Cinque Terre

José Carreño Carlón

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Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana y titular de la Cátedra Unesco/UIA.

El acoso a Proceso

El 19 de julio de 1976, apenas un día después de la operación política que destituyó a Julio Scherer García como director del periódico Excélsior, los espías gubernamentales de la Dirección Federal de Seguridad vigilaban una reunión del periodista con amigos y otros expulsados del diario, que tuvo lugar en el Hotel María Isabel Sheraton frente al Ángel de la Independencia.

Esa noche, los agentes de la DFS, como si fueran reporteros en busca de la exclusiva, le proporcionaron los datos necesarios al entonces titular de la dependencia, Luis de la Barreda Moreno, para redactar una tarjeta informativa que, sin saberlo, era primicia sobre la fundación del semanario Proceso. También, el inicio de un acoso oficial permanente a las actividades de la revista que nació en 1976.

En el Sheraton, según el reporte de inteligencia firmado por De la Barreda en poder de etcétera , un presídium encabezado por Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero, Ángeles Mastreta y Froylán López Narváez, se quejaba ante unas dos mil personas de la intervención gubernamental para la remoción del periodista. Según los espías, el grupo de inconformes tenía “planes inmediatos” que “consistían en la creación de una agencia informativa para servir a la prensa independiente de provincia y posteriormente crear un semanario con miras a convertirse en un diario independiente”, por eso habían invitado a los asistentes interesados a “una sociedad por participación, ofreciendo sus acciones por valor de $500.00 cada una () se hace notar que se vendieron varias de ellas a lo largo del acto”, cerró De la Barreda en su informe.

El régimen vigilaba la publicación incluso antes de existir, desde las primeras ideas que hablaban de su nacimiento. Luego de aquella reunión en el Sheraton, López Narváez dictaba una conferencia en la UAM-Azcapotzalco donde según la DFS: “informó que próximamente se fundará una organización denominada ‘Comunicación e Información’ SA de CV, para lo cual se están vendiendo ya acciones () que podían adquirirse con Samuel del Villar”.

Los agentes obtuvieron copia del acta constitutiva de CISA, los nombres de socios y colaboradores. Siempre estuvieron atentos a todas las acciones de Proceso, y recabaron durante años toda la información para conocer anticipadamente lo que se publicaba o investigaba periodísticamente.

Otro director de la Federal de Seguridad, Javier García Paniagua, informó el 24 de febrero de 1978, “muy respetuosamente”, que el medio estaba “recopilando datos de una entrevista a través de una persona no identificada a fin de publicar en la misma un artículo titulado: ‘La entrevista con un guerrillero’. Carlos Marín, coordinador de la revista en cuestión, es el encargado del análisis y corrección del material recibido”.

Ese mismo día una hoja membretada de la Secretaría de Gobernación dirigida a García Paniagua, reporta como “asunto”, un “desayuno de Julio Scherer” en el restaurante “Sanborns ubicado en avenida Insurgentes Sur no 1457 (Manacar), con un señor de nombre Peter Fink”.

El oficio señala: “se estableció vigilancia discreta en dicho lugar () a las 9:30 hrs. llegó el SR. Julio Scherer García () dirigiéndose a una mesa donde ya lo esperaba una persona cuya media filiación es de 1.75 mts. de estatura, delgado, moreno claro, pelo negro escaso y ondulado, nariz recta y de 40 años aproximadamente () le extendió un sobre voluminoso, se logró observar que conversaban a voz muy baja no lográndose escuchar las pláticas. A las 10:25 hrs. se retiraron despidiéndose en la puerta”.

Al no tener mayores datos los espías especularon sobre la identidad del compañero de mesa de Scherer: “se hace notar que el aspecto y la media filiación de Peter Fink corresponden a la de un individuo de raza latina por lo que se duda que su verdadero nombre sea el de Peter Fink”.

Espionaje telefónico

El 20 de junio de 1977 la nota de portada en Proceso titula “Espionaje político, teléfonos intervenidos”. El texto firmado por Rodolfo Guzmán y Salvador Corro recogía testimonios que varios líderes de izquierda hicieron a la revista sobre sospechas fundadas de espionaje: “dirigentes de 5 partidos políticos de oposición, líderes de 3 sindicatos independientes, un líder campesino y un representante empresarial, denunciaron que el gobierno realiza espionaje político a través de escuchas telefónicas, infiltración de agentes e incluso vigilancia personal”.

Uno de los entrevistados declaró: “el espionaje es un viejo secreto a voces”, pero las autoridades lo negaban.

También se lee ahí: “El velo que cubre las actividades desarrolladas por los espías políticos obliga a muchos que los padecen a guardar silencio. Faltan las pruebas e incluso hay temor. La sospecha es patente.

Juan Sánchez Navarro, consejero permanente del Consejo Coordinador Empresarial, a petición de Proceso, entregó una breve declaración: ‘Yo no sé si mi teléfono esté o no intervenido, pero procuro no tener conversaciones importantes o delicadas en mi teléfono privado'” (Proceso, núm. 33).

Los quejosos tenían razón, con fecha 28 de septiembre de 1978, una tarjeta de la DFS dice:

“A las 12.35 horas de hoy, el director general de la revista, Julio Scherer García, se comunicó telefónicamente a San José, Costa Rica, con una persona a quien llamó embajador, de apellido Grosco, el cual le informó al primero de los nombrados que aún no tenía noticias, pero que ya había mandado un ‘Telex muy especial’ para el ministro de información Celestino Armas, a fin de que le gestionara una entrevista con el presidente, desconociéndose de dónde () Agregó que proporcionó los números telefónicos de Scherer García al citado ministro”. Ahí se anexa la transcripción de la llamada entre Scherer y el “embajador”.

Un nuevo periódico

El gobierno nunca cesó en su persecución. El 6 de agosto de 1980 un nuevo encargado de la policía política uno más Miguel Nazar Haro, tituló una tarjeta “Revista Proceso“. En ella informa que “la empresa Comunicación e Información, S.A. de C.V () sita en la calle Fresas no. 13, Col. Del Valle de esta capital, adquirió una rotativa tipo ‘A.T.F.’ de cuatro cuerpos, que se instalará en la calle Mar Negro No. 224, Col. Tacuba, para lo cual firmaron un contrato de traspaso con José Luis González Ochoa, por $250,000.00”. La compra de ese equipo le preocupaba a Nazar, quien apunta que Scherer manifestó “que editarán en un futuro no lejano un nuevo periódico”.

En el parte del funcionario se resalta: “con la maquinaria, bastaría que trabajara 24 horas a la semana para hacer el tiraje de la edición semanal de la revista y su instalación se hará en 2 meses () el acta constitutiva de CISA, ante el registro público de la propiedad, los autoriza a la ‘adquisición, explotación de toda clase de empresas libres, editoriales, tipográficas, de cine, radio y televisión, fundar, organizar, desarrollar y explotar revistas y periódicos'”.

“Izquierda mesurada”

El aparato de espionaje simplificaba a publicaciones y periodistas en lo individual, con adjetivos que se leen en otra ficha de la DFS con fecha 6 de agosto de 1980: “Relación de columnistas políticos de los diversos diarios y revistas () Anibal Monroy – Crítico del régimen pasado Mariano León – Centro Derecha Marcos Castell – Línea centrada Eduardo Borrel Navarro – Anti comunista Julio Scherer y Enrique Maza: izquierda mesurada y manejada”. Los agentes agotaron su definición sobre la oferta editorial de Proceso en 14 palabras: “Esta revista sigue la línea de crítica al régimen actual, utilizando escritores de izquierda”.

El Salvador, dos coberturas

Los primeros meses de 1980 el interés gubernamental estaba también en la cobertura que Proceso hacía del conflicto armado en El Salvador. Scherer viajaba a Centroamérica y realizaba entrevistas con los líderes de la guerrilla, como la de Salvador Cayetano Carpio publicada en el número 199 de la revista.

El gobierno buscaba sus propias exclusivas. El 4 de julio de ese año, Nazar Haro informaba también “muy respetuosamente”, que “en poder de Faruk Fayad Selek, jefe de departamento de comercialización y ventas” del canal 13, “obra un video-cassette, con duración aproximada de 30 minutos, que contiene una entrevista hecha en la clandestinidad y en un lugar no determinado, a los cuatro jefes militares de los grupos guerrilleros que operan en El Salvador () el cual fue enviado por Julio Scherer García, director de la revista Proceso, quien lo obtuvo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, como un reportaje en exclusiva para la revista y para dicho canal, con la condición de que no supiera que [el] antes aludido lo había entregado”.

Según Nazar, Fayad Selek “consideró que este reportaje es muy importante”, pero para difundirlo habría que esperar “a que Joaquín López Dóriga, director de noticieros y eventos especiales del canal 13, lo autorice”.

La cobertura periodística de Proceso en El Salvador le costó la vida a su corresponsal de 28 años, Ignacio Rodríguez Terrazas, quien fue asesinado en aquel país el viernes 8 de agosto del mismo año, cuando se dirigía a reportear un enfrentamiento entre militares y guerrilleros. El caso tuvo un importante despliegue en los textos de la revista. Sobre eso el gobierno mexicano hizo su propio seguimiento, y vigiló la reunión privada que sostuvieron 12 informadores en las oficinas de la Federación Latinoamericana de Periodistas “ubicadas en las calles de Nuevo León No. 144-101”.

En una tarjeta de la DFS fechada el 9 de agosto, se detallan los pormenores de la cita, donde se habían acordado varias acciones de protesta por el asesinato de Rodríguez Terrazas: “Genaro Carnero Checa, secretario general de esa organización, señaló que el asesinato del periodista mexicano por parte de la Guardia Nacional de El Salvador, es una demostración más de la crítica situación que vive ese país () indicó que el periodismo es la profesión más peligrosa del continente Americano, pero la Federación saldrá en defensa de todos sus miembros”.

Ese día, el “Departamento de Información e Investigación Local” (DIIL) de régimen priista, reportó los nombres de los periodistas encabezados por Scherer y familiares de Rodríguez que viajaron a El Salvador en un avión de la Secretaría de Relaciones Exteriores: antes de volar por el cuerpo de su compañero, el director de Proceso, según el DIIL, “responsabilizó al gobierno Salvadoreño de cualquier incidente que pudieran sufrir”.

Intelectuales en Cocoyoc

A propósito de la escalada militar en el continente y con el antecedente reciente de un compañero asesinado, Proceso invitó a finales de ese agitado agosto a un cónclave de intelectuales en Cocoyoc, Morelos, quienes calificaban los trabajos del concurso literario convocado por la revista sobre militarismo en América Latina. Durante varios días el jurado deliberó en el hotel Hacienda. Sus integrantes eran: Scherer, Theotonio dos Santos, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Pablo González Casanova, Rafael Pérez, Carlos Quijano, René Zabaleta, Jean Casimir y Ariel Dorfman.

Hace apenas unos días Proceso, 11 de marzo de 2007 Dorfman, uno de los presentes, se refirió al encuentro y recordó que García Márquez guardaba bajo el brazo el manuscrito de Crónica de una muerte anunciada. 27 años atrás el gobierno había estado también en Morelos, y registró los aspectos del concurso y las acciones que preparaba el destacado jurado para pronunciarse contra el control militar en Latinoamérica.

“El jurado de referencia, al dictar su fallo, hará unas declaraciones sobre la situación actual en América Latina y permanecerá en el Hotel Hacienda de Cocoyoc hasta el día 29 del presente mes () han estado celebrando pláticas en el lugar antes señalado para determinar la forma de premio y para analizar desde su propio enfoque ideológico, los acontecimientos que están sucediendo en El Salvador”, escribió Nazar Haro.

“Bebidas alcohólicas”

Un año después de la discreta visita a Cocoyoc, el 26 de agosto de 1981, los agentes seguían con cámara en mano el trayecto de Scherer en su automóvil. El periodista se reuniría con el embajador cubano: “De las 9:00 hrs a las 11:25 hrs () el Sr. Fernando López Muiño, embajador de Cuba en México y tres personas no identificadas” desayunaron en “el restaurante colorines del hotel Aristos en Reforma no. 276”. Según los vigías el embajador se fue en un “Ford LTD” con “placas de circulación diplomáticas No. 40-AR”, y Scherer en un “Ford Fairmont placas de circulación No. 683-CDT”.

En varios oficios de 1981 elaborados por la DFS, se documenta la rutina de vigilancia a cualquier cita de Scherer. Ahí se tomaba nota sobre detalles como el hecho de que Gonzalo Martínez Corbalá, entonces embajador de México en Cuba, visitó al periodista en su domicilio “a bordo del automóvil Rambler American placas de circulación 838-CLP, color Beige, modelo 1979, propiedad del ISSSTE”.

También se consigna que el 18 de noviembre “a las 15:00 horas se llevó a cabo una comida entre Julio Scherer García, director de la revista Proceso, y Arnoldo Martínez Verdugo, candidato a la presidencia de la república por el Partido Socialista Unificado de México () La mencionada comida se llevó a cabo en el Restaurante ‘Tío Luis’, ubicado en las calles de Cuautla No. 43, colonia Condesa, de esta ciudad”, lo destacado del encuentro: “Se hace notar que los antes mencionados consumie-ron bebidas alcohólicas”.

Hasta la envidia profesional de otro medio era motivo de oficios para la DFS: el 21 se informa que “Mario Renato Méndez Rodríguez, director de la revista ‘Por Esto’, fue interrogado por un amigo personal diciéndole si no le interesaba una entrevista con Arnoldo Martínez Verdugo”. Méndez habría rechazado la petición argumentando con insultos que Martínez le daba toda la información a Proceso.

El boicot

El 31 de mayo de 1982 Proceso denunció en su editorial un boicot publicitario ordenado un mes antes por el titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Galindo Ochoa. Galindo era el quinto responsable de esa área en lo que iba del sexenio de José López Portillo, sustituía a Luis Javier Solana quien había dejado el cargo en febrero.

El editorial explicó que las acciones de “hostilidad” contra la revista iniciaron con la exclusión de sus reporteros: “El 19 de abril, Manuel Robles Estrada, quien cubre normalmente las actividades de la Presidencia de la República, fue marginado del grupo de reporteros destinado a acompañar a José López Portillo en una gira de trabajo por el estado de Veracruz. Súbitamente, minutos antes de abordar el avión, un empleado de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia negó al periodista de Proceso su acreditación”.


A otros dos periodistas se les canceló una invitación para cubrir el Festival Cervantino, además denunció Proceso , Galindo había llamado a “jefes de prensa, gerentes, directores de relaciones públicas y encargados en general del manejo publicitario de las dependencias gubernamentales incluidos los gobiernos estatales para ordenarles que cancelaran de golpe todo anuncio, toda orden de inserción y todo contrato publicitario con nuestra revista () Scherer García telefoneó a Galindo Ochoa en busca de una explicación. Galindo admitió telefónicamente su absoluta responsabilidad en las medidas tomadas contra nuestros reporteros. Hizo saber además que la represalia obedecía a su íntima convicción de que Proceso faltaba al respeto al Presidente y lesionaba al Estado. Así dijo” (Proceso, núm. 291).

Por lo menos 20 dependencias retiraron la publicidad para la revista en una acción coordinada, provocando el cierre de la agencia Cisa y el despido de varios trabajadores.

López Portillo confirmó la autoría del boicot cuando en alusión a los reclamos de Proceso, declaró ante directivos de varios medios de comunicación que el 7 de junio celebraban con el mandatario el día de la libertad de prensa: “¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? ésta es, señores, una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversiones que no menciono aquí por respeto a la audiencia: ‘te pago para que me pegues’. ¡Pues no, señores!”.

El retiro de publicidad como mecanismo para castigar a Proceso, no es una práctica erradicada. Como etcétera lo documentó en su edición de mayo de 2006, la asignación publicitaria que el gobierno del presidente Vicente Fox destinó a la revista en 2004, fue de 11 millones 97 mil pesos. Un año más tarde, y en el contexto de la demanda que la esposa de Fox, Marta Sahagún, presentó en contra del semanario por la divulgación de aspectos relacionados con su vida íntima, la cantidad se redujo a tres millones 807 mil pesos. El gobierno retiró de golpe la publicidad a un medio con el que sostenía un diferendo de orden jurídico. En el primer caso fue beneficiaria de la discrecionalidad; en el segundo, sin duda, ha sido víctima.

Exclusivas para el gobierno

Las investigaciones periodísticas nunca dejaron de estar presentes en el catálogo de espionaje contra Proceso, sin importar el tema. El 18 de septiembre de 1981 Nazar Haro escribe: “Scherer, director general de esta revista pretende entrevistar en el curso de esta semana en la ciudad de Puebla, Pue., al dip. Local y Prof. Jorge Méndez Spíndola, dirigente del ex Partido Comunista y posteriormente dar a conocer en su revista los resultados de la misma () Asimismo, entrevistará al Rector de la Univer-sidad Autónoma Metropolitana, DR. Fernando Salmerón Roiz, quien presentó su renuncia irrevocable ante las autoridades el 17 del actual”. Nazar, fiel a la costumbre, termina sus notas con un “muy respetuosamente”.

En el sexenio de López Portillo, se hizo honor a la tradición de vigilar a Scherer que inició a finales de la década de los 50, y que tuvo un periodo con mayor atención a la vida privada del periodista durante el gobierno de Luis Echeverría (ver etcétera, núm. 74).

El presidente López Portillo quería conocer antes que nadie lo que se publicaría en Proceso y etcétera documenta esas prácticas a partir de esta investigación apoyada en la ley de transparencia que se aprobó en 2002, la cual forma parte de la reglamentación aún incompleta de la garantía constitucional a la información que se incluyó en el artículo sexto en 1977, durante un sexenio activo en el espionaje.

El 7 de noviembre de ese año Scherer escribió en las páginas de Proceso a propósito de la incorporación del derecho a la información en el texto constitucional:

“Se acabarán los días de la oscuridad en que no podíamos saber qué pasó el 2 de octubre de 1968 ni cuál fue la intervención del secretario de Gobernación en la matanza de ese día, ni que tan ciertas o falsas fueron las versiones que hablaban de la preparación de grupos o brigadas de halcones en el Estado Mayor Presidencial”.

A 30 años, mucho de eso sigue sin conocerse. No todo. El artículo sexto abre hoy una ventana para exhibir documentos que confirman cómo los gobiernos del PRI utilizaron las instituciones del Estado para el espionaje político contra medios de comunicación y periodistas. Nada garantiza que eso deje de ocurrir.

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