Cinque Terre

Sergio Octavio Contreras

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Doctor en Ciencia Política. Comunicólogo y master en sociedad de la información por la @UOCuniversitat. Profesor universitario. Consultor y conferencista en redes sociodigitales. Twitter: @Ciberpensador

Internet: un derecho humano

La comunicación es una de las principales características de la cultura humana. Desde la comunicación interpersonal, pasando por la grupal y la social, la comunicación ha sido reconocida por diversas teorías como una de las bases de los cambios sociales y tecnológicos. A lo largo de la historia de la humanidad el desarrollo de tecnologías para mejorar la comunicación generó nuevas sociedades, avances en los sistemas de producción e incluso reformas en los sistemas de aprendizaje.1

El cambió más profundo que se vivió en los sistemas de comunicación antes del siglo XX fue la llegada de la imprenta de Gutenberg: revolucionó los campos de interacción social, la cultura, el arte, la ciencia, etcétera. A partir de la llegada de la imprenta como tecnología y el posterior nacimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII hasta la lucha por las libertades civiles después de la Revolución Francesa de 1789, la comunicación comenzó a ser reconocida como un valor necesario para el desarrollo social.

Las constituciones y leyes secundarias que se promulgaron en los Estados del siglo XIX y XX, reconocían el valor de la comunicación a través de la libertad informativa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y la Convención Americana de Derechos Humanos son los principales instrumentos internacionales que consagran aún tal garantía como un derecho universal.2

En el último siglo, los derechos informativos se orientaron en dos sentidos: como derecho social y como derecho mediático. En el primer caso se refiere a la posibilidad de comunicación que tiene toda persona dentro de un Estado libre para recibir, transmitir y buscar información. Esta garantía es el pilar de dos derechos fundamentales, al menos en Occidente: la libertad de expresión y el derecho a saber.

El primero de los casos se refiere al campo jurídico que regula la comunicación emitida a través de los medios tradicionales de comunicación, es decir, cuando una persona emplea algún medio tecnológico para transmitir un mensaje a un grupo de personas. Como medios tradicionales consideramos aquellos que nacieron funcionando bajo un sistema análogo (radio, televisión, prensa y cine). En México tales regulaciones se encuentran fundamentadas en la Ley Federal de Radio, Televisión y Cinematografía de 1960, y en la Ley de Imprenta de 1917.

Sin embargo durante las últimas tres décadas, con el surgimiento de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), las libertades de información se expanden del campo analógico al digital dando a los usuarios la posibilidad de construir sus propios contenidos y enviar mensajes a un receptor, a un grupo o en forma masificadas. Esto ha fragmentado la función hegemónica que tenían los medios tradicionales.

La apertura de Internet en 1993 para su uso social y el establecimiento de la WWW como la “supercarretera de la información”, afianzó el paradigma de la llamada “Sociedad de la Información y el Conocimiento” o “Sociedad de la Información y la Comunicación”, la cual “crece y se desarrolla alrededor de la información y aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, en lugar de un aumento del consumo material”.3 Este nuevo paradigma está revolucionando la base material humana, tal como lo hizo en su momento el invento de Gutenberg.

Ante los cambios globales que ha generado Internet en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 1(CMSI) celebrada en Ginebra a finales de 2003 y en su segunda fase en Túnez en diciembre de 2005, donde se analizó el papel que juegan las nuevas tecnologías en las sociedad actuales, la posibilidad del progreso social, pero también los riesgos que representa entre comunidades conectadas y comunidades desconectadas de las innovaciones.

En las conclusiones de la última Cumbre se propuso que el acceso universal, ubicuo, equitativo y asequible a la infraestructura y los servicios de las tecnologías de la información (con inclusión del acceso a la energía, a las computadoras y servicios de Internet), es una de las ambiciones del paradigma de la “Sociedad de la Información” y debe ser un objetivo de los que participan en su creación. Los representantes de los países que asistieron a la Cumbre, reconocieron que el dominio tecnológico es un factor capital para el crecimiento económico, ya que genera ventajas tales como un público consciente, nuevos empleos, incremento del comercio y una mayor divulgación de la ciencia.

Pero no todo es economía, el acceso a la red y la educación están cambiando las relaciones humanas, incluso la política. En este último punto, la posibilidad de conexión que tienen los usuarios puede mejorar sus sistemas democráticos, o en extremo, eliminarlos, como ocurrió durante finales de 2010 y principios de 2011 con la llamada “Primavera Árabe”.4 La comunicación con la nueva tecnología puede “despertar conciencias” e incubar “indignados”, lo cual ha llevado a gobiernos y sistemas políticos a intentar controlar la Red. El caso más reciente de 2012 es Irán, donde el gobierno anunció la intención de crear un “segundo Internet”, el cual estaría controlado por el Ministerio de Información para evitar que los ciudadanos publiquen contenidos que puedan “dañar” la costumbre, la moral y faltarle el respeto a las instituciones.5

Entre las resoluciones de la CMSI2, se acordó que las naciones deberían de fortalecer las entidades públicas tales como bibliotecas y archivos, museos, colecciones culturales y otros puntos de acceso comunitario para promover la preservación de los registros de documentos y el acceso libre y equitativo a la información dado el avance técnico, principalmente en el diseño de la microelectrónica, los programas computacionales y las redes inalámbricas.

A diferencia de las tecnologías de comunicación analógicas, Internet y sus innovaciones son las herramientas comunicativas de mayor penetración en la historia de la humanidad: en cuatro años Internet alcanzó la cifra de 50 millones de usuarios. Para principios del año 2012 existían en el mundo más de 2 mil 200 millones de seres humanos conectados a la red, de los cuales mil 100 millones están unidos todos los días a través de redes sociales como Facebook o Twitter, comparten videos en YouTube y buscan información en Google. A nivel global el 32% de la población tiene acceso a Internet.6

Según cifras de Internet World Stats, en México con una población de más de 113 millones de personas, para inicios del año 2012 se tiene una comunidad de cibernautas que alcanza los 42 millones de personas, lo cual representa el 36% de la población, en tanto el 64% restante se encuentra en la marginación digital. Datos estimados a partir del estudio Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2011 realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), establecen que de 17 millones de internautas que había en 2005 la cifra se duplicó en 5 años a 34 millones en 2010, de los cuales el 60% son jóvenes: menores de 35 años de edad.

Sin embargo la accesibilidad representa varios problemas, no sólo relacionados con la edad y la educación, sino también políticos y jurídicos. De acuerdo al “Índice de Prosperidad 2011” que realiza el Instituto Legantum de Londres, México presenta problemas de acceso a Internet de mayor velocidad debido a que no tiene una cobertura adecuada de banda ancha. De un análisis efectuado a 110 países, México ocupa el lugar 50 en conexión de banda ancha y el lugar 61 en facilidades para emprender negocios mediante la red.

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó en enero de 2012 que México también registra rezagos en materia de Investigación y Desarrollo (I D) donde la inversión del Estado apenas representa el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Por qué es importante que el Estado apueste a una mayor inversión para I D? La respuesta es muy sencilla: la nueva economía global se base en el conocimiento y la innovación, generados en centros científicos en red.

Datos empíricos del Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica efectuados a 15 países miembros de la Unión Europea, demostraron que los gobiernos que realizaron baja inversión en I D presentan actualmente problemas económicos. Así, Grecia, Portugal, España e Italia, que gastaron poco en el desarrollo del conocimiento, atraviesan por situaciones financieras conflictivas, en tanto Alemania, Francia, Dinamarca, Holanda y Reino Unido, presentan crecimientos en sus PIB, paralelo a una mayor inversión para la investigación.

La I D proporcionó las principales características a las nuevas tecnologías que hoy en día tenemos disponibles: Internet es la columna vertebral por la cual atraviesa la nueva comunicación humana. Las redes a su vez se unen mediante la telefonía fija o inalámbrica, la banda ancha, la televisión de alta definición y las conectividades digitales del hogar. Cada red lleva información a una terminal (computadora, reproductor de DVD/Blue-ray, reproductores portátiles, televisores, sistemas operativos, consolas de videojuegos, etcétera) y servicios que son empleados por los usuarios (correo electrónico, blogs, gobierno digital, comercio en línea, charlas virtuales, redes sociales, diseño, reproducción de contenidos multimedia, etcétera).

Dentro del uso de la nueva tecnología se desarrolla parte la actividad cotidiana de los seres humanos, incluso la libertad del usuario dentro de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que ha sido llamado por los juristas como los nuevos “derechos digitales”. Dicha libertad contiene los mismos diques que la libertad de expresión en el sentido de que sus límites se establecen cuando puedan afectar derechos de terceros.

Dentro de las libertades digitales se ubica al derecho informático, relacionado específicamente a los impactos que tienen las nuevas tecnologías en las actividades colectivas y la vida privada. En el campo del derecho informático podemos encontrar la ciberjusticia, la protección de datos personales, la administración pública, la propiedad intelectual, la seguridad informática, el comercio electrónico, los delitos en la red, los documentos digitales y el trabajo flexible, entre otros.

En el mundo, varios países han tenido que legislar y adaptar sus marcos normativos al paradigma de la Sociedad de la Información ante el desfase que vive el mundo tradicional capitalista con la digitalización de la vida humana. Algunos gobiernos crearon políticas públicas para generar crecimiento económico a partir del desarrollo tecnológico. Un caso exitoso es Finlandia, donde desde el primero de julio de 2010 el derecho a Internet se convirtió en una garantía social. En Finlandia los ciudadanos tienen el derecho constitucional a la conexión de banda ancha de un Megabit, además el sistema educativo tiene la obligación de conectar a todas las escuelas y librerías públicas a la red. La Constitución contempla para 2015 la conectividad social a una banda ancha de 100 Megabit, lo cual representa que por Internet se podrán realizar actividades simultaneas sin que esto represente lentitud en la conectividad, como es el envío de archivos, teletrabajo, consumo de televisión de alta definición o edición de productos.

Como parte del reconocimiento de Internet como una garantía social que debe ser protegida ante cualquier intento de regulación y control de la libertad en red, el primero de junio de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), declaró el acceso a Internet como un derecho humano. El relator especial Frank La Rue leyó el documento a nombre de los representantes de los países, quienes consideraron que la tecnología de Internet “no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”.

La declaratoria de la ONU es importante en dos sentidos:

a) Promueve la libertad de la red: el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación. La libertad ha sido fundamental a partir del año 2008 para el cambio político de regímenes autoritarios en todo el mundo. Este punto abarca la llamada “neutralidad” de la red, es decir, que ninguno de sus puntos de interconexión, nodos, equipo, sistemas, programas y operadores puede tomar algún partido a favor o en contra de la difusión, comunicación y recepción de contenidos.

b) El acceso a la red: “Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

En este último sentido el Estado deberá de crear un marco normativo a partir del reconocimiento del derecho de Internet como un derecho social para que: a) los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías mediante la regulación de precios y servicios (esto implica controlar los monopolios y evitar que la red sea absorbida por uno o dos competidores), b) establecer programas para brindar apoyos para que la sociedad desconectada tenga posibilidad de acceso (bajos precios para la compra de equipo, facilidades de pago e incentivos para el uso de servicios), c) implementar mecanismos educativos para generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet (la red no es sólo un escaparate de ocio y entretenimiento) y e) vigilar el acceso equitativo de la red, principalmente a sectores marginados y menos favorecidos (crear políticas públicas para favorecer a los menos favorecidos, como son las zonas rurales).

Sobre el desarrollo de la red y la economía, la conectividad demuestra que los países donde existe más participación social mediante Internet también presentan mejoras en sus niveles de vida. Los países con mayores niveles de penetración social de la red son Noruega 97.2%, Islandia 97%, Suecia 92.9% Australia 89.9%, Dinamarca 89%, Finlandia 88%, Corea 82%, Canadá 81.6%, Japón 80%, Estados Unidos 78.3%, Singapur 77%, Hong Kong 68%, Alemania con el 67.4% y Reino Unido 52%.

A partir del pronunciamiento de la ONU para considerar el acceso a la red como un derecho universal, algunos países comenzaron a realizar esfuerzos por llevar la nueva garantía a sus legislaciones. El 20 de septiembre de 2011 la comisión primera del Senado en Colombia aprobó la iniciativa presentada por Luis Fernando Velasco donde se promueve integrar la normatividad de Internet como un derecho fundamental, además de obligar al gobierno a invertir en el programa “Viva Digital” que en su primera fase incluye la conexión de más de 700 municipios a la red.

En México la legislación sobre Internet no se ha enfocado a los alcances que plantea tanto la CMSIC o la Declaratoria de la ONU. Los esfuerzos legislativos en el país han estado orientados principalmente a dos aspectos: a) economía y b) Estado. En cuanto a la economía las regulaciones sobre la red abarcan principalmente al mercado electrónico y las transacciones financieras, mientras que lo referente a las políticas públicas se presenta desde reformas a códigos penales en materia de pornografía infantil o robo de identidad, hasta intentos de mejoras en procesos de participación de votantes (un ejemplo es el llamado Voto Chilango).7

Sin embargo no todas las reformas legales aspiran a garantizar la libertad de la red. Aquí dos ejemplos de iniciativas que atentan contra la red y que fueron presentadas en el presente año:

El diputado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Rodrigo Pérez Alonso, secretario y presidente de la comisión de Acceso Digital, diseñó una iniciativa de reformas en materia de “delitos informáticos” que abarca algunos conceptos que son aceptados dentro de la legislación digital, pero otros que podrían representar un atentado contra la libertad de la red, por ejemplo el dictamen considera 12 años de cárcel para quien difunda sin permiso de las autoridades información contenida en sistemas del Estado, esta medida va dirigida claramente a movimientos de resistencia civil como el colectivo Anonymous que ha logrado penetrar en sistemas públicos. También contempla cárcel para quien teniendo acceso a archivos ajenos los copie sin permiso. Las medidas de control convertirían a los colaboradores de WikiLeaks en cibercriminales que podrían pasar de 6 meses a 2 años en cárcel.

El segundo caso reciente es una iniciativa presentada en el Senado de la República el 15 de marzo pasado para reformar el Artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT). La propuesta fue elaborada por los senadores panistas Juan Bueno Torio, Fernando Castro Trenti y Francisco Javier Castellón. El proyecto representaba un claro atentado a la “neutralidad” de Internet al dar permiso a las empresas prestadoras de servicio para bloquear contenidos con la condición de avisar a los cibernautas sobre tales medidas.

Según la iniciativa cuando alguna compañía que comercialice la conexión a Internet decida disminuir el ancho de banda, bloquear una página web, censurar un video de YouTube o impedir el acceso a Facebook o a Skype, bastará con que le “informe” al cibernauta de dicha acción para que sea legal. No existen razones en pérdida de neutralidad sobre las cuales ya se ha avanzado en otros países, como sería la insuficiencia tecnológica o los ciberdelitos, temas que ni siquiera son considerados en la iniciativa. Todo queda sujeto a discreción del prestador de servicios. Luego de una condena general por parte de miles de cibernautas en las redes sociales, los senadores promotores a través de Twitter anunciaron el 16 de abril que la iniciativa sería retirada de la mesa de discusión. Ante las amenazas que vive la libertad de la red, es necesario que se tomen en consideración los acuerdos internacionales, la declaración de la ONU y los beneficios tecnológicos que generan las TIC en las economías emergentes, en la educación, en el trabajo, en la cultura, en la innovación, en los sistemas democráticos y en la vida cotidiana de los individuos. En México el tema del acceso irrestricto y universal a Internet no ha sido debatido a fondo para ser considerado un derecho constitucional. Sólo en dos entidades del país se han presentado proyectos legislativos para elevar a rango constitucional el derecho a Internet.

El más reciente proyecto fue llevado a tribuna en el Congreso del Estado de Zacatecas por los diputados Ma. de la Luz Domínguez Campos de Movimiento Ciudadano, del Revolucionario Institucional, Jorge Álvarez Máynez y del Verde Ecologista Xerardo Ramírez Muñoz. La iniciativa pretende que el Estado garantice a los ciudadanos el derecho libre a la red para que pueda integrarse con mayores competencias a la Sociedad de la Información.

En México los cambios tecnológicos potenciados por Internet implican modificaciones a las legislaturas existentes y al reconocimiento pleno del acceso a la red como un derecho. Si bien se intenta avanzar en control, regulación y ciberdelitos, poco o casi nada se ha realizado en materia de expandir la libertad del cibernauta para opinar, participar y construir su propio escenario en la era digital. El acceso y el uso de Internet es un derecho humano, no es una necesidad, sino una posibilidad de realización del habitante de la red.

Notas

1 Marshall McLuhan publicó en 1964 “Understanding Media: the extensions of man”, donde consideró que las tecnologías que desarrolla el ser humano para comunicarse son extensiones del hombre. Así, la televisión sería una extensión de nuestros ojos, mientras que la computadora sería la extensión de nuestros cerebros.

2 Carpizo Jorge y Carbonell Miguel. Derecho a la Información y derechos humanos. IIJ-UNAM. México, 2000.

3 Yoneji Masuda. La Sociedad de la Información como sociedad post-industrial. Estados Unidos, 1984.

4 Ben Jelloun, Tahar. Primavera Árabe: el despertar de la dignidad. Alianza Editorial, 2011.

5 Para mayor información sobre el tema, consultar el reporte publicado el 20 de abril de 2012 por Tal Pavel: http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-iran-seeks-support-to-censorinternet-disconnect-from-global-network-1.425602

6 Datos estimados al 31 de diciembre de 2011 por Internet World Stats.

7 Para mayor información consultar la página: http://www.votachilango.org.mx

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