Los medios mexicanos, tanto los escritos como los electrónicos, nos tienen acostumbrados a una selección de temas donde los escándalos y la violencia ocupan mucho más espacio que las discusiones y las investigaciones serias, de fondo. El tema de la mariguana es, precisamente, un ejemplo conspicuo de este mal que deteriora la calidad de la información a la que los mexicanos tenemos acceso.
En general, los asuntos relacionados con las drogas sólo ocupan espacios cuando las autoridades hablan de la guerra sin cuartel contra aquéllos o cuando se da cuenta de un decomiso sustancioso o de la violencia brutal que se genera en torno a su mercado. Pocos, casi inexistentes, son los espacios donde se aborda con seriedad la discusión de fondo de la política de drogas. En general, se da como un hecho universalmente aceptado que la única política posible es la de seguir los lineamientos impuestos por la visión estadounidense del asunto a los organismos internacionales y a la mayoría de los países del mundo.
La visión pretendidamente unánime es que como las drogas son malas, el Estado debe prohibirlas y perseguir con dureza tanto su comercio como su consumo. Ante este supuesto consenso, defendido como una necesidad de seguridad nacional, poco espacio queda para un análisis crítico de la cuestión. ¿Realmente no hay otras opciones para enfrentar la cuestión de las drogas y las adicciones que la estrategia represiva y policíaca? ¿Ha sido la vigente una política exitosa en sus objetivos de reducir las adicciones o, por el contrario, la llamada guerra contra las drogas ha creado más problemas y males sociales que los que pretende corregir? Ésta es una discusión que se antoja realmente pertinente, pero que está prácticamente ausente del debate nacional recogido por los medios de comunicación.
Por ejemplo, entre el 5 y el 9 de diciembre del año pasado, en Nueva Orleáns, se llevó a cabo la International Drug Policy Reform Conference, organizada por la Drug Policy Alliance, una ONG norteamericana que promueve precisamente la discusión crítica de la política estadounidense e internacional frente a las drogas. Ahí participaron diversos grupos de acción y reflexión sobre el tema de las drogas. Desde las madres de los adictos que ven en la política persecutoria una manera de agravar el problema de sus hijos, hasta la organización de policías, fiscales y jueces, la Law Enforcement Against Prohibition, decidida a difundir por todos los Estados Unidos los males que, desde la perspectiva de aquellos encargados de hacer cumplir la ley, ha generado en el tejido social estadounidense la política prohibicionista. Pues de ese debate internacional, en el que participó una notable delegación mexicana, encabezada por la diputada Elsa Conde, de Alternativa Socialdemócrata, los medios mexicanos no registraron prácticamente nada; tal vez sólo el artículo que sobre el tema publiqué al regresar a México en La Crónica.
Ese vacío informativo enmascara el hecho de que en diversos círculos de la sociedad mexicana se debate cada vez con más intensidad el fracaso evidente de la llamada guerra contra el narcotráfico. Tampoco se han convertido en cuestión de debate en los medios, temas como el de la iniciativa que en noviembre pasado presentó la fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata en la Cámara de Diputados para modificar las penas a los consumidores de mariguana y transformarlas en sanciones informativas y educativas, en el sentido del artículo octavo de la Constitución.
De hecho, no sólo los medios, sino también el sistema educativo mexicano, están mucho más orientados a una política de silencio y miedo que de información sobre las drogas y de prevención de las adicciones. Para la visión dominante no existen consumidores de drogas que no sean adictos y la única política imaginable frente a ellos es la de la rehabilitación, con métodos también cuestionados por médicos de distintas especialidades durante la conferencia de Nueva Orleáns. Cuando se habla de drogas se habla de un espacio nebuloso donde se trata por igual a todas las sustancias ilícitas, mientras que se habla con condescendencia de las drogas legales, mercado con sustanciosas ganancias avaladas por el Estado, pero con efectos sobre la salud pública mucho más perjudiciales, cuando menos por sus números, que el de las drogas ilegales.
La mariguana en particular es objeto de un tratamiento dominado por la ignorancia, la desinformación y la doble moral. Conozco a muchos artistas, escritores y políticos que la consumen y no por ello se consideran ni adictos ni necesitados de un programa de rehabilitación. No existen grupos de autoayuda, a la manera de Alcohólicos Anónimos, formados por consumidores de mariguana decididos a dejarla, como sí los hay de consumidores excesivos de otras drogas, como la cocaína o la heroína. Se trata, además, de un producto proveniente de una planta que forma parte del primer paquete de vegetales domesticados por la humanidad, hace unos cinco mil años, y que tiene muchísimos usos eficientes, como la producción de fibras para textiles y usos industriales, la extracción de celulosa para fabricar papel de manera más productiva que la de la madera, la producción de aceites utilizados en cosméticos y otras aplicaciones. Sin embargo, ni siquiera se discute el hecho de que nuestros socios industriales sí producen legalmente cáñamo para usos industriales y nosotros nos limitamos a importarlo, pues en México toda la planta está prohibida, lo cual resulta desde todo punto de vista un absurdo.
La iniciativa que presentó Alternativa, y que apenas llamó la atención en los medios escritos y estuvo ausente en los electrónicos, sobre todo en la televisión, tiene una exposición de motivos muy interesante, donde se explican las razones para proponer el cambio de penas sólo para los consumidores de mariguana y no para todos los consumidores de drogas ilegales. En el documento se analizan detalladamente los datos científicos disponibles sobre los efectos de la mariguana sobre la salud, como por ejemplo, el hecho de que no hay registros de muertes por sobredosis de THC, el ingrediente activo, pues se requerirían cantidades ingentes, imposibles de fumar o ingerir, para matar a una persona. También se establece la historia de la prohibición de la cannabis, mucho más relacionada con intereses económicos que con una preocupación auténtica por la salud.
El fondeo de la iniciativa consiste en crear un sistema de penas que introduzca por primera vez en el Código Penal Federal las sanciones educativas que, sin embargo, existen como papel mojado en la Constitución. El objetivo explícito consiste en alejar a los consumidores de mariguana de los circuitos delictivos asociados al comercio de la droga, pues se incluye la posibilidad de cultivar un número limitado de plantas para el uso personal y se establece una cantidad razonable, dos gramos, para poder ser portada por los consumidores. De esta manera, en lugar de que un joven detenido con un par de cigarros de mota pueda, a discreción del juez, ir a parar a la cárcel hasta por diez meses, sólo será sometido, en la primera ocasión, a una sesión educativa sobre los efectos de la mariguana sobre la
salud y, en caso de reincidencia, además de un curso de más duración se le aplicará una multa. Seguramente muchas madres estarían totalmente de acuerdo con que, en lugar de encarcelar a sus hijos, se les informe y eduque. Esta iniciativa es la primera de un paquete que será seguida por una ley para legalizar y regular los usos industriales del cáñamo, otra para legalizar los usos médicos de la mariguana y una cuarta para garantizar los derechos individuales de los consumidores.
La política del gobierno de Calderón de emprender una guerra sin cuartel contra el crimen organizado con el objetivo declarado de alejar la droga de los niños y jóvenes, deja de lado no sólo el hecho de que los resultados objetivos de ese combate han sido especialmente dañinos para las comunidades donde se ha incrementado la violencia, sino también que la forma más efectiva para acabar con una mafia es, precisamente, sacarla del negocio. Un mercado regulado estrictamente por el Estado sería la forma más efectiva de acabar con el mercado clandestino del que abrevan los narcotraficantes y del que obtienen recursos suficientes para mantener su reto al Estado. Además, si de lo que se trata es de que no le vendan drogas a los niños, entonces es una estrategia mucho más racional quitarle a los delincuentes los incentivos para hacerlo. ¿A quién se le ocurriría ir a regalar drogas adictivas a la escuela si no va a tener consumidores cautivos? Por un lado, los niños bien informados, que saben diferenciar claramente entre las diversas drogas y sus efectos, son menos propensos a convertirse en adictos. En segundo lugar, si existiera un mercado regulado bajo control del Estado, a nadie le convendría tratar de encontrar nuevos consumidores, pues éstos tendrían la posibilidad de acceder de manera mucho más segura a las drogas en un ambiente controlado y salubre.
La política de reducción del daño parece mucho más inteligente que la prohibicionista, pero la discusión está restringida y seguimos a la saga de la idea puritana impuesta por EU. Es hora de abrir el debate.
