El despegue deI Ifetel (Instituto Federal de Telecomunicaciones) es buen momento para poner al día temas así como su desarrollo en las condiciones regulatorias que están en vías de definición. Durante 26 meses he compartido en etcétera mis consideraciones sobre las telecomunicaciones. En algunos casos, éstas se desprendieron de mi labor dentro de la Cofetel. En esas ocasiones he querido informar sobre la temática actual de esos momentos y establecer aquella interpretación que me pareció la más adecuada conforme mi experiencia en el sector y mi obligación como funcionario público.
He buscado que mis decisiones contribuyan a garantizar el interés público, y a propiciar su mayor desarrollo. Ambas metas me han comprometido a indagar y decidir sobre los casos concretos que dictaminaba el organismo y sobre el entorno del sector, por lo cual juzgué acertado expresar los razonamientos y decisiones que se generaban y el sentir que me habían producido esas conclusiones. En otras oportunidades, he buscado comunicar información, datos y referencias bajo la certeza de que conocer esas progresiones y tendencias contribuye a tomar las mejores sentencias en materia de regulación, porque las vuelve acordes a la extraordinaria dinámica de cambio y de innovación del sector. La flexibilidad que debe acompañar al esfuerzo regulatorio puede soportarse en el conocimiento sobre los potenciales adelantos tecnológicos y de mercado, así como sobre los anticipos más deseables, los más adecuados a la particular conformación socioeconómica y política de nuestro país.
Otros textos plantearon mis inquietudes sobre las telecomunicaciones, sobre todo en cuanto a su regulación o a su desarrollo idóneo e incluyente. Los argumentos se han fundamentado en mi práctica profesional, la cual me ha permitido extraer certezas y convicciones sólidas, nutridas por los años de desempeño en el sector, veintiséis para ser exactos. El conocimiento de los temas permite sustentar una experiencia única que mucho agradezco, y que busqué hacer común con mis interlocutores en estas páginas y en mi quehacer como funcionario público. De esta praxis se ha nutrido la búsqueda de un deber ser de la regulación, el cual se asentó y expresó en varios artículos.
Asimismo, en tanto que es muy difícil separar la posición institucional con el interés del ciudadano, en esta columna he comentado asuntos que más se pliegan al interés individual que a cualquier otro, y cuya intención ha sido buscar el consenso o alertar sobre esas preocupaciones. El caso de las deliberaciones sobre la conveniencia de instaurar una estación de televisión pública que en dos ocasiones ocupó este espacio editorial, es quizá el que más expresa estas preocupaciones. Al contemplar la modificación del artículo 6o constitucional en su ordenanza sobre el establecimiento de un organismo descentralizado que proporcione el servicio de radiodifusión sin fines de lucro tanto ha colmado esa expectativa como reafirma el impulso para seguir trabajando, ahora con la mira puesta en la definición concreta y la funcionalidad de la nueva entidad pública.
Al hacer un recuento de los 26 artículos publicados en etcétera bajo la rúbrica de Spectrum, es posible advertir que mi intención se anida en distintos conjuntos temáticos. Ahora insisto sobre algunas de las premisas que en su tiempo los definieron, las cuales mantienen vigencia y sugieren algunas de las rutas posibles para enfrentar su consolidación o su desahogo posible. Como a lo largo de estos meses, en este recorrido prevalece la motivación de invitar a la deliberación conjunta.
* * *
Desde que en los noventas se implementaron las bases para la liberalización de las telecomunicaciones en nuestro país, se ha presentado una tendencia constante: el crecimiento persistente de sus facilidades instaladas, de sus servicios y ofertas, de sus indicadores operativos. Estos incrementos, están lejos de cesar y con las recientes modificaciones regulatorias, incluso tendrán un nuevo impulso, sobre todo por la integración de más mexicanos a las redes de comunicación debido al surgimientos de nuevos proveedores, y el abaratamiento de la oferta y las alternativas de servicio ya disponibles.
Más por diversificados que sean los servicios y aplicaciones; aunque la comunicación social se distinga por la versatilidad de contenidos y la gran variedad de asideros tecnológicos para la conectividad, tal amplitud redunda paradójicamente en un solo y único indicador: el crecimiento del tráfico de telecomunicaciones, que como flujo permanente lo mismo transporta señales de todo tipo que las canaliza hacia los usuarios dotados de los instrumentos de acceso. Esta temática -y los problemas que ocasiona, que deben considerarse y solventarse antes de que limiten o impidan la expansión de las telecomunicaciones- se abordó con tres aportes específicos.1 A manera de diagnóstico y de propuesta de solución, el artículo de agosto de 2011 estableció el problema y como alternativa viable y de gran contenido político señalo la conveniencia de sumar esfuerzos y recursos para generar redes de transporte que solventaran ya el tráfico existente, y generaran los instrumentos para soportar la expansión de los flujos comunicativos y con ello facilitar la conexión de los operadores reales y potenciales.
El conjunto de propuestas de agosto se retomaron y adquirieron mayor relevancia al establecer que el crecimiento de la información podía alcanzar dimensiones no previstas, y superar las estimaciones existentes, incluso las más exageradas. La contribución de julio de 2012 que se consagró a reflexionar sobre esta expansión, reseñó estudios distintos que ya cuantifican día a día estos incrementos y prevén su aceleración por la convergencia tecnológica y de mercados. Ante ello, se señaló, es preciso encontrar nuevas formas de explotar los recursos existentes -el espectro radioeléctrico incluyendo nuevas bandas de frecuencias- y de organizar y estructurar las opciones tecnológicas que ya se tienen. La explotación de la banda de 600 MHz ilustraba el primer punto; la sinergia de oferentes y operadores exponía el segundo.
La última premisa condujo la argumentación presentada en tres aportes distintos. El primero postuló una premisa poco reconocida. Siempre se ha considerado que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso, que demanda por lo mismo la mejor decisión respecto a su explotación. A este convencimiento generalizado se oponen hoy dos argumentaciones que presentan la solución. No hay tal escasez, afirmé entonces, lo que prevalece es el uso de terminales tontas que no pueden aprovechar el recurso de manera óptima, seleccionando la banda más adecuada para suministrar los servicios demandados. Esta argumentación, presentada en noviembre de 2011, tuvo su continuación casi un año después, en octubre de 2012, cuando ofrecí información sobre la llamada radio cognitiva, que justamente se adapta al entorno para proporcionar los servicios. Esta inteligencia radicada en el dispositivo terminal se complementa con nuevos esquemas para la gestión de redes, que también recurren a sistemas lógicos que acumulan información del flujo de telecomunicaciones para predecir su comportamiento y proponer la solución técnica para canalizarlo. El estudio de los modelos de esta naturaleza, señalé, es tarea imprescindible para el regulador.
Una tercera aportación sobre el mismo tema, fechada en marzo del presente año, planteó otra alternativa para el desarrollo de las infraestructuras y los servicios. El argumento central retoma los trabajos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en torno a las políticas de hoy en materia de interacción y trabajo conjunto y a la par entre operadores y administraciones. La organización la declara en efecto no solo como la tendencia actual para la edificación y modernización de las infraestructuras de servicio, sino más aún como la fórmula única de atender la actualización tecnológica de las redes, ya que las inversiones para colmarla tienen una envergadura tal que resulta difícil devengarlas incluso para los proveedores más y solventes. Compartir y cooperar; intercambiar y corresponder; explotar en conjunto; optimizar activos, negociar facilidades y canjear recursos, son acciones vigentes en el suministro que permiten generar las soluciones técnicas para cada país. De esta forma, la compartición de infraestructuras surge como elemento de fomento y optimización para la confección y el despliegue de nuevas redes de comunicaciones, y el fortalecimiento de la operación de aquellas que ya existen. Ambos aspectos ahora resultan sustantivos.
El tema de la información y de su crecimiento exponencial, así como las posibilidades técnicas y de innovación organizacional que se sugirieron como remedio y que conformaron la materia de los tres artículos que comento, encuentran expresión en los cambios regulatorios propuestos en este 2013 y en las acciones específicas que habrá de realizar el Estado y sus brazos operativos en el mediano plazo. El diseño, construcción y operación de las redes de transporte y de acceso que se han definido, y para las cuales se aprovecharán al máximo los insumos y recursos públicos disponibles y la cooperación entre actores privados e instancias públicas, reivindica nuestras reflexiones y las lleva a una expresión concreta que en mucho solventan la problemática que se detectó y las alternativas para enfrentarla que se puntualizaron. Que para consolidar nuestros sistemas operativos de comunicaciones se capitalicen todos los activos públicos y se aliente la colaboración entre agentes y actores del sector, es un propósito acorde con la convocatoria pública permanente que hemos realizado desde etcétera: las mejores alternativas para el desarrollo incluyente del sector, conllevan la participación de grupos e individuos en el nivel y con la intensidad que a cada quien corresponda.
Otro gran conjunto temático tomó como centro de análisis al servicio de mayor penetración social: la televisión. Así, se le ha evocado en su modalidad abierta tradicional y en su perfil restringido, del cual se deriva el servicio fragmentado o igual de proximidad, como lo designan algunos autores. Se ha considerado el tránsito tecnológico que supone la implantación operativa del formato televisivo digital. En dos aportes publicados durante el primer trimestre de 2012, se plasmó este interés, centrándolo en la posibilidad de estructurar una televisión de Estado. Los títulos de nuestras colaboraciones de enero y marzo son por demás ilustrativos de esta convicción. “Tiempo y forma de la televisión pública” y “Televisión pública: paridades y equilibrios”. Ambos artículos llaman a pensar la posibilidad de crear una emisora con esa vocación, sobre todo porque como se sugirió en un tercer aporte editorial en septiembre de 2011, la banda ancha es la vía para transportar y accesar cualquier tipo de información y de contenido audiovisual. Por ello, una televisión estatal puede asegurar la distribución de contenido simbólico en todos los niveles sociales, lo cual viene a propiciar mayor equilibrio y simetría en el consumo cultural de la sociedad.
La reforma constitucional de junio de 2013 aterrizó las ideas expuestas y estableció bases para generar una sinergia virtuosa entre ambos esquemas de comunicación. El organismo público de radiodifusión que habrá de surgir en el corto plazo encuentra correspondencia en el derecho constitucional a la banda ancha e Internet, que también se consagra en la modificación del artículo 6o. En consecuencia, es posible concebir que en el mediano plazo podría constituirse un ecosistema mediático que garantice tanto la distribución y difusión de contenidos de interés público y de producción independiente, como solvente la posibilidad de enlace e intercambio en todas las localidades del país, con lo cual se cierre el circuito de comunicación entre gobierno y comunidad y entre los miembros de una comunidad y el resto de sus conciudadanos. El potencial de la emisora pública digital encuentra su par en las redes de banda ancha, y el beneficiario es el ciudadano que ahora dispone de uno u otro sistema y también de su empalme virtuoso.
Tanto el servicio televisivo digital como la banda ancha han sido protagonistas de la columna Spectrum. Apenas en julio de 2013 establecí mis observaciones sobre el primer ensayo de apagón analógico, celebrado en Tijuana, Baja California. Como todo proyecto piloto, ahí tuvo resultados que conviene reproducir y mejorar en experiencias futuras, sobre todo en cuanto a la organización, que además de precisa debe ser transparente y sin incurrir en prisas o suposiciones.
¿Qué sobresale de la experiencia? Sin duda la necesidad de concertación entre los agentes implicados en el cambio, envolviendo a toda la población y a las autoridades locales para que se involucren en la iniciativa, y el requerimiento por concebir al programa nacional de migración digital de la televisión como sumario social, del cual todos obtienen beneficios. Asegurar estos futuros, definirlos con claridad y con una amplia difusión, deben ser los incentivos para impulsar el propio tránsito digital sin dilaciones.
La sinergia social que empalma el esfuerzo colectivo en un proyecto específico se trata en otra contribución, fechada en febrero 2013. Ahí enumeré acciones que a mi juicio resultan indispensables en cualquier plan nacional de telecomunicaciones. Consideré entonces y ante la experiencia política de concertación de hoy lo ratifico plenamente, que la banda ancha, su expansión y explosión en el país, requiere del acuerdo para establecer ejes impulsores que lo mismo generen proyectos particulares, muy enfocados en propósitos y objetivos, que estructuren las bases para activar el crecimiento local e igual fundamenten a nivel regulatorio y operativo el aprovechamiento cabal de los recursos disponibles, para subordinarles a la realización del proyecto de mayor beneficio social. En esta conjunción resulta fundamental el distinguir la participación de cada agente y privilegiar ese involucramiento para que el esfuerzo individual sea tan importante como el colectivo, y para que en igualdad de circunstancias todos se integren en las soluciones a implementar.
El desarrollo regional y su engarce con las telecomunicaciones ha sido un tema mayor en mi desempeño editorial y en mis tareas como funcionario público. Desde 2000, ya como miembro de la Cofetel, tuve el privilegio de encabezar el esfuerzo institucional del organismo por consolidar las áreas de servicio telefónico local (ASLs), con el propósito de anular los cargos de las llamadas de larga distancia que se producen entre ellas. Mientras más ASLs existan, los cargos aumentan también, y si se reducen para reconocer y estimular inclusive las relaciones económicas, políticas y sociales que se generan entre comunidades que son vecinas, habrán de obtenerse grandes beneficios sociales. Por esta relevancia, la Presidencia de la República otorgó en 2002 el “Premio a la Innovación Gubernamental” al proyecto de Consolidación de Áreas de Servicio Local. En la época se estableció que la iniciativa había permitido ahorros hasta por 40 millones de dólares al año para los usuarios del servicio de larga distancia nacional que radicaban en las regiones consolidadas. Estos montos se han incrementado en tanto el Programa se ha mantenido y hoy constituye una de las principales herencias que la Cofetel deja al Instituto.
La iniciativa de consolidación, sus objetivos, contenido y alcances dieron sustento a la contribución de septiembre de 2012. El artículo se suma a tres para argumentar otra de las expresiones que he cultivado desde Spectrum: dar a conocer las resoluciones o medidas regulatorias que han conformado el cuerpo normativo que se aplica al sector. Así, en diciembre de 2011, referí el tema de la regulación asimétrica en el mercado de las telecomunicaciones, asunto nodal por los ordenamientos de la reforma constitucional en la materia y por la declaratoria de agentes preponderantes que incluye. Posteriormente, en febrero de 2012 compartí con etcétera el entusiasmo que me produjo la decisión de la Suprema Corte sobre la jurisdicción de la Comisión en el tema de la transición de la televisión hacia el formato digital, de la cual se fortaleció la política aplicada por Cofetel. Por último, en mayo del mismo año, resalté la importancia estratégica que han tenido las resoluciones administrativas sobre el tema de la interconexión, asunto que siempre será nodal para promover la competencia en el sector y en todas las industrias que se desarrollan con base en las estructuras de red.
Ya el artículo dedicado a las posibilidades de la banda ancha enfatizo un tema que desde mis primeros años como funcionario público me ha apasionado: la trilogía investigación – desarrollo e innovación, y el elemento que amalgama a los tres componentes: la formación de recursos humanos. La labor desarrollada partió del diagnóstico de la situación en I D i en telecomunicaciones que se presentó en abril de 2012. El artículo evidenció rezagos y déficits que comprometen el desarrollo del sector sobre bases locales, surgidas de nuestras propias capacidades humanas y materiales. Y ante ese panorama, como sugerí en abril de 2013, el enorme impulso que ésta supone para estructurar un salto cualitativo en la oferta de servicios tendría mayor solvencia si se apoyara en el fomento a la investigación básica y aplicada y a su conversión en aplicaciones concretas, que aportaran la innovación para nutrir la competencia y la optimización de los sistemas de telecomunicaciones. Esta meta no es ilusoria ni lejana. A la inversa, se alimenta de los acuerdos del Pacto por México, que justamente ofrecen un mayor apoyo a estas actividades para elevar la participación en la generación de patentes. El sector de telecomunicaciones no puede ser ajeno a este propósito, y la aplicación de la nueva normatividad debiera reconocerlo y aprovecharlo.
Lo anterior me llevó a compartir tres temas más, íntimamente relacionados entre sí. El primero puntualizó la importancia de avivar el desarrollo armónico e integrado de las tecnologías de la información y comunicación, aprovechando para ello el capital de riesgo que justamente torna en proyectos empresariales los hallazgos específicos de la investigación aplicada y confirma su viabilidad económica. El esquema, que inclusive puede provocar la creación de una unidad especializada que relacione a las universidades con la industria productora y de servicios, podría traer beneficios a todos los concurrentes. Para el investigador, porque podría tener a suficiencia recursos frescos para culminar sus tareas. La industria, por su parte, podría allegarse soluciones tecnológicas para atender en forma precisa los problemas. En cuanto a las fuentes de financiamiento, cumplirían plenamente su vocación de servicio. Ante tal escenario, conviene sin duda repensar la propuesta en las nuevas condiciones de desarrollo institucional de las telecomunicaciones.
Un segundo tema se configuró en el artículo publicado en junio de 2012. Presenta la articulación entre las acciones de I D y la competitividad, sinergia comprobada como fuente del crecimiento económico, y binomio que además puede complementarse con un tercer elemento decisivo: el desarrollo humano. El punto de partida es el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo creador del índice que lo mide a nivel planetario y que parte de un principio sustantivo: si el crecimiento económico es producto de la competitividad y la innovación, y el principal elemento para conquistar estos distintivos es el hombre, si se procura el desarrollo de la persona se abonan asimismo las actividades de investigación y desarrollo que redundan en lograr competitividad e innovación. El círculo sería ejemplar e implica que mientras se invierta en el hombre se cosechará en la competitividad, y si se logra alcanzar un mayor nivel competitivo habrá de privilegiarse el desarrollo humano.
Por último, en armonía con las premisas anteriores, el tercer tema relacionado con el capital humano y su especialización versó sobre la situación del recurso en mi centro de trabajo, la Cofetel. En octubre de 2011 reflexioné sobre la importancia de formar personal que pueda atender con destreza los temas propios de la regulación de las telecomunicaciones y de su evolución prospectiva sobre todo en cuanto a tecnología y mercados. Desde su formación, e incluso con anterioridad en el Instituto Mexicano de Comunicaciones que se integró en la naciente Cofetel, el organismo dispuso de personal que en forma progresiva fue preparándose. Así, con el tiempo, se ha formado una masa crítica capaz, sólida, que únicamente en el órgano regulador pudo haberse preparado. Aprovechar el potencial de esos recursos, provocar su mayor especialización y conservarles para que aporten toda la capacidad de que disponen, fue la observación que entregué en aquel octubre y que después reafirmé en agosto de este año, igual enetcétera.
Delo anterior se desprenden dos tópicos más. Como ha sido evidente la Cofetel adoleció de un diseño que cercenó dos de las facultades estelares de cualquier regulador: la posibilidad de autorizar la operación de proveedores en el mercado, y la propia para sancionar aquellos comportamientos violatorios a las disposiciones vigentes.
Estas carencias, derivaron en una larga reflexión sobre la estructura y constitución de los órganos reguladores, que ocupó hasta cuatro entregas de Spectrum. Para conformar estas contribuciones se analizaron varias decisiones que la Suprema Corte estableció a propósito de las funciones y tareas de la Comisión, que le permitieron consolidar su accionar institucional y conquistar un y mejor se presentó un recorrido histórico sobre la formación de órganos reguladores en la región latinoamericana, destacando la relación que en cada coordenada se establece entre los poderes ejecutivos y el organismo. Pudo exponerse que la articulación orgánica con el poder recorre desde la dependencia umbilical con el ministerio relacionado hasta una independencia más lograda, que se traduce en soberanía en la toma de decisiones y en la gestión de recursos. En caso alguno de los analizados, pudo registrarse la completa autonomía que ahora ha logrado el nuevo órgano regulador de nuestro país. Inclusive, esta cualidad de la institución mexicana rebasa con creces el mejor escenario que se identificó en nuestras colaboraciones. La excelencia del regulador que entonces propusimos, tiene hoy asideros para concretarse.
* * *
Los cambios constitucionales de los que se deriva un nuevo escenario regulatorio, traerán nuevos retos para el órgano regulador, renovado también y con una estatura orgánica superior, como nunca la tuvo la Comisión que conocí, en la cual me desempeñé como miembro del pleno, y de la cual ya me he retirado. En distintos medios y de maneras distintas he deseado lo mejor a los siete comisionados que arriban. Tienen en sus manos un instrumento con el cual lograr un mejor desarrollo de los sistemas nacionales de comunicación, que consiga al fin que la oferta de servicios llegue a todos los rincones del país. Es mi deseo que pronto logren cumplir esa meta. Nuestro país lo necesita y lo merece
Nota:
1 Todos los artículos que se señalan en el texto pueden consultarse en la dirección https://etcetera-noticias.com/seccion/0/584/1
