Honradez intelectual

Foto: Cuartoscuro/Moisés Pablo

Durante esos procesos no se alzó ninguna
voz para restablecer o, mejor dicho,
establecer la verdad. René Girard
(El chivo expiatorio)

¿Qué periodista, qué intelectual, qué académico progresista y prestigiado puede ponerse del lado de algún inculpado de delitos que reiteradamente han sido catalogados como de lesa humanidad y que constituyeron crímenes de Estado? Al fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado se asignó la misión de perseguir los delitos perpetrados desde el poder por ex funcionarios federales contra militantes de esos movimientos que por definición políticamente correcta persiguen loables fines de justicia social. Y como ningún pensador democrático y partidario de la causa de los derechos humanos está de acuerdo con los abusos de poder y la represión ilegal, era impensable que una voz lúcida y civilizada no estuviera de acuerdo en que se castigara a los responsables de esos atropellos. Muy bien, pero se trataba de inculpar a los responsables, con pruebas de su culpabilidad y fundamentos jurídicos, inculpación que exigía una investigación seria, profunda, profesional, objetiva y muy escrupulosa. Y es el caso de que el fiscal, desde el inicio de su gestión, dio muestras inequívocas de que su actuación no estaría orientada en ese sentido, es decir, no se guiaría por el afán de procurar justicia. La procuración de justicia requiere buscar la verdad de los hechos que se indagan desprejuiciadamente. En cambio, el fiscal buscaría saciar la sed de venganza ciega la venganza a cuyos oficiantes no interesa quién es culpable sino quién pague los platos rotos y, ofreciendo resultados espectaculares, impulsar su alicaída carrera política. Aun con esas muestras de deshonestidad tan evidentes, durante muchos meses no se produjo una sola crítica a su proceder. El fiscal sabía que su nombramiento había sido acordado por el Presidente de la República, y que su función era presentada como indispensable para lavar un pasado ominoso, restaurar la concordia entre los mexicanos y, con ello, remover un obstáculo para la transición a una democracia mexicana plena. No se le ocultaba tampoco que teniendo a su cargo una misión tan elevada resultaba prácticamente imposible que un solo analista respetable descalificara sus actos. Y se engolosinó. Pero llegó a tales extremos en sus impudicias que éstas se hicieron extremadamente notorias, insosteniblemente escandalosas, y en México existen académicos, intelectuales, periodistas y políticos capaces de discernir lo justo de lo indefendible y de defender la razón con razones.

La primera voz de alerta vino de Raúl Trejo Delarbre en el momento mismo en que se anunció la creación de la fiscalía. Sin poner en duda la pertinencia de su creación, advirtió: Mientras las indagaciones avanzan está a prueba la madurez de los actores políticos y de la sociedad. No se puede descalificar a corporación alguna por delitos que se cometieron hace un cuarto de siglo. Pero tampoco se puede esperar que las pesquisas no señalen responsables, entre los que podrían estar personajes del mayor rango político. Esa madurez tendrá que llevar al gobierno actual a desdeñar la tentación de querer lucirse a costa de errores (o incluso fechorías) de los gobiernos mexicanos de otras épocas.

Tuvieron que pasar más de 16 meses para que se hiciera escuchar otra advertencia de un analista. Al comentar la renuncia de Luis González de Alba al Comité de apoyo a la Fiscalía, Sergio Sarmiento puntualizó: Es muy importante que la sociedad conozca exactamente lo que ocurrió en los años sesenta y setenta cuando un régimen autoritario restringió libertades y violó derechos humanos. Pero no permitamos que la historia sea manipulada, porque al final, como lo señalaba Jorge Santayana, no conseguiremos sino repetir sus abusos.

La primera crítica severa a la actitud del fiscal fue de Raúl Trejo Delarbre. Para romper el silencio en torno a los desplantes de Ignacio Carrillo Prieto se requería de absoluta honestidad intelectual y de valentía, pues eso era ir contra la corriente de los bienpensantes. Es comprensible y compartible, en muchos casos el interés para que se haga justicia y sean castigados los delitos cometidos durante la llamada guerra sucia. Pero sería absolutamente inaceptable que en esa búsqueda de justicia se infrinjan los procedimientos legales, se dé validez a acusaciones sin pruebas suficientes y se desate una persecución que a algunos podría parecerles políticamente correcta aunque fuese violatoria de nuestro orden jurídico… Contra De la Barreda Moreno no se conocen acusaciones sólidas. Sería muy grave que se le persiguiera sin causas suficientes o como una perversa manera para tomar desquite debido a los intereses que cuando fue titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF afectó a su hijo, el doctor Luis de la Barreda Solórzano.

Trejo Delarbre ya no dejó el tema. Tras un amplio análisis de la acusación por la desaparición de Jesús Piedra, anotó: En la acusación contra De la Barreda Moreno, como en cualquier otra, lo menos que se puede exigir es que la ley sea cumplida de la manera más cuidadosa. En este caso hay una enorme carga de ideologización que podría desviar el rumbo de la justicia si los responsables de aplicarla atienden más a la presión social y en los medios que a las pruebas y certificaciones que se logren documentar.

De visita a México, el eminente jurista argentino Esteban Righi, hoy procurador general de su país, a quien México dio asilo político en la década de los 70 cuando fue amenazado por fanáticos autoritarios, declaró en entrevista que las acusaciones contra Luis de la Barreda Moreno no son sólidas y están fuera del sentido común.

Para mediados de 2004 los defensores del capitán De la Barreda habíamos demostrado que en abril de 2005 las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, donde supuestamente habría estado detenido Jesús Piedra según la acusación, no se encontraban en el sitio que señalaron el fiscal y el juez que concedió la primera de las órdenes de aprehensión, sino lejos de ahí. Entonces, Raúl Trejo Delarbre escribió que con esa demostración se desbarataba la acusación contra el ex director Federal de Seguridad, amén de que el informe suscrito por el inculpado en el que se dice que Piedra había sido detenido en Monterrey no demuestra que el detenido hubiera sido traído a la ciudad de México ni interrogado por el entonces titular de la DFS. Por su parte, Sergio Sarmiento observó: El problema es que no se puede castigar a alguien simplemente por haber sido titular de la Dirección Federal de Seguridad ni por haber escrito un informe sobre la aprehensión e interrogatorio de un guerrillero. Sé que es impopular decirlo, porque hay un ánimo de linchamiento en contra de quienes ocuparon cargos de responsabilidad en los órganos de seguridad del Estado durante la llamada guerra sucia; pero para fincarle responsabilidad penal a De la Barreda Moreno, se tendría que demostrar que ordenó o participó en la detención ilegal de una persona y en su muerte o entrega a individuos que no tenían jurisdicción para juzgarlo. Y las pruebas de ello no parecen estar en el expediente.

Hasta ese momento, Luis González de Alba, quien dimitió al Comité de apoyo a la Fiscalía porque le pareció inaceptable que ésta participara en un acto conmemorativo de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, no había externado opinión alguna sobre la integración de las averiguaciones previas. Sus columnas periodísticas siempre se esperan con expectación porque sus comentarios jamás repiten lugares comunes ni buscan acoplarse a las posiciones políticamente correctas. Se trata de un ser realmente pensante. Además, todo mundo reconoce, creo que hasta sus malquerientes, su honestidad intelectual sin fisuras. Fue uno de los líderes más relevantes del movimiento estudiantil de 1968 y ha sido figura destacadísima de la izquierda mexicana, lo cual nunca ha sido óbice para que señale con toda nitidez las incongruencias, el autoritarismo, las corruptelas y demás miserias de los partidos, dirigentes y militantes de ese signo político. Por el contrario, se ha constituido en una suerte de voz crítica de esa izquierda, con autoridad moral incuestionable. En la columna que intituló Un tic de izquierda observó que la Fiscalía parece haberse metido en un brete al solicitar la aprehensión de Luis de la Barreda Moreno, quien estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) durante los años de la guerrilla. Es fácil suponer que la cabeza de la Federal de Seguridad estuvo involucrada en las torturas, secuestros y homicidios cometidos al amparo de las acciones antiguerrilleras; es un tic de la izquierda. Pero en derecho positivo los supuestos sirven únicamente para construir hipótesis. Luego deben recabarse las pruebas. Aquí es donde la defensa ha encontrado notorias fallas… es notable que una orden de aprehensión emplee términos tan ambiguos como al parecer, ya que al acusado le basta con responder pues a mi parecer no, para quedar libre. Y luego muestra la defensa un dato que invalida toda la argumentación acusadora: en el domicilio donde al parecer estuvo detenido Piedra Ibarra y que es Avenida de la República número 20, esquina con Ignacio Ramírez, colonia Tabacalera, en la ciudad de México […] nunca estuvo la DFS, por esas fechas en la colonia Roma […] El caso de Luis de la Barreda Moreno suena demasiado al método que teníamos de arreglar cuentas con la realidad en la vieja izquierda: véase cómo este tipo de análisis salpicó hasta a Jesús Reyes Heroles, a quienes los ex guerrilleros deben la amnistía que los tiene libres y los mexicanos debemos las primeras reformas al sistema electoral.

En su cartón dominical siempre magnífico, el caricaturista Paco Calderón se refirió a la venganza disfrazada de justicia, como en el caso de Luis de la Barreda Moreno, donde sólo se busca cobrarle una factura política a su hijo.

El comité ciudadano de apoyo al fiscal integrado por Denise Dresser, Aleida Gallangos, Miguel Arrollo, Enrique Doger, José Luis Izunza, Salvador Martínez Della Rocca, Daniel Cazés, Joel Ortega Juárez, Ricardo Rocha, Nelson Valle y Sergio Zermeño, eludiendo toda referencia a las críticas que el trabajo de la fiscalía había recibido, respondió con un comunicado en el que tocó fanfarrias: El proceso para lograr la justicia y el esclarecimiento histórico por (sic) los delitos cometidos en 1968, 1971 y en la guerra sucia está llegando a un momento crucial […] Hoy más que nunca se exige que detengan a los prófugos, entre otros, Luis De la Barreda y Juventino Romero […] Hoy más que nunca se requiere el compromiso público del presidente Vicente Fox con la Justicia y la Verdad. (Sic, con mayúsculas).

Al comentar las palabras del general Clemente Vega, secretario de la Defensa Nacional, en el sentido de que eran tiempos de saber perdonar y de conciliar, el coordinador del PRD en el Congreso, Pablo Gómez, refutó: Las amnistías son para los rebeldes, no para los criminales de Estado.

Federico Reyes Heroles caracterizó con todo acierto, en sólo dos líneas, la actitud justiciera: …la expectativa creada durante la campaña del 2000 pretende enterrar simbólicamente al régimen priista, todo él. Todos asesinos, todos responsables, todos al paredón.

Jaime Sánchez Susarrey entendió que el problema estaba, por una parte, en que la fiscalía estaba asesorada por un comité ciudadano en el que participaban ex guerrilleros que en su momento fueron amnistiados y hoy parecen guiados por un ánimo de venganza más que de justicia, y, por otra, en que se magnifican hechos que ocurrieron en un contexto muy complejo.

Adolfo Aguilar Zinser vio que los elementos probatorios de la fiscalía eran endebles, basados en suposiciones insostenibles para justificar una condena.

Raúl Trejo Delarbre volvió a cuestionar el proceder del fiscal: Con frecuencia se ha desempeñado más en el terreno político que en el de las evidencias y la legalidad. Su propensión a los micrófonos y las cámaras ha sido parte del perfil que está convirtiendo a la fiscalía en una suerte de improvisada inquisición y no en el instrumento para promover la justicia que, con todo derecho, han demandado muchas víctimas de abusos del Estado.

¿Qué justicia es esa…? ¿Qué tomadura de pelo es ésta?, se preguntó Pablo Hiriart.

Julián Andrade reflexionó: Hay paradojas extrañas. Una de ellas es la que mantiene prófugo al capitán Luis de la Barreda Moreno. Su suerte, aunque parezca una jugarreta del destino, está más ligada al trabajo que su hijo, Luis de la Barreda Solórzano, realizó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que a lo que el capitán hizo o no hizo cuando fue el responsable de la Dirección Federal de Seguridad […] Hay que recordar que gracias a De la Barreda Solórzano se conocieron muchas de las arbitrariedades del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y de su procurador, Samuel del Villar. Luis de la Barreda Moreno, después de todo, nunca fue señalado en las insistentes denuncias que se presentaron a lo largo de los años por la desaparición forzada de personas. El descubrimiento del fiscal Ignacio Carrillo Prieto sobre las supuestas fechorías del capitán es un asunto reciente […] Lo peor de las salidas en falso es que al final lo único que impera es la impunidad. Si se fabrican culpables se aleja el conocimiento de la verdad.

Aún no presentaba la defensa, al formularse los anteriores comentarios, otra de las pruebas irrefutables de la perversa desfachatez del fiscal: la constancia oficial prueba plena que fue el sustento de mi denuncia penal de que el capitán De la Barreda no pudo participar en los hechos del 2 de octubre de 1968 porque entonces estaba hospitalizado, a pesar de lo cual se le consignó señalándose en el pliego de consignación que participó en la mañana de ese día en una reunión en la que se planeó el operativo y después dirigió éste in situ. Tampoco habíamos hecho público que respecto de la desaparición del estudiante Héctor Jaramillo, por la cual también fue consignado el capitán, no sólo no existía prueba alguna de su presunta responsabilidad, sino que ni siquiera se contó con un documento atribuido a él en el que informara de su detención.

Sobre esa consignación Sergio Sarmiento comentó: Muy indignante es que queden en la impunidad crímenes de cualquier tipo, pero más lo es que la autoridad acuse a inocentes para justificar su cargo. éste parece ser el caso del fiscal especial para movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto […] En el pliego se afirma que el capitán De la Barreda Moreno participó en la planeación y dirección del operativo del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El problema es que De la Barreda estuvo internado para una intervención quirúrgica en el Hospital 20 de Noviembre del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1968, por lo que habría sido imposible que participara en la reunión de planificación o en el operativo de Tlatelolco […] El caso de la desaparición de Héctor Jaramillo es todavía más fantasioso […] Carrillo Prieto afirma en su pliego de consignación que Jaramillo fue detenido por un comando armado que incluía al director de la DFS Fernando Gutiérrez Barrios, al capitán De la Barreda Moreno y al comandante Miguel Nazar Haro, pero no hay una sola declaración o indicio en el expediente que sustente esta afirmación. Entre las supuestas pruebas del fiscal se encuentran dos oficios del 18 de febrero de 1969 y el 24 de septiembre de 1971 en que De la Barreda Moreno, como subdirector de la DFS, reportaba a sus superiores que algunos estudiantes del Politécnico afirmaban que se desconocía el paradero de Jaramillo. Pero si esto se va a considerar como prueba de responsabilidad, entonces todos los periodistas somos responsables de los delitos que reportamos.

De la Barreda, internado

Julián Andrade escribió: El problema es que De la Barreda estaba internado en el hospital 20 de Noviembre desde finales de septiembre y hasta el 4 de octubre de 1968. Es imposible que estuviera en el mitin para dirigir al batallón Olimpia o a los elementos enviados por el general Luis Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial en aquel tiempo.

Y respecto de la imputación de que el inculpado participó en la detención de Jaramillo: El problema, para variar, es que no existen pruebas de que eso haya sido así.

Leopoldo Mendívil observó que constituía prevaricato la conducta del fiscal, que en su guerra sucia inventó culpables para satisfacer lo que en sus propias palabras era el gran compromiso con mis compañeros del 68 que sufrieron persecución.

Rafael Ruiz Harrell escribió: A falta de pruebas y de leyes exactamente aplicables al caso que pretende juzgar, Carrillo Prieto ha venido inventando las primeras y torciendo hasta lo indecible las segundas […] A lo largo de estos años y esto es quizá lo único que importa, el fiscal especial se ha dedicado a darse la gran vida con largos viajes de lujo, costosas comidas y otros agasajos […] No es un hombre que quiera, pretenda o intente hacer justicia: es un abogado que quiere vivir de la justicia; un descarado que quiere arrancarle, mientras dure, hasta el último nervio al hueso que le dieron.

(El artículo de Ruiz Harrel fue respondido por Ignacio Carrillo Prieto con injurias propias por decirlo con las palabras de El Quijote de La Mancha de gente baja y canalla, a las que haré referencia más adelante).

Ilustración: Machela

Ya exonerado el capitán De la Barreda de nueve acusaciones, el fiscal inició la décima averiguación en su contra. El columnista Pepe Grillo Pablo Hiriart calificó la presecución emprendida por Carrillo Prieto como no jurídica sino de una bajeza moral inexplicable. No logró nada, porque no hay nada, con nueve acusaciones, e insiste en buscarle culpas a quien lo ha derrotado nueve veces. Sergio Sarmiento la denominó campaña de hostigamiento personal.

Era claro que la persecución penal del fiscal especial contra el capitán Luis de la Barreda había llegado a un extremo escandaloso. Trece intelectuales del mayor prestigio académicos, escritores, periodistas, politólogos, políticos decidieron alzar la voz contra esa infamia.

Héctor Aguilar Camín, Julián Andrade, Jorge Castañeda, Luis González de Alba, Pablo Hiriart, Marco Levario Turcott, Miguel Limón, ángeles Mastretta, Beatriz Paredes, Federico Reyes Heroles, Luis Rubio, Rafael Ruiz Harrel y Raúl Trejo Delarbre suscribieron un Aviso a la opinión pública en los siguientes términos:

Todo ser humano es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Nadie tiene derecho a prejuzgar, menos aún a perseguir a otra persona por simple beneficio político. La defensa de este principio es la defensa de nuestra propia integridad personal. A lo largo de los últimos cuatro años la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado ha ejercitado en nueve ocasiones acciones penales en contra del capitán Luis de la Barreda Moreno. Ninguna de ellas ha prosperado por carecer de sustento. Nada se ha podido probar en su contra y, por lo tanto, este ciudadano mexicano debe gozar de sus libertades y garantías plenas. Una vez más, por décima ocasión, la fiscalía pretende involucrar a De la Barreda en una nueva investigación carente de cualquier sustento para así dañar, con el proceso mismo, la vida de De la Barreda. Su intención es clara: ante sus fracasos trata ahora de ofrecer a la opinión pública un chivo expiatorio. La investigación sobre la masacre del 68, la guerra sucia y los crímenes del pasado debe continuar, pero la invención de culpables no ayuda en nada al esclarecimiento de nuestra historia y menos aún a construir un estado de derecho. Tolerar esta persecución nos convierte en cómplices. ¡Ya basta de este uso perverso de la facultad investigadora de la fiscalía!.

Este manifiesto fue de enorme importancia por su contenido y la calidad de los firmantes. Si al principio de su gestión nadie se atrevía a formular crítica alguna al fiscal, ahora 13 pensadores de gran prestigio descalificaban su proceder. Nadie en los medios de comunicación salió en defensa del pequeño inquisidor. Con las batallas jurídicas había perdido también la librada ante la opinión pública.

Con posterioridad al desplegado, Pablo Hiriart habló del colapso de la fiscalía advirtiendo que Ignacio Carrillo Prieto no fue buscado para el cargo por sus méritos sino porque se requería de un protagonismo vengativo que atendiera la consigna de castigar a los que defendieron al Estado. La organización internacional Human Rights Watch tachó de decepcionante la labor de la fiscalía.

Al conocerse que se había desestimado en la Procuraduría General de la República la consulta de no ejercicio de la acción penal contra el fiscal, formulada por el agente del Ministerio Público a cargo de la averiguación previa iniciada con motivo de mi denuncia, Pablo Hiriart apuntó: Tal vez no se llegue muy lejos en la averiguación. Pero que se haya reabierto es un reconocimiento tácito de que algo estaba podrido en esa fiscalía. La fiscalía del horror.

Raúl Trejo Delarbre sostuvo: De la Barreda Moreno y su familia tienen pleno derecho a que se les haga justicia. Y más allá del desenlace que tenga ese nuevo episodio, es claro que la gestión de Carrillo Prieto fue un auténtico desastre.