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Estrategia contra el crimen: los ridículos de Calderón

El episodio de la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, puso en evidencia el principal fracaso de la administración del presidente Felipe Calderón: en materia de seguridad tema que ha sido prioridad en el gobierno del panista-, el mayor logro de la guerra contra el narcotráfico fue producto de un hecho fortuito, que se vio envuelto en el escándalo por la desaparición del cuerpo del fundador de los Zetas.

Heriberto Lazcano Lazcano murió a manos de elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina, sin que éstos supieran a quién habían privado de la vida.

La noticia de la muerte de “El Lazca” fue dada a conocer en un desafortunado boletín difundido por la Secretaría de Marina (Semar) el 8 de octubre. El comunicado destaca porque la dependencia informó un rumor.

“La Secretaría de Marina – Armada de México informa que el día de ayer, durante una agresión con granadas y armas de fuego contra personal naval, fueron abatidos dos presuntos delincuentes. Posteriormente, se supo que existen fuertes indicios de que uno de ellos corresponde al cuerpo de Heriberto Lazcano Lazcano (a) ‘El Lazca’, líder principal de la Organización Delictiva de ‘Los Zetas'”, señala el comunicado 196/12 de la Semar.

El comunicado de Marina fue objeto de burla en Twitter, donde los términos “fuertes indicios” se convirtieron en trending topic. Los usuarios no perdieron oportunidad de ridiculizar a las autoridades que en ese momento no pudieron ofrecer alguna certeza sobre la identidad del capo.

Pero el mayor escándalo sobre el caso se detonó cuando las autoridades de Coahuila informaron que el cuerpo de Heriberto Lazcano habría sido robado de una funeraria, donde le fue practicada la autopsia y las pruebas periciales que a la postre permitirían confirmar la identidad de “El Lazca”.

Una nueva pifia del gobierno federal puso en entredicho la identidad de Heriberto Lazcano, como uno de los hombres que fue abatido el 7 de octubre. De acuerdo a la media filiación que difundieron inicialmente las autoridades federales, Heriberto Lazcano medía 1.60 metros, en tanto que para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la estatura del otrora integrante del Ejército, era de 1.73 metros.

Horas después, el vocero de la Marina, José Luis Vergara, reconoció que la estatura del cuerpo desaparecido de “El Lazca” era de 1.80 metros. “‘Las pruebas periciales marcan que la estatura del cuerpo era de 1.80 y no de 1.60”, dijo en una entrevista con Carlos Loret de Mola, en el matutino “Primero Noticias”.

Para tratar de explicar el yerro, Vergara simplemente añadió que “‘Hay una diferencia en la información que teníamos en la base de datos que corre a nivel nacional. Mucha de esta información proviene de inteligencia, ojalá pudiéramos llamar a cada uno de los delincuentes para pedirles de favor que nos den su estatura y medirlos y pesarlos; son siempre datos aproximados”.

En una entrevista posterior, con la periodista Carmen Aristegui en MVS Radio, el vocero de la Semar abundó, y pidió la comprensión de los medios y ciudadanos incrédulos ante la confusión: “Hay que ser un poquito comprensivos en este tipo de cosas (…) el causó alta en el Ejército, cuando él se contrata para el Ejército, tengo entendido que tenía 17 años. Yo no descarto que todavía después de eso él haya crecido”.

Encontrado sin buscar

Tras la desaparición del cuerpo de “El Lazca”, el gobierno federal inició una cruzada para encontrarlo. Varios peritos de la PGR y elementos de las fuerzas federales se movilizaron a Coahuila para iniciar un operativo.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, a la par de reconocer que la muerte del líder de los Zetas fue un hecho fortuito, informó a los medios de comunicación1 que de manera coordinada el gobierno de Coahuila y el federal investigan quién robó el cadáver de Lazcano.

Así como lo señaló Poiré, la muerte de “El Lazca”, uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses, no fue producto de un operativo especial; de hecho, según el propio gobierno federal, de 2007 a junio de 2012, ni la Policía Federal, Secretaría de Marina, Defensa Nacional o la Procuraduría General de la República realizaron algún operativo de búsqueda para hallar al fundador de la organización criminal más violenta del país.

Según información publicada por el sitio de Internet UN1ÓN2, la PGR respondió a una solicitud de transparencia que “después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de esta Agencia Federal de Investigación, se informa que no se ha llevado a cabo operativos para buscar a Heriberto Lazcano”.

Paradójicamente, el gobierno federal no realizó operativos para dar con el paradero de uno los criminales que figuraba en la lista de los “más buscados por PGR”, por quien ofrecían hasta 30 millones de pesos como recompensa.

En tanto que la Secretaría de Marina apuntó que “las operaciones que realiza esta institución para establecer el Estado de Derecho en lugares donde la delincuencia organizada ha dañado a la ciudadanía con sus actividades ilícitas y no para buscar a una persona en específico, por lo que no se tiene ningún registro de que se hayan realizado operaciones para buscar a Heriberto Lazcano”.

Polémicas, la constante

Pero el episodio de “El Lazca” no es el único que ha puesto en aprietos a las autoridades federales en materia de seguridad.

Tan sólo en este año, la propia Secretaría de Marina, la Policía Federal y la PGR han protagonizado otros episodios que documentan la endeble coordinación entre las dependencias, la fragilidad de la estrategia del gobierno calderonista en materia de combate al crimen organizado y sobre todo, la incapacidad para informar sobre los hechos.

El 25 de junio, tres oficiales de la Policía Federal fueron asesinados en un enfrentamiento que tuvo lugar en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM).

En un breve comunicado inicial, la Secretaría de Seguridad Pública informó que esa mañana, “elementos de la Policía Federal quienes realizaban trabajos de investigación se trasladaron para realizar el aseguramiento de probables responsables vinculados con el delito de tráfico de droga, en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al verse rodeados por la Policía Federal, se realizaron disparos con arma de fuego contra los efectivos federales”.

Posteriormente, Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, dio una conferencia de prensa en la que mostró una reconstrucción de los hechos ocurridos, a partir de algunos de los videos del sistema de vigilancia del AICM.

En aquella ocasión, Cárdenas Palomino aseguró que “la evidencia muestra que en el lugar de los hechos las cámaras de videovigilancia que debían registrar lo que estaba sucediendo fueron orientadas a otro lugar cuando la referencia pública de los testigos de manera abierta observaban hacia donde se estaba suscitando el incidente”.

Sin embargo, el AICM emitió un comunicado en el que detalló los dichos de Cárdenas Palomino, al apuntar que “es precisamente esta cámara la que detectó a los dos agresores en su huida de la zona de restaurantes. Cabe recordar que inmediatamente después de los acontecimientos, el AICM entregó los videos correspondientes a la PGR, la entrega realizada contiene horas de grabación de al menos 15 cámaras que permiten reconstruir la parte central de los hechos”.

La Policía Federal difundió ante los medios los nombres de tres presuntos responsables de lo ocurrido, a quienes calificó como “traidores”. Entre ellos se encuentra Bogard Felipe Lugo de León, a quien detuvieron y presentaron el 15 de julio como el coordinador del trasiego de drogas en el aeropuerto.

No obstante los señalamientos de la PF ante los medios, “la PGR sólo lo acusó ante un juez de posesión de cartuchos y encubrir a los dos homicidas de los agentes”, informó el diario Reforma en su edición del 24 de agosto.

El diario capitalino señaló que “Víctor Ausencio Romero, juez noveno de distrito en procesos penales federales del DF, dictó auto de formal prisión al inculpado por posesión de cartuchos y delitos de servidores públicos en la modalidad de favorecer a alguien para sustraerse de la acción de la justicia, según la causa 65/2012, informaron fuentes judiciales (…). Sin embargo, la PGR no acusó al ex agente por esos delitos ni por el homicidio de los federales, sino por los cargos mencionados, que no son de gravedad”.3

Tal como ocurrió en el caso Lazcano, el tiroteo entre elementos federales y lo informado por la SSP arrojó más preguntas que respuestas.

Otro de los escándalos en que las autoridades han quedado evidenciadas por su incapacidad es el que protagonizó la Marina con la supuesta detención de un hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán.

El 21 de junio, elementos de la Semar presentaron a Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, al primero identificaron como José Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante más buscado por el gobierno.

Sin embargo, horas después de la presentación comenzó a circular la especie de que el detenido no era hijo de “El Chapo”, sino de un joven oriundo de Durango. En redes sociales comenzó a circular la fotografía de una licencia de conducir de Félix Beltrán León; a la par que sus familiares comenzaron a ser entrevistados por varios medios, pidiendo que fuera aclarada la confusión.

Fue la PGR la encargada de desmentir a la Marina, y de informar que la identificación errónea se realizó a partir de datos otorgados por la DEA. “El establecimiento inicial de la presunta identidad del primero de los mencionados incorpora las tareas identificatorias realizadas por distintas instancias de Estados Unidos, con las que se tiene sistemático intercambio de información para el combate a las organizaciones criminales”, detalló la dependencia que¡ encabeza Marisela Morales, en el primero de dos comunicados que emitió el viernes 22 de junio.

En un segundo comunicado, la procuraduría señaló que realizaría las investigaciones pertinentes para determinar si los dos detenidos tienen alguna responsabilidad penal. Actualmente ambos se encuentran bajo arraigo.

Otro de los episodios más polémicos de este año, protagonizado también por las áreas de seguridad del gobierno federal, tuvo lugar el 24 de agosto en el tramo carretero Tres Marías – Huitzilac, cuando un vehículo diplomático fue baleado por elementos de la Policía Federal. En la unidad viajaban dos ciudadanos estadounidenses y un elemento de la Marina.

La primera versión oficial de los hechos fue dada a conocer en un comunicado conjunto de la SSP y la Semar. De acuerdo a dicho boletín, los hechos se registraron cuando la camioneta con matrícula diplomática se dirigía “a una visita a instalaciones de la Armada de México en el cerro de El Capulín, Municipio de Xalatlaco, (donde) fueron alcanzados, al ingresar en un camino de terracería aproximadamente a 4 km de la carretera libre México- Cuernavaca, por un vehículo cuyos tripulantes les mostraron armas de fuego por lo que el conductor del vehículo diplomático, maniobró para evadirse y reingresar a la carretera, momento en el cual los tripulantes del vehículo agresor abrieron fuego sobre el vehículo diplomático”.

A decir de las autoridades todo se habría debido a una confusión, pues los miembros de la PF investigaban un secuestro que había ocurrido en las inmediaciones; sin embargo, los días posteriores a la agresión en Tres Marías, varios medios recogieron versiones de elementos de la Marina, que calificaban el hecho como un ataque. El propio gobierno de Estados Unidos calificó el hecho como “una emboscada”.

El 28 de septiembre, La Jornada publicó una versión que permeó en varios espacios noticiones: “La hipótesis que indaga el gobierno de Estados Unidos sobre el ataque que sufrió una camioneta de su embajada en México el pasado 24 de agosto en Tres Marías refiere que los agresores pertenecen al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y el propósito era ejecutar a los dos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) que viajaban en el vehículo, revelaron fuentes nacionales y de la sede diplomática”, recogió una nota del reportero Alberto Méndez.4

Hasta la fecha, la confusión no ha sido del todo aclarada; 12 elementos de la Policía Federal son investigados por la PGR, sin embargo no se ha aclarado si son todos ellos quienes participaron en los hechos de Tres Marías

Aumentaron los delitos

Más allá de los escándalos mediáticos, las cifras evidencian la insuficiencia de la estrategia del gobierno de Calderón para hacer frente a la delincuencia.

Durante este sexenio del Presidente, el índice delictivo aumentó. Las cifras indican que delitos de alto impacto como el secuestro y homicidio tuvieron incrementos considerables.

En 2006, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron un millón 471 mil 101 denuncias por delitos del fuero común; en tanto que en 2011, la cifra aumentó a un millón 694 mil 328.

Esto representa un incremento de 15.17% desde que inició la gestión de Calderón.

En el caso del secuestro se pasó de 733 casos a mil 344; en tanto que el homicidio ascendió de 27 mil 552 a 37 mil 409. Si bien es cierto que ambos ilícitos son del fuero común y es responsabilidad de los gobiernos estatales hacerles frente, la llamada “guerra contra el narcotráfico” que Felipe Calderón inició con la incursión del Ejército en varias entidades, agravó la situación, generando más violencia.

Notas:

1 Conferencia de prensa realizada el 11 de octubre de 2012.

2 “El Lazca”, más buscado muerto que en vida, http://www.unionjalisco.mx/nota/el-lazca-es-mas-buscado-muerto-que-en-vida

3 “Pasa de narcopolicía a delincuente menor”, en Reforma, 24de agosto 2012

4 “EU considera que el cártel de los Beltrán Leyva perpetró emboscada en Tres Marías”, en La Jornada, 28 de septiembre 2012

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