viernes 19 abril 2024

El debate por la libertad e independencia de Internet

por Octavio Islas

En la primera parte del texto refiero cuáles son los principios de la gobernanza de Internet determinados en la NETmundial -Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance-, foro realizado durante los días 23 y 24 de abril en São Paulo, Brasil.

La NETmundial es “la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet. La reunión es una iniciativa conjunta del Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) y /1Net, el foro que reúne a las entidades internacionales de los distintos sectores que participan en la gobernanza de Internet”.1

A mediados del mes de abril, el Comité Multisectorial Ejecutivo (Executive Multistakeholder Committee o EMC),2 presentó al Comité Multisectorial de Alto Nivel (High-Level Multistakeholder Committee o HLMC) un documento de gran interés para los interesados en el futuro de la gobernanza de Internet. El documento fue el resultado del trabajo realizado en línea semanas antes de la celebración de la NETmundial.3

En ese foro fueron analizados y discutidos dos temas de particular trascendencia: los principios de la gobernanza de Internet y el plan de trabajo para la futura evolución de su ecosistema. El debate en cuestión es por la libertad e independencia de Internet.

En el segundo apartado refiero por qué la NETmundial fue un escenario más en el enfrentamiento de dos grandes corrientes antagónicas que pretenden imponerse para determinar el futuro de Internet: la primera, aquélla que afirma una red abierta, unida y transparente; la segunda, la que apuesta por uno cerrada, controlada, fragmentada y que implica su consecuente balcanización. Las esperanzas depositadas en el advenimiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento parecen diluirse. Algunos gobiernos efectivamente pretenden convertir Internet en una especie de Big Brother, como el anticipado por Eric Arthur Blair (George Orwell), en el libro 1984.

En el tercer apartado señalo que el debate sobre el posible porvenir de la red también se presenta en México. En la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 24 de marzo, los artículos en esta materia representan la rotunda negación de no pocos de los principios de gobernanza de Internet que fueron afirmados en la NETmundial. Para colmo, si el gobierno de Enrique Peña Nieto no lo concibe como un servicio público, la Estrategia Digital Nacional (EDN) definitivamente carecerá de toda justificación y sentido.

Los principios de la gobernanza

En el documento presentado por el Comité Multisectorial Ejecutivo (EMC) como principios de la gobernanza de Internet fueron definidos los derechos humanos; la cultura y la diversidad lingu%u0308.stica; el espacio unificado y no fragmentado; la seguridad, estabilidad y resistencia de Internet; la arquitectura abierta y distribuida; el entorno favorable para la innovación y la creatividad; los estándares abiertos; así como un conjunto de principios relativos al proceso de gobernanza de Internet.4

En ese documento se afirma que los derechos que tienen las personas en línea también deben ser protegidos en línea. Esos derechos comprenden, entre otros temas posibles, la libertad de expresión, la libertad sindical, la privacidad, la accesibilidad, la libertad y el acceso a la información, así como el desarrollo.

En materia de libertad de expresión se indica que todas las personas tienen derecho a tener y expresar opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información en Internet sin ser objeto de interferencias arbitrarias. La libertad sindical comprende la reunión pacífica en línea, inclusive a través de redes sociales y plataformas. En materia de privacidad deberá protegerse el derecho a la intimidad, evitando interceptaciones arbitrarias o ilegales de los datos personales y la vigilancia, y el derecho a la protección de la ley contra tales actos. En cuanto a accesibilidad, se señala que las personas con discapacidad deben disfrutar de un acceso completo a los recursos en línea sobre una base de igualdad con los demás. En materia de libertad y acceso a la información, se establece que todas las personas deben tener el derecho de acceder, compartir, crear y distribuir información en la red. Se afirma que todos tienen derecho al desarrollo y que Internet juega un papel fundamental en la plena realización de los objetivos de desarrollo sostenible acordados a nivel internacional.

El documento afirma que la gobernanza de Internet debe respetar y promover la diversidad cultural y lingu%u0308.stica en todas sus formas. Se indica que Internet debe seguir siendo la red de redes interconectadas globalmente, coherentes, estables, no fragmentadas, escalables y accesibles, basadas en un conjunto común de identificadores únicos que permitan el libre flujo de paquetes de datos: información. Además se afirma la necesidad de conservarla como una red segura, estable, resistente y confiable, preservándola como un ambiente fértil e innovador, manteniéndola como entorno favorable para la creatividad. La gobernanza de Internet debe promover estándares abiertos, informados por la experiencia individual y colectiva, la experiencia práctica y las decisiones tomadas por consenso abierto, que permiten una red única, interoperable, resistente, estable, descentralizada, segura e interconectada, al alcance de todos. Además las normas deben ser compatibles con los derechos humanos, permitiendo el desarrollo y la innovación.

El conjunto de principios relativos al proceso de gobernanza de Internet comprende los siguientes enunciados: múltiples partes interesadas; apertura, gobernanza participativa sustentada en el consenso; transparencia; responsabilidad; inclusividad y equidad; distributividad; colaboración; habilitación de una participación significativa; accesibilidad y reducidas barreras; políticas de acceso a servicios de Internet orientadas hacia el futuro y tecnológicamente neutras.5

Plan de trabajo para la futura evolución del ecosistema de gobernanza de Internet

Antes de abordar el plan de trabajo para la futura evolución del ecosistema de gobernanza de Internet, debemos tener presente que en marzo el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció planes para terminar su contrato con la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN),6 el cual expira en 2015, expresando, además, disposición para transitar a “un modelo multilateral global”.

A través de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA), la ICANN -dependiente del Departamento de Comercio del gobierno de Estados Unidos, con sede en California- administra la tecnología que mantiene las computadoras conectadas con Internet y conduce el tráfico web. De acuerdo con lo asentado en su sitio web (https://www.icann.org/es/about/participate/what), la ICANN es una agencia sin fines de lucro creada en 1998 por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para regir el sistema que asigna las direcciones de los portales web y conduce el tráfico en Internet. Sin dicha coordinación, sería imposible tener una Internet a nivel mundial.

La principal responsabilidad de la ICANN es garantizar que cualquier persona que ingrese una dirección de Internet, en cualquier parte del mundo, sea efectivamente remitida al sitio apropiado. Ello es posible mediante la asignación y coordinación de los identificadores únicos (direcciones IP y URL) que enlazan las computadoras juntas, asegurando así que la web sea una red mundial.

Desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, desarrollada en dos fases, la primera en Ginebra, Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda en Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 2005, la influencia ejercida por el gobierno de Estados Unidos en el desarrollo de Internet fue objeto de amplios cuestionamientos. El control que el gobierno estadounidense ejerce sobre ICANN, particularmente, fue objetado.

Al apartar de la Secretaría de Comercio el control de ICANN, el gobierno de Barack Obama pretende restar presión a los señalamientos y denuncias sobre las prácticas de espionaje que ha venido realizado el gobierno de Estados Unidos a través de la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency, NSA), así como organismos similares de inteligencia de otras naciones.

De acuerdo con documentos filtrados por Edward Snowden en junio de 2013, la NSA desde 2007 ha desplegado un programa de vigilancia electrónica confidencial, conocido como PRISM. El programa tiene como objetivos a aquellos ciudadanos que vivan fuera de Estados Unidos, aunque también se incluyen a los ciudadanos estadounidenses que hayan mantenido contacto con personas que habitan fuera de la Unión Americana. A través de PRISM, la NSA es capaz de obtener correos electrónicos, vídeos, chats de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre los perfiles en redes sociales. Entre las víctimas del programa de espionaje destacan varios jefes de Estado, incluyendo al presidente de México.

Las reprobables prácticas de espionaje realizadas por órganos de inteligencia como la NSA no han cesado. El miércoles 12 de marzo, en Washington, Estados Unidos, Glenn Greenwald, Laura Poitras y un grupo de periodistas que forman parte del portal informativo The Intercept -el cual opera desde el 10 de febrero- dieron a conocer nuevos documentos filtrados por Edward Snowden, según los cuales la NSA implantó programas maliciosos en millones de computadoras, los cuales permiten extraer información de redes telefónicas e Internet en todo el mundo. La recopilación automática de la información opera a través de un sistema denominado “Turbina”, el cual permite a la NSA destinar menor cantidad de personal a las prácticas de espionaje que realiza. En algunos casos, la NSA emplea un señuelo de Facebook para infectar la computadora del objetivo.

Debido a las prácticas de espionaje realizadas por el gobierno de Estados Unidos, los jefes de los gobiernos de Brasil y Alemania han externado la posibilidad de emprender la nacionalización de algunas piezas fundamentales de la infraestructura de Internet. Además en la Unión Europea algunos líderes se han pronunciado por la internacionalización de la ICANN. Ello definitivamente complica la transición en la gobernanza de Internet, que efectivamente podría correr el riesgo de balcanizarse.

Con respecto a la transición de la administración de funciones de ICANN, en la NETmundial se afirmó que la discusión sobre los mecanismos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de esas funciones, después de que termine la gestión del gobierno de Estados Unidos a través de la Secretaría de Comercio (septiembre de 2015), tiene que llevarse a cabo mediante un proceso abierto con la participación de todos los interesados, que definitivamente se extienden más allá de la comunidad misma de ICANN.

Los participantes en la NETmundial consideran que el proceso de globalización de ICANN dará lugar a una organización efectivamente internacional y global, que servirá a los intereses públicos, con un estatuto independiente y con mecanismos de rendición de cuentas claras que satisfagan los requisitos de los interesados directos internos y la comunidad mundial.

El debate por la libertad e independencia de Internet en México

En la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo presentó al Congreso el 24 de marzo, casi con cuatro meses de retraso, destinada a regular ocho artículos constitucionales que fueron modificados en julio de 2012, los cuales dieron origen a la llamada “reforma en telecomunicaciones”, los artículos en materia de Internet representan la rotunda negación de no pocos de los principios de gobernanza de Internet que fueron afirmados en la NETmundial.

En el documento presentado por el Comité Multisectorial Ejecutivo (EMC por sus siglas en inglés) como principios de la gobernanza de Internet, se afirma que en materia de libertad de expresión todas las personas tienen derecho a tener y expresar opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información en Internet sin ser objeto de interferencias arbitrarias. Además en materia de privacidad se afirma que deberá protegerse el derecho a la intimidad, evitando interceptaciones arbitrarias o ilegales de los datos personales, y la vigilancia y el derecho a la protección de la ley contra tales actos.

El artículo 145 de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impone delicadas restricciones a la libre circulación de información y contenidos en Internet: “Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad…”.

Los artículos 192 y 194 legitiman el panoptismo digital que podría practicar el gobierno, a partir de la retención de datos e información de los usuarios, al obligar a los proveedores de acceso a Internet a mantener registros y control sobre sus comunicaciones. El derecho a la privacidad se diluye. Los proveedores de acceso a Internet representarían la efectiva materialización de la “policía del pensamiento” (George Orwell, 1984).

Además la fracción VII del artículo 197 faculta al gobierno federal y a los gobiernos estatales para interrumpir las señales de Internet y, en general, las telecomunicaciones, al amparo de una vaga mención de los términos “seguridad pública y nacional”. Tal disposición pasa por alto los derechos relativos a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas: “…Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional a solicitud de las autoridades competentes…”.

De acuerdo con Fernando Negrete, destacado experto en telecomunicaciones y director general de la firma Mediatelecom Policy & Law, el problema fundamental de la ley secundaria radica en una deliberada omisión: adolece de una definición expresa de “servicio público”. En consecuencia la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se aparta de la necesidad de articular efectivas políticas públicas en materia de Internet. Si el gobierno no lo concibe a Internet como un servicio público, la Estrategia Digital Nacional (EDN) definitivamente carecerá de toda justificación y sentido. Así de elemental resulta tal contradicción.

Notas:

1 Véase: http://netmundial.br/es/about/ Fecha de consulta: 9 de abril de 2014.

2 El Comité Multisectorial de Alto Nivel se encargó de supervisar la estrategia general de la reunión y promover la participación de la comunidad internacional en torno a los temas que fueron debatidos en la NETmundial. El comité lo integran representantes ministeriales de 12 países: Alemania, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Ghana, India, Indonesia, Sudáfrica, Túnez, y Turquía, y 12 miembros de la comunidad internacional de múltiples partes interesadas. El comité además cuenta con representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), y la Comisión Europea.

3 El documento puede ser consultado en: http://document.netmundial.br/1-internet-governance-principles/ Fecha de consulta: 18 de abril de 2014.

4 Entre los principales antecedentes en los pronunciamientos relativos a la gobernanza en Internet, destaca la “Declaración de la Independencia Digital”, discurso que Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, dictó en la inauguración de la Conferencia Plenipotenciaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 12 de octubre de 1998. Véase: http://www.itu.int/newsarchive/press/PP98/Documents/Statement_Gore-es.html Fecha de consulta: 18 de abril de 2014.

5 En lo relativo a múltiples partes interesadas (Multistakeholders), se destaca la necesidad de promover la plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad técnica, la academia y los usuarios en sus respectivas funciones y responsabilidades. La apertura, gobernanza participativa sustentada en el consenso del gobierno destaca la necesidad de desarrollar de políticas públicas internacionales relativas a internet y los mecanismos de gobernanza de Internet, permitendo, por consenso, la participación plena y equilibrada de todas las partes interesadas. En materia de transparencia se estipula que las decisiones deben ser fáciles de entender y los procesos deben estar claramente documentados siguiendo los procedimientos acordados. En materia de responsabilidad, se indica que deben existir mecanismos de control y equilibrio, así como de revisión. Inclusividad y equidad implican que las instituciones de gobierno de internet y los procesos deben ser incluyentes y abiertos a todos los interesados. La distributividad supone la gobernanza de internet distribuida, con mecanismos y organizaciones de múltiples partes interesadas. En materia de colaboración se indica que la gobernanza de Internet debe basarse y fomentar enfoques de colaboración y de cooperación que reflejan los intereses de las partes. En la habilitación de una participación significativa se establece que en los procesos de gobernanza de internet debería apoyarse a los grupos de interés de los países en desarrollo y de los grupos menos representados. En materia de accesibilidad y reducidas barreras, el documento establece que la gobernanza de Internet debe promover igualdad de oportunidades universales y acceso a Internet de alta calidad para estimular el desarrollo y la inclusión social. Finalmente, las políticas de acceso a servicios de internet orientadas hacia el futuro y tecnológicamente neutras, deben resultar capaces de poder adaptarse a tecnologías en rápida evolución y los diferentes tipos de uso.

6 Desde su creación -18 de septiembre de 1998, por Jon Postel, durante el gobierno del presidente Bill Clinton-, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), organización privada, sin fines de lucro, responsable de administrar los nombres de dominio y protocolos de Internet, o IP, direcciones asignadas, ha dependido del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

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