En los 70 el régimen intentó construir un contrapeso con el Canal 13 primero y con Imevisión más adelante. La decisión de Salinas de privatizar la cadena estatal se acabó convirtiendo en la pérdida del autonomía de los políticos respecto a las dos empresas que lograron controlar el espacio televisivo abierto y en la imposibilidad del público de decidir e influir en los contendidos. Sólo dos familias deciden lo que ve la inmensa mayoría de los mexicanos, influyen en sus gustos, modelan su consumo, construyen sus creencias. Es decir, ejercen dominio. Y, sobre todo, se hacen muy ricas. Se trata del golem y el monstruo de Frankenstein que se revelan contra su creador y les imponen su fortaleza. Y el creador, o sea un Estado que intercambiaba privilegios por aquiescencia depredadora, ahora es incapaz de frenar la voracidad oligopólica.

Los partidos esta legislatura dieron una muestra de autonomía notable cuando aprobaron la presente ley electoral, que entre sus muchos defectos tiene la enorme virtud de haber abaratado un tanto a los partidos y reducido sustancialmente los requerimientos de dinero para hacer campaña, lo que aumenta la equidad, blinda frente a la entrada de dinero de procedencia ilegal y reduce el poder de las televisoras a la hora de beneficiar a uno u otro a cambio de protecciones, como ha ocurrido hasta la elección pasada.

La nueva norma, que reparte los espacios con la misma proporción que los recursos públicos, pero quita la ventaja que daban las aportaciones privadas a la hora de comprar tiempos, lo que hace es concentrar todos los tiempos oficiales y repartirlos, de manera que 30% se reparte equitativamente y otro 70% de acuerdo a la votación obtenida en la elección anterior. Se trata de tiempos del Estado, lo que reduce sustancialmente el precio de las campañas.

Las televisoras se rebelaron y programaron con la trampa conocida los anuncios, en paquetes y con cortinillas. La colusión era evidente y la intención no podía ser más clara: generar animadversión hacia el proceso electoral y hacia los partidos.

El desenlace es la constatación de que nada ha cambiado en el arreglo político mexicano en lo que toca a la debilidad de este fallido Estado, incapaz de fortalecer con legitimidad su preeminencia como organización social encargada de poner las reglas, como decía al principio. Mueve a sarcasmo ver cómo una vez más el Estado acepta la negociación de la desobediencia como mecanismo de acuero en lugar de aplicar la ley.

El acuerdo del Consejo General del IFE del 13 de febrero quedará en la historia de la ignominia de la construcción del Estado democrático de derecho al que todos dicen aspirar y con el que deberían estar comprometidos por obligación legal los consejeros electorales. De acuerdo a los argumentos del consejero Marco Gómez Alcántar, como habían firmado un acuerdo, ya no eran acreedores a una sanción. Su interpretación de la ley es la de un agente de tránsito, por más que ostente el título de licenciado en derecho. El tamarindo también elimina la infracción después de llegar a un acuerdo.

Pero lo que me provoca más grima es ver al Consejo General del IFE supuesta primera piedra de un auténtico Estado de derecho en al ámbito electoral sucumbir a las prácticas de siempre. No deja de sorprenderme de un hombre como Benito Nacif, siempre defensor de la legalidad y de la creación de instituciones formales. De ahí que vea la mano del gobierno del PAN influyendo en el voto de los consejeros que dejaron en endeble minoría al presidente del organismo electoral.

La sospecha aumenta cuando se evalúan las declaraciones sobre el caso del secretario de Gobernación, que en lugar de jugar su papel como responsable del acatamiento legal se ofreció como árbitro. El gobierno de Calderón ya había dado muestras de coalescencia con los intereses de las televisoras con su abstención respecto al tema de la ley de radio y televisión, que ha quedado convertida en un tenteenelaire, mochada por la Corte pero congelada su reelaboración en desacato del fallo del tribunal. Ahora tiembla como gelatina y ofrece, bonita costumbre mexicana, arreglar las cosas por parlamentos. No vaya a ser que se vuelvan a enojar. Mejor que nos prometan portarse bien, que ahora sí ya no van a ser desobedientes.

Imagino las llamadas gubernamentales y partidistas para rechazar lo actuado por el cuerpo ejecutivo del IFE y asumido por su presidente. La multa era ridícula para las televisoras, pero mejor no tocarlos ni con el pétalo de una rosa.

Y es que ese es el problema del arreglo. Que cuando lo que impera es la negociación de la desobediencia, cuando el Estado es tan débil y tan poco autónomo que duda en su imposición de la ley y eso se tolera, son los más poderosos los que imponen su dominio y conservan sus privilegios, sus exclusiones del cumplimiento de la ley. La corrupción del tráfico es barata y está al alcance de todos, pero la negociación de la desobediencia siempre la hace mejor el que más tiene.

Las televisoras, por su parte, esas que claman demagógicamente contra la impunidad han actuado contra la ley y quedado impunes. ¿Qué autoridad tienen para exigirle cuenta alguna a los políticos cuando ellos han actuado igualmente contra el espacio público? Pero por el contrario, se seguirán llenando la boca sus comentaristas y empleados con críticas grandilocuentes mientras los patrones se carcajean de los políticos a los que pueden doblegar, igual que el que evade una multa con una mordida de veinte pesos y dos cigarros. Conductas muy típicas
El problema era, si hacíamos un corte nosotros a una hora y Televisa a otra, mi audiencia se iba a perder y viceversa. Entonces, lo lógico fue: nos pusimos de acuerdo para no perder la audiencia. Ni la tuya ni la mía. Vamos a hacerlo al mismo tiempo (transmitir spots electorales en bloque). Entonces, todos vayan al baño, háganse un sandwich, y regresamos en seis minutos.

Ricardo Salinas Pliego, audio reproducido
por
MVS Noticias con Carmen Aristegui, 23 de febrero

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