jueves 28 marzo 2024

La ineficacia de Juan Molinar

por Marco Levario Turcott

Repare el lector en la siguiente cita, que bien podría haber sido dicha por cualquier analista o actor de la industria de las telecomunicaciones; fue pronunciada el 9 de marzo pasado:

“Estoy convencido de que una de las razones que explica el rezago de nuestros países en materia de telecomunicaciones tiene que ver con que no hemos encontrado un esquema regulatorio eficaz y una aplicación eficiente del mismo”.

Por supuesto que nadie en su sano juicio podría disentir del diagnóstico, pero lo que llama la atención es que haya sido expuesto por el titular de Comunicaciones y Transportes, como si el gobierno en general y él en particular no fueran responsables de la ausencia de aquel marco normativo y como si, entonces, tal anomia se debiera a entes inasibles sin nombres ni apellidos. Es decir, aunque no haya sido expuesto como autocrítica, el planteamiento exhibe la impericia del gobierno en esta materia.

En realidad, aquella instantánea registrada por el secretario se explica, sobre todo, por la ausencia de una política de Estado que atienda al desarrollo de la industria y a que él mismo desde que asumió el cargo, hace poco más de un año, nada ha hecho para llevar a cabo una actuación eficiente y eficaz del gobierno en el que es, además, uno de los sectores más rentables del país y que podría significar una derrama económica mucho mayor para el país. Y no sólo eso, como sucede con los responsables de otras instancias oficiales, hasta ahora Juan Molinar no ha procurado acordar acciones desde una perspectiva integral con los actores del ramo y con quienes quisieran participar en el mercado; vamos, no lo ha hecho ni con los integrantes de la Cofetel, con quienes mantiene diferéndums permanentes. Aunque, eso sí, como parte de un gobierno que favorece a Televisa, él administra decisiones políticas que no afecten al consorcio o que incluso le beneficien. Una entre otras, es la exención fiscal de dos años para que esa empresa junto con su aliada Nextel participen de la explotación de la banda ancha de nueva generación, razón por la que el Estado dejará de recibir casi 6 mil millones de pesos.

Un a,b,c para el secretario

Juan Molinar es un notable académico e investigador en Ciencias Políticas y Administración Pública que, además, integró al Consejo General del IFE más acreditado en la esfera de la opinión pública de 1996 a 2000. Autor de varios libros de referencia indispensable, dentro de su paso en las responsabilidades federales ha vivido él mismo una serie de complejidades que van más allá de las aulas universitarias donde ha sido profesor. Por ejemplo, en 2006 es probable que haya tenido que tomar cursos rápidos para comprender su cargo al frente del IMSS, aunque ello no evitó la tragedia que todos conocemos en una de las guarderías del Instituto y de la que, hasta ahora, se desconoce el grado de responsabilidad que él tuvo al respecto. Algo similar, menos dramático pero también importante, le podría estar ocurriendo ahora.

Desde el 3 de marzo de 2009, al asumir como secretario de Comunicaciones y Transportes, a Juan Molinar no se le conocen planteamientos sobre la nueva normatividad que le urge al ramo de la radiodifusión y las telecomunicaciones sino, en todo caso, decisiones que él mismo no explica con el detalle que se merecen. Es entendible pues esa tarea no corresponde con su formación académica ni su experiencia profesional y por eso lo más que ha desarrollado desde entonces es aquella conocida aspiración que, por primera vez el 2 de noviembre de 2006, dijo Felipe Calderón en su calidad de Presidente electo: el diseño de un marco institucional donde convivan las (ahora ya famosas por su ausencia) tres C, que se refieren a la Cobertura, la Convergencia y la Competencia dentro del ramo. Más allá de la reiteración discursiva de esa supuesta pretensión, durante tres años y medio el gobierno federal no ha establecido una política de Estado al respecto ni para impulsar y aprovechar el despliegue tecnológico que implica la convergencia digital ni para promover la competencia empresarial en beneficio del desarrollo económico del país y del consumidor. Y en la SCT se ha replicado ese enorme déficit que al respecto hay en el país.

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