Puede ser que la televisión sea capaz de “hacer” presidentes -hipótesis que en su oportunidad debatieron públicamente un par de candidatos presidenciales en la justa electoral pasada-, pero lo que no queda claro es que sea capaz de hacer buenos o mejores presidentes. La magia de la televisión no da para tanto, habida cuenta de que en los últimos años hemos tenido quizás el gobierno más propagandístico de que se tenga memoria, pero no así el más eficaz en resultados palpables para el ciudadano común. Si en realidad “el gobierno del Presidente de la República” (como reza la propaganda oficial aún en boga) hubiera sido tan bueno como suelen adoctrinar cotidianamente los spots de radio y televisión, los electores no habrían castigado así, contundentemente, a su partido. Así que más allá de su discutida capacidad para crear presidenciables, la televisión (o más precisamente la propaganda gubernamental en ese y otros medios masivos) no ha demostrado ser la mejor herramienta para gobernar.
En esa materia la fórmula correcta de la gobernabilidad democrática es: más información y menos propaganda, o dicho de otro modo, más respuestas y menos slogans. A la ciudadanía se le informa mediante el trabajo de los periodistas, es decir, atendiendo las preguntas que éstos presentan desde la sociedad, o mediante vías institucionales a petición expresa de las personas (ahí están el IFAI y diversos órganos garantes de transparencia), o a través de informes sobre el estado de la nación y de la administración, que se dan a conocer al poder legislativo frente al público, pero no soslayándola o reduciéndola a ver y oír spots de radio y televisión, o divulgando en estos medios “informes presidenciales” mediante la transmisión de actos en escenarios políticamente protegidos donde no asisten los primeros destinatarios de esa información -los legisladores- y su posterior suministro a través de lo que podríamos llamar “dosis homeopáticas”, es decir, cápsulas o spots. “Gobernar” a través de la propaganda es propio de regímenes con tendencias totalitarias, de mandatarios con severo déficit de legitimidad o de líderes ególatras.
En México es necesario desarrollar un sistema de debate público donde las preguntas sobre lo que hace el gobierno sean formuladas desde la sociedad y no desde las consultorías de medios y sus “grupos de enfoque” contratados por el gobierno mismo. Esto, insisto, requiere actuar en dos frentes: uno de ellos lo podemos representar como más IFAI, más receptividad y atención al trabajo de los periodistas, así como voluntad genuina de informar al poder legislativo y a la nación sobre el estado de la administración pública, en tanto que el otro frente estaría constituido por la decisión de acabar de una vez por todas con el sistema de corrupción y excesos asociado con la propaganda gubernamental.
Enrique Peña Nieto ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que de acuerdo a sus declaraciones dotará de plena autonomía constitucional al IFAI. A reserva de analizar su contenido se puede aceptar que el propósito que se busca atendería uno de los frentes descritos en el párrafo anterior. Sobre el tema de la llamada propaganda gubernamental él mismo se ha pronunciado por la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación.
La idea de crear una suerte de ombudsman destinado a defender el interés de la ciudadanía frente a los excesos en la contratación de publicidad por parte del gobierno parece orientada en la dirección correcta a mi juicio, sin embargo se presenta con un alcance muy corto: se limita a regular de alguna manera la contratación gubernamental de publicidad, cuando en realidad el tema va más allá de ese rubro. El reto no sólo es combatir las corruptelas asociadas a la contratación -con cargo al erario- de producción, espacios y tiempos para lo que aún hoy en día la constitución sigue denominando equívocamente “propaganda” de los poderes públicos, sino remontar sobre todo una visión del arte de gobernar que no sólo incluye sino que privilegia la manipulación como instrumento de control político. El problema no es solo la desviación de fondos públicos para contratar propaganda, sino la articulación de estrategias de persuasión y control político (incluido en ocasiones el de carácter electoral) sin importar que su difusión se haga con cargo al erario o a tiempos del Estado.
Para supervisar los gastos del gobierno, ya sea en materia de publicidad o en cualquier otro rubro, existen las contralorías y la auditoría superior. Si se tratara sólo de controlar contrataciones bastaría con hacer adecuaciones a los órganos ya existentes. Lo que justificaría la creación de una instancia ciudadana sería una misión de mayor alcance: defender la libertad de pensamiento ante el embate manipulador de instancias gubernamentales con fines políticos y aún electorales. Una instancia ciudadana y autónoma, como la que propone Peña Nieto sería muy poco eficaz si se limitara a supervisar la legalidad y monto de las contrataciones de publicidad gubernamental sin cuestionar sobre la procedencia misma de cada una de las campañas gubernamentales, contratadas o no, de acuerdo a criterios racionales definidos en la ley.
Esa instancia ciudadana y autónoma que propone Peña Nieto solo podrá tener el peso suficiente para influir positivamente en la publicidad del gobierno si está precedida y respaldada por una ley de publicidad institucional que no sólo contemple controlar la contratación, sino que construya una nueva concepción de la comunicación institucional del gobierno con la sociedad, caracterizada por el respeto a la libertad de pensamiento, creencias religiosas, ideología y preferencias partidarias o electorales. Ello implicaría ir a la raíz, al artículo 134 de nuestra Constitución -donde se regula la imparcialidad en la aplicación de los recursos y en la propaganda de los poderes públicos-, e incluso al 41 -en que se prohíbe la propaganda gubernamental durante las campañas electorales-, para desterrar toda visión de un Estado propagandista y sustituirla por otra que sujete la publicidad institucional a la misión primordial de obsequiar a la ciudadanía los contenidos que demanda el derecho a la información.
Velar por el cumplimiento del marco constitucional y legal en materia de publicidad gubernamental sería el objetivo del aparato que se propone, lo que excede el cometido de supervisar contrataciones. Ahora bien, si se trata de una instancia ciudadana y autónoma, como se ha dicho, entonces es fundamental que esa instancia sea la vía para que los ciudadanos puedan impugnar una campaña de publicidad gubernamental, ya sea porque vulnere sus derechos o simplemente porque exceda o transgreda los límites y prohibiciones establecidos conceptualmente en la ley. Esto es como decía mi abuelita: primero el remedio y luego el trapito.
