Joyeria de plata mexicana para cautivar
Cinque Terre

Carlos Sotelo

Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República

Es urgente cerrar la brecha digital

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen uno de los mayores desafíos para nuestro país y ofrecen también la mayor opción para el desarrollo de este siglo. Han penetrado las relaciones sociales de un modo tan acelerado, que están produciendo una auténtica revolución de la información, similar a la que en su momento fue la revolución industrial: pueden transformar por completo nuestra idea de sociedad y de las estructuras que la conforman.

El acceso a las TICs, en particular de banda ancha, son elementos centrales para el desarrollo de las sociedades y las economías modernas, ya que condicionan la competitividad y la inclusión social. Ofrecen nuevos medios de expresión, comunicación, formación, acceso al saber y a las riquezas culturales y materiales. Facilitan una participación más activa en la vida social y cultural, al tiempo que permiten acceder a un mayor número de opciones en cuanto a bienes y servicios.

Por efecto de las nuevas tecnologías se están transformando numerosos aspectos de la vida económica, por ejemplo, los métodos y las relaciones de trabajo y la organización de las empresas. De la misma manera, se producen importantes incrementos en la productividad industrial y en la calidad y el rendimiento de los servicios. Además, también pueden utilizarse para alcanzar metas de desarrollo social. El proceso de digitalización resulta fundamental para elevar los estándares educativos y mejorar mecanismos de aprendizaje, los objetivos de la educación y, en general, el modo en que las personas se comunican entre sí.

De acuerdo con el estudio Necesidad de Despliegue de una Nueva Red de Banda Ancha en México, la importancia económica de la provisión de la banda ancha radica en ser una herramienta poderosa que permite generar nuevas oportunidades sociales. Según la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, para los individuos la banda ancha sirve como plataforma fundamental de educación, capacitación e información para su bienestar, independientemente de su localidad o entorno socioeconómico; para las empresas de todos los tamaños es una plataforma que facilita la innovación, reduce costos y permite el acceso a los mercados; y para los gobiernos, ayuda a mejorar su eficiencia, su capacidad de respuesta y su rendición de cuentas.

No contar con una amplia difusión y uso de la banda ancha tiene impactos adversos significativos. Por ejemplo, los estudiantes que no acceden a ese medio están en una creciente desventaja; los trabajadores enfrentan dificultades para capacitarse y encontrar trabajo. El no contar con este medio, además, limita la información médica, las opciones y cuidados de los pacientes dado que la información y mejores prácticas para ello se encuentra crecientemente en Internet. También la banda ancha fortalece el derecho a la información al permitir al ciudadano allegarse de información con facilidad y oportunidad para una mejor toma de decisiones. Asimismo, le ayuda a expresarse y facilita su participación en la formación de la opinión pública, convirtiéndolo en actor de los procesos democráticos. La banda ancha es, por tanto, una herramienta que enriquece la democracia con una mayor participación ciudadana.

El problema crucial que plantea la sociedad de la información en el ámbito de los derechos, es el relativo a la desintegración social y la oposición de quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no. En el futuro podrían existir diferentes modelos de sociedad de la información, como ahora hay diferentes modelos de sociedades industrializadas. Es posible que difieran en el grado en el que evitan la exclusión social y en la creación de nuevas oportunidades para los menos afortunados. A menos de que se instrumenten de inmediato políticas públicas, estrategias y proyectos concretos a nivel nacional, las crecientes disparidades entre quienes están conectados a la “supercarretera de la información” y quienes no; entre los ricos y los pobres; los que viven en áreas urbanas o en rurales; los analfabetos informáticos y los que sí saben manejar una computadora y “navegar”, tendrán a largo plazo repercusiones negativas que podrían ser enormemente destructivas para la vida política, económica y cultural de un gran sector de la población de nuestro país.

La obligación del Estado de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida pública adquiere una nueva dimensión. La difusión de las nuevas tecnologías aporta oportunidades nuevas para construir una sociedad más igualitaria y participativa. Evitar la exclusión de parte de la población constituye el reto más importante. El acceso universal a las nuevas tecnologías y, en especial a la banda ancha, debe situarse como un tema prioritario de la agenda nacional. Es urgente cerrar la brecha digital, en particular en banda ancha. En la medida en que crece la relevancia de esta tecnología se profundizan nuevas formas de exclusión social. La falta de acceso universal en México a esta herramienta genera otras brechas en áreas como la producción, la innovación, la educación y la salud, entre otras.

Esto es aun más preocupante al comprobar que otras naciones de la región, incluso no industrializadas, incorporan rápidamente estas nuevas tecnologías. Mientras, en México se posponen y no instrumentan políticas públicas tendientes al desarrollo de la banda ancha. Las estadísticas son contundentes. México es el décimo primer país más poblado del planeta y el tercero de América y ocupa el decimosegundo lugar por su contribución al crecimiento de la población mundial. No obstante, la eficiencia y velocidad de la adopción de tecnologías de la información y comunicación ha sido reprobada año con año por el Foro Económico Mundial. México bajó 11 posiciones en el ranking mundial en el uso de nuevas tecnologías, según el Informe Global de Tecnologías de la Información (TI). Se ubica en el lugar 78, abajo de Uruguay (57), Panamá (58), Colombia (60), Brasil (61), Jamaica (66) y República Dominicana (74), de entre un total de 133 países.

De acuerdo con las cifras del Estudio 2010 de Hábitos de Usuarios en Internet de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en 2009 el número de usuarios en el país creció de 27.6 a 30.6 millones, comparado con el año anterior, incremento impulsado por los sectores sociales de poder económico. En un año, el segmento de usuarios de mayor ingreso (A, B y C ) pasó de 37% a 39%.

Pero en el mismo periodo el porcentaje de los usuarios con menores ingresos (E) retrocedió de 15% a 12%. La tecnología se limita a la población urbana, la cantidad de internautas de zonas urbanas continúa creciendo mientras que la de zonas rurales prácticamente se mantuvo sin cambios. Según el Estudio 2009, 22.7% de los 27.6 millones de internautas vivían en zonas urbanas, mientras que la edición de este año destaca que dicho segmento aumentó casi tres millones. Sin embargo, según el Estudio 2010 son 5 millones los internautas que viven en zonas rurales, apenas 100 mil más que el año anterior. El último estudio presentado por la Amipci además refleja la desaceleración del crecimiento de internautas en México. De 2007 a 2008, se añadieron 4 millones de personas que tienen acceso a Internet, pero de 2008 a 2009 sólo fueron 3 millones.

“La banda ancha es una herramienta que enriquece la democracia”

Las cifras del INEGI tampoco son optimistas. Según el documento Estadísticas a propósito del día mundial de internet, entre marzo de 2008 y 2009 el número de internautas en el país alcanzó los 27.2 millones, 18.3% más que los 22.34 millones registrados durante 2008. El Instituto también encontró que únicamente dos de cada cinco hogares cuentan con computadora y conexión a la red y que esta cifra es extensa porque incluye a las personas que hacen uso de por lo menos alguno de los servicios de Internet. Según el organismo, esta cifra representa poco menos de 30% del total de la población. Del rango de usuarios de Internet 77.3% son mexicanos con menos de 35 años y cerca de 92% acceden a la red por lo menos una vez a la semana, mientras que 27% lo hace a diario.

A pesar del crecimiento, el INEGI subraya que la brecha digital entre quienes acceden a Internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un rezago para México, pues 54% de los mexicanos hacen uso de la web fuera de sus hogares. El INEGI reconoce que en el último año los hogares mexicanos con computadora y acceso a Internet crecieron a una tasa de 17%, al compararse con 2008 aunque, a juzgar por las cifras de la Amipci, se trata el segmento de mayores ingresos.

Respecto al número de computadoras personales, con relación a los países de la OCDE, México se mantuvo en el penúltimo lugar con 10.7 computadoras por cada 100 habitantes (8.2 fue la cifra del año previo), sólo por arriba de Turquía que registró una tasa de 5.1%. Con relación a otros países latinoamericanos, Chile se ubicó por encima de México con una tasa de 13.9. Al analizar los resultados del número de páginas de Internet por cada 10 mil habitantes, México ocupó el penúltimo lugar, con una tasa de 145.2 contra el 65.6 de Turquía.

En cuanto a los servicios de banda ancha, México se encuentra igualmente en enorme desventaja respecto a los 30 países de la OCDE: último lugar, en penetración de banda ancha fija por habitante; lugar 29°, en penetración de banda ancha fija por hogar; lugar 29°, en penetración de servicios móviles 3G; lugar 26°, en penetración de hogares hotspots WIFI; último lugar, en velocidad promedio-Mbps de recepción; último lugar, en velocidad promedio-Mbps de envío; lugar 29°, en latencia promedio; último lugar, en velocidad máxima ofrecida por el principal proveedor; último lugar, en velocidad promedio de las ofertas del mayor proveedor; último lugar, en precio por servicio de baja velocidad (256kbps-2Mbps lugar 27°, en precio por servicio de velocidad media (2.5-10Mbps). La conclusión es clara, México carece de un plan digital o una estrategia políticamente aceptada para fomentar las TICs en los diferentes sectores de la población.

Debido al impacto de la banda ancha en el desarrollo económico y social, en diversos países se han puesto en marcha planes nacionales para estimular su crecimiento en el marco de políticas de reactivación frente a la crisis económica mundial. En cambio, hasta la fecha, en nuestro país no existen una agenda digital o plan nacional de nuevas tecnologías. Pareciera que aun reconociendo la

vital importancia de las TICs, desde el Ejecutivo existe incapacidad o falta de voluntad política para formular un ordenamiento o priorización adecuada de sus políticas y llevarlas a cabo. Así por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 señala como objetivo primordial en materia de telecomunicaciones y transporte incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, y más aún establece como meta para el 2012 que México se ubique entre los 30 países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial. A su vez, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes fija una meta de penetración del servicio de Banda Ancha del 22% para 2012.

Sin embargo, la pasividad del Ejecutivo en el sector, la falta de instrumentación de verdaderas políticas públicas para el desarrollo de la banda ancha, determinará que dichos objetivos sólo queden en buenos deseos. Según las comparaciones internacionales, de seguir la lenta dinámica de desarrollo de los servicios de banda ancha se ampliará el rezago con respecto a otras economías, lo que reduciría aún más la competitividad del país. Esto es independiente de que la meta de alcanzar una penetración del 22% en el 2012 establecida por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo no se cumpla; como lo sugieren las agencias especializadas las cuales estiman se llegará a una penetración del 16% en ese año de acuerdo a las tendencias actuales (Merrill Lynch Global Wireline Matrix 2009). Lo más grave es que si se toman en cuenta las estimaciones del impacto de la penetración de banda ancha en el crecimiento económico reportadas por el Banco Mundial (2009), la posible diferencia de 6 puntos porcentuales entre la meta del gobierno y la estimación de penetración para el 2012, representaría alrededor de 0.8% de crecimiento de la economía que no se observaría en ese año.

Ante esta situación, la existencia tanto de amenazas como de oportunidades en la transición a una sociedad de la información subraya la necesidad de crear garantías normativas que obliguen al Estado a desarrollar políticas públicas que guíen el proceso al resultado deseado. Es necesario reconocer en el texto de nuestra Constitución el acceso universal a la banda ancha y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como un derecho fundamental de toda persona. A partir de este nuevo estatuto legal, el Estado estaría obligado a garantizar el acceso y promover un uso significativo de las nuevas tecnologías y de la banda ancha con un énfasis social a lo largo y ancho de todo el territorio, poniendo en marcha políticas públicas eficaces integrales de subsidio a la demanda orientada a los hogares de más bajos ingresos y perfeccionando los instrumentos de subsidio a la oferta actualmente en aplicación.

Las nuevas tecnologías requieren que el uso de la banda ancha se generalice para alcanzar efectivamente todo su potencial. Internet es ya un medio de comunicación y de relación social fundamental y, a la vez, un soporte tecnológico básico de la actividad económica y financiera global. Por eso, la universalización del acceso a la banda ancha debe instituirse como derecho fundamental de las personas. Así, se establecería una salvaguarda jurídica en la Carta Magna para garantizar la cohesión de la nueva sociedad, evitando uno de los principales riesgos de la sociedad de la información, que radica en la creación de una “sociedad de dos velocidades”, en la que una parte de la población tenga acceso a las nuevas tecnologías, la maneje con soltura y goce plenamente de sus beneficios, mientras que otra parte quede absolutamente excluida. Brecha capaz de ahondar el abismo social que separa a regiones y ciudadanos de nuestro país. En principio, debe reconocerse que el mercado es insuficiente para masificar el acceso y que es imprescindible la intervención del Estado mediante políticas de universalización del servicio que se articulen bajo una estrategia integral que abarque redes e infraestructura, capacidades, contenidos y aplicaciones.

Dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida sólo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales al interior de nuestra sociedad, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar la distancia entre pobres y ricos. El mercado reacciona frente a las demandas que vienen apoyadas por potencial adquisitivo y así la enorme oferta de nuevos productos destinados al ocio, pero por su propia forma de actuación no puede tener la misma sensibilidad para enfocarse a la solución de cuestiones sociales. Hacer de las TICs un instrumento al servicio del desarrollo humano exigirá un compromiso político decidido y universal que garantice las suficientes inversiones públicas y cambio de las reglas de juego a fin de crear y diseminar ampliamente las innovaciones. Las políticas públicas deben enfocarse en la construcción de la infraestructura necesaria y asegurar las condiciones para ampliar el acceso, particularmente a los grupos más vulnerables. También deben resguardar que el ancho de banda sea lo suficientemente amplio para el uso de las aplicaciones sin dificultades. Además, deben apuntar a que la población tenga las habilidades para participar activamente de la sociedad digital y generar las complementariedades con el conjunto de la economía y los sectores sociales para alcanzar sus beneficios.

Han surgido nuevos derechos fundamentales como consecuencia de la aparición de otras formas de agresión al sistema de derechos humanos. Las profundas trasformaciones sociales, la expresión abrupta de conflictos de intereses entre los sectores involucrados y las riesgosas manipulaciones en áreas de lo público y de lo íntimo, que provocan las tecnologías de la información y las comunicaciones, abren camino para el gran desafío del derecho constitucional en el siglo XXI: el desarrollo y proceso de positivación de nuevas categorías de derechos fundamentales, así como la adecuación de las ya existentes de la primera, segunda y tercera generaciones, al entorno de la sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, el advenimiento de la cuarta generación de los derechos humanos, que garantizarán el nuevo status del individuo de la sociedad digital, y en los que la universalización del acceso a las TICs, la libertad de expresión en la red y la libre distribución de la información y conocimiento.

Si los derechos humanos de la primera generación se soportan axiológicamente a partir de la necesidad existencial del ser humano como ser racional en lo privado, primero, y en lo público luego, los de segunda generación se basan en la necesidad del desenvolvimiento de éste en los marcos sociales y económicos de una sociedad determinada; y los de tercera generación se explican en la inefable prioridad del mantenimiento y subsistencia de la raza humana como tal; los de la cuarta generación deben sustentarse en la necesidad de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de información y comunicación, fomentar el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, con el objetivo de que la sociedad de la información se oriente a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes, evite la aparición de nuevas formas de exclusión y se transforme en una fuerza positiva para todos los habitantes del país.

“El acceso universal a la banda ancha debe situarse como

un tema prioritario de la agenda nacional”

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