Miguel Ángel Vite Pérez

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Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España

Justicia penal y redes sociales

La justicia penal mexicana se basa en testimonios de los detenidos y en la fabricación de presuntos culpables que han encontrado su espacio mediático ahora en Twitter y Facebook.

La fabricación de presuntos culpables no es novedad; sin embargo, ha alcanzado notoriedad ahora debido al poder mediático y al de las llamadas redes sociales.

El poder mediático es el espacio usado por las autoridades judiciales para presentar a posibles culpables de delitos y asesinatos que han tenido, en mayor o menor medida, un impacto en la opinión pública; lo que “rara” vez permite opiniones divergentes, es decir, que contradigan a la sentencia condenatoria de las autoridades comunicada, antes de que los juicios se realicen, a través de las presentaciones de acusados en los medios de comunicación electrónica.

La credibilidad de la justicia penal mexicana se sustenta en el poder mediático; sobre todo porque como institución carece de respaldo de parte de los gobernados o ciudadanos. Su debilidad y deterioro es tan evidente que ahora las redes sociales, como otro poder alternativo, se han convertido en un sitio donde se discute la presunta inocencia de algunos de los presuntos acusados o acusadas.

Pero se debe de decir que no todos los presuntos culpables han sido objeto de los reflectores del poder mediático o de las redes sociales. Esta situación refuerza la creencia colectiva de que las situaciones de injusticia penal se multiplican; sin embargo, la presencia en el espacio mediático de los pobres y marginados penalizados es limitada o casi inexistente.

Por su parte, el poder mediático y el de las redes, bajo determinadas circunstancias, se ha convertido en un espacio de opinión pública y de presión, cuya función ha sido mostrar a las autoridades penales sus “errores” en el momento de culpabilizar y castigar a individuos afectados por la injusticia social. En otras palabras, el discurso de la injusticia social, por ejemplo, ha sido utilizado por organizaciones civiles para demostrar que el poder penal penaliza la pobreza y la miseria de campesinos, indígenas, obreros, etcétera.

Pero la penalización judicial ha alcanzado -nuevamente esto se ha presentado en determinadas coyunturas- a las clases medias, y en menor medida, a las altas. Los estratos medios que tienen una presencia mayor en el sistema educativo universitario se han visto afectados no solamente por el sentimiento colectivo de la inseguridad -propagado desde la presidencia de Felipe Calderón y cuyo eco se ha canalizado a través de los medios de comunicación- sino por la construcción de presuntos culpables.

Fue el caso de la estudiante universitaria Mariel Solís Martínez, convertida en presunta culpable por las autoridades judiciales del DF, por una hipotética participación en el asesinato, en agosto de 2009, del profesor universitario Salvador Rodríguez y Rodríguez.

Lo que se basó en declaraciones del homicida preso y en el análisis de un video de la cámara de la sucursal bancaria, realizado por los expertos de la Procuraduría capitalina, donde aparece la imagen de una mujer cuyo parecido con Mariel resultó dudoso.

La comparación entre la imagen del video y de la foto de la detenida fue la base para que varios cibernautas elaboraran comentarios en las redes acerca de la injusticia cometida. La sentencia del ciberespacio fue: no hay parecido, y en consecuencia, la presunta culpable debería de ser inocente.

Pero el tipo de información que utilizó la Procuraduría capitalina para elaborar el expediente que culpabilizaba a Mariel se sustentaba en las declaraciones del asesino y en el estudio del video bancario. Nuevamente se manifestó la falta de oficio del personal de la Procuraduría. No hay trabajo profesional de inteligencia ni de investigación, lo que “alimenta” la imagen negativa que tiene la justicia penal mexicana en los planos federal y local.

La moraleja es que la justicia penal, en su afán de culpabilizar y castigar, considera como evidencias sólidas las denuncias anónimas y de testigos de dudosa credibilidad, junto con las declaraciones de los sentenciados, para encontrar a cómplices reales o ficticios.

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