Aunque en España prácticamente no existen ayudas directas del Estado a la prensa, muchas Comunidades Autónomas han desarrollado sistemas de subvenciones a las publicaciones periódicas, no sólo por razones linguísticas sino también para fortalecer al sector y fomentar la difusión de las mismas.
Las ayudas del Estado a la prensa existieron en España durante los años 70 y 80 del pasado siglo con los gobiernos de Unión de Centro Democrático y del Partido Socialista Obrero Español. En una primera etapa, hasta 1983, las ayudas tenían un marcado carácter discrecional y se llegaron a repartir hasta cuatro millones de euros. Más tarde, la Ley 29/1984, reguladora de la concesión de ayudas a empresas periodísticas y agencias informativas estableció un modelo reglado de ayudas directas e indirectas al sector, inmerso todavía en la crisis de los 70, con plantillas sobredimensionadas, altos costes de producción, necesitado de una renovación tecnológica, con elevadas deudas con el Estado y en un contexto de muy bajos índices de lectura.
Las principales modalidades de ayudas directas se otorgaron en apoyo a la difusión, al consumo de papel prensa nacional y a la reconversión tecnológica.
No obstante, en 1988 las autoridades comunitarias advirtieron al gobierno español de que su ingreso en la Comunidad Europea exigía la supresión de las ayudas al papel prensa de producción nacional porque contravenían la normativa sobre competencia. Fue entonces cuando el gobierno derogó parcialmente la normativa sobre ayudas a la prensa mediante la Ley 37/1988. Pero el Ejecutivo fue más allá de las demandas comunitarias y suprimió todas las modalidades de ayudas directas existentes entonces –excepto, obviamente, la publicidad institucional–, basándose en la mejoría económica del sector, que había alcanzado incrementos notables de los beneficios, de la inversión publicitaria y de la difusión.
Posteriormente, a través de la Ley 31/1990, se suprimió la mayoría de las ayudas indirectas, de forma que en 2007 en España únicamente pervivían las relativas al franqueo postal, que tienen una mínima repercusión porque la mayoría de las empresas cuenta con su propia distribuidora, y un IVA de 4% sobre la venta al número.
Así pues, según la Secretaría de Estado de Comunicación, a principios de los años 2000 “los Presupuestos Generales del Estado no consideran la asignación de ninguna partida destinada a ayudas a empresas periodísticas ni a agencias informativas” y han dejado esta actividad en manos de los gobiernos de las comunidades autónomas, “que tienen atribuida esta facultad en la medida en que posibiliten la promoción de su realidad linguística, es decir, el uso y conocimiento de su idioma propio”.
Cabe matizar, no obstante, estas dos afirmaciones. Por una parte, el Ministerio de Cultura concede anualmente subvenciones a revistas de temática cultural, cuyo presupuesto en la convocatoria correspondiente a 2007 ascendió a más de 2.2 millones de euros, una cifra muy superior a la que manejan algunas comunidades para sus sistemas reglados de ayudas a la prensa.
Por otra parte, como veremos más tarde, si bien es cierto que las Comunidades Autónomas concentran las subvenciones a la prensa en España, es importante destacar que, aunque la mayoría se justifican por razones linguísticas, también existen subsidios en comunidades sin lengua propia, así como ayudas que no se conceden por motivos linguísticos en comunidades que cuentan con dos lenguas cooficiales.
Así, de acuerdo con las consultas realizadas a las diferentes administraciones autonómicas, en el otoño de 2007 se detectaron sistemas reglados de ayudas a la prensa en nueve casos: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. Por el contrario, no existían subvenciones a la prensa regladas mediante convocatoria pública en Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja y Murcia.
Es interesante remarcar el caso de la comunidad madrileña ya que, pese a tener vigente desde 1986 una ley de ayudas a la prensa, no disponía en 2007 de ninguna convocatoria pública para la concesión de subvenciones al sector. Asimismo, también cabe destacar que la Junta de Extremadura prevé iniciar en 2008 una línea de subvenciones a publicaciones periódicas con pocos recursos o de temática muy delimitada que no puedan subsistir en base a los ingresos por publicidad.
