Ana Cristina Ruelas

Oficial adjunta del programa de acceso a la información de Artículo 19.

El costo de la legitimidad

La publicidad oficial ha sido utilizada como un herramienta de premio y castigo entre el gobierno y los medios de comunicación. Además, ha servido eficazmente como el concepto de gasto que hospicia la propaganda de los políticos.

La falta de criterios en la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación permite que esta sea utilizada de forma arbitraria y discrecional. Montos millonarios son utilizados en total opacidad para ensalzar a los gobernantes en turno y para comprar -en muchas ocasiones- la parcialidad de los medios de comunicación, para informar lo que quieren que sepa la sociedad.

En este sentido, la publicidad oficial, lejos de atender la función de informar, es un instrumento perverso que inhibe la libertad de expresión y que limita la información que reciben las distintas audiencias.

Estas prácticas corruptas, han hecho que – en muchos de los casos – asumamos que ver la cara de nuestro gobernador en los espectaculares de la calle más traficada de la ciudad sea algo normal y que los anuncios de su informe anual de labores con producción hollywoodense sea parte del show.

Sin embargo, a pesar de la normalidad con la que se mire, esto no quiere decir que deba ser así ¿por qué tendríamos que pagar por ver en la portada de una revista a nuestro gobernador, que además, lo único que hace es contarnos sobre su honorabilidad sin dar ningún tipo de información relevante para la vida ciudadania? Así, en muchas ocasiones identificamos más a un gobierno estatal por su gobernante, que por las políticas públicas que lleva a cabo en beneficio de su gente. (Ver video Presentación Índice de Acceso al Gasto de Publicidad Oficial)

La transparencia es el primer paso hacia una efectiva rendición de cuentas. Al conocer el gasto que ejercen los gobiernos por concepto de publicidad oficial, será posible reconocer la relación financiera que existe entre la prensa y los gobiernos y así determinar su independencia a la hora de informar.

Por esta razón, ARTICLE 19 y Fundar, hicimos un análisis sobre la transparencia en la asignación del gasto en publicidad oficial en las entidades federativas así como del gasto per sé: de los montos millonarios asignados a publicidad oficial distribuidos de forma desigual y opaca a los distintos medios de información. “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas” presenta un análisis profundo sobre el acceso al gasto en publicidad oficial y documenta una serie de casos de censura sutil o indirecta que desde el 2007 han venido ocurriendo en el país mediante el retiro injustificado de la pauta oficial.

Los resultados de este diagnóstico son el reflejo de un problema estructural que tiene que ver, primero, con la falta de una normatividad específica que regule la asignación de publicidad oficial de forma objetiva y transparente; y luego, con la total opacidad con la que se ejercen los recursos públicos.

En este sentido vale la pena recordar que durante el 2012 hubo algunos intentos legislativos por regular la publicidad gubernamental que no prosperaron dentro de las Cámaras.1 También, recién electo el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a crear una instancia que vigilase la contratación de publicidad a los medios2 y después, en el compromiso 95 del Pacto por México se previó la regulación de la publicidad oficial.

La normatividad sigue siendo un pendiente dentro de la agenda legislativa.

Ahora bien, el ejercicio de los recursos públicos es información que, de acuerdo a la Constitución, es pública y por lo tanto debe ser accesible para todos. A pesar de esto, el gasto de millones de pesos en total opacidad es el pan de cada día en todos los niveles de gobierno. La Segunda Edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en la Entidades Federativas revela que 18 entidades no informan o informan lo mínimo sobre este gasto. Solamente Colima y el Estado de México señalan las campañas y el concepto del gasto; y el Distrito Federal es el único que después del recurso de revisión -es decir, previa negativa de la información- da acceso a los contratos firmados con los distintos medios de comunicación.

Asimismo, las prácticas para limitar el acceso a la información siguen vigentes. La reserva, declaración de inexistencia, o la falta de respuesta y de un responsable claro para otorgar la información son acciones constantes de los gobiernos estatales en turno. Esto quiere decir que los 4 mil 518 millones de pesos que gastaron 27 entidades en 2011, no tienen destino claro y definido que permita reconocer su necesidad y su utilidad; aún no podemos saber ni quiénes fueron los beneficiarios del gasto ni mucho menos en qué se gastó.Este monto representa el doble del gasto que ejerce la federación en la producción y distribución de libros de texto gratuitos en todo el país.3

Aunado a esto, los estados gastan 40% más de lo que originalmente presupuestaron para este rubro, situación que merece una respuesta que permita reconocer la necesidad de incrementar en tal medida los montos originalmente asignados.

Finalmente, la distribución de la pauta a los distintos medios de comunicación muestra que la concentración de los recursos públicos recae principalmente en la televisión y la prensa, aún cuando existen estados en los que la televisión representa más del 50% del gasto total en este concepto. En 2011, en Puebla, el gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%.

La publicidad oficial es un instrumento para informar y crear ciudadanía, para la pluralidad y el debate sobre las acciones públicas, no es una herramienta para acallar voces o para crear preferencias ciudadanas hacia gobernantes en turno.

El problema no es menor, el gasto sigue creciendo año con año y los gobiernos enfocan sus esfuerzos en crear nuevas formas para evadir la transparencia y la rendición de cuentas.

Notas:

1 El Senador Javier Corral y el Senador Armando Rios Piter presentaron cada uno por su parte una iniciativa de ley para reglamentar el artículo 134 de la CPEUM.

2 Enrique Peña Nieto, “El Inicio del Cambio”. Reforma. Disponible en http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspxValoresForma=1394303-1066,el comienzo del cambio.

3 El PEF 2013 asignó a la Producción y distribución de libros de texto gratuitos $2,399,713,968.00

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