Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

La gran estafa de la protección a periodistas en Veracruz

Reza un adagio popular que si quieres que algo no se resuelva, créale una comisión para que lo atienda.

En México hemos visto en los últimos años cómo se cumple al pie de la letra con este irónico apotegma. Desde la que “investigó” el asesinato de Luis Donaldo Colosio hasta la que indagaba el enriquecimiento ilícito de los hijastros del ex presidente Vicente Fox, un variado contingente de comisiones de toda índole ha demostrado que en verdad no sirven para nada, más que para simular que se da atención a algún asunto que cauce polémica, pero al que, en realidad, no se le quiere dar solución o llegar al fondo.

Entre los años de 2011 y 2012, Veracruz vivió la peor oleada de violencia de que se tenga memoria en su historia reciente, a consecuencia de la guerra entre grupos del crimen organizado que se disputaban el control del territorio, y que sentaron sus reales en el estado durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán como gobernador.

Uno de los sectores particularmente afectado por esta situación fue el de los periodistas. En los primeros dos años de gobierno del sucesor de Herrera, Javier Duarte de Ochoa, nueve comunicadores fueron asesinados, algunos con saña. La autoridad fue totalmente omisa. En lugar de investigar, optó por la salida fácil de primero criminalizar a las víctimas, lo que le trajo toda suerte de críticas de parte de organismos civiles, nacionales e internacionales, de derechos humanos y de defensa de periodistas.

Para intentar lavarse la cara por las agresiones a periodistas -que alcanzaron su punto más crítico con el homicidio de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, hasta hoy dolorosamente impune a casi dos años de perpetrado-, el gobierno de Javier Duarte, a instancias de su vocera y coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, anunció la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que fue publicitada como un organismo “sin precedentes” en México, y con el cual se daría auxilio a los comunicadores que se sintieran en peligro. Pero de diciembre de 2012 en que entró en funciones formalmente, a la fecha, la CEAPP no ha servido mas que para impartir cursitos de “autoprotección” a reporteros, de capacitación en derechos humanos a policías, alguna que otra charla sobre periodismo en general, y hasta ahí. Cuando los trabajadores de los medios han recibido alguna agresión de parte de servidores públicos, como cuerpo colegiado ha guardado silencio.

Lo más “relevante” que ha salido a hacer la CEAPP fue su anuncio, a finales de enero, del lanzamiento de la convocatoria para un concurso estatal de reportaje. El primer premio es un viaje para un curso de periodismo preventivo en la Universidad Complutense de Madrid (donde el gobernador Javier Duarte hizo sus estudios de posgrado), mientras que el segundo lugar se llevará un iPad, y el tercero, una netbook.

Ésas son las prioridades de la Comisión.

Mucho ruido, pocas nueces

De acuerdo con la ley número 586 del estado de Veracruz, que le da sustento jurídico, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas “es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”.

Son atribuciones legales de la CEAPP:

I. Otorgar, a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión; solicitar a las autoridades competentes su cumplimiento; y denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir, en los términos que disponga la ley.

II. Establecer los elementos objetivos necesarios para la debida evaluación del otorgamiento de las medidas de atención y protección, y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas.

III. Programar, coordinar y dar seguimiento al otorgamiento de las medidas de atención y protección a los periodistas, en coadyuvancia (sic) con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.

IV. Establecer acciones de coordinación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado por su labor en materia de atención y protección a los periodistas, en el contexto de la defensa de la libertad de expresión.

V. Celebrar los acuerdos, contratos y convenios necesarios para la realización de sus fines y objeto.

VI. Adquirir los bienes necesarios para el ejercicio de sus funciones y administrar los recursos destinados para el mismo fin.

VII. Organizar sus áreas o unidades interiores y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas.

De acuerdo con el artículo 5 de la citada ley, el pleno de la Comisión estará integrado por cuatro periodistas “de prestigiada trayectoria profesional, representativos de medios de información, comunicación o difusión colectiva de carácter escrito, radiofónico, televisivo o electrónico”; por dos propietarios, concesionarios o directivos de medios de información “de reconocida contribución y participación en la función social de manifestación y publicación de las ideas”; por dos representantes de organizaciones no gubernamentales, relacionadas con el derecho a la información, la libertad de expresión y el ejercicio libre y responsable del periodismo; por un académico representante de la comunidad universitaria, dedicado a tareas de enseñanza o de investigación científica, en cualquiera de sus expresiones; por los titulares de las dependencias responsables de la comunicación social y de la procuración de justicia en la administración pública estatal; y por un Secretario Ejecutivo.

Hasta ahora, no se sabe quiénes sean los representantes de las organizaciones no gubernamentales que participan en la CEAPP, ni quien sea el académico representante de la comunidad universitaria que establece la norma, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 3 de diciembre de 2012. En el organigrama del organismo (disponible en su página Web, en la dirección www.ceapp.org.mx/directorio.php) tampoco aparecen.

Elefante blanco

Lo que sí es público es que aún antes de que quedara integrada formalmente, la CEAPP dio muestra de su falta de autonomía respecto del Gobierno del Estado.

En todas y cada de las situaciones de acoso y violencia contra periodistas registradas en Veracruz en los últimos meses, de las cuales dimos cuenta en la colaboración publicada en la edición de enero de la revista etcétera, tanto la presidenta de la CEAPP, Rocío Ojeda Callado, como la secretaria ejecutiva Namiko Matzumoto Benítez, a lo mucho han lanzado tímidas condenas contra los agresores, cuando no de plano han preferido callar.

Rocío Ojeda asumió la presidencia de la CEAPP siendo todavía directora de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana, a punto de concluir una larga gestión que no estuvo exenta de señalamientos por acoso laboral a los catedráticos que no eran de su misma corriente.

Namiko Matzumoto es una abogada que nunca había tenido contacto alguno con el medio periodístico, al cual desconoce por completo y por el que no siente afinidad ni simpatía. Su nombramiento, impulsado por Gina Domínguez, que es a quien en realidad rinde cuentas, fue como consolación luego de haber pretendido, sin éxito, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La actitud indolente de ambas funcionarias, así como la iniquidad de los demás comisionados -salvo Jorge Morales Vázquez-, quienes jamás dicen palabra cuando hay alguna agresión contra un compañero, pero cobran puntualmente sus salarios y reciben prebendas a cambio de mantener ese perfil, hacen completamente inoperante a la CEAPP, que está imposibilitada para cumplir con los fines para los que supuestamente fue creada, al ser juez y parte y estar supeditada a los intereses del Ejecutivo estatal.

Tantas críticas ha acarreado la genuflexión al gobierno de la CEAPP, que alguien tuvo la “brillante idea” de crearle un organismo hermano. Así, una de las primeras acciones de la LXIII Legislatura del Estado, que entró en funciones el pasado 5 de noviembre, fue crear ¡otra comisión de atención y protección a periodistas! Pero ésta de carácter legislativo.

Aunque da los mismos resultados que su gemela: tampoco sirve para nada.

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