Nuevamente, como hace tres décadas aunque con mayor acento, se insiste en que las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones deben reformarse. Nunca se ha podido llevar a cabo esa tarea, no obstante las amplias consultas realizadas en los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid. De Carlos Salinas para acá, hubo modificaciones, en general retrocesos, especialmente con Vicente Fox, donde hasta la toma del Chiquihuite sirvió para usurpar el canal 40.
En la Cámara de Diputados y en la de Senadores hubo movimientos amplios para lograr que México no sea el más desigual de Latinoamérica en la posesión de los medios audiovisuales. Incluso hay una sentencia de la SCJN que duerme el sueño de los justos.
El 8 de abril hubo dos acontecimientos: los legisladores del PAN (Javier Corral, diputado, y Gustavo Madero, senador) presentaron una iniciativa con el fin de suscribir una ley donde se incluye la mayoría de las propuestas ciudadanas y de radiodifusores para modernizar lo existente. Mientras que esa misma jornada, el perredista Carlos Sotelo, hizo aprobar una minuta que habían acordado miembros del sol azteca y priistas, basado en argumentaciones del poderoso Manlio Fabio
Beltrones, donde el refrendo administrativo (no licitación como dictaminó la Corte) y las radios combo (AM y FM) son piedras fundamentales.
El asunto causó revuelo y hasta un debate entre Corral y Sotelo se iba a escenificar en el Senado. Empero se acordó tratar de unificar ambos documentos y presentar uno solo.
En síntesis, creemos que ser á extremadamente difícil que avance una propuesta que abra los canales para la libertad de expresión, impulse la pluralidad y evite que el oligopolio textos de la radiodifusión siga con la hegemonía en el país.
Además, el negocio más importante en los siguientes años (fuera del narcotráfico, la trata de personas y la venta de armas) será el manejo de las telecomunicaciones. No obstante que se cometan tonterías como el Renaut, donde la Cofetel resultó ser más ineficiente que la policía para descubrir un asesinato.
En ese clima de polarización, aparecieron sendos desplegados que muestran lo reaccionario y mentiroso de un lado y la avanzada en la hora actual. Quizás está de más decir que el primero es de la CIRT y que el segundo pertenece a la Amedi. Algunos comentarios al respecto ilustran lo que anotamos.
CIRT: “…resulta preocupante que exista tanta urgencia por aprobar, en el Congreso de la Unión (sic legislativo)… sin el análisis y la discusión incluyente de todos los puntos de vista y la participación de todos los actores” (resic de un treintañero).
“Nos enfrentamos (sic con escudo) a una iniciativa de ley que pretende controlar los contenidos y censurar las opiniones diversas de los comunicadores mexicanos (resic nacionalistas en tiempos de globalización) que se difunden a través de estaciones de radio y canales de televisión (recontrasic de las 11 familias que controlan los medios).
“Los radiodifusores nos manifestamos inconformes ante la posibilidad que se dé la espalda (sic con temores de pederastia eclesiástica) a una industria… que durante décadas ha sido factor clave para el desarrollo democrático de México” (aclamación de los partidos políticos y en especial de los tricolores y albiazules).
La iniciativa pretende “regular los contenidos en Internet, desaparecer la programación juvenil, e incluso regula y sanciona la ‘orientación’ informativa y la línea editorial” (sic del anticomunismo de los años 40).
Mentiras abiertas, deformaciones sin sustento, provocaciones a sectores que ni siquiera los pelan y la desesperación pura.
Esto fue lo que sostuvo, por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información: “los 252 artículos ordenados en 13 títulos que propuso Javier Corral es una reforma integral, de vanguardia, que amplía los derechos de los usuarios y consumidores y fortalece la pluralidad y el derecho a la información. Además, en esta visión, “la radio, la televisión y las telecomunicaciones son una actividad de servicio público que utiliza bienes de la nación y necesita ser regulada de forma democrática y transparente”.
“La Amedi insiste en que la nueva ley debe tener un organismo regulador con una composición profesional y plural, que actúe con autonomía, sin conflictos de intereses respecto de las empresas y actividades que tendría la responsabilidad de regular”.
Advierte que hay enormes presiones para que fracase dicho intento y exige a los legisladores estar a la altura. ¿Qué pasará? Lo diremos en el próximo capítulo, perdón, entrega.
