La reglamentación secundaria de la Ley de Telecomunicaciones sí completa la Ley, pero debe resolver un punto esencial: darle al regulador la flexibilidad suficiente para hacer su trabajo: no llegar al extremo de querer hacerlo por él mediante la legislación. De aprobarse como está, corre el riesgo de ser una camisa de fuerza para el regulador.
La iniciativa secundaria llega a puntos tan detallados que le quita grados de libertad al recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que a muchos se les olvida, pero logró cubrir en 180 días una apretada agenda que no se había podido resolver en años: determinó agentes preponderantes en telecomunicaciones (América Móvil) y radiodifusión (Televisa), inició el proceso para imponerles regulaciones asimétricas, inició el proceso técnico para desagregar la red de Telmex-Telcel (el bucle), lo que es esencial para que los demás competidores lleguen a casas y oficinas, y pudo establecer el inicio de un Registro Público de Concesiones.
Si el IFT va a tener responsabilidades claras, más bien tenemos que ver que lo haga con total transparencia y no meterle un sinfín de candados en detalles esenciales.
Un claro ejemplo es la tarifa de interconexión que Telmex-Telcel debe cobrar. Para el Ejecutivo, que envió la iniciativa secundaria, debe ser cero (tal cual la había propuesto la OCDE).
Sin embargo, para el IFT, la tarifa que cobrarán Telmex- Telcel a los demás operadores para interconectar su red debe basarse en una regla de “replicabilidad”: si la de Telcel a sus usuarios es más barata, dicha tarifa debe transferirse a sus competidores para eliminar el llamado “efecto club”.
No le están dejando al IFT margen de maniobra para determinar lo mejor para el sector de telecomunicaciones. Y el tema de tarifas de interconexión está inmerso en un fuerte debate.
Para los competidores de Telmex-Telcel, como Telefónica, Iusacell o Nextel, la tarifa de interconexión que le pagarán a Telmex-Telcel sí debe ser de cero.
Para Telmex-Telcel la tarifa cero lo deja fuera de costos, pues no puede recuperar ni siquiera los gastos operativos y se convierte en una transferencia de la empresa a favor de la competencia.
Como sea: el Ejecutivo está llegando a un punto donde no le deja margen al regulador para hacer su trabajo, independientemente del debate sobre la tarifa de interconexión.
Claro que en la iniciativa secundaria puede haber faltantes importantes, como la mejor e indispensable definición de Medios Públicos, que son esenciales donde la iniciativa privada no llega ni le interesa llegar. O por ejemplo los medios con vinculación social como las Radios Comunitarias, donde hay que definirlas.
Pero, más bien, la iniciativa secundaria es que en algunos puntos no le permite al regulador hacer su trabajo. Otro claro ejemplo donde la iniciativa se mete hasta la cocina es en la consolidación de las más de 300 áreas de servicio local con la intención de eliminar la larga distancia. Ahí el regulador necesita revisar experiencias y analizar lo mejor para derribar la larga distancia, que hoy en día no debería cobrarse. Para los comisionados del IFT la larga distancia puede resolverse más con una regla donde la numeración sea de diez dígitos, y esperar otros tres años a consolidar las más de 300 áreas de servicio local.
El regulador, en este caso el IFT, debe tener flexibilidad y margen para decidir en el sector, y eso sí, debe exigírsele total transparencia en sus decisiones. Pero querer hacer el trabajo del regulador a través de una regulación secundaria puede convertirse en una camisa de fuerza.
