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El otro Canal del Congreso

La ilusión de un “concurso público” y transparente para elegir al nuevo director del Canal del Congreso se derrumbó la última semana de abril. No es el “concurso”, sino un acuerdo político lo que definirá al titular del medio.

Según las bases de la convocatoria difundida los primeros días de marzo, cualquier ciudadano podía inscribirse en “el reclutamiento”, siempre y cuando cumpliera con algunos requisitos. Acorde al punto siete, la selección del director tendría tres etapas: una “evaluación técnica de los aspirantes” (examen “entrevistas personales… con la Comisión Bicamaral” que rige al canal, y por último la “designación”.

45 candidatos cumplieron con lo dispuesto, y de ahí, los legisladores eligieron a 20 finalistas. Las contradicciones sobre la transparencia del procedimiento fueron evidentes. Por ejemplo, el 30 de marzo se “hicieron públicos” en Internet los 20 “números de folio” correspondientes a esos nombres que solo conocían los diputados y senadores, por lo que no servía de nada su publicación. etcétera difundió la lista completa en su sitio web.

De inmediato empezaron las primeras quejas, pues candidatos con experiencia y mayor grado académico respecto de los elegidos, fueron descartados sin alguna explicación.

Los 20 sobrevivientes presentaron un examen el 10 de abril en el salón Cristales de San Lázaro. No se convocó a medios, solo las cámaras del propio canal cubrieron aspectos de la evaluación para simular transparencia en una nota discreta que se difundió por la noche en el espacio Noticas del Congreso.

Después del examen solo 12 nombres quedaron en la carrera y acudieron a entrevistarse con la Comisión Bicamaral, que ahora sí, transmitió completas las sesiones, pero nunca se explicó si el criterio para depurar fue la calificación aprobatoria, lo que por lo menos en el caso de Guadalupe Ferrer no habría sido posible pues tuvo una puntuación por debajo del 6.

En esa etapa algunos perredistas se inconformaron por la eliminación previa de María Enriqueta Cabrera y Cuarón, quien había trabajado con ellos en la Cámara de Diputados antes de buscar la dirección del canal.

La legitimidad de la convocatoria seguía siendo defendida por los legisladores como si planteara un procedimiento similar a los concursos del servicio civil de carrera. Uno de los requisitos que supuestamente garantizaba la no vinculación de los candidatos con intereses partidistas era “no haber sido registrado o haber sido candidato a cargo alguno de elección popular; dirigente nacional, estatal, municipal o delegacional de partido político o agrupación política alguna, en los cinco años inmediatos anteriores”.

En los hechos, este candado no impidió la vinculación con alguna fuerza política, el caso más notable es el del PRI, donde, por ejemplo, de los 12 finalistas, el candidato cercano a Manlio Fabio Beltrones, Enrique León, actualmente trabaja en el Senado para ese partido y fue su diputado (hace más de cinco años Roberto Femat fue coordinador de comunicación social del grupo parlamentario del tricolor en la LVIII y LIX legislaturas; Héctor Parker, hace algunos meses era asesor también de la fracción parlamentaria priista y de la diputada Lilia Aragón, y Leticia Salas, fue directora del sistema de televisión en Tlaxcala cuando la actual presidenta del PRI era gobernadora.

Solo tres de los 12 finalistas obtuvieron una nota mayor a 8 en el examen: Octavio Mayén (9.8), Enrique León (9.6) y Leticia Salas (9.6), y por debajo del 6.4 que obtuvo Héctor Parker, estuvo el reprobatorio 5.9 de Guadalupe Ferrer, exdirectora de TV UNAM, quien a diferencia de ese resultado, al cierre de esta edición, es, junto con Salas, quien más posibilidades tenía de ocupar la dirección.

Esa evaluación también se ganó sospechas de favoritismo, pues sus preguntas incluían temas relacionados con la aplicación de la normatividad del canal, muy acordes a las actividades diarias que desempeña Salas Torres, quien es secretaria técnica de la Comisión Bicamaral que elaboró el “concurso”, y al mismo tiempo concursante, situación que generó imputaciones por conflicto de interés.

En la recta final Salas peleaba de cerca con Ferrer por el acuerdo político que definirá al director. La primera no tenía el apoyo unánime del PRI, pero contaba con el visto bueno del presidente de la Comisión Bicamaral, el panista José Antonio Díaz, y el reconocimiento del perredista Carlos Sotelo. A Ferrer la apoyaba la bancada del PRD en la Cámara de Diputados.

Salas tuvo una considerable delantera en los cabildeos hasta el 23 de abril, fecha en que cobró fuerza la posibilidad de que el PAN apoyara a los perredistas e impulsara también a Ferrer, por lo que nada estaba aún definido en la víspera del 27 de abril, plazo establecido por la convocatoria para dar el nombre del nuevo director.

Al cierre de esta edición se canceló en tres ocasiones la reunión de la Comisión Bicamaral por falta de acuerdo, y según legisladores consultados, existen posibilidades de que se posponga el nombramiento, ignorando la convocatoria que después de un largo proceso demostró no ser ninguna garantía de transparencia.

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