Cinque Terre

Mireya Maldonado

Periodista.

IFAI, Google y el derecho al olvido. Acceso a la información y libertad de expresión

Desde finales de enero pasado, por primera vez en su historia, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) inició un procedimiento para determinar sanciones en contra de Google México.

Por el ARCO del triunfo

Ello se debió a que un particular solicitó al gigante tecnológico que eliminara tres hipervínculos relacionados con él; el primero remite a un texto periodístico que lo vincula al programa “Vamos México” del gobierno de Vicente Fox y al Fobaproa. Google no respondió.

El ciudadano argumentó que los hipervínculos que proporcionan su nombre, el de su padre y sus hermanos lo afectan “en su esfera más íntima, su honor y vida privada, y en sus relaciones comerciales y financieras actuales”.

El IFAI inició el procedimiento de protección de derechos contra Google. Se trata de los derechos ARCO, contenidos en el artículo 2 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). El acrónimo ARCO significa: Acceso: los titulares pueden conocer si sus datos están siendo objeto de tratamiento; Rectificación: el derecho a solicitar que sus datos sean modificados; Cancelación: los titulares pueden solicitar que sus datos se cancelen de la base de datos por causas justificadas; Oposición: el derecho de los individuos para impedir el tratamiento de su información.

El análisis del IFAI

El Instituto efectuó una fallida reunión para conciliar ambas partes. Google México, argumentó que no es la empresa que presta el servicio de motor de búsqueda, sino Google Inc., con domicilio en Estados Unidos. Mientras el análisis del IFAI fue que: 1. Google México es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la LFPDPPP es responsable del tratamiento de datos personales. 2. De acuerdo con su objeto social, la empresa presta servicios de motor de búsqueda. 3. Google México sí hace un tratamiento de datos personales cuando se pone en el buscador un dato de cualquier persona y se encuentra indexado a la información de la Red. 4. No acreditó que ese servicio lo presta una empresa distinta.

etcétera solicitó entrevistas a comisionados del IFAI y ejecutivos de Google. Los primeros decidieron no hacer más declaraciones hasta que concluya el procedimiento de imposición de sanciones para el que tienen un plazo de 50 días, con posibilidades de ampliarse a otros 50.

Por su parte, la directora de cuenta de Google, Lina Obregón Urdaneta, nos reiteró su postura: “Nos preocupa la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ya que consideramos se vulneran los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Google en todo momento se maneja con apego a las leyes que, en cada caso, resulten aplicables. Daremos seguimiento a este proceso a través de las instancias legales que correspondan”.

Censura y derecho al olvido

La resolución contra Google desató la polémica. Hay quienes aseguran que eso es censura en Internet y quienes afirman que sentará precedente para el derecho al olvido.

La doctora Issa Luna Pla, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica la diferencia entre lo que exigen las autoridades mexicanas y los criterios con los que se rigen empresas internacionales, cuya personalidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y prácticamente carecen de una regulación de protección de datos personales. Dichas empresas, explica, solo establecen un aviso o política de privacidad y los usuarios tienen dos opciones: renunciar o aceptar el servicio sin posibilidad de opinar o modificar alguna parte. Es decir, en Estados Unidos las empresas se autorregulan. Solamente tienen la opinión del gobierno, a través de las sociedades de comunicaciones, donde no están representados los usuarios. Tampoco existe transparencia sobre cómo se les protege y las recomendaciones no son obligatorias.

Ese régimen choca tajantemente con el de México o el de países europeos, porque aquí tenemos una legislación para el sector privado que no da cabida a la autorregulación sino que impone medidas de protección amplias en favor de los sujetos de la información, de todos los usuarios de gigantes tecnológicos. En países como España o Alemania ya existen sanciones concretas a esas empresas internacionales por violar el régimen local. Se trata de que, en cualquier lugar donde se hallen, las instancias encargadas de proteger nuestros datos aterricen el derecho y protejan a los usuarios.

Gracias a la LPDPPP es posible exigir su cumplimiento a una empresa como Google, que tiene oficinas en México y personas que no son motores ni robots, operando el sistema. Dicho de otra forma, hay gente que puede responder a las políticas estatales, señala la doctora Luna.

Un paso central en la protección de datos

Asimismo, dice Issa Luna, los derechos ARCO difícilmente chocan con la libertad de expresión porque no tienen que ver con la manifestación de ideas ni con el derecho de acceso a la información, previsto en términos públicos. Es muy importante que la información sea accesible “pero no son derechos absolutos. En México las redes de protección a la vida privada son límites muy importantes que protegen a los ciudadanos de injerencias terribles de las que no podríamos defendernos ante un tribunal”.

La resolución del IFAI, es un paso central en la protección de datos personales “porque con todo y nuestra legislación empresas gigantescas vulneran continuamente nuestro derecho a la vida privada. También creo que las empresas no solo deberán consultar a la autoridad estadounidense sus políticas de privacidad sino también a nuestras autoridades en protección de datos. Esto no ha pasado aun en ningún país, pero es una lucha que se debe dar”.

Pero uno de los tres vínculos antedichos remiten a un trabajo periodístico que menciona nexos de un particular con programas de gobierno y por eso hay quienes consideran que también se está sentando un precedente para que otros hagan la misma solicitud sin que el IFAI estableciera salvaguardas para información de interés público, como ocurrió en Europa.

Para Issa Luna con esta resolución el Instituto “no generaría un precedente obligatorio inmediato para Google. Se trata de una protección casuística, es decir, la protección es directa para esa persona. Hay que proteger a Internet pero también se deben dimensionar los efectos de las decisiones. Desafortunadamente los Estados, sobre todo en el caso del mexicano, son los principales solicitantes que piden a Google cada año bajar links”.

“Eso lo publica Google y me parece una buena iniciativa de su parte. Incluso tiene mapas sobre cuáles son los Estados que hacen tales peticiones. El estado mexicano lo hace con frecuencia y, desafortunadamente, no es en aras de un derecho fundamental sino para ocultar fraudes, actos de corrupción y bajarle el volumen a notas que su publican. Yo me preocuparía más por eso que por una resolución del IFAI que trata de proteger a un individuo y que solo tendrá efectos para él,” concluye la investigadora en derecho de la información.

Por su parte, la doctora María Marván Laborde considera que “justamente los comisionados del Instituto, en su ámbito de decisión cuasi jurisdiccional, tienen que revisar cada caso concreto. Pero tampoco pueden contradecir sus propios precedentes. Si otra persona solicita algo parecido tendrán que ver en qué se parecen sus casos”.

Marván cree que el derecho al olvido es en sí mismo una decisión muy compleja. Para ilustrarlo, menciona el caso clásico de Mario Costeja González, quien cayó en un crédito moroso y un bien inmueble de su propiedad fue subastado por el banco acreedor. El problema fue resuelto pero 15 años después continuaba apareciendo en el motor de búsqueda de Google, Spain.

El parecido con el caso mexicano radica en que cuando se “googleaba” el nombre completo de Costeja, según se lee en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “se obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, respectivamente. Mediante resolución de 30 de julio de 2010, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desestimó la reclamación en la medida en que se refería a La Vanguardia, al considerar que la publicación que ésta había llevado a cabo estaba legalmente justificada, dado que había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta para conseguir la mayor concurrencia de licitadores.

“En cambio, se estimó la misma reclamación en la medida en que se dirigía contra Google Spain y Google Inc. A este respecto, la AEPD consideró que quienes gestionan motores de búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información. La AEPD consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales datos no sean conocidos por terceros”.

“Ese caso, complicado y controvertido, llegó hasta el tribunal de Luxemburgo porque no es nada sencillo señalar cuál es el límite entre el derecho al olvido y que Google desindexe información para que no se encuentre.

Se ha escrito mucho sobre el caso de Mario Costeja y las posiciones son más críticas que favorables; entre otras cosas porque Google es un motor de búsqueda, no el archivo mundial. La primera discusión importante es si tiene responsabilidad sobre toda la información que encuentra en cualquier servidor o base de datos. Esa cuestión no es clara”.

La sorpredente unanimidad del IFAI

Eso, en sí misma, hace controvertida la resolución, considera la doctora Marván, pero además el caso mexicano tiene cuestiones que lo hacen esencialmente distinto. “Los comisionados no estudiaron ni marcaron diferencias. De hecho la resolución es prácticamente una copia de la de Mario Costeja, quien es un particular.

“Si uno lee la sentencia y conoce la otra el parecido es evidente. Además, me sorprendió mucho la unanimidad porque realmente daba para una gran discusión. Lo normal en un cuerpo colegiado en estos asuntos tan difíciles es que hubiera división”.

En el caso mexicano el texto periodístico, cuya liga de Internet es la que se quiere cortar, relaciona al dueño de los Autobuses Estrella Blanca con un programa de la presidencia de Fox: Vamos México.

“Ese es el tamaño del absurdo en el que estamos”, dice la investigadora de la UNAM y excomisionada presidenta del IFAI:

“No sé si realmente el señor le donó camiones al programa que llevaba Martha Sahagún. Pero esa información, pública por naturaleza, no fue analizada por los comisionados del IFAI y tampoco establecieron las diferencias entre el caso español y el mexicano”.

“El de Mario Costeja puede ser muy criticado y discutido pero claramente es una cuestión personal con un banco. No era funcionario ni el crédito se le debía al gobierno. La información que está pidiendo el señor Carlos Sanchez Peña que se borre tiene que ver de manera directa con información gubernamental”.

Es importante considerar que Europa es mucho más protectora de los datos personales. España no tiene una ley de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental ni nada equivalente. Ahí también hay otra gran diferencia.

Además ese consorcio camionero integró su deuda al Fobaproa. “Una de las resoluciones más importantes del IFAI en su historia ha sido la de ordenar que se publiquen los nombres de aquellos que fueron beneficiados con un perdón fiscal.

“Esa es la gravedad de esta resolución. Si yo metiera como ciudadano una solicitud vía acceso a la información sobre donaciones que recibió Vamos México, no habría manera de reservarla”, subraya la ex comisionada del IFAI.

De hecho, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea alude, en el caso Costeja, a la excepción cuando se ha representado un papel en la vida pública: “Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no solo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate”.

El espíritu santo y la información

Lo que Carlos Sánchez de la Peña pide que se borre, agrega Marván, equivale a que el señor Hinojosa solicitara que desaparecieran las notas relacionadas con Higa y el conflicto de interés. Sin querer decir con eso que el señor haya estado necesariamente involucrado en un problema legal. En resumen la resolución del IFAI no solo afecta el derecho a la libertad de expresión sino también el derecho de acceso a la información pública gubernamental, que tienen la obligación de cuidar, y por ende a la transparencia, opina la doctora Marván.

Finalmente esta resolución sienta precedente, el más importante es que Google, como motor de búsqueda y no dueño de la información, es responsable de la información que encuentra.

El avance de la tecnología presenta un reto jurídico en todo el mundo porque la información se vuelve como el espíritu santo, está en todos lados. Entonces ¿cuáles leyes se aplican? Y se le pide a un proveedor de un servicio que asuma responsabilidades que no está claro que las tenga en España ni en ninguna parte del mundo porque aún es un proceso en discusión, finaliza María Marván.

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