Jorge Meléndez Preciado

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Periodista

El poder y los periodistas

Dos acontecimientos han sido los importantes en febrero, acerca de los medios y el poder.

1. La forma en que las televisoras hicieron lo que les vino en gana en su relación con el gobierno. Es cierto, para ello utilizaron los resquicios que tiene la ley. Y es que diputados y senadores con tal de no enemistarse con la telecracia, dejaron abiertas rendijas para que ésta utilice las reglas a su conveniencia. Pero además, Televisa y TV Azteca mostraron que pueden agrupar anuncios, dejar de trasmitirlos y hasta ponerse de acuerdo para enfrentarse a todos, incluyendo al público. Eso sí, cuando tienen un negocio jugoso en las manos (partido de la mediocre selección nacional) llegan a un pacto de último hora. Ojalá el IFE hubiera multado ejemplarmente a los hijos de empresarios que únicamente se han enriquecido; vimos que faltó valor a cinco consejeros.

2. Las declaraciones de Carlos Slim acerca de la catástrofe económica que viene, fueron respondidas por los acólitos de Felipe Calderón de manera apresurada y tonta. Lo mismo la candidez de Gustavo Madero que la infladura de cachetes de Héctor Larios, el solipsismo de Germán Martínez (¿puede hacer otra cosa?) que la irritación descomunal del siempre previsible Javier Lozano, al cual el escuchar y recomendar música culta no le sirve de nada; de ahí pal real. Pero cuando Felipe dijo que estamos cerca del infarto por las dificultades en la economía de EU, los mariachis callaron. Estos tigres de papel son igual que los pataboleros aztecas, buenos para la declaración y malos en los resultados.

Lo más preocupante es que continúan los ataques contra informadores. El Grupo Z (gasera de Jesús Alonso Zaragoza que controla la mayoría de ese combustible en el país gracias a Pemex) insistió en mandar detener a Miguel Badillo, director de Contralínea. No logró en esta segunda ocasión el cometido. Además, la valiente Nancy Flores impidió el allanamiento a las instalaciones del quincenario.

La acción se enmarca en el juicio que se lleva a cabo contra Alfredo Rivera por su libro: La Sosa Nostra, disección del emporio levantado por el diputado Gerardo Sosa Castelán. De esa demanda ya se exoneró, afortunadamente, al prologuista, Miguel Ángel Granados Chapa y, asimismo, al editor Porrúa. En éste caso debido a que el dueño de la empresa forma parte de una comisión priista y Gerardo es miembro prominente del mencionado partido (sic tricolor). Pero el asunto es aberrante y luego de 54 meses sigue adelante, lo que muestra la tortuosidad y hasta la incongruencia de la justicia mexicana.

Dos compañeros más que enfrentan una situación parecida son: Eduardo Huchim (Reforma) y Rubén Lara (Rumbos de México), amén de cuatro reporteros. Todo porque a la magistrada, Consuelo Villalobos Ortiz, se le demostró que había incurrido en irregularidades. Curiosamente, también se trató de culpar a Fray Bartolomé, seudónimo de una columna diaria del primer cotidiano mencionado en este párrafo. Al darse cuenta del disparate, exoneraron al místico.

El caso de Badillo es singular. Acumula ocho demandas. Actualmente tiene dos notorias. La ya mencionada del Grupo Z y otra de Oceanografía. En la primera también se involucra a Ana Lilia Pérez (ella recibe constantemente amenazas de muerte en la segunda, además de ambos, estamos Nancy Flores y este tecleador.

En mi caso, al asistir al juzgado, se insistió que Miguel me daba órdenes para escribir lo que libremente pienso. Además, los acusadores se referían una y otra vez a su reportaje; yo aclaraba repetidamente que se trataba de un artículo de opinión basado en información pública y, sobre todo, en una declaración de Manlio Fabio Beltrones.

En todos los casos, empresarios y políticos intentan acallar la información, confunden los géneros periodísticos, no saben a lo que se refieren, ignoran a quién se acusa y hasta mandar practicar, con la aquiescencia del juez, exámenes sicológicos o contabilidades de los periodistas.

Estamos ante una aberración, por lo que tiene razón la abogada Perla Gómez, en México no hay justicia, sino legalidad, y mientras un juicio ordinario lleva ocho meses en promedio, en el caso de Alfredo Rivera va para los cinco años.

Conclusión: hacer un frente plural para que la información sea un bien público y no un botín del poder empresarial y político.

Televisa: voracidad y desafío al Estado
Con un costo unitario por minuto de publicidad al aire de un millón 200 mil pesos, superior a sus más caros horarios, Canal 5 de Televisa transmitió la edición XLIII del Super Bowl de las 17:00 a las 21:00 horas el domingo primero de febrero. Durante la transmisión, en los momentos de mayor audiencia, fueron insertados los spots del IFE y de los partidos PAN, PRI, PRD, PSD y PANAL, con excepción de PT y Convergencia, que fueron transmitidos en los momentos de menor audiencia y pasaron casi desapercibidos.

La transmisión de los spots en tiempos oficiales, con duración de tres minutos, viola lo estipulado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor desde 2008, que en su Capítulo primero, “Del acceso a la radio y televisión”, artículo 55 inciso 2 a la letra señala: “Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas de cada día. En los casos en que una estación o canal transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes indicado, se utilizarán tres minutos por cada hora de transmisión”. Por supuesto, tanto Televisa como TV Azteca transmiten las 24 horas del día y no están sujetos a la transmisión de tres minutos. Y mientras tanto, descontando la duración efectiva de juego del partido de fútbol americano, que es de 60 minutos, Televisa cotizó al menos 180 minutos de publicidad, que a su costo, le significó un embolso cercano a los 216 millones de pesos, mientras decidió arbitrariamente, aglutinar los mensajes del IFE.

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