José Luis Peralta

Comisionado de la Cofetel.

Ifetel y su andar pausado porque el país tiene prisa

“No hay fecha que no se cumpla; plazo que no se venza ni deuda que no se pague”

(Refrán popular)

En el sector de telecomunicaciones, la pertinencia de la expresión coloquial que antecede tiene gran relevancia y varias significaciones. Si se toma al pie de la letra, puede decirse que ya se han cumplido algunos de los compromisos obligatorios que determinó la reforma constitucional y que éstos debían satisfacerse en períodos precisos.

Así, por ejemplo, asistimos a la designación de los siete comisionados que conformaron al nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), y a la celebración de sus primeros acuerdos como organismo autónomo y colegiado. Entre estas disposiciones se cuenta el diseño y aprobación de su estructura orgánica de funcionamiento, y las resoluciones que remediaron asuntos del sector, lo que ha permitido que su desarrollo no se obstaculice por indefiniciones administrativas.

Esta operación se llevó a cabo frente a las expectativas que despertó la legislación secundaria. De esta forma, los pronósticos de uno y otro signo poblaron las páginas especializadas. Ciertamente urge la aplicación de aquel cuerpo normativo, pero sus propuestas únicamente serán definitivas cuando los órganos legales correspondientes las aprueben.

El letargo de la precisión legislativa no ha detenido la labor del nuevo organismo autónomo. En armonía con la oración que abre nuestro texto, si algo han demostrado los comisionados es la responsabilidad de acatar los mandatos constitucionales y definir los asuntos que se les encomendaron sin alterar los períodos establecidos en la Carta Magna para cada compromiso.

Los encargos mandatados se han desahogado, y para ello, sin aspavientos ni manifestaciones espectaculares, el Instituto ha llevado a cabo un intenso trabajo que satisface dos propósitos fundamentales. Primeramente, responder a la determinación constitucional con acuerdos y dictámenes que arrancan de esa definición originaria y la soportan con una conceptualización jurídico-operativo que le otorga un perfil práctico, aplicable a la realidad concreta del mercado de telecomunicaciones de la segunda década del siglo.

Uno de los ejemplos que ilustra este accionar es el acuerdo para emitir los lineamientos generales para la retransmisión de señales de televisión radiodifundida, mejor conocidos como la resolución sobre must carry y must offer.1 El precepto constitucional estableció el criterio y los principios. Y el Instituto debió aterrizarlos y para ello no únicamente desahogó los análisis y veredictos del caso; evaluó información básica que después publicó -como la lista de las poblaciones que los concesionarios de televisión restringida vía satélite deberán de servir, información antes no disponible con facilidad2– y asimismo hizo una consulta abierta sobre el tema, mismo ejercicio que sirvió como el receptáculo de los conceptos y reflexiones de los interesados en el tema. Estas opiniones alimentaron la decisión del organismo y han venido a ser prueba convincente de que las acciones hermanadas entre gobierno y sociedad pueden, y deben ser inclusive, matriz de los cambios.

En segunda instancia, el accionar de Ifetel parece también labor simiente de una mayor fortaleza del órgano rector. Se ha buscado cumplir las fechas acordadas para cada compromiso, y con ello perfeccionar la propia labor regulatoria, porque si bien las mejores prácticas internacionales en normatividad en telecomunicaciones son un referente importante, el diseño de las medidas propias debe sustentarse en la consideración, el análisis y la evaluación de las condiciones y determinantes propias, inherentes al entorno nacional.

Como han señalado los propios comisionados, el instituto está construyendo referencias regulatorias no definitivas que surgen de la situación concreta del mercado y por lo mismo son acordes con su dinámica pero no son estáticas, sino premisas de una probable y nueva regulación que consolide las fortalezas obtenidas en la experiencia, y a la vez supere las debilidades posibles. Con ello la política pública a desarrollar e instrumentar podrá modularse, enriquecerse y perfeccionarse. Esta labor debe entenderse por toda la sociedad, tanto para valorar lo logrado como para no exigir en demasía y pretender que de la noche al día el escenario de los servicios ya sea otro.

La necesidad de valorar lo logrado es más clara al observar las declaratorias de preponderancia que emitió el Instituto para Televisa y Grupo Carso (Telcel y Telmex). Ambos casos, que ilustran la concentración monopólica en los mercados que sirven, representan a empresas cuyo desarrollo de negocios abarca varias décadas, por lo que el desmantelamiento de su dominio es también acción progresiva.

En el caso de Televisa, sus antecedentes empresariales se rastrean hasta el siglo pasado, en la década de los treinta, cuando el fundador del grupo, Emilio Azcárraga Vidaurreta inició el negocio de la radiodifusión -de la telefonía sin hilos, como entonces se le denominaba- mediante la importación de las estaciones transmisoras y el ensamble de los aparatos recetores, cuyas pares y materiales provenían de la RCA, compañía igual pionera en el mercado estadounidense. En dos décadas, la explotación comercial de la radio fue un éxito y sentó las bases para traspasar el modelo de negocios -venta de tiempo de transmisión para anuncios publicitarios- a la nueva modalidad de la radiodifusión, la televisión, que debuta ya en los cincuenta. Para hacer crecer el mercado televisivo, el Gobierno de la época anima que las tres empresas a quienes se había otorgado la concesión de explotación, se fusionen en una misma, y con ello se sientan las bases del corporativo actual. Además, en sintonía con la política gubernamental de sustitución de importaciones, la radiodifusión dispuso de igual cobertura y el mercado televisivo solo podía ser explotado por capitales nacionales. Esta fortaleza sin duda contribuyó a conformar a la empresa televisiva, que hoy en día es el primer productor mundial de contenidos en español para televisión.

También se argumenta cronología de larga data en Grupo Carso. Nacido a la luz pública como el comprador de Teléfonos de México, dispuso de una estructura de servicio vertical, integrada, por lo cual simplemente heredó a un monopolio público que ahora disponía de capital privado. Además, se le otorgó una concesión nacional para explotar la telefonía pública con tecnología celular y dispuso de varios años antes de competir en el mercado de larga distancia con los nuevos operadores autorizados. Estos insumos fueron ampliamente aprovechados por la dirección del corporativo, y hoy en día el grupo posee una estructura de negocios que no solo llega a Latinoamérica sino que ya ha desarrollado sus primeras incursiones en los mercados europeos. En nuestro continente, la empresa no solo oferta telefonía móvil sino también el servicio de televisión restringida y de acceso a Internet, con lo cual es también un actor relevante en los mercados latinoamericanos.

La envergadura económica y política de los dos corporativos no ha sido, sin embargo, un freno al accionar de Ifetel y las declaratorias de predominancia que conocimos en este marzo de 2014. Estos instrumentos acotarán sin duda, y en varios frentes, el dominio que hasta hoy ejercen ambas empresas. Mas para equilibrar su desempeño con el de otros actores presentes y posibles, para generar condiciones de competencia que por la vía de precios y calidad de los servicios beneficien al consumidor de las ofertas que se suministran, es indispensable que el órgano regulador diseñe el marco más adecuado, no únicamente para minar el domino de los agentes preponderantes, sino para generar condiciones simétricas, equilibradas, que animen la inversión de otras empresas.

Con tal orientación, debe buscarse que el mercado de telecomunicaciones se desarrolle y ofrezca más servicios de mayor calidad a precios menores, y que todos los agentes que participan, pequeños, medianos y grandes, encuentren un ambiente adecuado para crecer y perfeccionar su suministro. La mira es regular el comportamiento empresarial de los agentes económicos y prohibir las conductas anticompetitivas para que el mercado pueda expandirse de manera armónica.

Por la razón señalada es que más se aprecian los conceptos y declaraciones que ha externado Ifetel a través de sus comisionados. Como han señalado, el conjunto de medidas que han dictaminado y cuyo cumplimiento habrán de exigir en los tiempos también definidos, deberán de evaluarse para certificar su pertinencia y efectos, y acaso corregir o adecuar algunas. Con esta perspectiva se instala un proceso que habrá de ir conformando la estructura regulatoria que el país requiere. La regulación a crear será, pues, pausada para cumplir a plenitud lo que se demanda de ella.

Espero que las resoluciones adoptadas por el Ifetel no se vean afectadas por la legislación secundaria, al menos así parece al revisar la propuesta del Ejecutivo. Ojalá que los debates en el seno del Congreso no contravengan las determinaciones del naciente Instituto, de otra forma, el pago de la deuda de las telecomunicaciones con la sociedad y con todos los mexicanos nuevamente se verá prorrogada.

Notas:

1Cfr. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con dispuesto por la fracción I del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones. En: Diario Oficial de la Federación, 27 de febrero de 2014.

2 Ver: http://www.ift.org.mx/iftweb/industria-intermedia/lineamientos-generales-para-la retransmision-de-senales-de-television-radiodifundida/estaciones-must-offer-must-carry Fecha: 27 de febrero de 2014.

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