Cinque Terre

Marco Levario Turcott

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Director de etcétera

El IFE: acoso y transparencia

En las últimas semanas el IFE ha recibido un acoso tremendo y, aunque no es la primera vez que esto sucede, en particular desde que se aprobó la reforma política de 2007, ya hay un deterioro importante en su credibilidad. Estamos convencidos de que no hace falta una sola línea para sustentar la centralidad que tiene la autoridad electoral en la democracia del país y por eso es muy grave la andanada a la que ha estado expuesta.

En etcétera no dudamos ni un ápice: distintos actores políticos han concurrido para minar al Instituto Federal Electoral y con ello influir no sólo en sus determinaciones sino incluso en su integración, sobre la base de los tres consejeros que aún no decide la Cámara de Diputados. Sin embargo, no vemos el embate de las dos principales televisoras que se ha denunciado, los ya famosos “poderes fácticos”, como parte central de un discurso con el que se pretende defender a la institución. Ese discurso lo consideramos impreciso y limitado, pero sobre todo, elusivo respecto de las responsabilidades que, como sea, tiene el Instituto. Y una de tales responsablidades tiene que ver con la transparencia de su gestión administrativa.

Lo que sí puede acreditarse es que el Contralor General Interno del IFE, Gregorio Guerrero, expuso en el Reforma opiniones inconclusas, sesgadas e incluso acusaciones sin que hasta ahora tengan sustento. Alejado de la responsabilidad que le supone el cargo, y que entre otras cosas comprende procesar su trabajo dentro de los cauces normativos y no en la esfera de los medios, Guerrero ha cuestionado al Instituto. Para ello se aprovecha de la ausencia de patrones éticos y profesionales de un periodismo que, entre otras omisiones, no verifica datos ni busca la opinión de los personajes aludidos y, en cambio, adjetiva, como lo hizo al llamarle “Cochinito” al Fondo de Inversión Inmobiliaria, que es un proyecto serio de compra de bienes inmuebles para atenuar al gasto que eroga en rentas el IFE. Para darnos una idea: en los últimos cinco años por ese concepto el Instituto erogó mil 81.8 millones de pesos. (Por cierto, el dinero para adquirir esos bienes no resulta de un subejercicio, como se ha dicho equivocadamente o con mala intención, pues éste fue sólo de 60 millones, sino de un plan de ahorro que comprende 237 millones de pesos, y de los recursos generados por el IFE, que ascienden a 111.3 millones de pesos.

No obstante la racionalidad y, sobre todo, la pertinencia de medidas como la antedicha, en las primeras semanas de febrero se fue confeccionando, digamos, un “cochinito” paquete de notas que remite más a la especulación y la insidia que a la cifra precisa. Infortundamente, eso ha sido noticia, sobre todo en el periódico citado, pero su registro se halla, con mayor o menor nivel de preeminencia, en todos los medios de comunicación. Pero hay que situar la dimensión. Hasta el 25 de febrero, Televisa dedicó al asunto 4 notas y Televisión Azteca 7, en tanto que en la mayoría de los diarios se han difundido 4.2 en promedio. En contraste, los editores de Reforma dieron 40 notas, 3 de portada y 2 titulares principales.

Es muy probable que los adversarios de la reforma política de 2007 festejen ahora lo que ocurre con el IFE, pero no vemos la conjura de las televisoras que el diputado Javier Corral denunció en días pasados. Más aún, nos resultaría delirante imaginar que Reforma sea un instrumento de Televisa y de TV Azteca o ver en ese mismo papel a La Jornada o a la revista Proceso que, por cierto, fue el primer medio en denunciar presuntas irregularidades en la adquisición de un bien inmueble que se encuentra en Acoxpa.

Pese a las evidencias que desmienten el discurso del complot de las televisoras, éste permanece para señalar, como la ha hecho el diputado Corral, que “la campaña mediática” que “ondea la bandera de la transparencia y el riguroso cuidado de los recursos del erario” (…) “en realidad” es “una patraña”. Para nosotros no hay confabulación de Televisa y Azteca, pero supongamos que sí. De cualquier modo creemos que la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas son obligaciones del IFE y de cualquier otra institución pública.

La ley de transparencia no juzga la intención de quien demanda información y qué bueno. De otro modo cualquier funcionario público podría negar información al acusar en el solicitante mala fe o que participa de una patraña convertida en campaña mediática. El derecho de acceso a la información es irregateable y no hay conjuro verbal que lo cuestione. Además, la transparencia es una de las mayores fortalezas del IFE para enfrentar el embate que sea.

En las próximas semanas conoceremos el resultado de las investigaciones de la Contraloría General Interna y las conclusiones de la Auditoria Superior de la Federación. Esto implica un proceso en el que las autoridades del IFE responderan a los requerimientos del caso. Hasta ese momento se podrá opinar con certeza sobre si hubo o no irregularidades y de qué dimensión. Aunque nosotros desde ahora tenemos confianza en lo que dijo el 9 de febrero pasado el Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés:

“Seremos absolutamente intolerantes frente a cualquier acto de corrupción en la institución”.

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