Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

[email protected]

Periodista, autor de Rúbrica.

El mito de la protección a periodistas en México

El pasado 11 de septiembre, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) determinó no atraer la investigación sobre el homicidio del director del semanario La Unión de Medellín, Moisés Sánchez Cerezo, ocurrido a principios de año.

El argumento de ese organismo adscrito a la PGR fue que la actividad principal de Sánchez Cerezo era la de taxista y no la de periodista, y que no existían elementos suficientes para probar que la privación ilegal de la libertad y la ejecución se debieran a su labor periodística, la cual, sentenció de manera sumaria, realizaba de manera “esporádica”.

Ello, a pesar de las constancias impresas y digitales del trabajo de Moisés Sánchez, que ejercía el periodismo comunitario y de denuncia de lo que acontecía en su localidad, Medellín de Bravo, en Veracruz, y que según los propios testimonios de los implicados en el homicidio, con sus publicaciones provocó la ira del principal indiciado como autor intelectual del crimen, el alcalde desaforado Omar Cruz Reyes, quien hasta la fecha se encuentra prófugo de la justicia.

Este caso es botón de muestra de la inutilidad de los mecanismos y organismos oficiales que se ostentan como protectores de periodistas en México, y que resultan ser meras fachadas para limpiar la imagen de los gobiernos estatales y federal por la violencia, la mayor parte del tiempo impune, ejercida contra los periodistas en México.

Pero no solamente los organismos oficiales padecen esta tara. Muchas asociaciones civiles lucran con los ataques a periodistas y a la libertad de expresión, aprovechando esta circunstancia para obtener más recursos económicos, aunque en los hechos sólo sirvan para llevar la numeralia de los asesinatos y agresiones contra trabajadores de los medios de comunicación, lo que les representa un jugoso negocio.

El caso del fotorreportero Rubén Espinosa es paradigmático de esta situación de abandono y simulación. Tras huir de Veracruz en junio pasado, el reportero gráfico de Proceso, Cuartoscuro y AVC Noticias denunció públicamente haber sido víctima de hostigamiento por parte de elementos de seguridad pública del gobierno estatal. Sin embargo, no hubo un solo organismo que moviera un dedo para salvaguardar su seguridad. No se aplicó protocolo alguno para protegerlo a pesar de que asociaciones civiles como Artículo 19 y los mecanismos oficiales de la PGR y la Secretaría de Gobernación dedicados a la “protección” de periodistas estaban al tanto de su circunstancia.

De haberse aplicado correctamente el más sencillo protocolo de protección y salvaguarda, Rubén Espinosa no hubiera estado siquiera en el departamento de la colonia Narvarte de la ciudad de México. Simplemente se le dejó a su suerte, bajo la excusa de que él no se acercó a pedir ayuda. ¿Acaso alguien se la ofreció al menos?

Y es que otro de los problemas que aquejan a la actividad periodística en México cuando se encuentra en riesgo o bajo amenazas es la ausencia de confiabilidad de estos organismos y asociaciones, que prefieren ser omisos antes que poner en riesgo presupuestos y prebendas. El ejemplo más claro de esto es la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz (CEAPP), órgano oficioso creado para lavarle la cara al gobierno de Javier Duarte cuando inició la escalada de asesinatos a periodistas en la entidad.

Para no ir muy lejos, sólo citando dos casos recientes, al momento de escribir estas líneas y varios días después de los acontecimientos, la CEAPP no había hecho pronunciamiento alguno por las agresiones contra el reportero gráfico de la agencia AVC Noticias Karlo Reyes por parte de policías estatales encubiertos, quienes lo atacaron y golpearon mientras documentaba el acarreo de personas para llenar el zócalo de Xalapa la noche del 15 de septiembre. Y mucho menos ha dicho palabra alguna para condenar el hostigamiento afuera de su domicilio particular hacia la periodista Verónica Danell, fuerte crítica del gobierno de Duarte, quien por esa misma razón ha sido vetada para ser contratada en medios radiofónicos y televisivos del estado desde hace varios años.

A pesar de que cuentan con presupuesto, recursos humanos y técnicos, los organismos “defensores” de los periodistas en México no sirven para nada. A lo sumo, para dar “terapias de bar” a los agredidos. El incremento de los ataques en absoluta impunidad a los comunicadores así lo demuestra. La protección es solamente un mito. Hasta parece que los periodistas les servimos más, muertos.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password