Fernando Batista Jiménez

Esclavitud en el siglo XXI

El 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el marco de la Guerra de Independencia, el jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla, expidió el “Decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado”, en que se declara abolida la esclavitud.

A más de doscientos años de esta declaración, la esclavitud en nuestro país es una lamentable realidad que se llama Trata de Personas.

La Trata es un delito -tipificado en todos los códigos penales estatales- que atenta contra el fundamento mismo de todos los derechos humanos inherentes a la persona: la dignidad. Se cosifica al ser humano para explotarlo en diversas formas, con lo que se vulneran sus derechos a la libertad, integridad y seguridad personal, así como al libre desarrollo de la personalidad.

Según la Oficina de Monitoreo y Combate a la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2010, 12.3 millones de personas resultaron víctimas de explotación sexual, laboral y otras formas de Trata en todo el mundo, más de la mitad mujeres y niñas. De acuerdo a datos de la OCDE esto se traduce en ganancias de hasta 32 millones de dólares para los tratantes, constituyéndose como el tercer lugar entre las actividades más lucrativas del mundo para el crimen organizado, después del tráfico de armas y estupefacientes.

Por el daño que provoca a las personas, la herida que representa para el tejido social y en aras del ideal del bien común y respeto al Estado de derecho, es que nuestro Ombudsman Nacional ha insistido en la necesidad de abordar esa problemática desde una perspectiva integral, con base en cada uno de los eslabones que conforman esta cadena devastadora, a saber: las víctimas, las víctimas potenciales, los consumidores, los testigos y los tratantes.

Es así que desde que inició en su encargo como máximo defensor de los derechos humanos en México, el doctor Plascencia ha impulsado tanto acciones concretas para la atención a las víctimas actuales de este flagelo social, como medidas preventivas para alertar a las víctimas potenciales, campañas que buscan hacer visible la Trata, a la par que desalentar el consumo y promover la denuncia, sin dejar de señalar la problemática relacionada con la impunidad que impera en un importante número de casos, derivado de la disparidad normativa en lo que a la tipificación de este delito se refiere.

A través de 13 Comités Regionales contra la Trata de Personas, ubicados a lo largo y ancho del país y conformados por autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, así como órganos públicos de Derechos Humanos, representantes de pueblos y comunidades indígenas, instituciones académicas y religiosas, organismos internacionales, entre otros, el Defensor del Pueblo ha impulsado la implementación de políticas públicas diversas en materia de prevención y persecución de este delito, así como para la atención a sus víctimas.

Ejemplo de ello es el trabajo continuo que desde estos Comités se lleva a cabo con actores clave en las distintas entidades de la República, brindándoles herramientas para que impulsen una efectiva y pronta homologación de la legislación, con el objetivo de contar con un marco jurídico adecuado, atendiendo la definición del tipo penal, la determinación de las penas, la coordinación de las autoridades encargadas de combatir el delito, así como la atención, protección y asistencia a las víctimas. Es así que, a la fecha, al menos 18 estados cuentan con una ley especial en la materia y más de 15 mil servidores públicos y otros actores han sido capacitados para enfrentar este flagelo.

Finalmente, dado que el delito de la Trata de Personas con frecuencia rebasa fronteras, los participantes en el XV Congreso y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), celebrada el 27 de octubre de 2010, en Cartagena de Indias, Colombia, aprobaron, por unanimidad, la propuesta del doctor Plascencia para instrumentar el “Observatorio Iberoamericano en Materia de Migración y Trata de Personas”, a través del cual todos los Ombudsman integrantes de la FIO podrán aportar y consultar información que finalmente derive en acciones puntuales para el combate y prevención de este ilícito a nivel internacional.

No podemos tolerar que los ideales de libertad plasmados en ese histórico y solemne documento del 6 de diciembre de 1810, con motivo de nuestra Independencia, continúen en letra muerta, por el contrario, debemos trabajar para que se constituyan en una realidad, en beneficio de la dignidad de las personas, tarea que corresponde a todos.

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