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Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

La “excepcional” violencia en Veracruz

“El legado que quiero dejar para las próximas generaciones es instituciones sólidas, instituciones confiables, instituciones que permitan poder continuar con nuestro crecimiento y con nuestro desarrollo. Espero que la historia juzgue puntualmente eso que ha sido un trabajo verdaderamente titánico”, dijo el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el pasado 12 de octubre cuando, en una conferencia de prensa, se le preguntó cómo desearía ser recordado una vez concluido su mandato.

Siempre buscando la manera de justificar la decadencia en todos los órdenes que ha significado su sexenio, el mandatario refirió que le tocó gobernar quizás “en una de las etapas más difíciles y complicadas en la historia moderna de nuestro país. Veracruz no es una ínsula, forma parte de todo el complejo desarrollo de nuestra nación. Todo lo que pasa en México también repercute en nuestra entidad veracruzana”.

Lo anterior lo señaló en relación con la seguridad pública, donde según él, “hemos venido haciendo un gran trabajo en la materia. Ha habido lamentables casos, sí. (…) Pero esas situaciones que pasan, afortunadamente, no son las constantes, sino que son casos excepcionales. Veracruz, pudiera decirse que en materia de seguridad pública, se encuentra estabilizado”.

Tan “estabilizado” está Veracruz, que de acuerdo con el “Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro y Extorsión 2015” del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, existe un aumento en el número de secuestros en la entidad con 81 plagios denunciados al 20 de septiembre de 2015, lo que coloca a Veracruz en el tercer lugar nacional en la incidencia de este delito, que se comete prácticamente uno cada tres días.

Duarte desestimó los datos de la instancia federal: “como esa publicación hay otras 20 más que hablan de que trabajamos en materia de seguridad”, refutó.

Tal ha sido la historia de este sexenio: incapacidad, excusas, indolencia, cuando no abierta complicidad con quienes delinquen, violentan y acosan a los ciudadanos. Por eso no es de extrañar que el gobierno estatal prefiera siempre criminalizar a las víctimas en Veracruz. Cuanto más, si se trata de periodistas.

Precariedad laboral, inseguridad y falta de protección

En esa misma conferencia de prensa, Javier Duarte afirmó que, durante la reciente visita a la entidad de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para constatar la situación de los derechos fundamentales, entre éstos la libertad de expresión, el organismo hizo “un reconocimiento de lo que hemos venido desarrollando y haciendo en materia de atención a ese gremio (el periodístico) tan importante, fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, que forma parte precisamente de nuestra cultura y nuestra identidad veracruzana”.

“En la visita tan esperada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo mundo esperaba que el Gobierno de Veracruz fuera sujeto de una situación de exposición en torno a su actuar. Pero fue exactamente todo lo contrario. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció los esfuerzos que hemos establecido en la materia; celebró la creación de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, los protocolos que tiene.

“Como nos fue bien, ya nadie habló del tema. Si nos hubiera ido mal, creo que hubiera sido el tema fundamental de todos y cada uno de los análisis, columnas, reportajes y sobre todo, encabezados de los medios de comunicación en Veracruz”, sostuvo, ufano, el gobernador.

Javier Duarte sólo parece haber leído el apartado del reporte de la CIDH en el que se hace referencia a la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), y en el cual, efectivamente, valoró de manera positiva el que este organismo haya atendido y otorgado medidas de protección a un número importante de periodistas.

Pero la CIDH también señaló que la CEAPP “afronta el reto de ganar la confianza de una parte importante del gremio periodístico y garantizar su financiamiento y autonomía del gobierno en el largo plazo”.

Lo que Duarte y la secretaria ejecutiva de la CEAPP Namiko Matzumoto –para quien es “aventurado” decir que Veracruz es peligroso para ejercer el periodismo– parecen no haber leído en el informe preliminar de la CIDH, es que este organismo destacó que “la violencia contra comunicadores se ha visto especialmente agudizada en las entidades federativas en donde existe presencia del crimen organizado y colusión con agentes estatales. De acuerdo a la información disponible, los periodistas víctimas son aquellos que han denunciado actos de corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados. La CIDH observa con preocupación la información recibida sobre la posible participación y la pasividad de agentes estatales frente a algunos de estos hechos”.

En ese sentido, el informe hace énfasis en que en Veracruz, “desde 2010 a la fecha se han registrado 15 asesinatos de periodistas y múltiples agresiones por parte de actores estatales y privados, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad”.

“Durante la visita se constató que en Veracruz el periodismo se ejerce en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por parte de los propios medios hacia los periodistas. Tanto en este Estado, como en la mayor parte de las entidades federativas, el gremio periodístico se encuentra en una situación de vulnerabilidad en el ejercicio de su oficio”.

Uno de los periodistas veracruzanos que se entrevistaron con la CIDH afirmó que “desde que células del crimen organizado vieron que era rentable meter miedo a los periodistas, se volvió el modus operandi. Es contradictorio y genera zozobra que supuestamente haya muchos operativos de inteligencia e investigaciones abiertas y sin embargo no se puede encontrar a los responsables que ordenaron los crímenes”.

La CIDH puntualiza que tuvo conocimiento de ataques a medios de comunicación durante el proceso electoral de 2015, algunos de ellos contra su infraestructura, así como robo de equipos, amenazas y ataques cibernéticos. Y subraya que “en los próximos meses varios estados, incluido el de Veracruz, celebrarán elecciones, lo que aumentará los factores de riesgo para esta profesión”.

“La cara de la impunidad”

El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, se refirió a Veracruz como “la cara de la impunidad”, al señalar cómo 15 periodistas han sido asesinados durante este sexenio, muchos de los cuales no fueron protegidos por el Estado aun cuando hubo amenazas públicas en su contra.

Entrevistado por Artículo 19, Edison Lanza expone que “Veracruz nos llama especialmente la atención por tratarse de un estado donde se han registrado unos 15 asesinatos (de periodistas) en un periodo de cuatro o cinco años, algunos casos muy violentos, otros precedidos de unas amenazas que no fueron investigadas a tiempo, y que no fueron protegidos los periodistas a tiempo. Y luego, una suerte de situación de impunidad de muchos de esos crímenes”.

“Por un lado, parecen modélicos los avances que se registran. Pero por otro lado, la sociedad civil nos habla de que hay una simulación del ejercicio de las facultades, de las atribuciones estatales, de las obligaciones del Estado, para garantizar la democracia, la libertad de expresión, la procuración de justicia y el acceso a los bienes básicos de la población”, sentencia el relator de la CIDH.

Frente a estos señalamientos, Javier Duarte sólo responde, “se ha avanzado de manera muy significativa. Somos un estado ejemplo en la materia. Somos la única entidad que tiene este tipo de acciones y protocolos para la atención, el cuidado y la protección de los periodistas en el ámbito local, lo que subraya la importancia que es para un servidor (sic), el gremio”.

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