Cinque Terre

Irasema Rodríguez

Guerrero en los medios

Entre la denuncia, la omisión y el sensacionalismo

La violencia en Guerrero exhibe ingobernabilidad en la entidad, fragilidad del Estado de derecho y deshumanización de amplias franjas sociales.

A más de tres semanas de distancia, persisten las versiones encontradas de lo que hicieron o dejaron de hacer autoridades federales y locales, así como otros actores involucrados. Mientras tanto, en la opinión pública conviven la indignación y la confusión, la exigencia de justicia y el deseo de venganza.

Como reflejo de esa crisis, en la cobertura de los medios nacionales y extranjeros hay contrastes: denuncias puntuales y materiales amarillistas; consignación de datos para contextualizar, o bien para construir hipótesis acordes a la línea editorial, varias de ellas irresponsables. También está la proclividad de judicializar las noticias, emitir veredictos y señalar culpables sin elementos de prueba ni un proceso judicial. Y algo más: así como dirigentes partidistas, legisladores, funcionarios locales y federales han utilizado este caso para ajustes de cuentas y golpeteo político, los medios se han prestado a servir de instrumento para este propósito.

Una revisión de la cobertura permite advertir que la información oscila entre lo impactante y lo noticioso, el análisis y la especulación, que deriva en sesgos y distorsiones que incluso podrían entorpecer las indagatorias formales. La gravedad de los hechos demanda responsabilidad y mesura para no minimizar ni sobredimensionarlos.

Respuestas tardías

Todo comenzó la noche del viernes 26 de septiembre. La respuesta de las autoridades y los medios fue similar: tardía, a cuentagotas e imprecisa.

El sábado 27 solo La Jornada consignó el tema en interiores, mediante una breve nota que cita al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien aseguró que no hubo heridos ni muertos y que la presencia de los normalistas fue una provocación al acto que encabezaba su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, al presentar su informe como presidenta del DIF local. Así mismo refiere que los estudiantes afirmaron ser perseguidos a balazos por distintas calles de la ciudad hasta que a la altura de la terminal de autobuses de Iguala, perdió la vida uno de sus compañeros, aún no identificado.

En radio, Formato 21, Reporte 98.5, MVS e IMER, con notas de entre 30 segundos y dos minutos, informaron de dos tiroteos: uno entre policías municipales de Iguala y normalistas, y otro donde un comando armado de civiles disparó a un taxi y un autobús del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”; el saldo: dos muertos y 20 heridos. Por su parte, Televisa, Televisión Azteca y Milenio TV ofrecieron notas escuetas con la escasa información oficial: el informe del procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, la decisión de desarmar a los policías locales y el comunicado del gobierno estatal condenando los hechos. En las notas de TV Azteca se hizo hincapié en que los policías dispararon luego de que los normalistas secuestraron autobuses. En los medios digitales, la información fluía con la misma lentitud.

Hasta el domingo 28 el resto de la prensa reaccionó y el tema apareció en las primeras planas de los principales diarios del DF: El Universal: “Policías atacan a normalistas en Guerrero”; La Jornada: “Policías disparan a normalistas en Iguala; 5 muertos”; Milenio: “Seis muertos en tres ataques a normalistas”; Excélsior: “Seis muertos por violencia en Iguala; llegan federales” y Reforma: “Desatan violencia, matan a 6 en Iguala”. Este último publica una fotografía que muestra los cuerpos inertes de dos de las víctimas.

En su editorial, El Universal pondera varias aristas: recuerda otros enfrentamientos entre normalistas y policías luego de que los primeros realizan toma de autobuses o bloqueos de carreteras. Pone el acento en los nulos protocolos de actuación de la policía guerrerense, lo que lleva a que se cometan excesos con desenlace trágico. Subraya la negligencia del gobierno estatal y la necesidad de una intervención federal ante el desbordamiento de la violencia. Por su parte, La Jornada, en su editorial “Cacería de opositores en Guerrero”, dice: “Por las características de los homicidios señalados, es claro que el fenómeno no forma parte de la continuada violencia causada por el descontrol de la delincuencia organizada en el país, la que no ha cesado en lo que va de la presente administración federal, pese a las políticas de comunicación social orientadas a minimizarla a ojos de la opinión pública. Da la impresión, en cambio, de que en la entidad del sur del país se desarrolla una suerte de cacería contra las expresiones de resistencia y organización estudiantil, social y popular locales”.

El resto de los diarios no toma una postura editorial clara, aunque sí consignan en interiores las primeras versiones de las autoridades locales y estatales, así como testimonios de sobrevivientes y pronunciamientos como el de la CNDH y otros actores. La cobertura en radio y televisión fue casi idéntica a la del día anterior, sin mayores datos. Los medios digitales tampoco dieron más información y la figura del gobernador Ángel Aguirre Rivero seguía ausente.

El lunes 29 el tema siguió en las primeras planas, aunque solo Reforma y El Universal le dieron ocho columnas. En los medios electrónicos surgirían indicios reveladores. Ciro Gómez Leyva entrevistó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de quien obtuvo declaraciones que serían “la nota” en otros medios. El funcionario refirió que el viernes 26 estaba disfrutando con su familia en un baile y solo le reportaron algunos disturbios con estudiantes, quienes “siempre sacan de quicio a la gente”; dijo no tener conocimiento de muertos ni desaparecidos. Imagen Informativa con Adela Micha entrevistó al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, quien confirmó que las fuerzas federales tomaron el control de la seguridad en Iguala. Llama la atención que Noticias MVS con Carmen Aristegui dedicó solo dos minutos al tema; no presentó entrevistas relacionadas con el asunto y la mesa política se ocupó del caso Tlatlaya. En televisión, otras informaciones como el conflicto en el IPN desplazaron momentaneamente la cobertura; solo Joaquín López Dóriga en Televisa dio un espacio mayor, de aproximadamente ocho minutos.

En los medios digitales la información se incrementó significativamente, pero las versiones eran contradictorias. Solo destaca Animal Político, que publica la lista con los nombres de las personas desaparecidas, en ese momento 57.

Crece la confusión

En los días subsecuentes la información se extendió: en los diarios, los principales espacios de opinión abordaron el tema. La radio registró el 30 de septiembre las primeras declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Ángel Aguirre; Formato 21 recogió las palabras del Ejecutivo Federal donde señala una debilidad institucional en Guerrero y llama al gobierno estatal a hacerse responsable. En tanto, López Dóriga entrevistó en Radio Fórmula a Aguirre Rivero, a quien se le preguntó sobre lo dicho por el Presidente y respondió que esta debilidad obedece a que desde la federación no se han cumplido compromisos en materia de seguridad. El mandatario local también ajustaría la cifra de desaparecidos a 43; expresó su condena a lo ocurrido y ofreció su esclarecimiento. Comenzaban los primeros repartos de culpas.

Conforme se revelan más detalles sobre los sucesos del 26 de septiembre, la confusión va a la par de la especulación. Además, en la creciente información que generó la prensa podían leerse testimonios tan crudos como éste:

“Un alumno de la Escuela Normal de Ayotzinapa y testigo de los hechos violentos, dijo a la agencia de noticias EFE que todo comenzó la noche del viernes cuando ‘un grupo de policías pretendió cerrarles el paso a los autobuses en que viajaban’ (…) Al día siguiente, las autoridades hallaron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón a 500 metros del segundo ataque, al que le quitaron la piel del rostro y le sacaron los ojos, típico de los asesinatos perpetrados por el crimen organizado”. 24 Horas (30/IX/2014).

El sábado 4 de octubre, la Procuraduría de Justicia de Guerrero dio a conocer el hallazgo de cuatro fosas clandestinas con al menos 28 cuerpos. La PGR ejerció su facultad de atracción y anunció que se llevarían a cabo las investigaciones para conocer la identidad de las personas y confirmar o descartar que estuvieran relacionadas con los hechos de Iguala.

Mientras, varios medios digitales, en forma irresponsable, contribuían a enrarecer más el clima de confusión. En Twitter difundieron cosas así:

Sin Embargo: “La posibilidad de que en las 4 fosas estén normalistas es muy alta: fuentes cercanas”. El tuit fue repetido por el portal en al menos tres ocasiones en dos horas; La Jornada: “Confirma PGJ de #Guerrero hallazgo de fosas con ‘restos humanos’. Se teme sean de #Normalistas”; Uno TV Noticias: “#Entérate Encuentran fosa con varios cuerpos en Iguala, podrían tratarse de los estudiantes de Ayotzinapa”; Aristegui

Noticias: “Fosa clandestina en Iguala; aún se ignora si ahí están los normalistas desaparecidos”; Proceso: “Hallan fosa clandestina en Iguala con varios cuerpos; investigan si son de los normalistas”. El resto de los medios tuvo mayor cautela y solo registró el hallazgo de las fosas y el anuncio de las investigaciones de ley.

Reporte Índigo es uno de los medios que más incurrió en el sensacionalismo y faltas de ética; en un nuevo episodio de filtraciones ilegales, el 6 de octubre difundió fragmentos del interrogatorio judicial a un presunto sicario que participó en los hechos del día 26, quien aseguraría que por órdenes del alcalde, José Luis Abarca, los estudiantes fueron llevados a Pueblo Viejo, Iguala, donde los mataron, quemaron y enterraron; esta información no ha sido confirmada. También difunde un video sobre los enfrentamientos de los policías municipales (éste también fue subido al portal de Aristegui Noticias). Tres días después publicó una fotografía que circulaba en redes sociales de un grupo de jóvenes semidesnudos en el suelo, que supuestamente eran los normalistas; después se sabría que la imagen correspondía a un motín en un consejo tutelar San Luis Potosí; Reporte Índigo rectificó pero no ofreció disculpas. El día 10, al estilo western y sin respetar la presunción de inocencia, publica un cartel con las fotos de los 22 policías municipales detenidos por estos hechos.

El 7 de octubre, en YouTube circuló un video donde se interroga una mujer con los ojos vendados; se decía que era la suegra de José Luis Abarca, quien presuntamente torturada por policías confesó que la campaña de Ángel Aguirre fue financiada por el narcotráfico. Nunca se confirmó la identidad de esa persona ni la veracidad de sus dichos, pero medios como Reforma, El Universal, Proceso, Aristegui Noticias y Reporte Índigo, entre otros, difundieron este dudoso material y dieron por hecho lo que ahí se dijo.

La prensa nacional reflejó la imprecisión informativa ofrecida por las autoridades, testigos y diversos actores políticos y sociales. Acerca del hallazgo de un mayor número de fosas clandestinas en los alrededores de Iguala y la incertidumbre sobre las identidades de los cuerpos encontrados, los medios parecían competir por ofrecer la versión más impactante.

En este tenor, la tarde del 17 de octubre Proceso, Animal Político, Sin Embargo, Aristegui Noticias y La Jornada, dieron amplia difusión a las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde, quien aseguró que los normalistas fueron quemados vivos, según revelaciones que le habrían hecho varios testigos. Hasta el cierre de esta edición la versión no se confirmó y el prelado ya ha sido citado a declarar por la PGR, pero los medios ya referidos dan por cierta esta versión, incluso La Jornada, la consignó en primera plana el sábado 18.

El 19 de octubre Proceso publica una entrevista de José Reveles con Solalinde. En este fragmento se advierte el sesgo editorial: “A ver, ¿qué es más redituable, políticamente hablando? ¿Decir ‘aquí están torturados, calcinados, enterrados, destruidos?’ ¿O manejar que están desaparecidos?”. Y no espera la respuesta, que se ha repetido a sí mismo varias veces: “A los políticos les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”. Solalinde comenta que fue providencial perder el avión que lo llevaría de Nayarit a Guerrero, porque a cambio tuvo la oportunidad de que lo conectaran con testigos que lo presenciaron todo. “¿Testigos solamente?”, se le inquiere. Duda unos segundos y responde: “Algo más que eso”. Cabe mencionar que desde el viernes 17, Solalinde concedió entrevistas en los servicios informativos más importantes de radio y televisión, y ninguno cuestionó la solidez de las pruebas que apuntalan su versión.

En la mira internacional

El 8 de octubre, Reforma, El Universal y La Jornada destacan en primera plana lo expresado por el gobierno de Estados Unidos y la OEA. Es un “crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente” para que los responsables sean llevados a la justicia, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. En tanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se dijo “consternado” por este crimen que “enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de América”. Antes, la oficina local de la ONU llamó a México a efectuar una búsqueda “efectiva” de los jóvenes desaparecidos desde que fueron baleados la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala y miembros del cártel local Guerreros Unidos, en un ataque conjunto. Estas versiones se difundieron con amplitud en radio y televisión. Cuatro días más tarde, el 12 de octubre, El Universal difunde que la delegación de embajadores de la Unión Europea expresó su preocupación por los “actos de barbarie” cometidos en Tlatlaya e Iguala y saluda el compromiso del gobierno mexicano por esclarecer los hechos.

También El Universal, el lunes 20, consigna en primera plana lo dicho por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco: “México vive la peor crisis de derechos humanos desde 1968; la desaparición de 43 estudiantes en Iguala y el hallazgo de las muchas fosas clandestinas que hallaron mientras se busca a los normalistas secuestrados, ‘son muestra de la degradación más profunda en la que ha caído México en ámbitos como la justicia, la violencia, la vigencia de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad'”.

Varios medios extranjeros difundieron materiales exhaustivos y puntuales análisis de las implicaciones que esos hechos tienen. Su veredicto es igualmente contundente: no solo en Guerrero, sino en todo México hay una grave crisis de seguridad, derechos humanos y desvalorización social.

“Las pequeñas ciudades en el sur de México como Iguala también tienen una larga historia de activismo de campo radical y a veces violento, incluida la requisa temporal o ‘préstamo’ de autobuses para transportar a los manifestantes. La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre se dio después de una jornada de eventos caóticos y confusos (…) Investigadores mexicanos dicen que no saben lo que desencadenó específicamente la violencia que siguió, pero en algún momento, la policía local aparentemente respondió a las acciones de los estudiantes alistando a miembros de la pandilla Guerreros Unidos, liderados por un jefe temible del narco apodado ‘El Chucky'”. The Washington Post (6/X/2014).

“En Iguala, una pancarta apareció, supuestamente firmada por un grupo de narcotraficantes, exigiendo la liberación de los policías detenidos. Más tarde, el gobierno federal envió a su nueva gendarmería a Iguala para asumir el control de seguridad de la ciudad, relevando de sus funciones a la policía local restante, desarmándolos y ocupando el ayuntamiento. El motivo de lo que podría ser un asesinato en masa de los estudiantes sigue siendo un misterio. Muchos familiares dijeron que estaban convencidos de que sus hijos fueron tomados para castigar a la escuela, un tipo particular de institución rural para los estudiantes pobres y un bastión de la actividad política revolucionaria. Lo que está claro es la profundidad de la corrupción en la policía local y el gobierno. El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre dijo que los narcotraficantes se habían infiltrado en muchas de las policías municipales del estado, y con frecuencia trabajan en connivencia con alcaldías locales”. Los Ángeles Times (6/X/2014).

“Incluso en un país acostumbrado a los asesinatos en masa, el caso ha generado alarma, tanto por la posible participación de la policía como por el hecho de que no se sabe que los estudiantes tengan vínculos con la delincuencia. Miguel Martínez, un representante de las familias, dijo que los estudiantes de la escuela habían luchado contra los intentos de extorsión por parte de bandas el año pasado, pero no estaba claro si eso pudiera haberlos hecho un objetivo ahora (…) El espectro de la policía corrupta ha perseguido a México durante años. Pero estas desapariciones se producen en momentos en que el presidente Enrique Peña Nieto ya se enfrenta a la acusación de al menos tres soldados acusados de homicidio en otro caso reciente -la muerte a tiros de 22 personas capturadas en un almacén en junio”. The New York Times (6/X/2014).

“En sucesivos ataques, la policía, con apoyo de sicarios de Guerreros Unidos, inició una salvaje persecución de los jóvenes. A tiros mataron a dos, a otro lo desollaron vivo y le vaciaron las cuencas de los ojos. Tres personas más, entre ellos un chico de 15 años, murieron a balazos al confundir sicarios y agentes un autobús que transportaba a futbolistas de Tercera División con normalistas. Y otros 43 estudiantes fueron secuestrados por los policías y supuestamente entregados a una fracción ultraviolenta de Guerreros Unidos llamada Los Peques. El pánico se apoderó de Iguala. Bares y comercios cerraron sus puertas. Pero de todo ello, el alcalde y su esposa, según su propio testimonio, nada supieron”. El País (12/X/2014).

Además, El País publicó una serie de reportajes donde se retrata la ideologización extrema que rige en la normal rural de Ayotzinapa, la actividad impune de grupos guerrilleros y del crimen organizado en la región, y los enormes rezagos económicos y sociales que en ella subsisten.

La utilización política de la tragedia

Los hechos de Iguala pusieron al descubierto no solo la ausencia de Estado de derecho, sino la mezquindad de la clase política en México, que ha utilizado esta tragedia para buscar visibilidad y ajustar cuentas con sus adversarios, tarea a la que, en ocasiones, los medios contribuyeron.

Con la etapa de cambio de dirigencia en el PRD como telón, René Bejarano, quien hace diez años se involucrara en hechos de corrupción en el DF, reapareció en público para hacer revelaciones: que el exalcalde Abarca fue acusado en 2013 de asesinar a tres personas y torturar a siete más, de lo cual estaba al tanto la corriente conocida como “Los Chuchos”. Así mismo, aseguró que la fuga del funcionario obedeció a una acción concertada de las policías local y federal, como parte de una estrategia de cara a las elecciones de 2015.

La historia de Bejarano resultó muy atractiva para los medios. Desde el 7 al 13 de octubre, el exdirigente concedió entrevistas a MVS, Radio Fórmula, Radio Red, Grupo Imagen y Milenio Televisión. El Universal, Reforma, Proceso, La Jornada, SDP Noticias, La Razón, Televisa, Televisión Azteca, entre otros, dieron una amplia difusión a esa versión. Una vez que ésta permeó en la opinión pública y que la PGR lo requiriera para una denuncia formal, el líder de Izquierda Democrática Nacional aseguró el 14 de octubre que ya no daría más declaraciones a la prensa, “por razones de seguridad”.

La tarde del 8 de octubre tuvo lugar en la ciudad de México la primera gran marcha para demandar la aparición con vida de los 43 normalistas, encabezada por sus familiares, estudiantes y activistas sociales; esta enorme movilización se vio empañada cuando, en un acto de vileza, Cuauhtémoc Cárdenas fue agredido por un grupo anónimo igual que el académico Adolfo Gilly, quien acompañaba al fundador del PRD. La mayoría de los medios destacó al día siguiente este incidente como “la nota” e incluso algunos como El Universal y Excélsior, reprobaron la agresión, pero otros, como La Jornada y Carmen Aristegui en Noticias MVS, evadieron hasta donde les fue posible mencionar a Cárdenas como blanco de la agresión y se centraron en Gilly; en cambio, registraron fielmente las consignas de “traidor” que le endilgaron al líder histórico del perredismo.

El 13 de octubre, normalistas de Ayotzinapa y profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) endurecieron sus protestas en la capital guerrerense y prendieron fuego al palacio de gobierno en Chilpancingo. El suceso fue destacado en primera plana por La Jornada, Excélsior, Milenio, El Universal, La Razón y Reforma. La cabeza principal de éste último dice: “Queman palacio a Aguirre”, como si el hecho se circunscribiera a dar un castigo al mandatario estatal (en un gesto de insensibilidad, un grupo de reporteros aprovechó el momento del incendio para tomarse una selfie, que fue difundida en el portal de Diario Cambio, entre otros medios digitales).

Las primeras planas del 15 de octubre fueron casi unánimes al reflejar el diferendo entre el gobernador de Guerrero y el titular de la PGR sobre los hallazgos en las fosas clandestinas encontradas desde el 4 de octubre en los alrededores de Iguala. Aguirre aseguró tajante que los primeros cuerpos examinados no correspondían a los normalistas, mientras que el segundo reviró que aún no concluían las investigaciones. La prensa enfatizó esas diferencias.

Varios medios centraron su oferta en el Ejecutivo Federal. El artículo principal de Proceso el 12 de octubre, firmado por Gloria Leticia Díaz y titulado: “Aguirre, el omiso y desafiante ‘amigo’ Peña Nieto”, reduce la explicación de los hechos a una cuestión de “amistad” entre los mandatarios estatal y federal; hace un recuento de eventos sociales y políticos en que ambos han coincidido, pero no aporta elementos que permitan un análisis profundo.

Una semana después, Proceso consigna en portada: “El infierno de Peña Nieto”, como si lo ocurrido afectara únicamente al Ejecutivo; el artículo central señala que desde 2013 la federación sabía de la penetración del crimen organizado en la entidad, pero tal conclusión no resulta de una acuciosa investigación sino de declaraciones de un diputado local del PRD, Carlos de Jesús Alejandro, como única fuente.

La noche del viernes 17, en Twitter, surgió el hashtag, #DemandoTuRenunciaEPN, que en pocas horas se convirtió en trending topic; durante sábado y domingo, la tendencia tuvo un comportamiento oscilante: por algunas horas estaba en los primeros sitios y por otras desaparecía por completo. La Jornada, Animal Político y SinEmbargo hicieron una amplia promoción de este TT. El martes 21, La Razón publicó en primera plana “Morena falsea trending topics”; en la nota le atribuye al partido político y a sus simpatizantes, así como a Epigmenio Ibarra, la creación y difusión del hashtag.

La movilización social como antídoto

El martes 21 de octubre el Senado de la República pospuso para fines de octubre la discusión sobre una eventual desaparición de poderes en Guerrero; el gobierno federal siguió estacionado en su discurso de ir hasta las últimas consecuencias sin que en los hechos se reflejara dicho compromiso, y el gobernador de Guerrero, empeñado en mantenerse en el cargo y en un afán por aparentar una normalidad operativa de su administración, derrochó millones de pesos en inserciones de prensa (en la ciudad de México publicó 21 planas de publicidad).

En México y varios otros países, estudiantes universitarios se han movilizado para exigir la aparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa: la tarde del miércoles 22 de octubre, miles de personas, en su mayoría jóvenes, salieron a las calles del DF para dar una demostración de movilización social como antídoto ante la negligencia de la clase política. Este hecho, junto con las revelaciones del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, que señalan al alcalde de Iguala, a su esposa y al cártel Guerreros Unidos como presuntos responsables de los sucesos, ocuparon las primeras planas de los diarios el jueves 23 de octubre.

Reforma y La Jornada destacan la marcha y las fotografías son elocuentes; en tanto, para Milenio, Excélsior, La Crónica, La Razón y 24 horas tuvieron más importancia las conclusiones preliminares de la PGR. El Universal, si bien publica una fotografía de la multitudinaria manifestación, su encabezado de primera plana retoma las palabras del Presidente sobre la importancia del respeto a la legalidad y los derechos humanos.

Esclarecer lo que sucedió en Iguala aún está lejos. La compleja coyuntura que ese caso ha planteado demanda de los medios responsabilidad y ética. Ante la propia dinámica de los hechos, éstos han desplegado una amplia cobertura (después de un pasmo inicial), pero que no ha sido siempre de calidad. Si bien ha habido algunos esfuerzos por analizar y contextualizar los sucesos, la mayoría de los medios ha quedado a deber: unos, comprometidos con las versiones oficiales; otros han asumido el rol de peritos y fiscales, más allá de la responsabilidad política y moral que en efecto tienen.

Tras una intensa presión mediática y polítca, tanto en la esfera nacional como extranjera, el 23 de octubre Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia para dejar el cargo como Gobernador del estado de Guerrero.

Guerrero ha puesto a los medios en el mismo dilema que a la clase política y los llevó a moverse entre la denuncia, la omisión y el sensacionalismo.

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