Cinque Terre

Laura Islas Reyes

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Periodista

El precio del silencio

“Aquí el gobierno pretende darte un contrato de publicidad para callarte la boca. El criterio que utiliza el gobierno es el silencio del periodista o el medio. Aquí no es que te compran el anuncio, te compran la conciencia, tu visión como periodista. Y ése es el mayor problema que se está dando en este momento… una sola persona -que no es el secretario de prensa sino el secretario privado- es el que maneja toda la publicidad, el que sabe a quién darle o no y cuánto”.

Las palabras son del periodista hondureño Rodolfo Montalván, y forman parte de los testimonios que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta recabaron para la realización del libro El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina.

En este material se analiza la situación que viven los periodistas de países como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Honduras, Perú y Costa Rica, frente a los abusos cometidos por los gobiernos que utilizan la publicidad oficial como un mecanismo de coacción a los medios que les son críticos.

“Nuestra investigación reveló que muchos gobiernos de la región utilizan sistemáticamente los contratos publicitarios para recompensar o castigar a los medios por sus contenidos, apuntando por lo general a controlar lo que se publica o se emite”.

Además, el trabajo de la ADC y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta señala la indefensión legal en la que se encuentran los periodistas ante este tipo de situaciones, pues no existe una ley que los proteja ante tales abusos.

“Los funcionarios que cometen tales abusos raramente están infringiendo las leyes locales, que en su mayoría permiten una discrecionalidad casi total a la hora de asignar publicidad oficial. No existen normas en los países abarcados por este estudio que prohíban específicamente la discriminación ejercida sobre la base del punto de vista del medio -un riesgo inherente a la asignación de publicidad oficial, que por ello debe ser considerada como diferente a cualquier otro tipo de compra del Estado”.

Este informe pormenoriza en múltiples ejemplos de cómo este tipo de prácticas de censura indirecta han ocurrido en países de Latinoamérica, particularmente porque se trata de naciones que atraviesan transiciones políticas, donde “los gobiernos ya no tienen margen para suprimir por completo la libertad de prensa, pero aún no se encuentran preparados para reconocer el derecho de los medios de comunicación y del público a hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus actos. Y tales métodos se volvieron más efectivos, dado que las formas tradicionales de censura -intimidación física, encarcelamiento ilegal y acoso judicial- concitaron mayor escrutinio y condena internacionales”.

Esta censura indirecta “combina una apariencia de legalidad con métodos claramente ilegales” o, en algunos casos, aprovecha el vacío jurídico que existe en materia. Por ejemplo, en México, el gobierno federal tomó la determinación, a principios de octubre, de no anunciarse en revistas. Esta medida no violenta alguna ley, sin embargo se trata de una decisión política que castiga a medios que han sido particularmente críticos a la administración de Felipe Calderón. El ejemplo más elocuente de esto es la revista Proceso, que este año no fue considerada dentro de la pauta publicitaria del gobierno federal, y que desde el sexenio de Vicente Fox ha sido víctima de un boicot. El mismo caso vive la revista Contralínea.

“Estos abusos financieros no sólo privan a determinados medios de un ingreso muy necesitado, sino que también socavan la competencia justa en el mercado de medios -ya sea por incrementar el ‘costo de libre expresión’ para los medios independientes o por otorgarles una injusta ventaja competitiva a aquellos medios favorables a las autoridades. Los marcos jurídicos de la región están plagados de vacíos legales que permiten a los funcionarios públicos hacer uso de los presupuestos publicitarios para interferir con la libertad de expresión sin estar necesariamente violando la ley. En la mayoría de los países, tales presupuestos aumentaron significativamente -en algunos casos, en forma impresionante- en los últimos años, y la posibilidad potencial de cometer abusos ha crecido con ellos”.

Algunos casos

Kevin Casas, vicepresidente de Costa Rica, y el diputado Fernando Sánchez firman un memorándum dirigido al presidente Óscar Arias, en el que le recomiendan hacer uso de la publicidad oficial para obtener una opinión favorable a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

“(…) es muy importante fortalecer la presencia en la radio (tanto nacional como local) y en los medios rurales escritos, donde tenemos grandes problemas. Hay que poner a funcionar baterías en todos los programas de opinión y mejorar la pauta publicitaria del gobierno en una serie de programas de radio conducidos por gente que tiene toda la disposición de ayudar al gobierno (por ejemplo Javier Rojas, Jaime Peña, etc.)”.

El memorándum se da a conocer el 6 de septiembre de 2007, 12 días después el vicepresidente Casas renuncia, el presidente Arias asegura que dicha “estrategia” nunca se implementó. Sin embargo, periodistas costarricenses denuncian que ese tipo de prácticas continúan.

“Este mecanismo de presión existe y está a disposición de los gobernantes (…) Es una amenaza permanente”, opina Armando González, jefe de redacción del periódico La Nación de Costa Rica.

En Colombia, la situación no es diferente. La responsable de ventas de publicidad de Grupo Latino, que vende espacios en medios como El Tiempo y Radio Caracol, dice que “El contenido editorial influye, a veces en contra y a veces a favor. Si el medio es crítico o da una opinión, en la parte comercial eso puede determinar que las entidades estén contentas o molestas (…) Los funcionarios dicen que no van a pautar porque ‘el periódico acaba de divulgar una información que no es muy contundente’. Te piden que les dejes

un lapso para que ‘baje’ la información y recién empiezan a pautar”.

En Argentina se vive una situación similar a la de México. Algunas de los medios más importantes, como la revista Noticias y el periódico semanal Perfil (publicados por la misma empresa), no reciben publicidad oficial. Ambos han sido particularmente críticos de la administración de los Kirchner.

“Tanto Noticias como Perfil han sido generalmente críticos de la gestión Kirchner. En una conferencia de prensa de julio de 2005, en la que anunció que retiraría los cargos por difamación contra la revista Noticias, el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, admitió que dicha publicación no recibe publicidad oficial debido a ‘una decisión política’.

“Más adelante argumentó que ‘a la revista Noticias y al semanario Perfil (…) no les damos publicidad oficial porque pertenecen a un tipo de periodismo amarillo, sensacionalista con rasgos de extorsión. [Noticias] es un medio que ha cometido errores periodísticos que no ha reconocido'”.

En Chile, algunos gobiernos municipales utilizan los recursos destinados a publicidad oficial para comprar gacetillas o notas favorables en los medios.

“Es parte del negocio con el diario. Pagas por un aviso y ellos te ponen en las páginas sociales gratis. Pagas por un aviso y tienes derecho a una página en los suplementos con cobertura “periodística”. Si eres un anunciante, saldrás en las noticias. Si no eres un anunciante, te ignorarán. El jefe de la oficina comercial le entrega al jefe de información o al director una lista de los anunciantes que pueden mencionarse en las noticias o utilizarse como fuentes”, apunta Juan Vargas, ex jefe de información de La Estrella de Arica, único periódico en esa región.

Estándares internacionales

En septiembre de 2007, la Corte de Argentina resuelve que el gobierno de la provincia de Neuquén violó el derecho a la libertad de expresión del periódico Río Negro, al marginarlo de la pauta publicitaria oficial. Además, ordenó a dichas autoridades poner fin a esa práctica “discriminatoria” y entregar un plan publicitario.

Esta resolución es la primera que hay en materia de publicidad gubernamental en América Latina. La corte argentina fue el primer tribunal el reconocer que los medios necesitan protección legal contra la “asignación arbitraria de la publicidad”.

“En su decisión a favor del periódico, la Corte sostuvo que, si bien no existe un derecho intrínseco a recibir publicidad, el Estado no debe asignar los recursos publicitarios de manera arbitraria, ni debe tener en cuenta el enfoque editorial del medio al decidir tales asignaciones. El tribunal reconoció que la libertad de expresión puede ser violada no sólo por la interferencia directa del gobierno, sino también por la adopción de medidas, tales como las prácticas abusivas en materia de publicidad oficial, que pueden afectar indirectamente la libertad y la independencia editoriales”.

La decisión de las autoridades judiciales de Argentina se basa, en parte, en la Convención Americana de Derechos Humanos que en su artículo 13 dispone que : “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera en su declaración de los principios generales de la libertad de expresión que: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y debe estar expresamente prohibido por la ley (…) Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

En junio de 2006, Uruguay fue sede de un coloquio sobre la libertad de expresión y la publicidad oficial, organizado por Organizaciones No Gubernamentales. A raíz de dicho encuentro, en el que participaron funcionarios del gobierno del presidente Tabaré Vázquez.

A partir de ese coloquio surgieron algunos criterios que, aunque no ha se creado una ley en materia, han sido adoptados por algunos organismos de gobierno. Dentro de dichas consideraciones se encuentran:

Asignaciones equitativas: A partir del cual se asigna a ciertos medios de manera equitativa parte del presupuesto destinado a la publicidad, ya sea para una determinada campaña o durante un periodo de tiempo.

Asignaciones secuenciales: “En este caso, los funcionarios le otorgan un anuncio a cada uno de los diferentes medios de comunicación de manera secuencial, y una vez que todos los medios en cuestión han recibido publicidad, el ciclo vuelve a comenzar”.

Asignaciones para promover el pluralismo: Se asigna publicidad a nuevos medios o medios pequeños, que no tienen la misma fortaleza financiera que los grandes consorcios.

“Mientras que los programas de subsidio estatal pueden ser herramientas eficaces para promover el pluralismo, el propósito de la publicidad oficial es informar al público sobre asuntos importantes del gobierno, una función que no siempre resulta compatible con la necesidad de apoyar a medios pequeños o en dificultades. Además, la decisión acerca de qué medios deben subsidiarse con fondos de los contribuyentes no debería estar en manos de ningún funcionario público en particular, por más bien intencionado que éste sea. Con el objetivo de promover mayor pluralismo en los medios de comunicación, los gobiernos pueden adoptar medidas para asignar publicidad a medios más pequeños, locales, u otros de características específicas, siempre y cuando los medios seleccionados permitan la comunicación eficaz del mensaje de gobierno y el proceso sea justo y transparente”.

Otros mecanismos de censura

Además de la asignación discrecional de la publicidad gubernamental, como premio a medios afines y castigo a los críticos, El precio del silencio identifica otras formas de censura indirecta o sutil.

Algunas de éstas son: la entrega directa de recursos a periodistas, para que éstos expresen una opinión favorable sobre los gobiernos o funcionarios. En noviembre de 2008, etcétera documentó cómo el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours compraba periodistas. A través de información que fue solicitada vía ley de transparencia, etcétera documentó una larga lista de reporteros, columnistas y directores de medios que recibieron dinero del gobierno de Sonora, al mismo tiempo que en sus espacios informativos le dispensaban un trato servil y obsequioso a Bours.

En enero de 2009, etcétera también documentó una situación similar ocurrida en el Congreso de San Luis Potosí, donde se entregan vales de despensa y plumas Mont Blanc a los reporteros de la fuente.

Otros mecanismos de censura es la negativa de acceso a la información pública o discrecionalidad en la entrega de concesiones de radio y televisión o en su refrendo.

Las precarias condiciones en las que trabajan muchos de los periodistas es el campo fértil que encuentra este tipo censura indirecta.

“Periodistas y expertos en medios de toda la región destacan que las presiones indirectas -una multiplicidad de formas de censura ‘sutil’- son particularmente efectivas debido a las precarias condiciones laborales que sufren la mayoría de los periodistas: las oportunidades de trabajo son escasas, muy pocos periodistas tienen contratos que les garanticen estabilidad y condiciones laborales decentes, y los salarios tienden a ser bajos. Además, muchos periodistas son contratados por los gobiernos locales al mismo tiempo que cubren hechos locales, lo que compromete significativamente su independencia”.

El precio del silencio

Muchas de las palabras que recoge el informe de la Asociación por los Derechos Civiles, bien podrían ser pronunciadas por muchos reporteros que trabajan en medios mexicanos. Los vicios y abusos reportados en El precio del silencio son los mismos que de alguna manera vive el periodismo en nuestro país.

Durante los últimos cinco años etcétera ha documentado la discrecionalidad con que el gobierno federal y algunos estatales asignan la publicidad institucional; y cómo estos recursos han favorecido a los grandes consorcios mediáticos (particularmente Televisa y TV Azteca), a la vez que cada vez hay más casos de medios que son víctimas de algún tipo de boicot publicitario por parte de las autoridades. A nivel federal, están los casos de los extintos Monitor y CNI Canal 40, y actualmente Proceso, Contralínea y, en general, todas las revistas.

Ente este tipo de hechos, el precio de las palabras, del periodismo de calidad se encarece y eso siempre irá en detrimento de la salud democrática del país.

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