Cinque Terre

Antonio Pasquali

La ¿libertad? en Venezuela

Agradezco la oportunidad que me dan, en tanto comunicólogo, de ser escuchado por juristas acerca de uno de los temas más ingentes y sistémicos de la política contemporánea, la libertad de expresión. Este problema, multi e interdisciplinario casi por antonomasia, necesita más y más enfoques plurales, máxime en países en situación especial como Venezuela. Aprovecho pues esta ocasión poco común para incorporarme al debate con un preámbulo metodológico que considero ineludible, como sería revisitar, con fines de aggiornamento, algunos fundamentos ontológicos y gnoseológicos del tema en cuestión.

Sólo analizaremos tres aspectos capitales cuyo olvido o insuficiente actualización siguen generando, en mi criterio, confusiones hermenéuticas e inadecuaciones entre cosa e idea. Ellos conciernen: 1, la esfera nomotética; 2, el peso de determinantes tecnológicas que, a partir sobre todo del siglo XIX, añaden mucha complejidad a la milenaria noción del libre albedrío, y 3, la hoy indispensable jerarquización de la especie libertad de expresión bajo el género libertad de comunicación.

La cuestión nomotética, hoy desfigurada por ignorancia, intereses diversos y el irracionalismo de la postmodernidad, pareciera urgida de nuevos Windelband, Dithey o Hartmann capaces de reponerla cabeza arriba, de echar a mercaderes y payasos del templo y de reinstaurar en ella un orden de la razón y de la historia. Entiéndase por “nomotético” el ámbito generalísimo de la norma o “mandamiento para la acción” según un orden legal, esto es, la entera esfera de una razón práctica, que para el pensamiento laico y evolucionista se origina y estructura en la noche de los tiempos, alrededor de un bonus-malus primario y de supervivencia que nos ha lentamente conducido a los refinamientos y especializaciones normativos actuales. Este recordatorio encierra una olvidada lección a recuperar: la norma moral, o sea la regula que intenta poner orden en las relaciones intersubjetivas, es históricamente la primera en establecerse, y la moral sigue siendo la ontológica matriz normativa de todas las más sofisticadas construcciones y codificaciones que vendrían, principalmente agrupadas alrededor de la política primero y el derecho después. Para usar un símil, ella está a esas dos disciplinas normativas como el cerebelo basal está a la corteza superior cerebral, y es a la moral que siempre vuelven el derecho y la política en crisis, en busca de nuevos principios ante situaciones inéditas que demandan nuevas normas. Así, cuando abordamos los principios posibles y deseables de un derecho a la comunicación, de un derecho a la información o incluso de políticas de comunicación sin pasar previamente por una moraldel comunicar en busca de esenciales abastecimientos, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Un error de procedimiento en el que todos irremediablemente caemos, y el autor de estas líneas tanto o más que otros, lo que no impide tomar agustinianamente conciencia del pecado metodológico y hacer enmienda. Cuando pensamos en “libertad de expresión”, buscamos instintivamente categorías jurídicas y políticas que actualicen el espíritu y letra originales de la Ilustración, sin parar mientes en la riqueza y solidez de un previo análisis de la materia a nivel moral o intersubjetivo contemporáneo, donde la erlebniss o vivencia de una comunicación con el otro que sea libre, interferida, manipulada, controlada o impedida por fuerzas exógenas, es realísima e histórica.

El segundo aspecto, de las determinantes tecnológicas que confieren complejidad a la milenaria e inasible noción de libertad, es el que mejor evidencia a qué punto las acepciones decimonónicas de “libertad de expresión” son hoy insuficientes para expresar la sobredeterminación de ciencias y tecnologías y necesitan ser repensadas. Una doble problemática se nos impone aquí: por un lado, lo complejo o a veces imposible que resulta hoy ejercer una plena libertad de expresión por falta de acceso a inalcanzables o acaparadas pero ineludibles tecnologías mediadoras; por el otro, el imprevisto protagonismo asumido por esas mismas tecnologías como facilitadoras o inhibidoras de la libertad de expresarse, al punto de que muchas de ellas –lejos de ser los meros vehículos neutrales que mucha jurisprudencia aún cree que son– exhiben hoy una valencia política propia, incluso antes de que su usuario le asigne otras y circunstanciales.

En cuanto al primer problema, hoy se comienza a ver con cierta claridad que la libertad de expresarse ha pasado a ser fruto de un equilibrio paritario entre acceso y participación, entre capacidad igualmente ejercida de recibir y emitir mensajes, bases constitutivas de una opinión pública no manipulada. Gran parte de nuestro entorno comunicacional ha sido construido para facilitarnos la recepción de mensajes e inhibirnos la emisión, lo que da una idea apriorística del estado crítico en que se encuentra hoy la libertad de expresión aún antes de la aparición de censores y tiranos. Para explicarla y estimular a ejercerla, deben hoy incluirse en ella, cuando menos, los seis ingredientes siguientes: un libre acceso a fuentes de información públicas y privadas, la libre recepción de mensajes de cualquier origen, la libre escogencia de un código expresivo, la libre elección de un canal comunicante, la libre delimitación de los públicos perceptores y la libre elección de sus contenidos o mensajes. Nada más y nada menos que eso.

En cuanto al segundo problema, nadie podía imaginar en los siglos XVIII y XIX, cuando sólo existía el hablar, el escribir y el imprimir, el intrínseco poder socializante o de-socializante, luego político, que exhibirían futuros medios en el real ejercicio de la libre expresión. Hoy sabemos que muchos de ellos traen una carga predeterminativa, y que ya no son los neutrales vehículos de las teorías inocentistas. Obsérvense a vuelo de pájaro los 80 años últimos, signados por el predominio de una radiotelevisión que, al funcionar como los diodos que vehiculan flujos en un solo sentido, introduciría rasgos profundamente antidemocráticos en la circulación de mensajes, asegurando excesiva libertad de expresión a pocos emisores privilegiados mientras generaba más y más mudez en las masas receptoras. Esos dos canales traían en su ADN tecnológico una fuerte componente impositiva, dictatorial y enmudecedora; por eso radio y televisión pasaron a ser los medios predilectos de persuasores y predicadores, publicistas, encargados de misiones divinas, dictadores, déspotas y tiranos de toda catadura. Gracias al cielo, y a más democráticas tecnologías, la era de la radiotelevisión está llegando a su término. La investigación ha forjado, a justo título, el término de postelevisión para calificar lo que vemos nacer impetuosamente ante nuestros ojos: un mundo que a plazo, y habida cuenta de la inherencia entre comunicación y sociedad, pudiera terminar liquidando todas las dictaduras si logra minimizar el uso de medios dictatoriales, recuperar el diálogo y devolver a los hombres una universal capacidad de emitir. El glorioso y nunca bien ponderado teléfono, príncipe de la humana comunicación por ser el de más alto coeficiente dialogal, está a punto de convertirse felizmente en el primer medio de comunicación de uso realmente universal; en su directa y aún más democrática descendiente, la red Internet, se está haciendo realidad la vieja utopía del todos-emisores, y por vez primera –gracias a una tecnología más que por conquista social– podemos asegurar en ella la plena y conjugada co-presencia de los seis componentes de una “libertad de expresión” hace poco mencionados. Nosotros y nuestros descendientes habremos de defender de espías, censores y déspotas la libertad en el uso de estas dos poderosísimas tecnologías esencialmente democráticas y antidictatoriales, pues por ellas transitará próximamente, démoslo por seguro, la parte preponderante de nuestra libertad de expresión.

El tercer y último punto a reconsiderar concierne, dentro de la fórmula “libertad de expresión”, el alcance mismo del componente “expresión”, un problema que ejemplificaremos así: todos debemos asumir con la mayor lucidez que entre el “expresarse libremente” un par de veces al mes con un vecino en la esquina de casa, y el “expresarse libremente” en cadena nacional de radiotelevisión cada vez que se quiera, desde un palacio presidencial y durante casi dos horas diarias, hay un abismo cuantitativo/ cualitativo que desfigura todas las reglas del juego y que sin embargo, con siniestra hipocresía, es vendido al mundo como plena y democrática vigencia formal de dicha libertad. ¿Será acaso que esa libertad no puede hoy ser genuina sin una cierta igualdad de oportunidades para ejercerla? Y esa isonomía de uso (una misma norma para todos) ¿no concierne la libre escogencia y uso del canal tanto o más que el propio mensaje, lo que pone en evidencia el carácter más amplio y comprensivo de la “libertad de comunicación” por sobre la “libertad de expresión”? Mirando las cosas un poco más de cerca, descubrimos un extraño paralelismo entre nuestro problema y la suerte que corrió la célebre trilogía de la Revolución Francesa (pero ingresada a la Constitución gala sólo en 1958): libertad, igualdad, fraternidad, de la que siempre termina quedando en pie la glamorosa libertad ante una igualdad y una fraternidad tiradas al olvido. También la libertad de expresión sufre de una igualdad de empleo echada al olvido y como escindida de la definición principal. Sucede desde que en 1789 se aprueba la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo celebérrimo artículo 11 (en que de paso figura una originaria “comunicación” sólo posterior y restrictivamente convertida en “expresión”) reza así: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo Ciudadano puede por consiguiente hablar, escribir e imprimir libremente…”. Todas las declaraciones sucesivas han copiado esa cesura entre el principio abstracto y su concreción, entre lo que viene antes y después del punto y coma: desde el artículo 19 de la Declaración Universal de 1948 “… lo que implica el derecho de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas… por cualquier medio de expresión” al artículo 19 del Pacto Internacional de 1966: “… comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas… por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”; desde el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, 1969, cuyo primer párrafo del artículo 13 copia textualmente el citado Pacto Internacional, al artículo 57 de la Constitución venezolana de 1999: “… y de hacer uso para ellos de cualquier medio de comunicación y difusión…”. Es sólo en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 2002 de la CIDH/OEA –en mi opinión el más completo y satisfactorio texto en la materia– donde por primera vez se declara explícitamente (devolviendo por cierto sus gloriosos fueros al “comunicar” de 1789) que “… todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación… y… tienen derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma”.

Resumiendo este preámbulo: 1) la libertad de expresión debe comprenderse y defenderse en el terreno moral, del comportamiento práctico y hoy mediatizado, aun antes de procurar su formal legalización; 2) para asegurar mayor libertad de expresión hay que privilegiar el uso de medios tecnológicamente “democráticos” asegurando igualdad de oportunidades; c) dentro de las solemnes definiciones universales, regionales y nacionales de “libertad de expresión” hay que recuperar y practicar la parte operativa, el “hacer uso de…” y no sólo defender la pureza del principio abstracto.

* * *

Pese a la mejor buena voluntad de sus organizadores, la situación excepcional que vive Venezuela hace que este seminario tenga una fuerte valencia política que quien les habla asume sin vacilaciones. Cuesta abordar con serenidad académica el tema de la libertad de expresión en momentos en que ésta corre nada imaginarios peligros por obra de poderosas fuerzas intentas a demoler el pluralismo partidista, sindical, educativo, económico, científico, cultural y comunicacional mediante sofisticados métodos de ingeniería social y control de los espíritus afinados por longevas y siniestras dictaduras. Nuestro todopoderoso autócrata nos recordó hace dos días apenas que “debemos alejarnos de la idea… de que hay que buscar el consenso”, dando por enterrados los principios de diversidad, pluralismo, tolerancia y democracia. Lo que Venezuela espera de nosotros en este momento es la denuncia sin miedos, lúcidas indicaciones morales, un fuerte principio de esperanza.

Para ello, derivaremos de las consideraciones hasta aquí expuestas tres criterios para esbozar una interpretación del entorno comunicacional venezolano bajo el presente régimen autocrático. Ellos son:

1. Documentar violaciones a principios refrendados en materia de libertad de expresión es bueno y útil, si se acompaña con análisis de cambios en la conducta comunicacional, de la nueva moral del comunicar esencialmente inducida desde el poder y principal causante de tales violaciones;

2. Estado del equilibrio acceso/participación en la intersubjetividad del venezolano contemporáneo; ¿están presentes los seis ingredientes señalados que configuran una libertad de expresión o de comunicación?

3. ¿Qué tanto se aplica hoy en Venezuela, por vía directa o vicarial, la segunda parte operativa del artículo 19 de la Declaración Universal y similares; existe una mínima igualdad de oportunidades en el uso de medios de expresión?

El primer criterio relacionado con la nueva moral del comunicar tiene su razón de ser la siguiente relación apodíctica que la comunicología descubrió bastante antes que la jurisprudencia: comunicación y sociedad son inherentes, toda ingeniería comunicacional es una ingeniería social. Los comportamientos comunicacionales no son superestructurales respecto del modelo social imperante, sino concausa del mismo; a nuevos hábitos comunicantes, espontáneos o impuestos, nueva sociedad. Esto nos permite afirmar, en el caso de especie, que la actual autocracia política tiene su fundamental ratio essendi en el despotismo mediático del propio autócrata, que cuantificaremos dentro de poco.

El presente gobierno es el primero en la historia de Venezuela en haber asumido a plenitud el poder de las comunicaciones sobre todo radioeléctricas, mas no para aliviar la agobiante y extranjerizante dictadura mercantil del viejo duopolio mediático, o para asegurar al sufrido usuario servicios públicos no gubernamentales de calidad, sino para asignarle un todavía más férreo rol hegemónico de corte leninista- gramsciano: garantizarse por saturación de mensajes un predominio ideológico que eternice el consenso mayoritario, lo cual intenta lograr desde un sistema mediático “público” degradado a “gubernamental” o más propiamente aún a “autocrático” o sea “chavista”. No es hermenéutica sino una constatación: “Nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional” y “Todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público” son declaraciones del 8 y 14 del pasado enero, respectivamente del ex ministro de Comunicaciones hoy director de Telesur y de un ex vicecanciller y principal teórico del chavismo.

Abril de 2002, y el apoyo de los medios privados a la insurrección popular –malintencionado y excedido, más allá de lo admisible– representa un turning point en la historia comunicacional del país. La autocracia decide apropiarse hegemónicamente de todo el poder mediático que por poco la derrumba, de manera lenta, perseverante y planificada, Su pars destruens, la que debe minimizar el poder emisor de la oposición externa es, con toda su imponencia, poca cosa comparada con la pars construens destinada a maximizar la capacidad emisora del gobierno: una novedad absoluta para una Venezuela con muchos decenios a cuestas de gigantismo comercial y enanismo público en comunicaciones. Destaca aquí el rol de comisariado político asignado primero a CONATEL y luego al MINCI (hoy censor del régimen), el recorte arbitrario de publicidad a medios hostiles (el Estado es en Venezuela el mayor anunciante), las incesantes amenazas presidenciales contra medios y comunicadores “políticamente incorrectos” rápidamente traducidas por agentes del gobierno en castigos de toda índole, la obtención forzada de neutralidad política de importantes medios, la eliminación por autocensura de programas de opinión adversa al régimen (el CIC/UCAB calcula que desde la promulgación de la Ley Resorte desapareció un 50% o más de tales programas), las adquisiciones de medios impresos y radioeléctricos para reconvertirlos a gubernamentales o simplemente clausurarlos, el prepotente y no sustanciado cierre de RCTV decana de las comerciales, fusillée pour l’exemple para escarmiento de las pocas que quedan, moralistas restricciones menores en el uso de Internet que pudieran anunciar otras mayores, la re-nacionalización de la CANTV y, como una de las piezas maestras, la llamada Ley Resorte de diciembre 2004, hija del triple y dictatorial preaviso de los artículos 208 y 209 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000 que rezan: “Hasta tanto se dicte la ley que regule el contenido de las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de comunicación…”. La “Resorte”, de título disfrazado bajo el atuendo de la “responsabilidad social” es pues, de nacimiento, una ley fascista con la que el Estado “regula el contenido de las transmisiones y comunicaciones”. Su texto, atropellado y escolástico, ocupa 19 páginas apenas de un digesto normativo de 448 páginas sobre Telecom y Comunicaciones recién publicado por MINFRA, CONATEL y CEDITEL; una demostración de la alta prioridad acordada a Comunicaciones. La sustancia de lo que el gobierno buscó con dicha ley figura, en mi criterio, en su artículo 10, que al obligar el concesionario a ponerse en cadena y retransmitir mensajes oficiales sin límite de tiempo, con la prohibición absoluta de alterarlos en lo más mínimo, vuelve imposible otro abril 2002. Este artículo convierte en ley una inverosímil disposición anterior, la Providencia Administrativa n 407 del 8 de marzo de 2004 la cual, en flagrante violación de los artículos 58 y 337 de la Constitución, concede al autócrata un derecho realmente único en la tierra, el de poder ordenar a operadores radioeléctricos públicos y privados “la transmisión de mensajes o alocuciones oficiales… cada vez que sea emitido el anuncio correspondiente (coletilla de cadena)”. Bajo su manto moralista y pseudo-libertario –para concluir este microanálisis de la ley– se esconden otras definiciones, vaguedades deliberadas y omisiones precursoras de posibles restricciones severas, tales como la gran ambiguedad de su artículo 1: “Las disposiciones de la presente ley se aplican a toda imagen o sonido cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela…” (el 26 de noviembre 2006, por ejemplo, un aviso oficial del Consejo Nacional Electoral que prohibía a los medios divulgar encuestas o sondeos sobre intención de voto, precisaba que “esta disposición es extensiva a aquellos medios de comunicación internacionales que generan informaciones desde Venezuela para el mundo”), la reducción de los contenidos a cinco categorías de nebulosa definición, la creación de bloques horarios que impiden muchas directas, la inexistencia de la menor referencia a una radiotelevisión de servicio público, y una línea de mando modelo militar en comunicaciones: Presidencia de la República, Ministerio de Informaciones y Comunicaciones, director general del CONATEL, gerente de Responsabilidad Social en Radiotelevisión, más dos ideas inspiradas en otros proyectos y allí desfiguradas: la figura del “productor independiente” pero de obligatoria inscripción ante el organismo del régimen, y la de las “asociaciones de usuarios” que aquí pueden constituirse hasta con 20 personas, lo que las hace más parecidas a “comités de defensa de la revolución” que a otra cosa.

La pars destruens no concluye aquí; la menguante libertad de expresión de la oposición ya no es el blanco exclusivo del régimen, los colaboradores del autócrata también deben callar. El pasado 13 de enero 2007, por órdenes presidenciales y del MINCI, se procedió al cierre de todas las oficinas de prensa del gobierno –ministerios y cuerpos policiales– menos la de Miraflores, prohibiéndose a funcionarios de cualquier nivel ofrecer declaraciones no avaladas por el MINCI o “contrarias al discurso del Presidente de la República”. Un “proceso de concentración informativa en la figura del presidente” denuncian las ONGs Espacio Público y Transparencia Venezuela; un caso perfecto de autocracia comunicacional que enmudece por desconfianza hasta sus más directos colaboradores.

La pars construens, decíamos, trajo al paisaje nacional un inédito protagonista, el Estado como comunicador fuerte y proselitista. Frente al escuálido y simbólico parque mediático público de la democracia anterior, el régimen alinea hoy: cuatro televisoras nacionales e internacionales, respaldadas por unas 36 televisoras para-públicas comunitarias, algunas redifundidas internacionalmente; un número en constante crecimiento de radios próximas a copar la mitad del dial nacional, respaldado por 157 radios para-públicas comunitarias habilitadas y hasta unas tres mil ilegales según Conatel; casi un centenar de medios impresos más otro tanto de periódicos para-públicos comunitarios; una multitud de sitios Web en que figuran centenares “de alternativa bolivariana”, estos últimos repetidos por numerosos sitios latinos e internacionales. (Todos los medios aquí calificados de para-públicos se autodefinen como “medios autogestionados con recursos del Estado”.) Esto, sin contar la masa imponente de medios impresos, audiovisuales y electrónicos controlados por los ministerios del Poder Popular para la Educación, para la Cultura y para la Ciencia, casi enteramente volcados a labores de saturación ideológica con ediciones millonarias, decenas de flamantes universidades no autónomas, y hasta el replanteamiento oficial de los nuevos fundamentos teóricos de una ciencia socialista postmoderna.

Desde la cumbre de ese olimpo mediático ya próximo a su perfecta homogeneización, la voz omnipresente del guía supremo o egemón, otro caso único en la historia mundial de las comunicaciones. Hasta el 22 de febrero de 2007 el presidente Chávez ya había pulverizado todos los precedentes récord mundiales de presencia en pantalla o ante micrófonos (más de 80 mil minutos en siete años, a razón de 39 minutos diarios los siete días de la semana) imponiendo a la radiotelevisión del país cerca de mil 500 cadenas radiotelevisivas, más de 200 anuales. Pero desde el 23 de febrero ha pasado a transmitir su Aló Presidente todos los días de lunes a viernes por hora y media, cuatro veces por radio y una por televisión, lo que sumado a sus otras ruedas de prensa, declaraciones, celebraciones, entrevistas y mítines internacionales arroja un promedio ponderado no ya de 39 sino de 90 minutos diarios en el aire; un caso que no tengo empacho en calificar de priapismo comunicacional, único en la historia humana, digno de análisis multi e interdisciplinarios que trasciendan el folclor y las patologías personales para abordar el ingente tema de la desmesura extremista en las relaciones comunicación/poder. Los apreciados colegas de la región que nos acompañan comprenderán, ante estos datos desconocidos afuera, que para nosotros el Big Brother ha dejado de ser hace tiempo un símil literario.

Esta operación en tenaza sobre la opinión pública nacional: lenta pero inexorable minimización de una libre opinión pluralista y saturación de los espacios mediáticos con mensajes ideológicos del régimen, difundidos por medios supuestamente públicos y por “cadenas” impuestas, pudiera finalmente representar, en un análisis del nuevo entorno comunicacional de la sociedad venezolana, una simple inversión de signo para una relación de dependencia sustancialmente idéntica, el reemplazo de una hegemonía por otra y del mensaje comercial por el ideológico, en que uno de los principales perifoneadores es ahora, por excepción, el mismo Presidente de la República. La realidad es más compleja: siendo a la vez la alocución presidencial un discurso del odio, el resentimiento social y el insulto a la oposición nacional e internacional, éste ha sedimentado en el país un fuerte maniqueísmo, en que ambos grupos de usuarios, quizá por espíritu de supervivencia, han decidido ignorar radicalmente los mensajes de la contraparte. Cero vasos comunicantes; dar hoy con un venezolano de la oposición que consuma la mensajería gubernamental resulta casi imposible. En estas condiciones, es altamente probable que el inmenso esfuerzo persuasivo del gobierno sólo alcance usuarios ya fidelizados con meros resultados de refuerzo, sin mucho poder de convencimiento ante el resto del país.

A nuestra segunda pregunta relacionada con los equilibrios acceso/participación y el estado actual de la libertad pública de expresión en sus seis inseparables aspectos, contestaremos lo siguiente:

1. El libre acceso a fuentes privadas y públicas de información es, tradicionalmente, un talón de Aquiles en Venezuela, un país de funcionarios públicos y empresarios privados históricamente poco adictos a la transparencia, y de propietarios de medios que aún hoy rechazan la certificación de circulación y el audimat. Pese a sus promesas hasta constitucionales, el régimen chavista ha reforzado la opacidad pública limitando aún más el derecho ciudadano a la información, impidiendo selectiva y sistemáticamente el acceso de periodistas independientes a fuentes oficiales tildándolos de agentes a sueldo del imperio; un comportamiento coherente con el estilo presidencial de insultar públicamente a periodistas locales y corresponsales internacionales que le formulan preguntas incómodas. El principio militar de no informar o desinformar al “enemigo” es hoy tan consustancial al régimen, que hasta la inminente reforma de la Constitución ha quedado blindada, por decreto presidencial, bajo un “acuerdo de confidencialidad” que prohíbe incluso a la presidencia de la Asamblea dar la menor información al respecto.

2. La libre recepción de mensajes sufre de las limitaciones recién expuestas; pero no hay obstáculos por el momento al libre acceso a publicaciones internacionales, al cable y la red. En lo hertziano dos son las formas principales de restringir esta libertad: a) obstaculizando o limitando el acceso a canales (por ejemplo en los 13 países que censuran Internet) o b) permitiendo el free flow pero espiando sus contenidos (caso del sistema Echelon estadounidense). La re-nacionalización de CANTV (que vuelve a poner en manos del Estado, sin testigos incómodos, el espionaje telefónico), el próximo lanzamiento de un satélite fabricado en China de características técnicas desconocidas y el sorpresivo tendido de un cable sobredimensionado de fibra óptica Caracas-La Habana, parecieran indicar alguna preferencia del régimen hacia la segunda fórmula, o a una mezcla de ambas.

3, 4 y 5. La libre escogencia del código, del canal y del perceptor, tres grandes limitaciones presentes en diferente grado en muchas partes, máxime en sociedades donde impera la censura o donde la ausencia de verdaderos servicios públicos dificulta ejercer, aún en forma vicarial, estas libertades. En la Venezuela de hoy, el acaparamiento gubernamental de más y más canales emisores que pierden ipso facto su vocación de “servicio público”, y la autocensura de los medios privados traducida en más y más exclusiones de voces libres, han aumentado los viejos obstáculos a la libre capacidad ciudadana de ejercer las citadas libertades. Quedan el teléfono e Internet, sobre todo esta última con su capacidad multifuncional de enviar mensajes omnibus a blancos predeterminados, y con su enorme poder de diseminar a voluntad escritos, sonidos e imágenes fijas o en movimiento. La ya citada re-nacionalización de CANTV, así como la voluntad manifestada por miembros de la Asamblea de abordar en grande (y no sólo en el aspectos cibercafés/menores de edad) el tema del control de la red, dejan presagiar otras restricciones.

6. La libre elección del mensaje es obviamente lo medular de toda libertad de expresión y representa hoy el aspecto más problemático del comunicar en Venezuela. Por un lado, el gigantismo estatal en medios y su uso exclusivamente proselitista de los mismos –en desmedro del mínimo respeto a la noción de “servicio público”– convierte el hoy preponderante aparato estatal de emisión en un enorme y sistemático mecanismo de censura previa que sólo deja pasar ditirambos y alabanzas al régimen sin la menor consideración por aquella “información veraz, oportuna, imparcial y sin censura” que consagra el artículo 57 de la Constitución. (La misión de observación electoral de la Unión Europea a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 2006 observa por ejemplo en su capítulo VIII que la principal televisora pública dedicó 86% de sus espacios políticos a Chávez, y 14% predominantemente negativo al opositor Rosales.) Del lado de los grandes medios privados, las pulsiones al alineamiento y la autocensura también actúan de filtro. Queda un pequeño y aguerrido frente mediático opositor a garantizar la supervivencia de una opinión pública no condicionada desde arriba, dentro del cual cabe registrar el hermoso episodio de una desproporcionada multa recién impuesta por razones de contenido al periódico Tal Cual, que quedó cubierta con creces en menos de 48 horas con aportes de los lectores. La situación venezolana –deseo insistir muy particularmente sobre esto– reconfirma que la libertad de uso del canal es hoy el presupuesto sine qua non para el ejercicio de la libertad de expresión.

Nos queda por responder la última pregunta: ¿qué tanto se aplica hoy en Venezuela la parte operativa del artículo 19 de la Declaración Universal y de sus derivados regionales y nacionales, disfrutan sus ciudadanos de razonables oportunidades de expresarse libremente sin ser molestados? Los párrafos anteriores contienen respuestas puntuales. Queda por echar una última mirada general y comprensiva al problema.

Es un tópico muy empleado por el autócrata y su gobierno que en Venezuela se disfruta de amplia libertad de expresión. Quien les habla, por ejemplo, ignora si en uno o dos años aún podría dictar libremente esta misma conferencia, pero declara no haber sido molestado hasta ahora por sus opiniones. Sin embargo, los hechos están ahí, los vamos a resumir en los párrafos siguientes, a indicarnos que la libertad de disentir es un bien cada día más formal y raro, más controlado y denunciado, más arrinconado, minimizado y demonizado por el régimen, cultivado por un número siempre menor de personas con más y más temor. ¿Libres de expresarnos pero ya sin audiencias, como novísima metodología de conducir el país al despotismo? Los del oficio tenemos a veces la impresión de que la voz de la oposición viaja hacia lo inaudible, en la medida en que la del egemón viene ocupando todos los espacios mediáticos. Al final, esa clonación compulsiva de los espíritus producirá en Venezuela también lo que la resistencia interior cubana ha luminosamente tildado de “daño antropológico causado por una cultura de la dependencia y el control totalitarios”. El episodio RCTV es hoy la parte universalmente visible de un profundo iceberg que crece sin cesar y que pudiera convertir en no navegable nuestro mar interior de la libertad.

Emitiremos al respecto, y para concluir, una hipótesis explicativa. La puesta en obra del llamado “socialismo del siglo XXI” por parte del régimen militarista incorpora un componente hasta ahora poco ponderado: la de un tempo insólitamente dilatado, una especie de adagio o lento del orden de los decenios, lo que explicaría la imperiosa pulsión del autócrata a convertirse en vitalicio mediante reelección indefinida. En este país-laboratorio se estaría ensayando una fórmula inédita de totalitarismo por agotamiento inducido y asistido de la oposición hasta una defunción que parezca fisiológica, sin contravenir brutalmente los estándares de la democracia formal. Visto sobre un fondo así, el lazo que asfixia poco a poco la libertad de expresarse y comunicar pasa a ser una coherente estrategia para el logro de fines bien conocidos: el control global de una sociedad, de su alma y bienes. No habrá probablemente eliminación súbita y masiva de la libre información, ni reducción a un solo periódico, una sola radio y una sola televisión, pero continuará sin desmayo una guerra gubernamental del tercer tipo o de guerrilla contra los medios independientes, que los haga lentamente desvanecerse en la inanidad política.

Los documentos teóricos, las declaraciones y los hechos para fundamentar esta hipótesis existen. Quedaría por demostrar si, efectivamente, la pars destruens –vista ahora globalmente– exhibe sistematicidad y planificación. Resumiremos para eso, y para concluir, los datos que proporcionan el ex diputado e investigador Alberto Jordán Hernández, Provea y Espacio Público.

Jordán estima que ejercer la libertad de buscar información, expresarla y comunicarla, ha producido en Venezuela, en los últimos ocho años, 14 muertos, un millar de heridos, otros tantos detenidos y tres centenares de juicios y sanciones, según una curva que parte de 38 atentados entre 1999 y 2001 para subir a 567 en 2002 y a más de 700 en 2003, volviendo a bajar numéricamente en 2006 con 53 atentados, pero más impactantes y profundos, incluyendo seis muertos (un 43% del total del periodo chavista), con 36 casos ventilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Provea cuantifica en 188 las violaciones a la libertad de expresión en 2006, de las cuales 111 por acción del Estado y 45 por omisión del mismo, precisando que ellas reflejan un 69% de incremento ponderado en relación con 2005. Espacio Público enumera 168 violaciones en 2002, 186 en 2003, 305 en 2004, 144 en 2005 y 150 en 2006 (943 en cinco años señala que “los medios de comunicación ocupan el centro de la confrontación política” y que en los últimos dos años “se observa una tendencia a la naturalización y aceptación social de la violencia contra los medios y los comunicadores”.

Estos indicadores tienen la preciosa característica no sólo de confirmar la sistematicidad de las violaciones a la libre comunicación, sino de revelarnos a la vez cuánto de democracia se nos va en cada una de ellas.

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