Este texto fue publicado originalmente el 1 de febrero de 2015, de la edición impresa 171, lo abrimos de manera temporal dada su relevancia periodística.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe resolver uno de los casos más difíciles de los últimos tiempos. Apenas condenó, por primera vez en su breve historia, una simulación entre dos empresas que supuestamente solo eran aliadas comerciales: Telmex, de Carlos Slim, y Dish, de la familia Vargas. También les notificó en un documento de mil 200 cuartillas que sí se concentraron, lo que las coloca en calidad de indiciadas, pues ocultaron información a las autoridades, a la opinión pública y a sus usuarios.
Los títulos de concesión de ambas empresas deben ser revocados por el IFT. En el caso de Telmex, sería por violar su título de concesión, el cual le prohíbe expresamente ofrecer el servicio de televisión directa o indirectamente. En cuanto a Dish, se debe resolver si se benefició o no del must carrymust offer que prevé la ley de radiodifusión.
El pasado 9 de enero, el IFT impuso una multa de 14.4 millones de pesos a Telmex y 43 millones a Dish. En total, 57.4 millones por no haber notificado un acuerdo de compra que tenían desde 2008. Es el denominado Proyecto Alpha, cinco contratos y dos cartas laterales suscritos el 24 de noviembre de 2008, que daban a la empresa de Slim una opción de compra y venta del 51% de Dish y derechos sobre la gestión de ésta.
Ese proyecto fue revelado por El Financiero el 19 y 20 de febrero de 2014. De hecho, un memorándum “estrictamente confidencial” fechado en febrero de 2012, de Forastieri Abogados, dirigido a José Luis Woodhouse Andrade, Carlos Cárdenas Castro y Adrián Ortega Navarrete por Femando Barrita Chagoya, describe brevemente:
“…los puntos más relevantes de los convenios celebrados con fecha 24 de noviembre de 2008, entre Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex), EchoStar Corporation (EchoStar) y Grupo MVS, S.A. de C.V. (Grupo MVS) y sus sociedades subsidiarias, para la constitución de DISH México Holdings, S. de R.L. de C.V. (DMH)”.
El tema no era nuevo. Desde que Telmex y Dish, formado por MVS Comunicaciones y EchoStar Corporation, se unieron para, supuestamente, prestar servicios de facturación y cobranza a través de recibos telefónicos, varios levantaron la voz.
El abogado Gerardo Soria recuerda que se presentaron denuncias prácticamente desde que se hizo la alianza en el 2008, pero la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), y la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, (Cofetel), no hicieron nada.
El Proyecto Alpha fue negado por los involucrados y dos de sus contratos ya desaparecieron. En declaraciones publicadas por Milenio Diario el 20 de enero de este año, la comisionada del órgano regulador, María Elena Estavillo, habló sin dar fechas de la cercanía de la resolución respectiva. Para ello, el IFT tiene que observar los procedimientos administrativos correspondientes, que incluyen la presentación de pruebas de las empresas involucradas, lo cual puede alargar el proceso.
Los engaños de Arturo Elías Ayub
El 21 de febrero de 2014, en el programa Primera Emisión de Noticias MVS con Carmen Aristegui, hubo un debate entre Arturo Elías Ayub y Javier Tejado Dondé sobre la concentración Telmex-Dish. Pero antes se leyeron dos boletines de prensa. El primero de Televisa, que a grandes rasgos dice: “Alianza entre Telmex y MVS-Dish es contraria a la competencia, se ha simulado para encubrir maniobras anticompetitivas que dañan a los usuarios de telecomunicaciones, IFT debe investigar y ejercer facultades en favor de la competencia del sector”.
El boletín de Telmex ratificaba los convenios suscritos con Dish México, desde 2008, “para prestar servicios de facturación y cobranza a través del recibo telefónico, de los servicios de televisión satelital directa al hogar de esa empresa y comercialización de sus servicios a través de nuestra red de distribución”.
Durante su primera intervención, Elías Ayub, director de Alianza Estratégica de Telmex, señaló que el comunicado leído en el programa de Aristegui ya había sido dado a conocer tres años antes y lo volvieron a enviar el 20 de febrero de 2014 porque “desde 2011 hacemos totalmente transparente cuál es el acuerdo entre Telmex y Dish”.
Además, según dijo el directivo de Telmex, en ese año se lo informaron a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Securities Exchange Commission en Estados Unidos.
Ateniéndonos a lo expuesto por Elías Ayub, tuvieron que pasar tres años para que transparentaran “totalmente” un acuerdo de 2008, precisamente el año en que Cablevisión, filial del grupo Televisa, denunció ante la Cofeco irregularidades en la alianza Telmex y MVS-Dish.
“…aquí no hay ninguna simulación, siempre hemos sido 100% transparentes, y todo está completamente legal, completamente bajo las disposiciones de quien nos regula, que en aquel entonces era la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Cofeco, y ahora es IFT y la Cofeco”. Elías Ayub mencionó también una investigación de la Cofeco y otra de la Cofetel. Dos instancias que no hicieron nada al respecto.
Y enseguida Aristegui completa:
“…el quiebre que se da en esta historia de los últimos días es si lo que se revela en estos contratos, esta compra amarrada, incluyendo el precio establecido en los contratos es una especie de beneficio indirecto o de alguna naturaleza al dominante, que son ustedes, que se ve o se puede ver beneficiado de la gratuidad que ha obtenido Dish…”.
El directivo de Telmex dijo: “y sí, bueno, como bien lo dices, la ley lo que plasma es la ley constitucional, además es que si el preponderante es beneficiado de la gratuidad de estos canales se tienen que castigar”. Reconoció en esos días de 2014 que seguramente serían declarados preponderantes, “pero hoy todavía no lo somos. Entonces, ahí lo que dice la ley pues no aplica”.
Posteriormente Elías Ayub afirmó que “Telmex hoy no se beneficia porque tiene cero acciones de Dish, cero, ninguna. En el momento en que las autoridades nos permitan ofrecer televisión de paga y en ese momento si Telmex decide ejercer la opción de compra que tiene… Si la ejercemos y somos preponderantes, seguramente las condiciones de gratuidad de los canales de televisión abierta para Dish cambiará…”.
En cuanto a la participación por parte de Telmex en el Comité de Operaciones de Dish, Elías Ayub comentó: “…sería ridículo que no nos habláramos nunca para saber qué vamos a hacer en conjunto, cómo vamos a cobrar, qué le vamos a ofrecer a nuestros clientes, qué precios…”.
Posteriormente, Javier Tejado Dondé, director de Información de la oficina de la presidencia de Grupo Televisa, solicitó un espacio a Carmen Aristegui para cuestionar si la alianza era tan transparente por qué le habían dado un nombre clave a ese proyecto. “Y quizás él te da una clave en su entrevista, cuando tú le preguntas del comité de operaciones, qué hacen en ese comité, él te contesta hace unos minutos que fijan los precios… entonces no es nada más facturación”.
Asimismo pregunta por qué Telmex dio 325 millones de dólares a Dish MVS. La propia conductora trató de replicar: “se trata del precio que habrían acordado para una posible venta, si es que se da, pero no se dice que se entregaron”.
Pero Tejado Dondé le aclaró a la periodista: “No, Carmen, lo que se dice es que ese dinero en estos convenios fue utilizado para las cajas convertidoras de los equipos de Dish, no para una opción de compra-venta”. Posteriormente agrega que toda la fuerza de ventas de Telmex vende los servicios de Dish MVS.
Y agregó: “el que fija el precio y a quien se le vende Dish es Telmex, y siempre Telmex recibe un 51%, empresa que tiene el control del comité de operaciones”. El Proyecto Alpha, reitera el directivo de Televisa, es una serie de contratos y cartas de los que Telmex entregó únicamente una pequeña parte. En ellos, incluso MVS Dish no puede ni modificar sus estatutos sin su autorización.
“Y un tema no menor, Carmen, cuando fue todo este escándalo del refrendo de la banda de 2.5…. ahora sabemos por esta serie de contratos que 30 megahertz de esa banda era la aportación de MVS a esta sociedad”. Arturo Elías Ayub, quien ya se había despedido, regresó para negar tajantemente los datos de Javier Tejado.
Sin embargo, en el memorándum estrictamente confidencial, fechado en febrero de 2012, dirigido entre otros, a José Luis Woodhouse Andrade, director general de Dish, con el resumen ejecutivo del Proyecto Alpha, se lee en la página dos: “Aportaciones Grupo MVS: (a) la frecuencia de 30 MHz.; (b) la concesión de DTH; (c) 570,000 suscriptores de MasTV; (d) los activos (muebles e inmuebles) correspondientes a sitios de transmisión, oficinas de ventas y centros de servicios propiedad de MasTV; y (e) caja”.
El punto 7, que comienza en la página diez, dice: “Disposiciones Relativas a los 30 Mhz. Las obligaciones respecto a los 30 MHz. se encuentran contenidas en el Contrato de Cesión de Derechos y Obligaciones de Concesión y en el Irrevocable Right of Use Agreement. El primero regula la cesión de las concesiones y el segundo, su uso y explotación en tanto se materializa la cesión”.
Información falsa y concentración
La participación de Telmex en el Comité de Operaciones se clarifica cuando, tres meses después, la Unidad de Competencia Económica del IFT, en el oficio de Probable Responsabilidad, expediente E/IFT/UC/DGIPM/PMR//0003/2013, un documento de 203 páginas, entregado a Telmex y Dish el 21 de mayo de 2014, expone en la página 27 la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en octubre de 2008 bajo el rubro:
“Procedimiento de investigación de prácticas monopólicas. Cuando las conductas atribuidas a una empresa fueron desplegadas por el grupo de interés económico al que pertenece, La Comisión federal de Competencia debe vincular tanto al agente investigado como a la integración vertical de operación del aludido grupo. En los grupos de interés económico es esencial que haya un órgano de coordinación entre sus integrantes, sin cuya existencia no cabría hablar de una asociación de empresas. Por tanto, a partir de los vínculos de índole comercial, organizativo, económico, jurídico, relativos al control, autonomía y unidad de comportamiento en el mercado entre las sociedades que puedan existir, es fácil de demostrar la influencia de una de las empresas sobre la estrategia de las otras y justificar que se conciban como una sola unidad económica”.
Dicho oficio dedica un capítulo para exponer que fue presentada información falsa durante el procedimiento. Entre sus conclusiones señala: “…la alianza existente entre DMH y sus subsidiarias con Telmex y Teninver, no tienen únicamente por objeto y efecto la proveeduría de servicios, sino que tienen como finalidad económica otorgar a Telmex influencia sobre el negocio de DM, permitiendo la coordinación de estas empresas en relación a la toma de decisiones y comportamiento en el mercado de DM.
“Como se explicó esta conclusión se sustenta esencialmente en lo siguiente:
“Entre los contratos y acuerdos analizados existe interdependencia y condicionalidad, pues no sólo se firmaron de manera simultánea sino que existen relaciones directas entre los derechos y obligaciones que se imponen en éstos.
“Es posible identificar aportaciones de cada parte. En el caso concreto Telmex aportó a DM 325 millones de dólares; servicios de facturación y cobranza a una tarifa preferencial, y servicios de distribución y promoción en conjunto con servicios de telecomunicaciones complementarias a suscriptores actuales y potenciales de Telmex”.
Párrafos adelante se lee que “a cambio de sus aportaciones, por medio del Contrato de opción de Compra y Venta, DM otorga a Telmex, el derecho incondicional e irrevocable de adquirir una parte social representativa de 51% de los derechos económicos y de voto de su capital a un precio de 325 millones de dólares, ajustado de tiempo en tiempo”.
“Se establecieron derechos económicos y restricciones competitivas, que tienen por objeto alinear los incentivos de los participantes y aumentar significativamente las probabilidades de que se ejerza la opción.
“Se establecieron canales de transmisión de información y comunicación entre las partes, que permiten la discusión y toma de decisiones conjuntas en relación con el negocio de DM, posibilitando que Telmex influya en la conducta estratégica de DM”.
En resumen, como publicó en El Financiero Carlos Mota el 30 de junio de 2014, “Telmex y Dish sí realizaron una concentración, es decir una fusión, que no fue informada”.
“El artículo 127 de la LFCE en su fracción II señala como posible sanción:
“‘Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración ilícita en términos de esta Ley, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda, sin perjuicio de la multa que en su caso proceda’.
“Sin embargo, de acuerdo con la reforma constitucional en telecomunicaciones, tanto Telmex como Dish tendrían el riesgo de perder su concesión en que caso de demostrarse que como operador preponderante, Telmex se benefició de la gratuidad de la retransmisión de las señales de TV abierta”.
¿Revocación de concesiones?
El economista Ernesto Piedras, director general de la consultoría especializada en telecomunicaciones The Competitive Inteligente Unit, S.C, explica que “hay una prohibición categórica del título de concesión de Telmex de participar de manera directa o indirecta en cualquier tipo de negocio de radiodifusión. Ellos lo vistieron diciendo que solo brindaban un servicio administrativo de facturación y cobranza”.
“Muchos habíamos visto, -prosigue Piedras-, que los activos con los que estaba operando Dish habían sido comprados por América Móvil o diferentes subsidiarias de bienes raíces y administradoras de Grupo Carso”.
“Hubo un arreglo financiero de compra accionaria. Eso ya es una infracción gravísima y causal de recisión del título de concesión y luego falsear la documentación, ante autoridades judiciales, legalmente es llegar a los extremos”.
De acuerdo con la nueva Ley de Telecomunicaciones en los sistemas de paga la ciudadanía tiene accesos gratuito a la señal de los canales de la televisión abierta tanto de Televisa como de Televisión Azteca. También establece que si un servicio de televisión de paga recibe las señales gratuitamente para que se cumpla el derecho de la ciudadanía, no debe estar asociado a una figura preponderante.
En este sentido, Ernesto Piedras subraya que “el IFT ya dijo que Telmex controla a Dish y que esta última se ha beneficiado de la regla de gratuidad pues ha transmitido las señales de la tv abierta sin pagar un centavo desde que entró en vigor la reforma constitucional”.
El maestro en derecho, Gerardo Soria, enfatiza lo que dice la Constitución en el artículo octavo transitorio, fracción primera, párrafo tres del Decreto de Reforma en Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2011: el operador preponderante en telecomunicaciones no se puede beneficiar de la regla de gratuidad y la retransmisión de la televisión abierta y si lo hiciera de manera directa o a través de alguna empresa se le revocará la concesión. Es decir, a Telmex, Telcel, así como Dish, la empresa que les sirvió de pantalla.
Ernesto Piedras dice que eso amerita el retiro del título de concesión a ambos. En el caso de Telmex, se debe retirar dicho título, pero completo. “Cuando en la década de los 90 ganan la concesión se llevan todo el negocio: larga distancia, datos, telefonía local que ahora han desmembrado en Telmex social para la telefonía rural, Telmex internacional, para el negocio de transmisión de voz y datos, a nivel internacional y Telmex central, sobre todo para banda ancha.
“No sería como ellos han pretendido: llévate tu Telmex social. Se debe retirar todo y además hay un daño patrimonial al consumidor y a la nación y sanciones legales”.
El nuevo marco legal se ha puesto a prueba “para ver si seguimos siendo un país de infractores en el sector de telecomunicaciones o si se aplicará la ley” señala Ernesto Piedras.
Antes de la reforma, la OCDE, entre muchos otros, diagnosticó que teníamos muy malas condiciones de operación en el sector, “no porque hubiéramos tenido una mala ley sino porque ésta no se aplicaba: había captura regulatoria, incumplimiento del marco legal”, dice el especialista.
“Ahora estamos frente a este nuevo caso pero con un IFT fortalecido, que tiene capacidades de sanción desde la esfera de competencia, un nuevo equipo profesional de comisionados. Por ello preocupa ver esa reacción tímida”, dice refiriéndose a la multa que le parece irrisoria.
La explicación del IFT, expone a su vez Gerardo Soria “es que esta resolución es nada más con base en la ley de competencia económica. Fue una concentración que se hizo en 2008, cuando se firmaron todos los acuerdos con los que Telmex y Dish simularon su asociación y aplicaron la ley y la sanción que correspondía por ese momento.
“Dice el IFT que falta el análisis de la violación al título de concesión de Telmex, que expresamente en su condición 1.9 le prohíbe prestar servicios de televisión de manera directa o indirecta. Esa fue la razón de ser de la simulación. Es un expediente que está abierto y que habrá que sancionar”.
Otro expediente “es la violación a la constitución por haberse beneficiado Telmex de la regla de gratuidad y de la retransmisión de la tv abierta, que es la que se sanciona solo con la revocación”.
“Es la revocación o la revocación. No hay de otra”.
Y en ese camino “se tendrían que retirar todos los títulos de concesión en materia de telecomunicaciones que tenga el agente económico preponderante y el IFT ha definido como tal a Telmex a Telcel, a Grupo Carso, a Grupo financiero Inbursa y a América Móvil”.
Por haberle mentido a las autoridades “entiendo que el IFT denunció ante la PGR las declaraciones falsas que supuestamente hizo un representante de Dish”.
Ahora, no sabemos qué hay en el expediente porque el IFT lo reservó diez años por cuestiones de seguridad nacional. “Yo ya lo pedí por Transparencia, me van a decir que está reservado y me iré al IFAI para que me expliquen dónde está la seguridad nacional de la reserva de ese expediente,” explica Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones, A.C.
¿Se repetirá la historia?
Desde hace mucho tiempo, comenta Ernesto Piedras, hicimos notar que teníamos un regulador que estructuralmente era más débil que el actual. Pero también padecimos, en buena parte del periodo de la Cofetel, la captura regulatoria. “Los regulados, sobre todo los más grandes, ejercían demasiada influencia, se apropiaban de las decisiones, interferían, compraban conciencias, me atrevo a decir, de muchos de los comisionados de aquella época.
“La idea fue construir un búnker regulatorio en el Ifetel, con un bloque de comisionados altamente profesionalizados. Hubo un proceso abierto pero la advertencia de muchos de nosotros fue: estamos blindándolo, pero si nos vuelve a suceder que no tengan la talla para tomar las decisiones o que sean capturados, ocurrirá que nos quedaremos otros nueve años con una institución que frenará el avance del sector.
“No afirmo que esto ya esté sucediendo, pero hay decisiones que no se han apegado a la ley. Un ejemplo es la portabilidad numérica en 24 horas. La ley claramente apuntó que a partir de noviembre se debía aplicar y Telmex la postergó por noventa días. Según estadísticas del mismo IFT, las portaciones de número ascienden a 680 mil cada mes”.
Posponer equivale a decirle a dos millones de usuarios que esperen. “Me dio la impresión de que fue temor a ejecutar ese mandato legal, porque técnicamente era muy sencillo, era un tema de switcheo en un plazo más corto”.
Los legisladores se pronunciaron al respecto. El senador Javier Lozano dijo: “si no se acata la ley, es razonable pensar que desde el senado promovamos la destitución de estos servidores públicos”. Reventar el modelo, agrega, “no es el óptimo. Pero cuando éste es inepto, incompetente o está capturado es una mejor solución que entrar a un nuevo formato de captura.
“Si cumplimiento significa remoción, nueva designación pues que se haga lo que se tenga que hacer para empatarnos como país y como sector con los términos de cobertura, calidad y precio que sabemos que se puede tener porque lo vemos en el resto del mundo”.
La sospecha
Antes de que El Financiero diera a conocer el Proyecto Alpha, recuerda Ernesto Piedras, “nosotros y mucha gente más dijimos antes, desde que entró esa dupla Telmex-Dish, que se estaban comprometiendo activos físicos y financieros en la operación. Luego resultó que era una adquisición parcial con opción a compra total. Después ya fue contundente la información de Carlos Mota en El Financiero.
A mediados del año pasado se constituye el IFT, recibe un expediente y emprenden una investigación. “Pero ocho meses después salió con el argumento de que los vamos a sancionar con tres cacahuates, es un gesto temeroso de ejecución de acto regulatorio y de acto de autoridad. Y no porque están violando su título de concesión sino más bien porque no les avisaron, dice Piedras en alusión a la multa impuesta a Telmex y Dish.
“Cuando Telmex ganó esa licitación, también ganó la red nacional de telecomunicaciones de un siglo; ahora son 110 años de estar construyéndose a nivel nacional. De ahí su capacidad de distorsionar o reprimir la competencia”.
¿Qué pasaría si les quitan la concesión?
Normalmente, como se ha hecho en este sector en México o en el mundo: entra el Estado a una especie de embargo y se garantiza la operación. No se apagaría el switch de las telecomunicaciones, porque no estamos hablando de cualquier operador.
Se interviene la propiedad, explica el especialista, se deja el capital humano que lo opera en tanto se determina si se vuelve a concesionar, a quiénes y bajo qué procedimientos. Ésa sería una parte de la historia. La otra consistiría en determinar qué otro tipo de sanciones habría, porque el eje de la cuantiosa riqueza de Carlos Slim tiene su tronco en las telecomunicaciones y en los cobros excesivos que padecemos los mexicanos.
“Han bajado los precios y seguimos siendo muy caros,pero además este sector depende de tres cosas: tecnología, mercados y regulación. Las dos primeras son iguales en todo el mundo. Son las mismas marcas de redes, de circuitos, de dispositivos que usamos aquí. Los mismos mercados y consumidores que queremos más y mejor, y las mismas empresas en México y de nuestro país que operan en otros lugares del mundo. ¿Cuál es la diferencia que explica que tengamos tan baja penetración, mala calidad y altos precios? La aplicación regulatoria. Lo dice la OCDE, el Banco Mundial, el ITAM y muchas instancias diversas.
“Ya tenemos un regulatorio fortalecido, con músculo de sanción, de supervisión, de competencia, un equipo más grande de comisionados. Incluso con el marco legal que teníamos antes pudimos haber tenido un mucho mejor sector de telecomunicaciones”.
En el caso de que se le retirara la concesión a Telmex ¿representaría algún costo para los mexicanos?
“No necesariamente”, según Gerardo Soria. “Es un tema complicado legalmente porque hay muchas leyes que aplican y hay referencias cruzadas, pero si se retira el título de concesión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tendría que requisar (meter al Ejército o a la Marina) a operar Telmex y Telcel.
“Se pueden quedar con los activos sin pagar un centavo por ellos, toda vez que no se trata de que dicho título haya vencido, sino que se está revocando por una violación grave y se requisa; entonces aplican las reglas, el rescate, expresamente la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley de Bienes Nacionales que dice que no se tiene que pagar nada por esos activos.
“Telmex puede recurrir única y exclusivamente al amparo; sin embargo, la resolución del IFT surte todos sus efectos legales. No hay nada que la pueda parar hasta que haya sentencia definitiva en el amparo” y solo si éste le da la razón a la empresa de Carlos Slim.
¿Dará ese gran paso el IFT?
La Constitución no les da margen de maniobra, tienen que cumplir, salvo que la ley en México siga siendo una mera sugerencia.
En este caso, el mensaje que daría a la industria y a los eventuales inversionistas es que en México cada quién hace lo que se le pega la gana, sobre todo el agente económico preponderante, concluye Gerardo Soria.
Es importante mencionar que el cambio de título de concesión de Telmex para que pudiera entrar al negocio de televisión, dependía de que cumpliera con lo establecido en la reforma a la Constitución y las reglas del IFT al declararla preponderante.
Dichas condiciones consisten en desagregar su bucle local, lo cual quiere decir que todo interesado pueda usarlo y llevar servicios de cualquier tipo hasta los hogares de los que hasta ahora han sido clientes de Telmex. Pero la empresa arguyó que eso equivaldría a la expropiación de su patrimonio. La intención del IFT es que la población tenga más opciones para contratar servicios de telefonía fija, televisión y datos, entre muchos otros.
Ernesto Piedras explica:
“Telmex no cumplió con las reglas que le impusieron desde 2006 para dar un nuevo servicio. Millones de consumidores seguimos padeciendo tarifas muy costosas. Tal parece que el gobierno está atado de manos”.
Por lo pronto, Peter Bauer, representante legal de Dish, busca todos los argumentos legales para demostrar que no hubo una simulación y que se ha beneficiado a millones de consumidores que tuvieron acceso al servicio de televisión restringida vía satélite.
En cuanto al IFT, deberá demostrar que Dish violó las principales disposiciones en materia de competencia y exhibir los contratos en los que Telmex se compromete a adquirir una participación accionaria en la empresa de televisión satelital. Es decir, que se incurrió en una simulación jurídica para que Telmex incursionara en el mercado de la televisión.
La fuerza argumentativa y probatoria deberá ser contundente. Es la prueba de fuego para el IFT.
