Emilio Godoy

El DF se atora con la prostitución

Aunque no tiene horario fijo, Morelia Tovar trabaja entre cinco y seis horas diarias y se lleva a su cartera entre siete mil y ocho mil pesos semanales.

Su especialidad es un baile erótico con fuego que dura entre 15 y 18 minutos en un centro nocturno capitalino.

“Es un deporte combinado con una actividad artística”, explica a etcétera Tovar, de 30 años de edad y diez años en la profesión.

La afición por el baile y el deseo de mejorar sus emolumentos llevó a esta danzante, quien dice hacerlo “por voluntad propia y libre elección”, a desarrollar su preferencia y su aptitud para obtener más dinero que en sus anteriores trabajos, que incluyeron el despacho en una gasolinera de Petróleos Mexicanos, venta de pollos rostizadosy de bartender.

Sus movimientos y acrobacias con objetos inflamados hipnotizan a los espectadores. Pero su oficio acarrea también cierta incomodidad. “Hay un estigma sexual” alrededor de estas actividades, lamenta Morelia Tovar, quien no tiene hijos y preside el Movimiento Pro Entretenimiento Erótico.

El trabajo erótico-sexual subsiste en un contexto de contradicciones legales y en el cual las más vulnerables son las personas que lo ejercen.

Ante ello, el gobierno capitalino se encuentra en la disyuntiva de regularlo, para diferenciarlo adecuadamente de la trata de mujeres y enfrentarse a nuevas realidades, como la incursión de hombres en esas actividades y la irrupción de los medios digitales para ejercerlas.

“Hay que separar el trabajo y la trata. El camino por el cual va la regulación está fracasando, va mal. La descriminalización o la legalización puede funcionar, pero se necesita un mayor análisis”, señala Claudia Torres, asistente de investigación del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y DocenciaEconómicas (CIDE), a etcétera.

En su reciente estudio “La ley de trata con fines de explotación sexual y el no reconocimiento al trabajo sexual en México”, Torres analizó el marco legal respectivo y su impacto en el ejercicio de derechos.

Los códigos Penal Federal y Penal del Distrito Federal tipifican el lenocinio. Además, las leyes federal y locales sobre trata de personas contienen delitos especiales, la legislación federal sobre delincuencia organizada, y la ley federal sobre tráfico de migrantes sancionan las actividades de terceros relacionadas con el ejercicio de la prostitución y no su práctica en sí.

Además, la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal estipula una infracción para quien invite, ejerza o solicite la profesión del sexo, mediante queja vecinal.

El entramado legal favorece que ese segmento padezca acoso, abusos, extorsiones y negación de derechos.

Al mismo tiempo, no ha obstado para que hombres y mujeres mantengan la oferta de sus servicios. Se estima que en el DF hay unas 200 mil mujeres y hombres que sirven a más de cuatro millones de clientes.

Si bien los sexoservidores pueden trabajar individualmente, no están autorizados para hacerlos colectivamente, en virtud de una resolución del 10 de febrero de 2014 de la jueza federal Paula García Villegas Álvarez-Cordero en favor de un amparo presentado por organizaciones de trabajadores sexuales y que ordenó a las autoridades citadinas el otorgamiento de credenciales de empleados no asalariados, la protección del grupo e información de sus derechos.

El 4 de marzo de 2013, la Subdirección de Trabajo No Asalariado de la Secretaría capitalina de Trabajo y Fomento al Empleo se escudó en la Ley de Cultura Cívica para rechazar a un grupo de sexoservidores de ambos sexos su solicitud de esa credencial extendida por esa dependencia.

En su amparo, los afectados denunciaron la inconstitucionalidad y violación de sus derechos humanos por esa decisión.

Con la catalogación laboral obtenida, los profesionales del sexo pueden reclamar derechos a la educación, salud, alimentación, vivienda digna y a defender sus derechos laborales mediante la fundación de sindicatos.

Para Marta Lamas, académica del Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, es necesario distinguir entre el lenocinio y nuevas formas de la organización del trabajo.

“El trabajo sexual se considera económicamente nocivo. Hay confusión entre trata y trabajo sexual, que define tipos penales como prostitución, lenocinio, trata. Hay una persecución muy evidente al comercio desde una perspectiva moralista. El fondo del debate es si es delito o pecado. Debe haber un reconocimiento a esas formas consensuadas”, sostiene la especialista ante etcétera.

Intentos fallidos

Desde 1997 ha habido intentos de regular la actividad, pero no han tenido éxito. Las propuestas de 1997, 2004, 2011, 2013 y 2014 contenían artículos para controlar y contener la prostitución, con observancia de los derechos de quienes la ejercen. Esas iniciativas propugnaban por sujetar a las sexoservidoras a inspecciones obligatorias periódicas y el registro de personas, casas privadas y establecimientos mercantiles donde se ejerza la actividad, así como la declaratoria de su carácter lícito.

A nivel federal, la senadora Mónica Arriola presentó el 28 de abril de 2014 un proyecto de reforma a la Ley General del Trabajo para legalizar la prostitución, declarar el trabajo independiente, delinear el intercambio libre y consentido, prohibido con menores de edad, estipular el pago en efectivo y la inscripción de las empleadas ante la Dirección General de Registro de Sexoservidores.

En noviembre de 2014, el entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, anunció que enviaría a la Asamblea Legislativa una iniciativa para legalizar la prostitución, vía reformas al Código Penal capitalino, lo que no ocurrió.

En 29 de las 33 colonias de esa demarcación se practica el comercio sexual.

El Colectivo contra la Trata está por publicar el informe Consecuencias invisibles del rescate: el caso de los table dance en el DF, en el cual concluye que los operativos de la fiscal de investigaciones para la Atención de Delitos Sexuales, Juana Bautista, han llevado a la práctica subterránea del trabajo sexual.

“Hay una nueva forma de ejercer la prostitución. Hay que regularla, porque no se reconoce como un trabajo. A mayor clandestinidad, más riesgo y mayor vulnerabilidad. Si se le reconociera, pueden exigir derechos”, indica Fernanda Ezeta, una de las autoras del reporte, a etcétera.

En el documento se analiza el marco legal capitalino y los operativos que se agudizaron desde 2013 contra los centros nocturnos. Además, el Colectivo entrevistó a 30 mujeres, a sus familiares, a empleados de los negocios y analizaron tablas de ingresos y otras aristas.

El DF se ha convertido en el epicentro del combate contra la trata de personas, con más de 60 personas encarceladas, la mayor cantidad de persecuciones penales en el país, la duplicación de denuncias por ese delito y más de tres mil víctimas de trata.

Para Carlos Landa, presidente de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos (ABCN) de la ciudad de México, persiste “un limbo legal”, pues la operación de estos negocios está regida por la Ley de Establecimientos Mercantiles pero lo que ocurre debajo de las pistas de baile ocurre en el vacío.

El show “puede ser una representación artística. Por eso, pedimos reconocer el baile erótico” como una actividad laboral, enfatiza a etcétera el abogado originario de Tepito.

Ese gremio, fundado en 2014, aglutina a bares y centros nocturnos que emplean a unas 700 bailarinas y unos 500 trabajadores, entre meseros, garroteros y vigilantes. A raíz de los operativos de la fiscalía capitalina, esos negocios han optado por no contratar a extranjeras, no ofrecer servicios privados dentro de los establecimientos ni permitir acuerdos de índole sexual dentro de las instalaciones.

Además, procedió a encuestar anónimamente a sus bailarinas sobre cuestiones como estado civil, nivel de escolaridad, número de hijos, ingresos, actividades extray adicciones.

El denominador común es que estas trabajadoras terminaron la preparatoria, son madres solteras, su actividad no es conocida por sus familiares y poseen ingresos semanales entre 15 mil y 20 mil pesos.

“Así sabemos con quién trabajamos y usamos esa información con las organizaciones y las autoridades, porque puede sostener la existencia de las empresas”, explica Landa.

La ABCN ha hecho cabildeo desde 2013 con representantes de la Asamblea Legislativa, del gobierno capitalino y del Senado para propiciar transformaciones legales que dominen de forma más adecuada sobre esa actividad, aún sin resultados.

“No hay políticas públicas hacia la actividad sexual. La regulación evitaría la violencia”, asegura Landa, blanco de las organizaciones antitrata que lo han calificado de abogado del “cártel de los teibol”.

Pero las alternativas al abolicionismo enfrentan una oposición fiera.

Históricamente, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe ha defendido el prohibicionismo con argumentos como que la legalización y/o despenalización de la prostitución beneficia a los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo, promueve el tráfico sexual y no controla la actividad, sino que la expande.

Además, aumenta la prostitución clandestina, ilegal y callejera, fomenta la prostitución infantil, no protege a las mujeres que trabajan en el sector, aumenta la demanda en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad, no fortalece la mejora de la salud femenina y no incrementa las alternativas de las mujeres.

En febrero último, Eruviel Ávila, gobernador del estado de México, dijo que había que cerrar los prostíbulos, por potenciar la trata y sus posibles vínculos con el crimen organizado y anunció que enviaría una iniciativa de ley al vetar esos establecimientos, lo cual aún no sucede. Su administración ha cerrado más de 500 negocios de este tipo desde 2011.

No empezar de cero

Los reportes nacionales sobre políticas de derechos humanos de 2011, elaborados por la Oficina sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, dan cuenta de que 39 de 100 países consideran ilegal la prostitución y casi todos prohíben los burdeles y el proxenetismo.

Ante ese panorama, hay pro y contras frente a la legalización y el prohibicionismo, cuyo mayor estandarte es Estados Unidos, donde prolifera el comercio sexual clandestino y otras prácticas.

En los cuatro puntos cardinales del orbe se revisado la mejor forma de abordar la actividad, con visiones y resultados disímiles. El más célebre es el llamado “modelo nórdico”, aunque sólo lo aplican Suecia, Noruega e Islandia, en un enfoque que criminaliza la compra de sexo, descriminaliza su venta y ofrece estrategias de salida para aquellos que lo ofrecen. Holanda, Australia, Dinamarca, Suiza, Reino Unido, Grecia, Alemania

Austria, Letonia, Hungría, Turquía, Bangladesh y Senegal toleran esa actividad legal. En Holanda, Alemania, Suiza y España, los sexoservidores pagan impuestos y es permitido anunciar esos servicios en los medios de comunicación.

El modelo nórdico busca atajar la demanda de sexo comercial que alimenta el tráfico sexual y fortificar la igualdad entre hombres y mujeres.

Suecia aprobó en 1999 la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres. Noruega e Islandia aprobaron leyes similares en 2008 y 2009, respectivamente, Canadá hizo lo propio en noviembre de 2014 e Irlanda del Norte se convirtió en diciembre de ese año en el primer miembro del Reino Unido en adoptar tal legislación.

Solo Suecia, Noruega e Islandia tienen leyes que criminalizan la compra de sexo. Finlandia aplica una prohibición parcial, mientras que Dinamarca ha optado por la despenalización.

Un análisis de 2014 de la organización estadounidense Equality Now sobre el modelo nórdico resalta que ese esquema desafía la concepción de que es aceptable comprar cuerpos femeninos en la medida en que el comprador pueda adquirirlos.

Ese marco legal trata de abordar violaciones a derechos humanos, como a la igualdad, no discriminación, dignidad y tener una vida libre de violencia, tortura y trato inhumano y degradante mediante la promoción de las mujeres a la seguridad, la salud y la no discriminación, así como disputa el supuesto derecho masculino a comprar sus cuerpos por sexo.

Pero existen cuestionamientos a esa perspectiva. En su artículo “El modelo nórdico” de leyes sobre la prostitución es un mito, publicado 16 de diciembre de 2013 en el portal The Conversation, May-Len Skilbrei, profesora de la Universidad de Oslo, y Charlotta Holmstrom, profesora asistente de la Universidad de Malmo, consideran “débil” la evidencia de que la ley sueca ha sido eficaz contra la trata y especulan con que es posible que haya elevado las tarifas sexuales, que vuelve la trata con propósitos sexuales potencialmente más lucrativa que antes.

“Estas leyes no envían de hecho un mensaje claro de qué y quién es el problema de la prostitución; por el contrario, se aplican a menudo de formas que generan resultados negativos para las personas que desempeñan esa actividad”, arguyen las académicas.

Skilbrei y Holmstrom subrayan que la funcionalidad de esas leyes está ligada con la aplicación simultánea de otras leyes, reglamentos y prácticas dirigidas a situar la culpa de la prostitución en los vendedores de sexo.

En Noruega, las mujeres involucradas en la prostitución son víctimas de mayor vigilancia y controles vecinales y fronterizos que “las estigmatizan y las hacen más vulnerables”.

Las autoras recuerdan que, desde 1999, los teléfonos móviles e Internet han sustituido el contacto cara a cara que solía marcar la prostitución callejera, lo que significa una baja en los contactos con mujeres que venden sexo en la forma tradicional en las calles. Finalmente, mencionan nuevos fenómenos, como la prostitución masculina, mujeres en sitios cerrados y aquellos que venden sexo fuera de las grandes ciudades.

En 2003, el parlamento de Nueva Zelandia votó la Ley de Reforma de la Prostitución, cuyo objetivo es despenalizar la prostitución y proteger los derechos humanos de los profesionales del sexo, así como promover su bienestar, la seguridad y salud en el trabajo.

El Departamento de Trabajo emitió lineamientos luego de consultar a los trabajadores sexuales y a los operadores de burdeles y que abordan temas de seguridad, el servicio a domicilio, de salud sexual y reproductiva, así como el fomento a exámenes frecuentes voluntarios. En Suecia hay unas mil trabajadoras sexuales, en Alemania, aproximadamente 200 mil; en Reino Unido, 80 mil, y 5 mil en Nueva Zelandia.

Al analizar la perspectiva legal de 150 países, Seo- Young Cho, del Instituto Alemán para la Investigación Económica; Axel Dreher, de la Universidad de Heidelberg de Alemania, y Eric Neumayer, de la Escuela de Londres sobre Economía y Ciencia Política, llegaron a una conclusión dispar.

“En promedio, los países que legalizaron la prostitución registran un mayor grado de flujos reportados de trata de personas”, citan en su estudio “¿La prostitución legal aumenta la trata de personas?”, publicado en 2013 en la revista World Development.

Pero los académicos aclaran: el argumento en favor de la prohibición ignora los beneficios potenciales que la legalización podría lograr sobre quienes la ejercen.

“Las condiciones de trabajo podrían mejorar sustancialmente para al menos quienes trabajan legalmente. Además, la prohibición supone temas truculentos de ‘libertad de elección’ relativos tanto para los oferentes potenciales como para los clientes”, escriben los autores.

Para Torres, del CIDE, hay que analizar cada modelo y si funciona o no. “Ninguno resuelve todos los problemas, genera otros. En Holanda, se generaron prostitutas de segunda clase, porque si no se llenan los requisitos”, pasan al mercado clandestino.

Ezeta, por su parte, plantea que el gobierno capitalino debe definir una postura hacia el comercio sexual.

“El modelo nórdico respeta espacios de trabajo, ataca las complejidades” del fenómeno, indica, y agrega que se debe crear una instancia multisectorial que analice el tema. Los expertos concuerdan en que cualquier esquema debe incluir al cliente.

“Hay que empezar a ver el papel del comprador. No hay que empezar de cero. Están las experiencias de países que han hecho la distinción” entre trata y trabajo sexual, apunta Lamas.

En su análisis “Ambiguedad social y moral pública en las decisiones judiciales de 2009”, Gustavo Fondevila, investigador del CIDE, revisó las resoluciones de la Corte Suprema entre 1917 y 2006 y 215 mil criterios publicados en las gacetas y semanarios del organismo judicial y más de 35 mil criterios contenidos en apéndices y algunos informes de labores del mismo periodo y no halló ninguna referencia a los clientes de la industria sexual.

Landa comparte ese criterio. “El cliente no asume su responsabilidad y debe formar parte del debate”, plantea.

Al concluir su show, Tovar baja de la pista y convive con algunos clientes, con quienes bromea e incluso se toma una copa. “Lo veo como un trabajo digno, me siento orgullosa de mi profesión. No estoy dispuesta a ser el pretexto para que les imputen a compañeros delitos que no han cometido”, expone.

En su programa de sesiones de octubre próximo, es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, sostenga una audiencia sobre los derechos de los sexoservidores.

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