jueves 28 marzo 2024

Inseguridad, la hora de los medios

por etcétera

Durante los últimos meses, el tema de la inseguridad es constante en las primeras planas de los diarios y en amplios espacios de noticieros de radio y TV. Después de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad signado el 21 de agosto, varios sucesos han conmocionado a la sociedad: la aparición masiva de ejecutados y la denuncia de casos de secuestros han tenido una amplia cobertura de parte de los medios, incluso han sido publicados datos que llegan a comprometer las investigaciones en curso.

Hasta el cierre de esta edición muy pocos medios habían abordado el tema, ni siquiera para mentar los compromisos que suscribieron al firmar el acuerdo de seguridad. Sin embargo, la compleja situación que vive el país demanda algo más que buena voluntad por parte de los medios que no debieran perder de vista la mesura, prudencia, puntualidad, respeto a la dignidad de las víctimas al momento de informar; así como una atención especial en el manejo de datos producto de filtraciones y la protección a los reporteros que cubren esta fuente.
Los atentados de Morelia no sólo evidenciaron como nunca antes la incapacidad del Estado en materia de seguridad pública, sino también la necesidad de que los medios hagan una revisión autocrítica a su labor y asuman una responsabilidad que va más allá de ser espejos o cajas de resonancia de la realidad, sin aventurar hipótesis ni magnificar o menospreciar los hechos ocurridos. Es indispensable hacerlo.
La redacción de
etcétera hace una revisión crítica a la cobertura de los eventos principales que ha habido en materia de inseguridad durante las últimas semanas. éste es el material que le presentamos, en espera de contribuir al análisis del asunto.

A unas semanas de firmar el Acuerdo Nacional por la Seguridad surgieron nuevos hechos que dejan dudas en cuanto al manejo informativo y las coberturas que han realizado los medios de comunicación: los presuntos secuestradores detenidos de Villa Nicolás Romero; la ubicación (manejada como una detención) de Humberto Ortiz Juárez alias El apá como principal responsable del secuestro de Fernando Martí; los decapitados de Mérida y los ejecutados de La Marquesa; el dolor de la familia Vargas y el atentado en plena celebración patria en la capital de Michoacán. Esto además de las notas cotidianas sobre enfrentamientos, incluso entre corporaciones policíacas, como la ocurrida en Torreón el lunes 8 de septiembre, destacada en la primera plana de Reforma (9/IX/08).

Este diario se había destacado por incluir la sección de nota roja en Justicia, con una cobertura menor; la mayor parte de esta información es publicada por su filial amarillista Metro. Pero las condiciones imperantes hoy ya no hacen la diferencia: últimamente, a nivel gráfico, las fotos de Reforma en portada compiten muy bien con Metro.

Esta tendencia se ha observado en varios medios, junto con la de publicar imágenes de presuntos delincuentes y presentarlos como si fueran criminales ya juzgados. Varios ejemplos documentan este tipo de acciones.

En su edición del miércoles 10 de septiembre, El Universal publicó en primera plana la fotografía (cuya fuente dice Especial) de Humberto Ortiz Juárez, El apá (presunto líder de la banda de La Flor, acusada de secuestrar y dar muerte al joven Fernando Martí), acompañado de su esposa y sus dos hijos, que aparecen pixeleados, aunque en interiores puede verse la imagen sin modificación. Ese mismo día, Reforma publicó la misma foto íntegra, no sólo no cuidó la identidad de los rostros, sino que incluso incluyó una ficha de cada uno de ellos con sus actividades privadas. A partir de la publicidad de estas imágenes, los hijos de Ortiz renunciaron a sus trabajos.

Una semana antes la Policía Federal Preventiva logró el rescate de una madre y su hijo plagiados por la banda denominada La Familia en Villa Nicolás Romero, en el Estado de México. Al respecto, Reforma publica una foto en primera plana donde se pueden ver claramente los rostros, visiblemente golpeados, de los 20 detenidos: se hallan tirados en el asfalto con la cara al piso, ensangrentados, mientras un oficial trata de tomarles sus nombres. La entrada de la nota señala que la policía …detuvo ayer a 20 secuestradores y mató a otros 4….

Por otra parte, imágenes de Nelson Vargas y su esposa deshechos en llanto aparecen en las portadas de La Jornada y El Universal (11/IX/08) en un último clamor público por el secuestro de su hija Silvia. En sus ediciones del 16 de septiembre, Reforma y El Universal dan cuenta en sendas fotos de los minutos posteriores al estallido de dos granadas en plena plaza central de Morelia, durante la ceremonia del grito. Las gráficas son explícitas sobre la brutalidad que el atentado provocó en las víctimas.

Filtraciones peligrosas

Las filtraciones y los trascendidos que llegan a las redacciones ponen en riesgo investigaciones en curso e integridad de testigos o involucrados directos o indirectos en indagatorias.

La mayoría provienen de quien cuenta con ese material de primera mano: el círculo de amistades o familiares de una víctima, como fue el caso de Silvia Vargas, pero también, y lo más lamentable, salen de las propias autoridades. Tal fue el caso del escolta sobreviviente del secuestro del joven Fernando Martí. Oficialmente se dijo que había muerto, pero una filtración reveló que estaba vivo recuperándose en algún hospital de la ciudad de México, información que fue ampliamente difundida en la mayoría de los medios la primera semana de agosto y que puso en riesgo su vida y la investigación completa.

De esas indagatorias surgió el arraigo de Humberto Ortiz Juárez. Dentro del desarrollo del caso, le fue decomisada una computadora. El Universal tuvo acceso a las notas derivadas de la revisión del equipo de cómputo, y en su edición del 12 de septiembre pormenoriza que El 80% del material que contenía la computadora son imágenes pornográficas, de personas teniendo relaciones sexuales o en su caso, de mujeres exhibiendo el cuerpo desnudo, como si este hecho tuviera relación con la presunta responsabilidad de Ortiz en el secuestro de Martí.

Las autoridades se sirvieron de la avidez de los medios por contar con más información, y con ello han conseguido que prevalezca la idea de culpabilidad sobre una persona que aún no es juzgada.

En algunos otros casos, las filtraciones ponen en riesgo, incluso, la integridad de algún involucrado. Tal es el caso de Silvia Vargas.

Denuncias mediáticas

El 25 de agosto, Reforma presenta la exclusiva: la hija de Nelson Vargas lleva un año secuestrada, así lo informa su madre, Silvia Escalera, quien a través del diario hace un llamado a los plagiarios para que reanuden la comunicación que fue rota hace meses. (Apenas un par de días antes, la familia Vargas había convocado a una conferencia de prensa para informar el caso, pero se desistieron y solicitaron que los medios obviaran el asunto.)

El caso conmociona. La señora Escalera aparece en varios medios leyendo el mismo mensaje, pocos se atreven a preguntarle algo porque el acuerdo fue ése: sólo dar un espacio a la denuncia, o al menos así lo advierten los conductores. Sin embargo, Carlos Loret en Contraportada de Radio Fórmula va más allá y pregunta: ¿Cómo están ustedes, están bien?… Digo, ¿están estables?, llamémosle así. La mujer le responde: Estamos bien, unidos.

Una de las tendencias que se puede identificar claramente en cuanto a la cobertura de los medios en el tema de la inseguridad, ha sido la denuncia ante éstos de los casos de secuestro: la familia Vargas acudió a publicitar el plagio de su hija ante todos los medios. Más allá de que estén en su derecho para hacerlo o no, con esta acción se abrió la puerta al manejo irresponsable de la información, el cual, en estos casos, puede tener consecuencias muy lamentables.

El 26 de agosto El Universal, por ejemplo, mencionó un monto solicitado por los delincuentes. Esto llevó a la señora Escalera a pedir que no se especulara con la información sobre el caso de su hija (Excélsior, 27/VIII/2008). El diario reconoció su error, ofreció disculpas y mayor rigor en su información. Sin embargo, Reforma (28/VIII/2008) publicó apenas un par de días depués que una de las hipótesis a investigar en el caso de Silvia Vargas es el tráfico de blancas.

Otro caso que ejemplifica la forma como los medios son escogidos como espacio para denunciar un secuestro, fue el de la familia Martínez. El lunes 1 de septiembre, un par de días después de la marcha contra la inseguridad, La Crónica publica en su primera plana como nota principal: En plena marcha cobran rescate de niño plagiado. La nota cuenta la penosa historia de Laura Martínez, cuyo hijo adolescente fue secuestrado y liberado una vez pagado el rescate durante la manifestación del 30 de agosto.

Días después, la propia Crónica documenta la reticencia de la señora Martínez a denunciar el plagio de su hijo: Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., organismo al que Laura Martínez acudió para pedirle asesoría, mencionó que las declaraciones hechas por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien dudó del pago del rescate, ocasionó que la familia no quiera interponer la denuncia ante la Procuraduría capitalina.

La señora Laura me dijo de manera textual que si Marcelo Ebrard se burlaba de ella públicamente, ¿qué podía pensar del Ministerio Público al interponer la denuncia por el secuestro de su hijo?. (3/IX/2008)

Posturas editoriales

Apenas una semana después de firmado el acuerdo de seguridad, el viernes 29, el hallazgo de una pila de 12 decapitados en Yucatán acapara las primeras planas de prácticamente todos los diarios de circulación nacional.

La masacre en sí y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios llevan a La Jornada a ofrecer a sus lectores una explicación respecto de las razones para hacer de dicha información la nota principal del día.

En un editorial intitulado Violencia, información, escándalo, el periódico encabezado por Carmen Lira asegura que la consideración concluyente para hacerlo así luego de un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista es que tales hechos constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales.

Los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional abunda el texto, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública del país.

Irrealidad también reflejada en la indefinición en que hasta el momento se ha instalado la mayoría de los medios respecto de los criterios editoriales que orientan coberturas de esta naturaleza, a pesar de que entre los compromisos que se desprenden de la firma del acuerdo por la seguridad destaca la propuesta de que cada uno publique estándares de actuación profesional que, por un lado, eviten hacer apología del delito y respeten integralmente la dignidad de las víctimas y, por otro, eviten la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.

Ante mensajes como el de la docena de cuerpos sin cabeza descubiertos en Yucatán, cargados de intención mediática a fin de generar impacto en la opinión pública, el desempeño del oficio periodístico continúa el editorial arriba citado exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de las víctimas de la delincuencia y sus familiares.

Al margen del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia y sin ocupar otro espacio que el de su comentario editorial de todos los días, La Jornada fija su posición y ofrece las directrices que, a su juicio, pueden contribuir a lograr un tratamiento editorial equilibrado: no divulgar datos que pongan en peligro o sometan a escarnio a inocentes; no ser caja de resonancia de criminales; consignar hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y elementos de contexto.

En contraste, ese mismo día Excélsior destina un recuadro especial en su portada para el editorial intitulado Un compromiso en el que, junto a Imagen, Reporte 98.5 y Cadenatres las empresas que conforman Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, asume y hace pública su responsabilidad como medio de comunicación ante el desafío de la lucha contra la inseguridad.

Rodean el recuadro la fotografía de unas manos amarradas con la cabeza No más este terror; un recuento de los empresarios víctimas de secuestro que se han dedicado a fomentar la denuncia ante las autoridades para terminar con esta pesadilla; el pase a una completa guía de seguridad personal: consejos para prevenir robos y cómo manejar una situación de extorsión telefónica o secuestros, y los tips para evitar sorpresas en la calle, el banco o al conducir, y un contador de los 93 días que faltan para que las autoridades que firmaron el acuerdo por la legalidad y la justicia cumplan los compromisos que asumieron.

Además de comprometerse a proporcionar toda la información útil y necesaria; a investigar a profundidad todos los temas, y a expresar opiniones con toda libertad y pluralidad, Excélsior también se compromete a no hacer apología del crimen; a no transmitir amenazas y mensajes de los delincuentes destinados a intimidar a las autoridades y los ciudadanos; a dignificar y respetar a las víctimas; a impulsar una verdadera cultura de la legalidad en todos los ámbitos, y a luchar por preservar las libertades individuales y los derechos de la ciudadanía.

Fieles a su tradicional línea editorial, ambos periódicos, La Jornada y Excélsior, probablemente representan dos de los muy pocos casos en que medios de comunicación han salido a asumir públicamente una base mínima de compromisos respecto de la cobertura de hechos relacionados con violencia, delincuencia e inseguridad.

El primero, más identificado con la izquierda, lo hace desde una posición crítica, que no deja de ubicar entre las causas de la situación actual la pobreza y desigualdad imperantes en el país, y que no titubea a la hora de contradecir al presidente Calderón al asegurar que contra el crimen organizado no hay una guerra, puesto que no está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar; por el contrario como señala en el mismo editorial del 29 de agosto, lo que se padece es una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública.

El segundo, más identificado con la derecha, lo hace desde una posición más conservadora, siempre en defensa de las clases medias y el empresariado, con una lógica simplista y reaccionaria plenamente coincidente con el discurso de la guerra que libra el gobierno federal en la que, obviamente, hay que estar de lado de los buenos para exterminar a los malos que tienen secuestrado a México.

A reserva de coincidir con una o con otra postura, lo que destaca en ambos casos es la publicación de los criterios editoriales sobre la base de los cuales La Jornada y Excélsior han asumido la responsabilidad de coberturas como las de los casos Martí y Vargas o del atentado del 15 de septiembre, en Morelia.

La indefinición en que permanece la mayoría de los medios respecto de este tipo de estándares cancela de hecho la rendición de cuentas a la que podrían ser llamados por lectores, radioescuchas, televidentes e internautas por los abusos y pifias cometidos en el seguimiento del combate al crimen organizado.

Lamentablemente, hay casos en que los compromisos asumidos al respecto de poco valen a la hora de vender la nota, como cuando El Universal se vio obligado a ofrecer disculpas públicas a la familia Vargas Escalera en el episodio descrito anteriormente.

Y eso que en la edición del viernes 22 de agosto, hasta foto de Juan Francisco Ealy Jr. su director general publicaron, justo en el momento de estampar su firma en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Y peor aún que en su código de ética se considera: El Universal y sus periodistas entienden como apología del delito publicar informaciones relacionadas con el secuestro de particulares o falsas amenazas. Las autoridades editoriales del más alto rango decidirán lo conducente en el primer caso, ante peticiones de las familias de las víctimas.

Trivialización, oportunismo y alguna perla

En medio del desgarriate en que se ha convertido la cobertura de los recientes acontecimientos relacionados con la violencia, la delincuencia y la inseguridad, los medios han dado cabida a entregas que, por sí mismas, se han ganado ya un lugar en la memoria que quedará de estos días.

Se trata, por lo general, de excesos, fallas, abusos mucho menos desafortunados que la explotación de filtraciones o el irresponsable manejo de datos personales, eso sí, aunque no por ello menos lamentables.

Ahí queda para el recuerdo el suplemento especial publicado por Excélsior el 31 de agosto, con las fotos tipo sección de sociales, con caras sonrientes y atuendo impecable, de la marcha contra la inseguridad del día anterior, donde lo mismo posan víctimas del delito (Alejandro Martí, Ernestina Sodi, Laura Zapata, Isabel Miranda de Wallace) y empresarios (Olegario Vázquez Aldir, Claudio X. González) que vecinos de Bosques de las Lomas e indígenas huicholes, además de muchas, muchísimas celebridades del medio del espectáculo (Adal Ramones, Paty Manterola, Maribel Guardia, la nueva banda Timbiriche, Paola Durante, Mónica Garza, Yordi Rosado, Juan José Origel, Claudia Lizaldi, Lupita Jones, Carmen Salinas, César Costa).

Como para no quedarse atrás, menos de una semana después, el 5 de septiembre, Reforma dedica una docena de páginas de su suplemento Club a la marcha del sábado 30. En los pies de fotos destacan los apellidos Bisdikián, Díaz Tune, Couttolenc, Margain, Arango, Drijanski, Lerdo de Tejada, Amtmann, Rubinstein, Fastlicth, Legorreta, Creel, Venguer…

Curioso: la víspera de la marcha, los mismos organizadores y no pocos comunicadores se habían cansado de reclamarle amarga, cuando no rabiosamente, a quienes todavía osaban decir que se trataba de una manifestación de, por y para la pirrurriza.

Quedan para el recuerdo también las 24 imágenes de velas de todo tipo con que las páginas de Récord se iluminan el 30 de agosto, en una edición dedicada a la Marcha por la Seguridad de México. Y, por supuesto, los testimonios de las estrellas víctimas de la delincuencia o de familiares o conocidos suyos que padecieron algún espisodio así que su sección de espectáculos Circo publica en los días siguientes.

Y ni que decir de la portada de Diario Monitor del 2 de septiembre donde, a manera de carta dirigida a nuestros queridos radioescuchas, el rotativo explica que no puede festejar su 34 aniversario como de costumbre porque Monitor fue secuestrado y sus captores lo asfixiaron. Fue encontrado muerto en su casa, en el sur de la ciudad.

El secuestro continúa el texto se inició en el año 2001 por una banda encabezada por el conocido delincuente Francisco Aguirre Gómez y la familia Radio Centro. Como no ocurre en nuestro México, este caso sí se le avisó a la autoridad reiteradamente (…) ¿Acaso esta no es una prueba más de la IMPUNIDAD que vive México?. Sin comentarios, acaso sólo decir lo obvio: muy lamentable la actitud de Monitor que compara un conflicto empresarial con un asunto que entraña un problema de seguridad nacional y el dolor de miles de víctimas.

Como igualmente sin comentarios queda uno luego de escuchar el promocional para radio en el que el Banco de México informa de la puesta en circulación de su nuevo billete de 200 pesos. No se lo lleve, por favor, no se lo lleve, se escucha, entre sollozos, una voz femenina desesperada, al principio del promocional, para que después el radioescucha se entere, aliviado, que no se trata de otra cosa que del berrinche que hace una mujer que se resiste a pagar la dejada del taxi, porque el billete está re bonito. Lléveselo, pues, finaliza.

Para lo que sí hay comentarios es para un trabajo que, en medio de la vorágine de información referente a crimen, violencia y delito, representó un auténtico y por demás saludable remanso.

El 2 de septiembre, Reforma publica la historia del argentino Fernando Gabriel Vega quien, indignado por el engaño y robo del que había sido víctima su amigo Zenaido Torres a manos de un tipo que había conocido en un chat para homosexuales, se lanzó en busca de venganza.

Sin comentarios, 21/IX/2008

Según la historia de la reportera Silvia Isabel Gámez, Vega siguió día y noche, por una semana, a Agustín Javier Vidal Dionicio, alias lalotlane, el agresor de su amigo. Decidido a poner su belleza al servicio de la justicia según sus propias palabras, Fernando Gabriel tentó a Vidal Dionicio… hasta que cayó en la trampa y le aceptó una invitación a su departamento.

Luego de que Zenaido hubiera identificado a su agresor, Fernando Gabriel quien admitió haber sentido una atracción infantil por Supermán y un anhelo efímero por la capa de la Mujer Maravilla se las arregló para recibir al lalotlane y encandilarlo hasta que llegara la policía. Por fortuna, Zenaido volvió a tiempo con los agentes y el caso se resolvió: al momento de su detención, en medio de contradicciones, Vidal Dionicio no pudo explicar la posesión de un frasco de Rivotril, el medicamento que utilizaba para dormir a sus víctimas.

Apodado Putocop cariñosamente por su amigos, Fernando Gabriel según la nota ha hecho buena amistad con los policías de la Zona Rosa, quienes están pendientes de que no tenga ningún problema. Con todo, él no deja de preguntarse ¿Por qué yo encontré al ladrón y ellos no?.

¿Y el acuerdo?

De los 75 puntos que se firmaron aquel 21 de agosto, los últimos cinco responden a los compromisos asumidos por los medios de comunicación. Pero es el punto 74 el que llama la atención, porque crea un vacío de definiciones: Se propone que cada medio de comunicación defina y publique estándares de actuación profesional en su cobertura informativa: que evite hacer apología del delito y respete integralmente la dignidad de las personas y que evite la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares y personas cercanas a las víctimas.

Más allá de averiguar cuántos medios tuvieron que rescatar del archivo sus propios códigos de ética (y en el mejor de los casos realizar algunas adecuaciones) la realidad es que nadie de los medios se ha puesto de acuerdo y cada quien sigue su propia línea editorial de conformidad con sus propios criterios, y quizás, pensando más en la venta que en coordinarse como sugiere el acuerdo que firmaron los representantes de la mayoría.

También te puede interesar