Miguel Ángel Vite Pérez

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Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España

El IPN y el ciberespacio como instrumento de la denuncia anónima

En México las instituciones encargadas de la transparencia y rendición de cuentas se han articulado, de manera directa o indirecta, con las acciones ilegales que se reactivan en algún nivel de la administración pública para castigar a los enemigos construidos a partir de la venganza personal de los que ejercen alguna función pública.

En este caso la ley ha sufrido una interpretación distorsionada de parte de los funcionarios encargados de la administración de los órganos internos de control, cuya tarea principal es la emisión de sanciones al personal que ha violado las normas que regulan sus tareas dentro de la institución. No sorprende que la norma en México sea visualizada, tanto por gobernantes como por gobernados, como una acción penal o de castigo que no solo debe de provocar despido laboral, sino privación de la libertad.

El caso del funcionamiento de los órganos internos de control del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llama la atención porque no está exento de lo anterior; sobre todo porque su actuación se orienta, en mayor o menor medida, con acusaciones e imputaciones sin sustento ni pruebas enviadas por el correo electrónico a los correos institucionales de los funcionarios encargados de administrar la “justicia penal” de aquellos órganos internos de control.

En consecuencia, las acusaciones personales en el ciberespacio siguen la misma lógica penal gubernamental de denunciar algún delito de manera anónima vía telefónica; lo que ha mostrado su efectividad, de acuerdo con las autoridades, cuando en las conferencias de prensa se anuncia la detención de importantes criminales, reforzando la creencia colectiva de que el riesgo tiene solo una causa: las acciones del crimen organizado.

Pero los ciudadanos no se han detenido a pensar que se han creado incentivos mayores para que la denuncia sea en realidad una venganza personal. Esto, según mi punto de vista, es resultado en parte de la desconfianza generalizada que se tiene hacia las instituciones públicas, en un contexto de desigualdad social que afecta a amplios grupos de la sociedad mexicana.

La denuncia anónima como venganza personal no tiene identidad porque en el ciberespacio el denunciante real ha creado una cuenta de correo paralela acompañada de un nombre ficticio, que le ha permitido realizar su “ataque” contra el individuo que ha convertido en su enemigo y que busca solamente que una institución pública lo sancione.

Por ejemplo, los funcionarios de los órganos internos de control del IPN han dicho que toda denuncia anónima contra algún empleado o docente realizada por el correo electrónico se “investiga de oficio”. Ello consiste en solicitar información personal del imputado y también de sus tareas particulares realizadas en la escuela u oficina a la que pertenece dentro del IPN.

Sin embargo, el problema es que el denunciante anónimo no aportó ninguna evidencia y la tarea de los funcionarios de órganos internos de control del IPN se reduce a verificar con la información real pedida del denunciado si existe una posible anomalía. Pero cómo puede haber un contraste si el denunciante anónimo no ha dado ninguna evidencia, solo un rumor que ha transformado en acusación y que exige castigo, porque de no existir formularía otra acusación que es parte de nuestra visión cotidiana: las autoridades fomentan la corrupción.

Lo grave del asunto es que a nombre de la “legalidad”, esos funcionarios del IPN han pedido información particular, que los estudiantes han dado de buena fe para un asunto relacionado con las inscripciones a los cursos semestrales, como es su dirección, correo electrónico y número telefónico. Esto significa que las acciones “ilegales” de la autoridad dejan de serlo porque los estudiantes “afectados” no se van a enterar porque todo se ha ejecutado con sigilo, es decir, en secreto.

Se puede destacar que la investigación sobre posibles casos de “ilegalidad” emprendida por la autoridad del IPN consistió solamente en reunir información sobre el inculpado y analizarla con apoyo de las normas que se le aplican a todo funcionario público para emitir su fallo.

Por tanto, no hay investigación pero sí una reproducción de la visión oficial de que toda sanción debe de ser penal y que se persigue porque existe denuncia anónima, y queda de manifiesto, en consecuencia, que el acceso generalizado al ciberespacio, que no debe de confundirse con su democratización, sirve para fines personales o, alguien diría, para fabricar culpables.

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