Mauricio Collado Martínez

Analista político

El poder presidencial

El PRI regresa a la Presidencia de la República, según lo indicado por el conteo rápido del IFE y el famoso PREP. El péndulo de la alternancia ha vuelto a oscilar después de 12 años, regresando a su posición original. Eso me lleva a preguntar: ¿vamos en ruta hacia el pasado?, ¿la elección de Peña Nieto conducirá hacia la consolidación de un liderazgo presidencial moderno y democrático o, por el contrario, nos llevará hacia la restauración del presidencialismo autoritario? Preguntas que me producen inquietud, más cuando a ellas me parece necesario añadir esta objeción: ¿acaso abandonamos el presidencialismo autoritario en el año 2000 o en la docena que le siguió? La alternancia, como una suerte de panacea universal de la democracia, ¿de veras nos liberó del yugo semiabsolutista del poder presidencial? El cambio en la correlación de fuerzas y la aparición del gobierno dividido ¿logró desmontar como por arte de magia el presidencialismo autoritario? Mi opinión es que hubo algunos avances, sobre todo en materia de transparencia gubernamental y rendición de cuentas, pero no se construyó una institución presidencial democrática, ni los dos presidentes panistas que protagonizaron el inicio del siglo XXI mexicano hubieron de caracterizarse por un ejercicio democrático del poder correspondiente. El nepotismo corrupto del primero, que tenía como beneficiario inmediato a su propia esposa y luego a sus hijastros, sumado a la aventura fallida de urdir el desafuero de su principal adversario político para evitar su postulación a las elecciones presidenciales, así como el uso faccioso de los instrumentos de la procuración de la justicia y el abuso cuasi totalitario de la propaganda gubernamental con fines electorales y de legitimación política, por parte del segundo, son solo algunas evidencias de que el viejo Troll de palacio tal vez haya cambiado de vestimenta por un tiempo, pero nada más, sin haber perdido mucho de su siniestra y siempre mal simulada ferocidad y tozudez.

Hubo alternancia y, tal vez hasta cierto giro ideológico -apenas perceptible, creo yo- en las políticas gubernamentales, pero no hubo reforma de Estado: no se rediseñó el poder presidencial, ni en el texto constitucional, ni en las leyes, ni en la práctica. En este último aspecto, por el contrario, los presidentes de la República panistas optaron cómodamente por adaptarse a los viejos modos del priísmo, lo mismo para reproducir relaciones y prácticas corporativistas, que para vincularse corruptamente con diversos poderes fácticos, connotadamente los capitanes de las estructuras monopólicas de los medios de comunicación masiva. A falta de una capacidad de convocatoria para involucrar a los diversos actores políticos en la tarea de reformar auténticamente el poder presidencial, los titulares del ejecutivo de los dos últimos sexenios prefirieron montarse en las viejas estructuras del poder priísta, adaptándose a sus añejas reglas no escritas y a sus tradicionales valores entendidos.

Era ya evidente desde antes de 2000 que la reforma del poder político tenía que pasar no sólo por el ámbito electoral, sino también por la revisión integral del sistema de comunicación política del país. Se había identificado que uno de los pivotes estratégicos de la transformación cívica de la nación estribaba en la construcción de un sistema no monopólico, democrático, de comunicación política que acabara con el abuso de la propaganda gubernamental, que emparejara el espacio público de la comunicación, dando voz con equidad y pluralismo a todas las expresiones sociales y políticas, y que remontara el modelo manipulador de persuasión política basado en un maridaje político-empresarial de tendencias hegemónicas.

No. Los presidentes de la República panistas no nos legaron un nuevo sistema de comunicación política acorde con la construcción de una democracia ciudadana. Hubo algunos cambios sólo en el carril electoral, tendientes a moderar el abuso gubernamental de la propaganda, especialmente en tiempos electorales y a garantizar espacios a los partidos en los medios de comunicación masiva, pero nada que modificara en el fondo la relación entre poder político y poder empresarial. Algunos cambios fueron tan tibios que aunque se demuestre la culpabilidad del Presidente en la difusión ilegal de propaganda gubernamental con fines electorales, que representa por lo tanto e inevitablemente desviación de recursos públicos, es imposible encauzarlo jurídicamente y menos aún castigarlo por ello. Era obvio que se requería una ley de publicidad gubernamental, y que para ello se revisara a fondo el concepto mismo de “propaganda” o “publicidad” en el ámbito de la comunicación del gobierno. Era obvio que debía transparentarse el uso de recursos públicos en materia de comunicación para poder refundar la relación poder político-periodistas sobre bases democráticas y dentro de una filosofía compartida a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero no: en realidad solo se renovó el contrato tácito de complicidad entre gobierno y medios.

La democratización en las alturas -o reforma del poder, como la habría de llamar en un momento precursor de la tragedia el malogrado Luis Donaldo Colosio- pasa necesariamente por la revisión a fondo de la relación entre el poder político, connotadamente el gubernamental, y los medios de comunicación, destacadamente los monopolios. Dicho en otras palabras: no hay ni habrá Presidencia democrática en México, mientras no se rompa esa perversa relación que subordina mutuamente a ambas partes al sometimiento de intereses por lo general inconfesables.

Quien ha conquistado la titularidad del Ejecutivo por los próximos seis años, según lo señalado hasta el momento de escribir estas líneas por el contéo rápido del IFE y por el PREP, hubo de manifestar públicamente su compromiso por impulsar una presidencia democrática, en la que destacaría la voluntad por reformar la relación con los medios de comunicación. En efecto, diría yo, es necesario acabar con esa corrupta relación simbiótica entre poder críptico y pseudoperiodismo para remontar uno de los últimos y más duros vestigios del presidencialismo autoritario, y acceder así a una presidencia democrática, moderna, decente, a la altura de la ciudadanía que está emergiendo en el México contemporáneo.

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