En el cúmulo de controversias que han caracterizado los 17 meses del sector de las telecomunicaciones en la administración del presidente Calderón, se suma la del propuesto Reglamento Interior de la SCT que ahora se encuentra en trámite en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La esencia de ese proyecto es la toma del control del sector por una vía u otra. Desde la llegada de Luis Téllez a la SCT ése ha sido el asunto a resolver, pues desde muy temprano en el encargo concluyó que no podía confiar en los comisionados de la Cofetel. En lo técnico, se puede resumir que ese proyecto revierte lo que por ley se otorgó a la Cofetel, a través de las modificaciones de la así llamada Ley Televisa, en materia de radio y la televisión.
Este simple hecho representa el corazón de la propuesta de la SCT y lo hace enarbolando las facultades primigenias del titular de esa dependencia, tal vez sin reparar que al hacerlo se condena a sí mismo a conocer y firmar todos y cada uno de los asuntos mayores y menores de dicho sector, además de que abre la puerta para una ola de posibles amparos por parte del sector privado en tanto no les parezca lo que el secretario resuelva y aleguen que ésa era facultad de la Cofetel.
La Cofemer tiene hoy la bola en su cancha y deberá determinar si concede la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) que solicita la SCT, o si por el contrario la obliga y al hacerlo abre a consulta pública el tema, lo que parecería ser lo más sensato dados los intereses involucrados y lo visceral que es la redacción del reglamento interior. El documento toca también otros factores de peso al trasladar a la SCT facultades de la Cofetel, como son la publicación de Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, lo que choca con las prácticas internacionales en materia, además de crear una tercera ventanilla, como si dos no fueran suficientes, al requerirse de la opinión de Cofetel, de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones (DGPT) y de la intervención del titular de la SCT para resolver asuntos cotidianos del sector.
En lo que toca a la radio y la TV, así como a las telecomunicaciones el proyecto es una pieza de regulación redactada con un objetivo político, que no técnico, Por eso está condenado a modificarse, en el mejor de los casos, y en el peor a ser publicado como está y convertirse en un ejemplo de lo que no se debe de hacer.
