jueves 28 marzo 2024

El PRD defiende el territorio Telcel

por Marco Levario Turcott

Entre legisladores del PRD circula un documento con las exigencias que Pablo Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo hicieron al gobierno federal en torno al contenido de la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión.

Las pretensiones del PRD: no abordar el bienestar de los usuarios de servicios de telecomunicaciones

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha circulado entre sus legisladores un documento con las exigencias que dice hacer al gobierno federal para “corregir” la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión enviada el lunes 24 de marzo al Congreso de la Unión. Pero este documento no es igual al que Pablo Gómez y Guadalupe Acosta Naranjo, junto con los panistas Santiago Creel y Juan Molinar, entregaron al gobierno federal. etcétera cuenta con ambos mismos que tienen cambios marcados respecto a la iniciativa presidencial. Los dos textos provienen de la actual dirigencia perredista.

Uno de los documentos, en poder de etcétera, demuestra que el principal interés del equipo liderado por Jesús Zambrano, y cuyos representantes para las negociaciones con el gobierno federal son Guadalupe Acosta Naranjo y Pablo Gómez, es mantener artificialmente elevadas las tarifas de los servicios telefónicos y anular cualquier medida que pueda limitar o regular el poder monopólico de Telmex/Telcel.

Incluso ha trascendido que desde la convención que el Grupo Parlamentario del PRD tuvo en Acapulco el pasado 30 de enero, quien los asesora en temas de telecomunicaciones es el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan. Sobre su gestión, varios reportes aluden a que alentó una concentración del operador telefónico, además de varias irregularidades detectadas apenas hace un par de semanas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al ejercicio fiscal 2012. La ASF detectó irregularidades millonarias y triangulación de recursos con universidades públicas a efecto de evadir todo tipo de licitaciones públicas, para luego reenviar los recursos públicos a terceros no vinculados con las instituciones públicas.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones en el país nos cuesta a los mexicanos casi 26 mil millones de dólares al año, lo que equivale al 1.8% del PIB anual del país.

A pesar de estos cobros en exceso y costos de oportunidad para los usuarios de las telecomunicaciones en México, entre los temas que interesan al PRD y que vienen expuestos en el documento, se encuentran:

Fomento a la competencia: La iniciativa de ley contiene un capítulo titulado “De las medidas de fomento a la competencia”, mismo que piden eliminar por completo.

Desagregación: Pretenden que la obligación a Telmex/ Telcel de darle a sus competidores acceso a su red para llegar al usuario final, la cual es propia del preponderante, sea extensiva a todos los operadores, nulificando, en los hechos, cualquier beneficio que esta medida pudiera representar para la competencia.

Interconexión: Buscan eliminar íntegramente las tarifas asimétricas en materia de interconexión; es decir, que todos los operadores paguen y cobren lo mismo, independientemente de sus costos y posición de mercado, suprimiendo en los hechos la regulación de preponderancia para Telmex/ Telcel. Además, pretenden que Telcel siga discriminando al cobrar más a sus competidores de lo que cobra a sus usuarios.

Roaming: También buscan desaparecer la obligación de Telcel de cobrar a sus competidores tarifas de usuario visitante inferiores a las que cobre a sus propios usuarios. Esto significaría, en la práctica, nulificar esta medida clave para promover la competencia, lo que a su vez redundaría en un perjuicio para los usuarios de todas las compañías de servicios móviles competidoras de Telcel.

Zonas sin servicios: Piden otorgar a Telmex la posibilidad de suspender sus servicios en zonas rurales aunque ello significaría dejar incomunicadas a más de 100 mil comunidades que no cuentan con otra alternativa de comunicación, según datos que la propia América Móvil compartió en su más reciente conferencia con analistas e inversionistas, en febrero pasado. Es decir, dejar de prestar servicios en cualquier lugar donde no sea negocio, violentando el derecho constitucional de todos los mexicanos al acceso universal a los servicios públicos de telecomunicaciones.

Gratuidad del must offer y must carry: Buscan incorporar a la nueva ley de telecomunicaciones una serie de procedimientos para diluir las sanciones que la Constitución prevé para el preponderante en telecomunicaciones (Telmex) que se beneficie de la gratuidad de las señales radiodifundidas, es decir, las que transmite Televisa, TV Azteca y Canal 11, entre otras.

El PRD propone eliminar la sanción de revocación de la concesión que establece la Constitución a aquellos agentes preponderantes que se beneficien indirectamente de la regla de gratuidad sugiriendo otorgar “un plazo prudente para que los concesionarios que, en su caso, se ubiquen en alguno de los supuestos identificados por el Instituto, modifiquen o finiquiten las relaciones a que haya lugar”.

Tarifas On Net y Off Net: Quieren eliminar la prohibición para Telcel de discriminar tarifas en función de la red de destino de la llamada. Esta práctica le ha permitido a Telcel depredar a la competencia e incrementar su participación de mercado a más de 70%, a través del “efecto club”. Por realizar esta misma práctica, en 2011 la Comisión Federal de Competencia impuso una multa histórica a Telcel por casi 12 mil millones de pesos, que motivó una serie de compromisos de la empresa para modificar tales conductas anticompetitivas, de lo cual, por cierto, no se han rendido informes públicos de cumplimiento por parte de la autoridad en materia de competencia.

Mientras el PRD pretende acotar la regulación de telecomunicaciones, para la radiodifusión propone medidas más severas en perjuicio de las audiencias y ejemplo de ello es que en términos de propaganda política, propone más que duplicar los tiempos de espoteo gubernamental y de partidos políticos, aumentándolos de 30 minutos a una hora en cada estación de radio y televisión en época no electoral, y a casi dos horas diarias por cada estación de radio y televisión en época electoral.

En su texto, el PRD pide que “los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner al servicio del Estado 60 minutos diarios en forma gratuita distribuidos en forma continua o discontinua…”.

De acuerdo con Gerardo Soria, excomisionado de la Cofetel y actual presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), las exigencias del PRD son contrarias a las mejores prácticas internacionales que en distintos países han logrado construir mercados competidos, beneficiando a los consumidores con servicios de mayor calidad y a precios accesibles.

Fuentes del PRD cercanas a las negociaciones que se han llevado con el gobierno federal señalan que las negociaciones iniciaron unos 10 días antes de que el Presidente de la República enviase su iniciativa al Congreso de la Unión, otorgando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes varios cambios a su proyecto para encontrar terreno común con el PRD. Sin embargo, el grueso de las pretensiones del PRD no fueron aceptadas por el gobierno federal el fin de semana anterior a la presentación de la iniciativa.

Por ello el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, estuvo en condiciones, el mismo día en que el Presidente de la República envío una iniciativa de más de 300 cuartillas, de, apenas 3 horas después de que fuese recibida en el Congreso, convocar a rueda de prensa para criticarla. De hecho, habían amenazado al gobierno con levantarse de las negociaciones si este no aceptaba las demandas perredistas.

Sin embargo, más allá del amago público en realidad el perredismo sigue negociando con el gobierno federal, fuera del Congreso, temas de ajuste para las telecomunicaciones.

La ruta legislativa trazada apunta a que el 25 de abril el Senado esté discutiendo en el Pleno la iniciativa presidencial en telecomunicaciones. En paralelo a esta ruta formal, en la que ha participado la Senadora Alejandra Barrales, continúan las negociaciones copulares. De no llegar a acuerdos es probable que el PRD vote en bloque en contra de la reforma.

Curiosamente, elementos centrales de todo partido de izquierda, como los medios públicos, los medios comunitarios y sociales, el derecho de réplica y otros derechos de las audiencias no aparecen, hasta la redacción de esta nota, como prioridades del PRD. Están concentrados en temas de protección a intereses empresariales y en contra del bienestar de consumidores y audiencias.

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