Fernando Batista Jiménez

En la pobreza, 46.2% de mexicanos

En su informe 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, (CONEVAL)1 anunció que, para ese año, el porcentaje de población en México que dispone de ingresos inferiores a la línea de bienestar aumentó de 49.0% a 52.0% entre 2008 y 2010, considerando que en agosto de ese año el valor de la línea de bienestar fue de 2 mil 114 pesos mensuales por persona, en las áreas urbanas y de 1mil 329 pesos en las rurales, y que los valores correspondientes de la línea de bienestar mínimo fueron de 978 pesos y 684 pesos, respectivamente.

De manera que el porcentaje de la población en situación de pobreza, según CONEVAL, esto es el número de personas pobres en nuestro país, pasó de 48.8 millones a 52.0 millones, entendiéndose por pobres aquellos que tienen al menos una carencia social -acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda, calidad y espacios de la vivienda, educación, alimentación- y un ingreso menor a la línea de bienestar.

El porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 44.5% a 46.2%, en tanto que el porcentaje de personas en pobreza extrema -con tres o más carencias sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo- presentó una leve disminución (de 10.6% a 10.4%), lo que significa que para 2010 había en el país 11.7 millones de personas en pobreza extrema.

La pobreza alimentaria aumentó de 18.4% (20.2 millones de personas) a 18.8% (21.2 millones de personas la pobreza de capacidades de 25.3% (27.8 millones de personas) a 26.7% (30.0 millones de personas), y la pobreza de patrimonio de 47.7% (52.3 millones de personas) a 51.3% (57.7 millones de personas). En el Foro 2013 “Políticas públicas para un desarrollo incluyente”, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la participación del subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, informó que de 2010 a 2012, el número de mexicanos en extrema pobreza se incrementó en 1.3 millones, al pasar de 11.7 a 13 millones.2

Estos datos ponen de manifiesto que en nuestro país no se ha registrado, en los últimos años, avance alguno relativo a la garantía de un derecho humano que resulta indispensable para el ejercicio pleno de los demás derechos: el derecho al desarrollo, que se refiere a la prerrogativa de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, junto con su familia, la salud, el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.3

Mucha razón asiste a nuestro ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, en urgir una revisión legislativa integral que adecue y corrija los vacíos, duplicidades y confusiones de nuestro sistema jurídico, a fin de que las autoridades cumplan efectivamente con la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos, ya que, como bien ha señalado, aunque su cumplimiento es obligatorio, los vacíos jurídicos que limitan la efectiva protección a estos derechos son evidentes.4

Por lo que hace a la política pública, el 21 de enero pasado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, signó el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (DOF 22 enero 2013),5 cuyo objeto es implementar una estrategia de inclusión y bienestar social, a partir de la conjunción de esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y los organismos e instituciones internacionales.

Reformar el marco jurídico e implementar las políticas públicas conducentes a garantizar el derecho al desarrollo resultan temas prioritarios sin duda. Pero para que tanto las reformas jurídicas, como la política pública tengan los alcances necesarios que permitan revertir la tendencia a la baja respecto de la garantía de esta prerrogativa fundamental, me parece indispensable dotar a cada acción -legislativa y/o gubernamental- de ese sentido de solidaridad que se ha ido perdiendo en un mundo en el que los individualismos parecen reinar.

La palabra solidaridad proviene del latín soliditas, que expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. La solidaridad puede entenderse entonces como la colaboración mutua entre las personas; como el sentimiento que las mantiene unidas en todo momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles, un recíproco estar unidos y obligados.

Se trata de un concepto estrechamente ligado con el de fraternidad que impulsa a los seres humanos a buscar el bien común, partiendo del principio y de la convicción de que todos somos iguales en dignidad. La solidaridad es, a fin de cuentas, brindar una mano a aquellos que resultan menos favorecidos.

No es de extrañar que la solidaridad se comporte como la base de muchos otros valores humanos o, incluso, de nuestras relaciones sociales más valiosas, como es el caso de la amistad. Nos permite sentirnos unidos a otras personas en una relación que involucra los sentimientos necesarios para mantener el funcionamiento normal de la sociedad.

Además, por tratarse de un acto social, de una acción que permite al ser humano mantener y mantenerse en su naturaleza de ser social, genera ese sentido de pertenencia a un determinado lugar y a cierta nación, manteniendo a los ciudadanos unidos en una causa común para lograr una misma meta, de ahí que el Diccionario de la RAE la defina como la “adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”.

Si el desarrollo nos refiere a un proceso global que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población, sobre la base de una participación activa de las personas y la distribución justa de los beneficios que de éste se derivan, esto implica, lógicamente, la colaboración solidaria de todos, para lo cual es indispensable redescubrir que toda persona goza de una dignidad que le es inherente a su naturaleza humana y, por ende, tiene derecho a gozar de una vida digna y al pleno desarrollo de su personalidad.

La solidaridad viene a ser esa fuerza que nos mueve a olvidarnos de lo nuestro para pensar en los otros. De lo que se trata es de pensar en los demás como si fueran otros yo, pues no vivimos aislados. Brindar una mano a aquellos que resultan menos favorecidos debe entenderse y -más qu todo vivirse- como ese gustoso deber al que hace referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 29: “Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.

Redescubrir el sentido de la solidaridad solo tendrá vigencia cuando los miembros de la sociedad nos reconozcamos unos a otros como personas y en la medida en la que cada persona se sienta responsable de los demás, especialmente de los más débiles

Notas:

1 http://internet.coneval.gob.mx/informes/Pobreza%202010/

COMUNICADO_PRENSA_MEDICION_DE_POBREZA_2010.pdf

2 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/58e132e4827

a63012a2ed82bbc67e4c4h

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25,

primer párrafo. Cfr., además, Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 1°.

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/

2010/COM_2010_053.pdf

5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013

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