Cinque Terre

Daniel Iván

Miembro del equipo de Gestión y Formación de AMARC-México. Presidente de La Voladora Comunicación A.C. www.danielivan.com.

Entre la libertad y el gasto público

Una de las más efectivas y recurrentes formas de cuestionar a un Estado no totalitario -donde los haya- se revela en la idea de la transparencia; particularmente en la administración de los fondos públicos. Aunque se ha querido limitar esa idea al nebuloso concepto de “rendición de cuentas” (que pareciera más un afán porque las matemáticas cuadren) lo cierto es que la transparencia alude a temas tan complejos como los procedimientos de licitación, los criterios de selección de prioridades de gasto, la eficacia de los bienes y servicios obtenidos a través de ese gasto, y un largo etcétera. Dejando de lado y por sentado el interés de saber si alguien nos está robando (que, desafortunadamente, es la idea más asociada con el concepto) la transparencia se ciñe a dos de los más básicos deberes de los ciudadanos: vigilar que el Estado está usando la riqueza común para el bien común y el de garantizar que los ciudadanos contamos con información vasta y suficiente para evaluar y cuestionar el trabajo del Estado y de sus diversas instituciones, a las que les pagamos para que nos sirvan.

El año pasado La Voladora Radio (de Amecameca, Estado de México) solicitó a la Secretaría de Salud que la considerara para la transmisión pagada de las campañas con las que esa secretaría cumple con su obligación de mantener informada a la ciudadanía; considerando la naturaleza comunitaria de esta radiodifusora y el que la radio ya transmitía de manera gratuita y voluntaria varias de las campañas, la solicitud no parecía demasiado descabellada. Considerando además las fuertes erogaciones que esa y muchas otras secretarías de Estado realizan a favor de las grandes corporaciones mediáticas del país, el que una pequeña radiodifusora comunitaria aspirara a recibir el mismo trato podría parecer ingenuo, pero eso no lo hace menos justo. La Secretaría de Salud, empero, envió una negativa que, enunciada como estaba, parecía decir lo contrario: parece justo, pero eso no lo hace menos ingenuo.

Entre otras apreciaciones con las que la Secretaría de Salud justificaba su negativa, estaban la de que la Secretaría, para difundir sus contenidos, “invariablemente busca medios de amplia cobertura” (víctimas, aparentemente, de la cuestionable matemática del rating que considera que La Voladora “se trata de una radiodifusora comunitaria, que no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos” (se imaginarán que las radios comunitarias sólo las escuchan personas que no necesitan los servicios que la Secretaría tiene para ofrecer ni la información que es su obligación darles; o que, por ser en su imaginario “pocos”, no vale la pena ocuparse de ellos y, finalmente, la subjetiva apreciación de que La Voladora Radio “aunque cuenta con registro, se encuentra en etapa de proyecto” (lo que supone que aunque el estado mexicano reconoce con una licencia que La Voladora Radio funciona como medio de comunicación electrónico -función que, por cierto, no emana de la licencia-, una de sus secretarías ha decidido, por sus pistolas diría mi abuela, no reconocerla). Una respuesta así no deja de ser “normal” si se comprende que la publicidad oficial es una de las herramientas más efectivas -no por ello menos cuestionadas- de control sobre los medios de comunicación y, al mismo tiempo, una poderosa moneda de cambio cuando se quiere negociar con los medios y su poder. Tampoco deja de ser “normal” en un momento en el que el Estado parece determinado a llevar a la radiodifusión comunitaria a una precarización extrema. Una respuesta así, pues, plantea un problema de transparencia y de derecho a la información, además de varios dilemas éticos. ¿Tiene la Secretaría de Salud facultades para pasar por alto su obligación de contratar de manera equitativa los espacios en los medios para evitar favorecer a unos en detrimento de otros, como lo señala la normativa y lo obliga la más básica de las éticas? ¿Tiene el Estado derecho a gastar los recursos comunes y públicos “invariablemente en medios de amplia cobertura” que son, por supuesto, también los que más concentran el poder económico en cuanto a medios se refiere? ¿Puede una secretaría de Estado excluir a una parte de la población de la información que está obligada a darle, basándose en el criterio de la “clase de medios” que prefieren o están en posibilidades de consumir? Ahora, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso entre La Voladora Radio y la Secretaría de Salud, se abre la posibilidad de dar una respuesta contundente a esas preguntas y, seguramente, a muchas más profundas e interesantes que debatirán los magistrados.

No extrañará, sin embargo, que una respuesta como la de la Secretaría de Salud deje la sensación de una política de Estado. Una política clara de precarización de la radiodifusión comunitaria; el único modelo de radiodifusión del cuadrante mexicano, por cierto, cuya precariedad económica tiene su principal origen ya en una ausencia del Estado: la imposibilidad de contar con una legislación que incluya al modelo, lo reconozca y le otorgue las circunstancias que en justicia le correspondan para su sobrevivencia, su fomento y su crecimiento. Nada que, también en justicia, no le corresponda tener en una legislación a toda persona que haga un trabajo honesto, comunitario, social y voluntario, como el que hacen las radios comunitarias.
Llama a pensar en política de Estado, y como ejemplo muy grave, el reciente operativo que la Cofetel realizó en Radio Xalli, de Xaltepec, Puebla. La emisora cuenta con permiso pero, aún así, un fuerte operativo hizo acto de presencia en la comunidad, confrontó al personal de la radio y les exigió la presentación del título de permiso. Si eso no es un amedrentamiento articulado y claro por parte de la autoridad, habría que darle la explicación de la torpeza; y como gafe es difícil de comprar. Algo muy parecido y no menos grave ocurrió en Paso del Macho, Veracruz, a dónde otro operativo acudió sin razón aparente al lugar donde antes había funcionado una emisora sin licencia -que de hecho fue desmantelada en un operativo previo-. En última instancia, pareciera que el estado mexicano quisiera darle la razón a quienes afirman que obtener una licencia para poner una radio comunitaria es irrelevante, ya que a él no hay legalidad que le valga. Sinceramente, valdría la pena hacer votos porque ése no sea el mensaje.

Vale la pena recordar dos nociones esenciales, que justifican y al mismo tiempo obligan a las radios comunitarias. Como esfuerzos colectivos, éstas responden, en su origen, a la ausencia del Estado de una de sus obligaciones: la de garantizar medios de comunicación que sirvan como herramienta efectiva para el ejercicio de la libertad de expresión. En legislaciones postergadas, en radios públicas que funcionan como radios de Estado, en la pérdida de la noción esencial de la comunicación y de la información como asuntos de verdadero carácter social y humano, el Estado se ausenta; y las radios comunitarias son, por pequeña que parezca y hasta el momento, la respuesta más articulada ante esa ausencia. No le quitan nada a nadie; por el contrario, reconstruyen un espacio perdido: el de la comunicación como una posibilidad real para todas las personas.

La otra noción, y probablemente la que es más básica en estos momentos, es que no sólo estamos hablando de transparencia, de derecho a la información, de gasto público y leyes. De hecho, estamos hablando de libertad de expresión, del derecho a reunirse y organizarse, de esfuerzos colectivos; de libertades. Mirando la historia presente de nuestro país, se antoja pensar que no hay momento más pertinente que éste para pensar en libertades. Y particularmente en defenderlas.

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