El derecho al desarrollo, el derecho a la seguridad y los derechos humanos se fortalecen de manera recíproca. El respeto a los derechos humanos está intrínsecamente relacionado con la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública. De la misma manera, el marco de la seguridad pública en que se hacen efectivos los derechos humanos propicia el desarrolloy el bienestar social.
La seguridad pública es un derecho universal exigible ante el Estado, por lo que su garantía debe incluir políticas de prevención, investigación y sanción del delito, y muy especialmente, de atención a las víctimas.
Uno de los sectores de la población más marginados del pleno goce de este derecho, es el de las personas migrantes en tránsito por nuestro país. Se trata de una población que, dada su particular situación de vulnerabilidad, frecuentemente resulta víctima de un sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos, como la extorsión, la discriminación, la explotación, el abuso físico y sexual, el secuestro e inclusive la trata de personas.
El secuestro en perjuicio de migrantes constituye un delito que atenta directamente contra su dignidad y los derechos humanos, inherentes a ésta, como el derecho a la libertad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y, en algunos casos, incluso, el derecho a la vida. Se trata de un ilícito que afecta no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades.
Con cada caso de secuestro en perjuicio de la población migrante nuestro Estado de Derecho y nuestro tejido social se debilitan, pues la violencia en perjuicio de estas personas, en especial situación de vulnerabilidad, impacta también a la población en general.
El derecho a la seguridad pública también forma parte del derecho a la paz, es decir, a la prerrogativa de todo ser humano a vivir libre de conflictos internos o externos que atenten contra la tranquilidad social. Y los sujetos obligados del derecho a la paz son tanto servidores públicos como los particulares que actúen bajo la anuencia o tolerancia de los primeros, mediante acciones u omisiones, directa o indirectamente.
La CNDH ha sido testigo de la implementación de algunas acciones positivas por parte del Gobierno mexicano para garantizar los derechos humanos de los migrantes, incluido el de seguridad personal, como son: la creación de instrumentos que brindan facilidades a víctimas y testigos de delitos relacionados con la trata de personas, secuestro y otras violaciones graves; la expedición de la Ley de Migración y la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria; así como la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos.
Legislar en materia de derechos humanos puede considerarse un avance en muchos sentidos; sin embargo, lo importante es que las leyes se apliquen y se cumplan en beneficio de los destinatarios de la norma, más aún, si se trata de personas en situación de vulnerabilidad. La agenda migratoria contempla numerosos retos dentro de los que destacan: la publicación del Reglamento de la Ley de Migración, una medición adecuada de los flujos migratorios para superar la actual imprecisión; impulsar políticas públicas para eliminar las brechas de marginación y pobreza; la atención efectiva a niños, niñas y adolescentes migrantes, cuyo número aumenta por la falta de oportunidades educativas y laborales; mejorar el funcionamiento de las estaciones migratorias y la precisión de las funciones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno relacionados con el tema migratorio, entre otros.
Ante la cada vez más grave situación de violencia en contra de la población migrante a manos del crimen organizado, que ha contado con la omisión o complicidad de algunos funcionarios de Estado, es importante insistir en que abordar la protección al migrante no se logrará con esfuerzos aislados, coyunturales o reactivos, sino con una política de Estado, con rumbo claro y medible.
Como lo señaló nuestro ombudsman nacional, al emitir el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, el pasado mes de febrero del 2011, nuestro país requiere una política integral en materia migratoria que considere al nuestro como un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, y que asuma, para su diseño, operación y seguimiento, una perspectiva de derechos humanos y desarrollo.
Los migrantes tienen derecho a no tener miedo, y el Estado mexicano la obligación correlativa de garantizar la vigencia efectiva de esta prerrogativa esencial e inherente a su dignidad como personas.
