Desde las campañas, algunos actores políticos y periodistas descalificaron las resoluciones del IFE sobre las elecciones. Se ha dicho que ante las pruebas contundentes el Instituto ha sido omiso y actuado de manera parcial, ¿cuál es el procedimiento que realiza la Unidad de Fiscalización para resolver este tipo de denuncias?
Las críticas se dan a partir de un diseño institucional que permite sesiones públicas vigiladas por quien quiera seguirlas. Es saludable que exista crítica, sin embargo hay una serie de elementos que no están presentes en ésta, por la propia complejidad técnica de estos procedimientos y por la carga de contaminación política.
Después de la reforma de 2007 se le otorgó autonomía técnica a la Unidad de Fiscalización, ya no es una Comisión de Consejeros Electorales, sino una Unidad Técnica que presenta los resultados de sus investigaciones al Consejo General, para que éste determine. En el procedimiento de fiscalización existen elementos básicos que son los que tienen que ver con las revisiones habituales del gasto de los partidos y coaliciones en sus campañas. Hay una serie de prohibiciones o reglas que están en la ley electoral y los partidos pueden presentar una inconformidad o una presunción con elementos, obviamente probatorios, o indiciarios de qué se está vulnerando. Ya no existe el secreto bancario, ni fiduciario o fiscal, los dientes famosos de la Unidad de Fiscalización, que fue unos de los problemas, o de los frenos cuando se investigaba el caso del Pemexgate o Los amigos de Fox.
En el caso concreto de la supuesta red paralela de financiamiento al PRI, de la que se afirma había pruebas contundentes; se presentaron partes periodísticos como prueba y luego fueron desechados por el Instituto, ¿cuál fue el procedimiento?
Es muy importante el caso Monex, o el de Soriana, ambos se desahogaron por quejas en materia de fiscalización que tuvieron un impacto, o quizá un origen incluso, en los medios. Primero salía en los medios algún escándalo, fundado o no, y los partidos presentaban su queja. Como el escándalo del “charolazo”, una grabación de El Universal, en la que se oía que se recaudaban cinco millones de dólares para una campaña, una aportación ilegal. Se investigó y no se encontró que hubiese habido esa aportación.
El IFE lo que estaba buscando, en el caso Monex, era si se había dado una inyección de recursos de sociedades mercantiles, que está prohibido en el Cofipe. El IFE no acreditó esa situación, aunque efectivamente se llevó a cabo la triangulación sospechosa. Esto se comprueba más allá de las investigaciones periodísticas y de las quejas de los partidos.
Los actores políticos dicen que los recursos eran de procedencia desconocida y que el IFE fue omiso ante las pruebas, que lo único que validó fue que se transfirieron por medio de una cuenta legítimamente establecida sin preocuparse de su origen.
Esa es una percepción equivocada, pues ningún consejero determinó que el origen de los recursos era ilícito, porque el PRI acreditó, mediante los instrumentos que existen, incluso de los huecos que pudo haber en la ley, que había pagado por un servicio.
Sí pero, ¿de dónde salieron los recursos?
Salieron de una cuenta del Partido Revolucionario Institucional, de su gasto de financiamiento. Lo voy a tratar de sintetizar: hay tarjetas Monex, sí; el IFE investiga y lo acredita, contrario a lo que el propio PRI, en declaración periodística decía, después dice “si tengo que ver , pero a través de otra empresa que es Alkino”. Se prueba que había un contrato con Alkino, donde el PRI le dice haz lo que tengas que hacer para que ese dinero llegue a las tarjetas: págale a mis trabajadores en el país, yo te contrato y te termino de pagar después. Alkino aceptó esa triangulación, pero no se acredita que haya donación de alguna sociedad mercantil, por lo tanto no se puede decir que es dinero ilícito el que llega a las tarjetas.
El método que la empresa, sospechosamente, utilizó: de ir con otra, que a su vez va con otra empresa, que tiene la cuenta con Monex y que esa cuenta se fondea con diversos bancos, con más de 80 personas físicas y morales que le meten recursos. Un servicio con préstamo, no donación, porque el contrato traía una tasa de interés, que muchos cuestionaron por baja, ni el Monte de Piedad te cobra 3%, 2.5%; además cuestionan otras irregularidades de las empresas que triangularon: el hecho de que algunas parecen no tener solvencia económica para subsanar el contrato que firmaron con el PRI; si no declaran bien sus impuestos; si las propias tarjetas Monex son al portador…
¿Las tarjetas son al portador?
Sí, algunas instituciones bancarias cuando haces un contrato de nómina, no todas las tarjetas traen nominada a la persona que lo recibe, debe haber un contrato y el PRI los presenta. Ahí es donde viene la discusión que tiene una votación empatada y después desempatada: cuatro consejeros dicen, estamos de acuerdo en que el origen está acreditado más allá del ambiente periodístico, era del PRI; pero el destino de los recursos, dicen ¿cómo sabemos que les llegó a los trabajadores? Hay contratos, pero no hay manera de vincular directamente con estas tarjetas al portador, en qué se gastó el dinero, porque debe haber recibos; la Unidad de Fiscalización afirma que sí hay recibos, que hay contratos, pero ellos consideran que estos huecos no permiten tener la certeza de en qué se gastó ese dinero y por eso propusieron una multa. Pero no por el tema de fondo, que era lo que la ley prohíbe: la aportación de sociedades mercantiles en efectivo o en especie.
¿Y está permitido ese tipo de triangulación?
La triangulación, o que las empresas no declaren impuestos no es algo que sancione el IFE, aunque dio vista a todas las autoridades: dio vista a la Fepade para saber si ese dinero lo cobró un trabajador y salió corriendo a pagar o a coaccionar el voto; eso sería un delito. Yo no meto las manos al fuego por ningún partido, porque todos han estado involucrados en diversos momentos en acarreos, despensas, compra de votos.
Del caso Monex hay otra queja abierta que no se ha resuelto para determinar si hubo compra de votos, que es otra ruta, y hay vistas a la Fepade para acreditar, no violación administrativa por compra de votos, sino el delito concreto y en ese caso sí habrá consignaciones.
Existen reglas para créditos bancarios con los partidos políticos, pero ha sido un precedente constante, en distintos servicios, que los partidos acudan a estos contratos de mutuo, en algunos casos, dice la Unidad de Fiscalización, con tasas de interés muy bajas, raras, pero el IFE no sanciona que las empresas cobren pocos intereses o muchos intereses; no deja de verlo, lo vemos gracias a que el Instituto hizo las investigaciones. De la información y todo lo que parece sospechoso dio vista a las autoridades antes de que terminara el sexenio porque alguna de las críticas periodísticas eran…
Que ahora que están las nuevas autoridades.
Ponen la iglesia en manos de Lutero: es decir, el que dijo que no tenían nada que ver con Monex, que es Luis Videgaray, ahora es secretario de Hacienda. Eso se hizo antes de que terminara el sexenio, pero entonces ya entramos en una situación sin salida. La Fepade depende de la PGR.
Si hay alguna irregularidad en esta triangulación no es el IFE quien pudiese sancionarla. El procedimiento de fiscalización lo que busca es dilucidar si hay alguna aportación o regalo de sociedades mercantiles, eso fue lo que se puso a votación en la mesa del Consejo General y la respuesta fue, no, porque el PRI acreditó un contrato que después pagó. La autoridad resuelve con base en los elementos que tiene a la vista.
Las triangulaciones, todos los partidos las han hecho a través de los contratos de mutuo que dan la posibilidad de que contrates un espectacular y a lo mejor la empresa tiene las mantas, el material de impresión, pero subcontrata a otra, que a su vez le trae la pintura o los moldes necesarios.
Digamos que lo que no está prohibido, está permitido.
Hay una serie de huecos. Como tú dices, lo no prohibido es estudiado por todos los actores políticos, esa es una realidad, y creo que estas experiencias pueden permitir las reformas electorales, así se han ido acotando las prácticas. Está prohibido contratar spots y entonces te venden spots simulados o entrevistas simuladas. Lo mismo sucede con este tema, no está prohibido en el Código que las empresas subcontraten a proveedores o que personas físicas solventen las obligaciones que tiene una empresa con un partido político, para prestar un servicio o que esas personas no declaren sus impuestos y por eso se invalide el contrato.
Se asegura que el IFE desechó las pruebas o no las consideró. Tan las consideró que el PAN entregó dos tarjetas y el IFE encontró más de 7 mil y dijo: representan 66 millones de pesos.
¿El PAN solamente entregó dos tarjetas…?
Las pruebas eran dos tarjetas, el respaldo era la credencial de elector de quienes habían aportado esas tarjetas y el testimonio de que trabajaban en el PRI. El PAN saca sus cálculos y dice: ahí hay 700 millones de pesos. El tope de gastos de campaña federal era 336. Entonces, dijo el PAN, aquí hay un indicio de violación flagrante a los topes de gastos de campaña, esas son las pruebas que están en el expediente. Adicionalmente, en el ámbito periodístico, con mucha insistencia, Carmen Aristegui, la revista Proceso y varios diarios, empiezan a investigar que es esto de Monex y empiezan a encontrar que hay triangulaciones, que hay empresas vinculadas; después se suma a la queja del PAN una queja de la Coalición del Movimiento Progresista; esas pruebas eran que había algo sospechoso en el ámbito periodístico, que no es lo mismo que el ámbito legal; concretamente, a Luis Videgaray, en esas mesas de los miércoles que tenía Carmen Aristegui con los coordinadores de campaña, le pregunta Roberto Gil, si tienen algo que ver con Monex, él dice que el PRI no paga a través de Monex y después el propio PRI da una conferencia de prensa y dice: sí, pero a través de Alkino. Estas contradicciones no son suficientes como para decir que le regalaron 700 millones de pesos, o para decir “es ilegal”.
Cuando el IFE hace las investigaciones pone la información sobre la mesa: sí hubo dinero en Monex, el dinero fue para el PRI, para sus operadores, pero lo pagó el PRI, entonces no hay una aportación de sociedades mercantiles, que es lo que está prohibido en la Ley.
¿Y está acreditado qué fue lo que hicieron para que se les pagara; hay contratos, o sea, no son prestanombres?
No son prestanombres, tienen un contrato, la discusión pública era, ya que sacas el dinero del cajero automático a dónde fue a parar; eso era ya mucho más complicado. Ese es el diferendo de la multa: un grupo de consejeros que dice, no se comprueba el destino de los recursos una vez que llegan a las tarjeta Monex; y otro grupo que considera que sí está comprobado el destino porque hay contrato de los trabajadores que las reciben.
Respecto a los recursos que utilizan los partidos, se afirma que el IFE prorratea los gastos sin aplicar los mismos criterios.
Desde 1998 existe una norma en el Reglamento de Penalización, el 177. Lo han defendido los distintos partidos políticos bastante aquí, en las discusiones que se hicieron en el 2011.
¿Todos estos criterios los establecieron los partidos?
El IFE, pero con la venia, es más, con la defensa de los propios partidos, porque el criterio de prorrateo ya ha sido materia de discusión en el IFE. Desde el 98 está el criterio y se ha aplicado en las elecciones presidenciales de manera habitual, en 2000, 2006, en las elecciones intermedias. El prorrateo es la posibilidad de que haya dos tipos de gastos que el IFE revisa en campañas electorales, tanto del Presidente de la República, como de diputados y senadores: el gasto centralizado y el gasto directo. En el gasto directo, el beneficiario es solamente el candidato a la Presidencia. En el prorrateo o gasto centralizado el 50% del todo el gasto se reparte de forma igualitaria entre las campañas involucradas, sin la posibilidad de que los partidos o el IFE digan aquí más, aquí menos. En el otro 50% es donde está el meollo de la discusión, lo asignan los partidos, de manera libre, a las campañas beneficiadas. Por ejemplo el PAN consideró cuidar las campañas de diputados y les asignó el 1% de ese gasto prorrateable y el resto lo repartió entre las otras campañas. Los partidos mandan plantillas de escenarios de prorrateo y dicen en estos casos se va a prorratear… a López Obrador por ejemplo, le prorratearon el 17.5% en algunos casos y el 30% en otros.
A Peña Nieto le asignaron, en el PRI, el 1% y el resto, a las demás campañas. Es discutible este criterio: si tú ves un espectacular que trae la cara completa de Peña y dice vota Peña y abajo, del tipo “come frutas y verduras”: vota por diputados y senadores”, pues eso ya es prorrateable y la percepción pública es: “yo no vi espectaculares de diputados y senadores”.
Sin embargo se les carga a ellos
Está diluido el gasto por un prorrateo que ya conocían todos y que todos aplicaron, nada más que unos no lo aplicaron de la mejor forma. Es una caricatura pensar que el IFE estaba esperando a que se equivocaran para decir “ahora te sanciono”; no, el IFE siempre generó condiciones de compulsa, le avisó a los partidos.
¿Y entonces, qué pasó?, ¿el PRD no hizo caso de las observaciones que ustedes les presentaron?
Hay un tope de gasto del Presidente, que es de 336 millones. Cuando las finanzas las maneja una coalición es difícil la coordinación entre tres partidos que tienen que hacer el gasto y ponerse de acuerdo para que no se les vaya a ir de un lado a otro. No fue López Obrador el que decidió que sus partidos le pusieran el 17% del gasto prorrateable o que hicieran una serie de espectaculares en los que no le pusieron abajo “vota por diputados y senadores”, o en unos sí y en otros no; esas son responsabilidades de los partidos políticos, pero también en alguna medida de los candidatos que tienen que supervisar ese gasto. Ahora, ocurre que los partidos no nada más llegan al IFE y le dicen “me gasté esta cantidad, aquí está lo que me gasté”, pues deben comprobar; por otra parte, el IFE también dice “a ver, te falta reportarme todos estos espectaculares, mantas, gorras, grupos musicales que yo vi, porque tengo auditores y porque tengo personal, que está revisando, y estándares de auditoría y de monitoreo para poder detectar ciertos gastos y si no los reportas como partido, la unidad te los carga.
Allí podría haber una confusión ¿le cargaron más a la coalición de López Obrador? No, el gasto mayor no reportado es de la coalición de Peña Nieto, según la Unidad de Fiscalización del IFE. López Obrador o la coalición de López Obrador no le reportó 28 millones de pesos; en el caso de Peña Nieto fueron más de 84 millones de pesos.
Y con todo eso ¿no hay un rebase?
No, no hubo rebase de tope de gastos de campaña salvo en la coalición de López Obrador. Reportaron casi 100 millones abajo del tope de gastos de campaña, todos los partidos reportaron con un cierto colchón y a todos se les cargó más.
Este gasto que ustedes detectan que no reportaron, la cuenta de prorrateo, ¿la hacen ustedes o la hacen ellos?
No, hay criterios de prorrateo que de todas maneras van a estar presentes, lo que quiero decir es que no es el IFE el que les carga o dice “rebasas el tope, porque yo arbitrariamente te cargo el prorrateo que yo quiero”. Ya acordaron los consejeros que esto se va a discutir en forma integral hasta julio. Había una exigencia de la Coalición Movimiento Progresista por adelantar el procedimiento de fiscalización para el PRI, durante las campañas electorales, por esta percepción, tampoco está fuera de lugar la percepción; insisto, las reglas de fiscalización que existen no necesariamente necesitan estar empatadas; yo no estoy de acuerdo que un espectacular traiga la cara de alguien y que abajo le pongan una leyenda de vota por senadores, ya sea prorrateable, pero eso son las reglas.
Claro, hay que revisar las reglas
Habría que revisar las reglas, pero no ya que terminó el partido.
No son retroactivas en todo caso
La discusión que se dio en el Consejo General y que ha estado en la opinión pública y en los partidos es que ya no aplican esos criterios del prorrateo; sí, pero ya terminó la elección y está el reglamento vigente. Sigue la discusión de modificar un criterio vigente de prorrateo que puede generar efectos perniciosos, pero eso no significa que el IFE sea el que tuerce los criterios o le carga más a unos y menos a otros; son los partidos los que lo ponen. Pongo el caso del rebase de topes: la Coalición Movimiento Progresista presenta una balanza de gasto que no llega a los 300 millones de pesos y el tope es de 336, que por cierto no coincide con los 233 millones que dice López Obrador. Pero las comprobaciones del informe, el proyecto, dice la Unidad de Fiscalización: yo sumé los comprobantes y dan 370, si a eso le cargo el dinero del gasto no reportado, pues estoy hablando de una cantidad mayor, pero ya hay rebase de tope de los gastos de campaña al momento de hacer la suma de lo que el partido entregó con los criterios de prorrateo que el partido decidió asignar; ponemos el ejemplo de la campaña de 2006 para presidente, el PAN decidió del gasto prorrateable asignarle 0% a Felipe Calderón ahora el PAN le asigno 1% a sus diputados, el PRD o la Coalición Movimiento Progresista decidieron asignarle entre 17.5 y 30% a López Obrador. Ellos pudieron haberlo cuidado más en ese prorrateo.
Y en el caso, de Josefina ¿qué pasa con ese dinero que se le dio para la campaña y que no se ejerció, dónde se está?
Eso le corresponde al partido político, porque ellos tienen un financiamiento
¿Le corresponde que?
Determinar cuánto se gastan, si se gastan menos.
A ver, ¿pero el IFE otorga una cantidad para las campañas?
Es muy buena pregunta, el IFE no les dice ahí te van 336 millones, gástatelo en campaña, si te pasas te sanciono, no, ellos tienen un financiamiento superior a esos montos en muchos casos, pero el IFE le dice: no te puedes pasar de esta cantidad y esa cantidad no puede provenir de sociedades mercantiles, debe salir de tu financiamiento de fuentes lícitas. El caso de Josefina Vázquez Mota generó una discusión pública importante y también al interior del PAN, porque se quedó por debajo de lo que todos los partidos presentaron. Quedó casi 100 millones de pesos por debajo de lo que podía gastar y el partido tiene libertad absoluta de hacer lo que quiera con esos 100 millones.
De invertirles más a las otras campañas
Licencia presupuestaria: no sabemos si se invirtieron en las otras campañas, ya lo estamos conociendo ahora en el IFE, la Unidad de Fiscalización va a terminar y fue uno de los argumentos para posponerlo, los Consejeros votaron, la mayoría, por posponer hasta julio la decisión sobre si se multaba o no, acordaron no cambiar el criterio de prorrateo porque solamente dos consejeros dijeron que no es correcto ese criterio.
Había una propuesta de que pudiera revisarse, de manera posterior, que no sea el 50%, que sea el 100%, es decir no abrir esta puerta de prorrateo libre de un monto de 50% para que cada partido diga a éste 1%, a éste 5% a éste 0% a éste 30%.
Regresando al ejercicio del PAN, cada partido recibe un financiamiento, se sanciona si se rebasan los topes en su ejercicio ¿no se sanciona si el partido se queda con el dinero que era para las campañas?
No, es el dinero que tiene el partido para actividades ordinarias, tiene actividades específicas: una bolsa para atender sus campañas electorales, pero no tiene, digamos, no se le inyecta en una cuenta exactamente lo que es el tope de gastos, por eso el prorrateo.
¿No hay una diferenciación entre el gasto común que tiene un partido y el adicional que se da en las campañas?
Sí, pero no es el tema aquí, no hay una sanción como la administración pública cuando hay subejercicio, no sé, si la Secretaría de la Reforma Agraria tiene un programa sustantivo y no se gasta el dinero, hay un subejercicio.
¿Y eso no tendría también que revisarse?
Yo creo que el tema de fondo es revisar si los criterios de fiscalización y las reglas vigentes realmente están reflejando lo que se están gastando los distintos candidatos, esa regla de prorrateo, si salen en un espectacular abrazados un candidato a diputado con Peña o Miguel Ángel Mancera con López Obrador, pues de quién es ese espectacular, a quién se lo cargo. Es un ejemplo elocuente, el criterio del prorrateo no está reflejando lo que se gasta; entonces lo mismo sucede en el caso de Josefina Vázquez Mota, no estoy seguro que haya gastado muchísimo menos, pero con las reglas que existen en el prorrateo y de fiscalización vigentes, los partidos las ocupan para sacar el mayor beneficio posible.
¿Sobrerregular?
No sobrerregular, pero tampoco dejar reglas que estén generando el efecto pernicioso, por eso de pronto la disonancia entre percepciones. Digo, también se da porque los medios de comunicación dicen éste es el malo, éste es el bueno y este es el peor. Se genera una expectativa social y a veces la autoridad electoral no es que no responda, sino que se hacen bolas de nieve con muchos elementos y se quiere ver al IFE como al culpable de que haya empresas que no declaran impuestos.
Los tiempos que se toma el IFE, en los que ha ido respondiendo a distintos cuestionamientos o quejas presentadas, se critican mucho. Esto de que hasta julio, pues ya va a estar el Presidente, ya va a llevar seis meses, etcétera. En el Pacto por México, uno de los elementos que están es el rebase de topes de gastos de campaña, considerarlo como una causal de nulidad de una elección y seis meses después… No, el tema sería hacerlo antes, incluso se habla de fiscalización en línea en tiempo real.
¿Y es posible?
Sí, es posible. La discusión que se dio el 23 de enero, el dictamen de gastos del Presidente de la República, se hizo porque hubo una decisión del IFE de adelantar esa parte del dictamen de gastos de fiscalización, solo del Presidente, porque la Ley establece en rigor que sea hasta julio, que es lo que finalmente vamos a hacer en el Instituto. Ahora, se puede, sí es posible, pero con un cambio en la ley.
A ver, ¿pero qué cambia la ley?, es como si a mi me dan un mes para hacer un trabajo y entonces yo, como tengo un mes, aunque lo tenga, o lo pueda tener la primera semana, me voy a esperar a tenerlo dentro de un mes.
Es un trabajo muy complejo el procedimiento de fiscalización, porque no es nada más lo que tú me des y yo revisar que esté bien, sino lo que yo tengo que investigar en el entorno de lo que tú me estás dando para detectar si hay aportaciones indebidas.
Pero tú me estás diciendo que sí se puede hacer.
Sí, pero cambiando varios dispositivos de ley: cambiar ciertos plazos porque si la calificación final del Tribunal, cuyas resoluciones son inapelables, se da antes de que termine la fiscalización, no podría afectar y no hay un causal de nulidad específica.
O sea, estaría desfasado
Falta una causal específica, que tenga una consecuencia más fuerte que las multas, que vemos que no les gustan mucho a los partidos, por supuesto. Pero yo creo que para evitar un desbordamiento, habría que pactar los criterios,de cómo reflejar correctamente lo que realmente gasta un candidato, que pasa por repensar la regla del prorrateo. La otra parte son las sanciones, las consecuencias de un rebase de tope de gastos. Si se hubiera dado, efectivamente, por 700 millones de pesos un rebase de gastos de topes de campaña, la queja Monex, ¿qué hubiera pasado? ¿una multa?, eso pasó con “Amigos de Fox”, una multa histórica, escandalosa. Si hubiera ganado Labastida, un ¿Pemexgate tres años después de ya iniciado el sexenio?
¿Cuáles serian los mayores obstáculos para hacer una fiscalización al día?
Que las campañas electorales son complejas, hay mítines, cierres de campaña, eventos.
¿Pero puedes pedir que te entreguen las facturas al otro día?
Una fiscalización adecuada implica no quedarte con lo que diga la factura, sino tener mecanismos para comprobar esa factura con estándares de auditoría internacionales.
¿Y eso cuánto llevaría?
Esta ocasión, el dictamen de los gastos presidenciales hacia enero, febrero, tenemos ya una conclusión más o menos acabada.
¿No son muchos meses para eso?
Implica una carga de trabajo muy importante porque hay que hacer una serie de diligencias de cada uno de los distritos. Lo que podríamos hacer es generar las condiciones para que los reportes de gastos se hicieran durante la campaña casi en línea, de tal manera que cuando terminara el proceso de desahogo de la parte electoral, estuvieran listos antes de que el Tribunal pudiera determinar quién gana o quien no. Terminar este proceso de fiscalización pudiera tener consecuencias muy concretas, como definir si va a estar o no, por una causal de nulidad, un rebase al tope de gastos de campaña o una conducta inadecuada de triangulaciones en materia del flujo de recursos.
Si el Instituto está haciendo las cosas ¿qué es lo que le está faltando para que la ciudadanía, pueda tener información de primera mano, sacar sus propias conclusiones o en todo caso tomar partido de lo que se dice?
Falta discutir con mayor reflexión, con esta clase intelectual y los intérpretes de lo que ocurre.
¿No faltaría en esas mesas de análisis alguien del IFE, no solamente los partidos, también el árbitro?
Eso es verdad y el IFE tiene que encontrar mecanismos de creatividad para enfrentar una serie de actores que son regulados, eso no lo teníamos, después de la reforma de 2007 el IFE se ha enfrentado a grandes problemas con las televisoras y por lo tanto con una serie de opinadores públicos. No ha tenido las mejores condiciones de tratamiento mediático. Sin dejar de reconocer que el IFE tiene errores o insuficiencias o decisiones que pueden ser debatibles, que aprovechan algunas televisoras o algunos otros espacios. Pero el IFE debe escuchar las críticas que tengan fundamento, como por ejemplo, el tema de los criterios del prorrateo, podría impulsar no solo reformas legales, sino tratar de hacer los ajustes en el ámbito normativo, existen buenas razones para pensar que eso debe cambiarse.
