Pocos debates son tan intensos en México como el que involucra las leyes en materia de medios de comunicación. Y hay razón para que sea así: los empresarios del sector tratan de proteger sus millonarias inversiones que implican grandes utilidades y espacios de influencia. El gobierno, por su parte, intenta definir reglas que le permitan preservar cierta subordinación y el Congreso actúa como el campo de batalla en el que unos y otros tratan de imponer su agenda, mientras otros actores relevantes pero de menos peso como los académicos, las agrupaciones de especialistas y las radios comunitarias también hacen su lucha por impulsar su visión del tema.
Pero en esta historia hay un gran ausente: los ciudadanos. Supuestos defendidos de todos los actores -que a la menor oportunidad hablan en su nombre-, pero que en los hechos están muy lejos de conocer siquiera de qué trata esta discusión. Triste realidad si recordamos que tanto los medios privados como los públicos tienen su razón de ser en la idea de ofrecer un servicio a esa población.
No obstante, el debate no está en las pláticas de café ni siquiera en la agenda de los propios medios de comunicación, tal vez porque están más preocupados por cuidar sus propios intereses que por involucrar al público. ¿O cuántas mesas han visto en la radio y la televisión debatiendo cuál debe ser la mejor forma de administrar las concesiones o qué límite debe tener la comercialización en los medios privados?, ¿qué foros se han creado -físicos o virtuales- para discutir el papel de los medios públicos y la mejor forma de fortalecerlos? Tampoco he visto muchas entrevistas sobre cómo impulsar las nuevas tecnologías para la población desde una política de Estado ni de qué tanto debe estar abierto el mercado para los jugadores extranjeros.
La realidad es que a pesar de ser un tema que afecta a millones de mexicanos -ya sea porque trata de los ingresos que puede recibir el Estado o porque regula la oferta de medios que tiene el consumidor- no hay una socialización del debate que tristemente está limitado a unos cuantos. Tal vez por ello es que cuando se discuten estos asuntos no se habla de los derechos de la audiencia. No se mencionan, por ejemplo, los posibles límites a los espacios pagados que son presentados como información o como infomerciales; tampoco de la obligación de los medios de avisar al público cuando una información obedece a criterios empresariales y no periodísticos, ni se establecen reglas para tratar ciertos temas como el tratamiento de la presencia de menores de edad en algunas notas.
El público no forma parte de la discusión ni siquiera cuando miramos lo que pasó en el último año en el país, en el que ha sido evidente el empoderamiento de los ciudadanos en su interacción con los gobernantes (caso #internetnecesario, en el que se frenó un impuesto) o con los medios (caso Esteban Arce, en el que se hizo evidente el rechazo a su homofobia).
Es un hecho que el tema es muy complejo, tanto que ha sido imposible construir un acuerdo en los últimos años. Por ello resulta interesante la iniciativa de diversos medios y actores -como propone, en este caso, etcétera– que buscan un consenso en la materia. Sin embargo, esta negociación no debería hacerse sin tener como punto de partida el interés de los ciudadanos, los cuales necesitan tener conocimiento del tema y acceso a los distintos puntos de vista para poder formar una opinión. De ser así, los ciudadanos dejarán de ser espectadores pasivos de este proceso para convertirse en coprotagonistas de la historia.
