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| Ilustración: Correaiae |
Si 2006 fue el año en el que las grandes empresas mediáticas consolidaron el poder acumulado en el sexenio del presidente Fox, 2007 fue el año de la resaca.
Éste fue el año en que los grandes medios olieron el peligro de estirar más allá de lo tolerable la presión sobre el sistema político, que finalmente reaccionó desencadenando un juicio público contra el sistema mediático. Tras este juicio, el sistema político terminó invalidando algunas de las reglas del juego promovidas por las empresas y puso en vigor otras que no sólo acotaron los campos de influencia y de negocios de las corporaciones dominantes de la información y la comunicación, sino que también hay que decirlo impusieron límites discutibles a las libertades de expresión tanto de los actores políticos como de los particulares.
Adicionalmente habría que advertir que en el debate público del año que termina, algunas de las resoluciones de la Suprema Corte contra la llamada “Ley Televisa”, así como algunas de las reformas constitucionales aprobadas en materia electoral, apuntaron a un movimiento pendular que podría estar pasando del control del sistema mediático sobre el sistema político situación a la que se llegó en el primer gobierno de la alternancia, y que ahora se planteaba corregir al regreso a los controles del sistema político sobre el sistema mediático que caracterizaron la relación del poder y los medios durante los gobiernos del partido dominante a lo largo de la mayor parte del siglo pasado.
Se suele fechar en 2002 el inicio del tránsito formal hacia el acrecentamiento del poder de los medios en sus relaciones con el gobierno y del cambio en la correlación de fuerzas dentro del modelo histórico de colusión entre los medios y el poder público. Este cambio condujo a una suerte de cesión de la rectoría del modelo de colusión de manos del componente estatal a manos del componente privado del complejo político empresarial de control de los medios. Fue un tránsito a la mayor dependencia del sistema político a las condiciones impuestas por el sistema mediático, al contrario de la mayor dependencia del sistema mediático a las condiciones que imponía el sistema político en el siglo pasado.
El primer paso, en efecto, para formalizar la nueva correlación de fuerzas en favor del sistema mediático quedó simbolizado en los dos decretos presidenciales publicados el 10 de octubre de 2002. Con el primero, el presidente Vicente Fox expidió un nuevo “Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenido de las transmisiones de radio y televisión” que sustituyó al expedido por el presidente Luís Echeverría tres décadas atrás, en 1973 para revertir esta vez una serie de obligaciones que el sistema político le había impuesto 30 años atrás al sistema mediático. Mientras que con el segundo decreto, el presidente Fox expidió un acuerdo que sustituyó el del presidente Díaz Ordaz de 1969, para reducir las cargas fiscales que este último le había impuesto a los medios tres décadas atrás, a retribuir al Estado con tiempo aire de transmisión. A diferencia del acuerdo diazordacista que consolidó entonces la supremacía del sistema político sobre el mediático, el acuerdo de Fox llevaba el indudable mensaje que anunciaba la nueva supremacía del sistema mediático sobre el político.
Finalmente, hacia el término de la administración del presidente Fox se produjo otra serie de normas, esta vez a cargo del Congreso Federal, normas que fueron percibidas ya no sólo como una rendición del Ejecutivo, sino del conjunto del sistema político ante el grupo dominante del sistema mediático. En este nuevo episodio, un paquete de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, elaborado de acuerdo a una percepción extendida por encargo de las cúpulas del sistema mediático, y por ello rotulado como “Ley Televisa”, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 y por mayoría en el Senado en marzo de 2006.
¿El Gran Viraje?
Una vez concluido este proceso legislativo de reformas a las leyes de radio y televisión y de telecomunicaciones resumidas también como “Ley de Medios” y una vez publicado el decreto respectivo por el presidente Vicente Fox el 11 de abril de 2006, un grupo de senadores opuesto a ese paquete de normas presentó el 4 de mayo del mismo año, ante la Suprema Corte de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra algunos de los principales artículos reformados, promoción a la que la Corte le dio entrada cinco días después, el 9 de mayo de 2006.
Pero si a lo largo de este proceso ya se percibían sometidos a los designios del sistema mediático tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, las grandes empresas de los medios confiaban y los activistas del sistema político temían que el Poder Judicial terminaría por desechar la acción de inconstitucionalidad y así dejar firmes las reformas.
De allí la sorpresa de todos cuando se dio a conocer el proyecto de resolución de un ministro de la Corte, la primera semana de mayo de 2007, lo mismo que cuando se escucharon durante las últimas semanas de ese mes las voces de los ministros abonando, una a una, las posiciones más hostiles del sistema político contra el sistema mediático, así como cuando finalmente se aprobó la resolución del Pleno de la Suprema Corte el siguiente 7 de junio.
Lo que no fueron capaces de percibir las cúpulas del sistema mediático es que, de un año a otro, las condiciones políticas del país habían cambiado radicalmente. No sólo había terminado el uno de diciembre anterior el gobierno del presidente Fox, sino que el presidente Felipe Calderón no mantenía la misma estrecha relación de su antecesor con los grandes medios. No sólo había quedado atrás una reñida campaña electoral, cuyos candidatos dependían de una buena relación con los grandes medios para contar con mejores perspectivas en las urnas, sino que el resultado de esas urnas había disipado el riesgo de un gobierno autoritario contra el cual las empresas oponían la necesidad de prevenciones legislativas tendientes a suprimir los poderes discrecionales del Ejecutivo en materia de radio y televisión.
En estas nuevas condiciones, la sentencia de la Corte que invalidó los artículos centrales de las reformas de un año antes fue asumida por sus promotores como una reivindicación del sistema político sobre el mediático. Y las sesiones televisadas del Pleno de Ministros fueron percibidas como un juicio público, como un ajuste de cuentas del sistema político al sistema mediático.
El nuevo deslinde
El episodio anterior precipitó juicios en los que se consideró a la Corte como la única institución capaz de revertir los excesos de los llamados poderes fácticos, junto a manifestaciones de euforia ante lo que se estimó una enorme derrota de los grandes consorcios de los medios. Esto último pasaba por alto que la invalidación de determinados artículos del satanizado paquete de reformas no hizo otra cosa que regresar a la legislación que estaba vigente antes de esas reformas, es decir, a la generada por el sistema político anterior, en el que se forjó el complejo político empresarial de control de los medios, con el añadido de los acuerdos y reglamentos de Fox, que propiciaron que ese complejo pasara de la rectoría del Estado a la rectoría de los consorcios privados.
En otras palabras, el saldo neto previsible de esta zarandeada al sistema mediático tras la actuación de los tres poderes constitucionales del sistema político (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) es que permanecieron intocados los altos niveles de concentración de mercados y audiencias, en la medida en que no se generaron en este proceso las condiciones para el otorgamiento ágil, objetivo y transparente de más y más concesiones a quienes no participan de esa concentración. Y en cuanto a la antigua demanda democrática de acotar el poder de decisión discrecional del Ejecutivo en la materia, la más celebrada invalidación de la Corte la del precepto que obligaba a la autoridad a la asignación de concesiones mediante subasta pública, un criterio objetivamente medible le regresa al Ejecutivo el poder discrecional de otorgarlas con base en criterios subjetivos: los concursos de proyectos de contenidos que a juicio de la autoridad respondan mejor al interés público. Pero además los ministros invalidaron también la facultad de objeción del Senado a los nombramientos presidenciales de los miembros del órgano regulador: la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL),con lo cual se restauró el poder discrecional del Ejecutivo para nombrar, por sí y ante sí, a autoridades reguladoras que sólo respondan de su actos al propio Presidente.
Así, tras hacer oler el peligro por sus excesos al sistema mediático, es decir, a los poderes fácticos de la comunicación, el sistema político, en voz del Ejecutivo y de no pocos miembros del Legislativo, se aferraron a partir de junio a la posición de que no hay necesidad de nuevos intentos de actualizar las leyes en la materia y de que el saldo dejado por la interpretación de la Corte deja una normatividad adecuada para el funcionamiento del sector con garantías para todas las partes tuteladas bajo la discrecionalidad del poder presidencial. Y en esto empiezan a coincidir diversas voces del sistema mediático.
Pero todavía faltaba septiembre y la decisión del Poder Legislativo con los votos de los legisladores del partido del Ejecutivo de no dejar al Poder Judicial como el único capaz de mantener bajo control a los poderes fácticos de la comunicación.
Al empezar el último cuatrimestre de 2007 el sistema político mexicano cerró filas frente al sistema mediático. La madrugada del 12 de septiembre de 2007, el pleno del Senado de la República dio entrada en primera lectura el dictamen de reforma constitucional en materia electoral con importantes implicaciones en la comunicación pública y el papel de los medios y por la tarde de aquel mismo día lo aprobaba en segunda lectura, en lo que pareció un franco desafío del sistema político al mediático.
En las semanas previas, el sistema político había logrado poner a la cabeza de la agenda pública su acusación al sistema mediático de enmascarar con su defensa de la inamovilidad de los consejeros y la autonomía del IFE el propósito de obstaculizar una reforma electoral tendiente a acabar con las cuantiosas transferencias de recursos de los contribuyentes a los medios por la vía de la inversión publicitaria de los partidos en mensajes radiotelevisados pagados.
Sólo que aprovechando ese flanco indefendible del sistema mediático, el sistema político avanzó posiciones que ciertamente apuntan al establecimiento de nuevos controles políticos sobre los medios. El cambio radica en que el portador de los controles por parte del sistema político ya no será sólo el Poder Ejecutivo, sino que los compartiría con los líderes partidistas determinantes en el Congreso. Así, un “nuevo” IFE controlado por esos líderes será a su vez la autoridad reguladora de contenidos mediáticos clave en materia política, así como de la expresión de los particulares al contratar mensajes pagados en época electoral, a través de procedimientos expeditos que incluyen la suspensión de transmisiones de estaciones de radio y de canales de televisión.
El sistema político escarmentó tras un sexenio de sumisión prácticamente incondicional al sistema mediático. Y el sistema mediático olió el peligro de provocar con sus excesos las reacciones del sistema político.
Pero todo indica que habrá que esperar mucho más que los episodios de este año para transitar con pasos firmes a la elaboración de respuestas duraderas a las expectativas de contar en México con un cuerpo normativo moderno y democrático, capaz, a la vez de garantizar las libertades informativas y de opinión, precisar los derechos y las obligaciones del sistema mediático y definir los campos de acción del sistema político en la comunicación pública del país.
Coordinador de Periodismo y del Programa Comunicación, Derecho, Democracia del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.
jose.carreno@uia.mx
Para entender los medios de comunicación (Nostra, 2007) es el libro más reciente del autor.
