Cinque Terre

Mireya Maldonado

Periodista.

Derechos de los niños: entre el oportunismo mediático y la ignorancia

Un litigio que se convirtió en escándalo, ya que estuvo involucrado un ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, volcó miradas y opiniones hacia padres ausentes y madres que sostienen solas a sus hijos. En la cúspide de los reflectores surgió un movimiento en redes sociales, promovido por periodistas, que pretendía generar propuestas. El 24 de junio de 2013 se publicaron seis testimonios, dos días después se convirtió en trending topic y fue nota en varios medios.

En el climax del escándalo, “Basta de Góngoras en México” lanzó su página en face y su respectivo hashtag en tuiter. Se colocó, así, rostro femenino a las víctimas y prácticamente se dio por sentado que los hombres son siempre los victimarios. El rostro del personaje non grato se usó varios días como parte de la campaña. De hecho su primer comentario fue “¿Y tú, a cuántos góngoras, cuántos padres que no se hacen cargo de sus hijos conoces?”, o bien el texto “Hay muchos ‘Góngoras’ en México. Todos conocemos a uno. Son infractores de la ley, no ‘padres irresponsables’. Aquí nos proponemos documentarlos”.

Durante el maremágnum informativo, en torno al caso del personaje político, los medios y los autores de la iniciativa violaron derechos de los menores de edad, protagonistas de esa vorágine, al revelar sus datos. En los cientos de reacciones generadas por los testimonios, hubo varios indignados bienintencionados que en el camino del infierno sugieren a las madres no “pedir” nada, luchar solas por sus vástagos, impedir que el progenitor los vea. Consejos que también atentan contra los derechos de la niñez.

La iniciativa de los columnistas podría tomarse como una reducida muestra de lo que pasa en la sociedad y de las lagunas de información. Sus 7 mil 466 likes (entre el 13 y el 18 de agosto solo se sumaron 18) en casi dos meses y las felicitaciones de pocos personajes políticos dan la impresión de que no se trata de un tema que toque la sensibilidad de los mexicanos. Otra página, por ejemplo, la de un hombre que vive en la miseria y su perro enfermo, provocaron la misma reacción en unos cuantos días y soluciones exprés por medio de donativos.

Lo realmente preocupante es que nada se habló del tema central: el interés superior del niño que es nada más, pero nada menos, que la satisfacción integral de sus derechos humanos.

Lo que se olvida

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es la primera en el ámbito internacional especializado y de carácter obligatorio y la que cuenta con el mayor número de ratificaciones en el mundo.

La UNICEF, en sus 54 artículos, reconoce los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes del mundo y establece un marco jurídico inédito de protección integral a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social y condición familiar, entre otros.

Cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 21 de septiembre de 1990, quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella en favor de cada niño, niña y adolescente. Así, las medidas concernientes que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán primordialmente el interés superior del niño teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley.

Asimismo, el artículo cuarto constitucional dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y en dos de sus fracciones dice que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos: la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. También se lee que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El doctor en derecho y consultor de la UNICEF, Miguel Cillero Bruñol, dice que una correcta aplicación del principio sobre el interés superior del niño, especialmente en sede judicial, requiere que se tome aquella medida que asegure la máxima satisfacción de los derechos y la menor restricción de ellos. “La aplicación de esta regla justifica, por ejemplo, la absoluta excepcionalidad de la medida de separación del niño de su entorno familiar. Así, el niño separado de uno o ambos padres tendrá derecho a que se le asegure la posibilidad de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular, salvo si ello es contrario a dicho interés”.

“Es claro que los derechos y responsabilidades de los padres, en relación a la orientación y dirección de sus hijos, tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos. El Estado tiene el deber de apoyar a los padres en este rol, pero también el de garantizar a los niños que su crianza y educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de sus derechos. Los roles parentales no son absolutos, ni meramente poderes/deberes, son derechos limitados por los de los propios niños, es decir, por su interés superior”.

Entre el papel y la realidad

La doctora Mónica González Contró, secretaria académica e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habla de un gran obstáculo cultural que se suma a la lista de violaciones a los derechos de los niños: “existe la idea equivocada de que son patrimonio de los padres y definitivamente no es así”.

Ninguno de los progenitores tiene la facultad de renunciar a los derechos de una tercera persona, en este caso sus hijos, quienes en numerosas ocasiones se convierten en víctimas de ambos cuando se separan: uno por evadir su responsabilidad como deudor (a) alimentario y la otra (o) por creer que puede desistirse de los derechos de sus vástagos. Esta es una de las manifestaciones del machismo en México: se presume que la madre siempre es buena y velará por los derechos de los menores y no se mira la doble vulnerabilidad de éstos. “Por ejemplo, en el caso del ex ministro de la Corte, aparentemente, de acuerdo con la información divulgada en los medios, y las declaraciones de la madre, presumiblemente ella también violó los derechos de sus hijos porque ya se le habían entregado recursos para ellos y los puso a su nombre”.

De lo anterior se desprende, que cada uno de los progenitores que deciden darle otro rumbo a sus vidas tienen la obligación, en el caso del que se va del hogar, de dar una pensión alimenticia y del que se queda de solicitarla ante las instancias correspondientes. De ahí la gravedad de los dichos y consejos de aquellos que exaltan una falsa maternidad todo poderosa que “debe valerse por sí misma” para procurar el bienestar de los hijos.

Esta son dos de las respuestas clásicas, extraídas de la fugazmente famosa página de Facebook: “Pues te diré. Creo que lo mejor es que lo den por muerto y enterrado. Creo que esperar algo de un tipo así es más dañino que aceptar que, si tú nunca le interesaste, menos tu hija, y a la larga es ella la que lo resiente. Honestamente, ya no esperes nada de él, mejor ama a tu hija y deposita todas tus energías en ella”.

“Oye yo no peleo los derechos de mi hijo y no es porque no tenga el coraje, es para alejar a la basura que si es capaz de abandonar a un hijo para qué te sirve. Siempre su respuesta fue no tengo, no puedo, no quiero y cuando lo hice legal buscó artimaña y media para no dar. ¡basta ya! La basura a la basura y mi hijo y yo a salir adelante”.

Por otra parte, en México es sumamente grave e irresponsable que se viole el derecho a la intimidad de los niños. Los medios divulgan sus nombres, sus padecimientos e incluso los bienes a los que tendrían derecho. Y “nadie puede disponer a su antojo, ni siquiera los progenitores, de los datos personales de sus hijos”, enfatiza la doctora González. Asimismo, agrega, tendríamos que garantizar el derecho del niño a ser escuchado pero aún no existe un mecanismo, una instancia, que se avoque a ello. Por ejemplo, si desean o no ventilar sus casos, sus bienes, los datos que corresponden a su intimidad. Vivimos en una sociedad permisiva y con evidentes debilidades institucionales. Aquí una de las grandes preguntas es ¿quién representa a los niños?

Hay diferentes propuestas sobre la mesa pero, desde luego, se tendría que crear un órgano que tuviera autonomía dentro de la administración pública para encargarse de la defensa de los derechos del niño. El DIF no es el adecuado porque su mandato deriva de la Ley General de Salud y es el encargado de la asistencia social que es radicalmente distinta de los derechos humanos. En cuanto a la CNDH, no es un órgano especializado en el tema que nos ocupa y tampoco tiene facultades de representación en juicios. Por ello se necesita una instancia, designada exprofeso, con las atribuciones suficientes para defender y representar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en procesos de las demandas alimentarias, comenta la doctora González.

El abogado Alberto Chávez, de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados A.C. (AMPFS) abunda sobre el tema: “hay un problema que afecta a la administración de justicia en México: se carece de un trabajo interinstitucional dinámico, una verdadera comunicación, por ejemplo, entre jueces y ministerios públicos. Si un señor o señora deja de dar pensión alimenticia, se le arresta, pero el MP no tiene la autoridad para asignar alimentos así que cuando el asunto llega al juez familiar tenemos que empezar de cero el procedimiento”.

Las leyes locales difieren una de otra. Hay 32 códigos civiles en las entidades federativas donde, muchas veces, los derechos de los niños no son respetados. La realdad social ha rebasado a nuestros códigos, sobre todo en el aspecto familiar.

¿Fortalezas o debilidades?

¿Cuáles serían las fortalezas, en el ámbito jurídico, con las que cuenta una madre o un padre para proteger los derechos de sus hijos? Alberto Chávez dice que, a partir del 2005, se reforma el código penal del Distrito Federal, pionero en esta materia, y se tipifica como un delito no suministrar alimentos. Posteriormente ocurrió lo mismo en otros estados como el de México, Chiapas, Nuevo León. Antes un padre o madre que no cumplía con su obligación alimentaria, solamente podía ser demandado por la vía civil “pero como bien se sabe a nivel constitucional las deudas de ese carácter no ameritan pena privativa de libertad. Las medidas a las que se recurría como multas, apercibimientos y en algunos casos el arresto por unas cuantas horas tenían poco efecto. Precisamente esa reforma fortaleció los reclamos de los acreedores alimentarios”.

Pero existe otro problema: cuando la madre, quien usualmente se queda a cargo de los hijos, no demanda la pensión alimenticia para evitar que el padre vaya a la cárcel. Sin embargo, la doctora González no está segura de que las sanciones tengan que ser propiamente penales. “Hay una creciente tendencia social a penalizar cada vez más todos los incumplimientos de obligaciones. Tales medidas no funcionan porque si se mete a la cárcel a un padre deudor tendrá menos posibilidades de cumplir. Ahí habría que pensar en otro tipo de sanciones y yo creo que son más bien administrativas. Además, desde mi perspectiva, presumiblemente habrá pocas posibilidades de denuncia y menos de persecución”.

“Tenemos cárceles sobresaturadas de gente que cometió delitos no graves y en lo que se debe pensar es en la reparación del daño. El derecho penal debe ser el último recurso del Estado y utilizarse solo en casos extremadamente graves que no tengan otra vía de solución, pues si un padre no da alimentos fuera de prisión, dentro menos porque México carece de posibilidades laborales dentro de centros penitenciarios”. Entonces el gran problema consiste en cómo obligar a que un padre o madre infractora atiendan las necesidades de los menores, explica la investigadora.

Por otra parte existe un fenómeno que se hace cómplice de los padres o madres infractores. El ocultamiento de datos que permitan saber la cantidad de dinero necesaria para cubrir cabalmente los requerimientos de un niño. Alberto Chávez explica que para conocer el estatus económico de un deudor alimentario, el juez tiene amplias facultades a fin de obtener los datos que le permitan fijar una pensión alimenticia, por ejemplo la solicitud de informes a la SHCP, el IMSS, o las empresas donde laboran.

Ocultar esos datos es un delito que se castiga con uno a seis años de prisión. Se aplica a cualquiera que tenga conocimientos o informes de cuánto gana una persona y no los proporciona premeditadamente a la autoridad que los solicita. También delinque quien busca ponerse en un estado de insolvencia. Estos son ejemplos de lo que se llama fraude en perjuicio de acreedores alimentarios. A pesar de ello, ocurren con frecuencia ¿Por qué? Hay varias razones, entre ellas la incapacidad de algunos jueces. Ocurre con alarmante frecuencia que un padre puede argu%u0308ir, bajo protesta de “decir verdad” que está desempleado, y no se giran órdenes a la empresa para obtener información.

“Y en qué consiste la obligación alimentaria porque hay muchas confusiones con base en lo que dicen los amigos, los vecinos o las telenovelas. La ley estipula claramente que se atenderán las necesidades del acreedor alimentario: alimentos, vestido, salud, educación e inclusive la diversión. En un mundo ideal, se deberían cubrir todos esos rubros. Pero seamos honestos, vivimos en un país donde el 80% de la población no tiene la capacidad de dar una pensión que cumpla todos los parámetros de la ley”. Por eso, en la práctica, los jueces tienen que garantizar que al menos se cumpla con la alimentación, vestido y educación con base en la capacidad económica del deudor, ya sean 100 mil o 4 mil pesos mensuales.

También existen casos en los que el deudor alimentario realmente carece de trabajo. “Ahí el juez está maniatado porque no le puede quitar a una persona lo que no tiene, es un principio del derecho, nadie está obligado a lo imposible. Creo que la legislación vigente tiene, en ese aspecto, otra laguna muy grande porque se debería echar mano de cualquier posesión que tenga la persona, a excepción de los bienes inmuebles”, dice Alberto Chávez.

La AMPFS propone que sea “el propio gobierno el que debería ofrecer a padres o madres desempleados espacios de trabajo temporales, así fuera con el salario mínimo, a través de programas específicos para preservar el interés superior del menor”.

Pero la doctora González Contró señala “no estoy segura de que sea una función del Estado darle trabajo a los deudores alimentarios”, porque primariamente debería garantizar los satisfactores básicos a niños y niñas que no tienen acceso a ellos, mediante programas que aseguren el cumplimiento de sus derechos. Además, agrega, en el ámbito laboral existe un alto nivel de informalidad ¿Qué pasa con el padre o la madre que trabajan en ese sector ?, ¿cómo se exigen alimentos? Este es un punto pendiente en la reforma laboral.

Otro aspecto, señala la investigadora, son los altos costos de la justicia. Efectivamente, existen los defensores de oficio pero resultan insuficientes y varias veces ineficientes. La duración del procedimiento también es muy larga y muchos padres renuncian a concluirlo. Los niños no son trofeos De 2009 a 2010 de 12 mil divorcios, 10 mil se convirtieron en asunto litigioso en que se pedían alimentos y custodia. No existen cifras sobre cuántos padres o madres cumplen con la pensión alimenticia. Y aquí es importante una precisión. Los usos, costumbres, desconocimiento falta de información han provocado que buena parte de la sociedad crea que quienes se quedan con la tutela de los menores de edad son los dueños de dicha pensión y no existen mecanismos para que den cuentas de lo que hacen con ella.

Alberto Chávez comenta al respecto que en los diez años de experiencia que tiene la Asociación han conocido casos de mujeres que no usan las pensiones para sus hijos, “el dinero se pierde en otros gastos, después quieren más y cuando los padres protestan la primer respuesta es ‘olvídate de tus hijos’. Por eso debería de haber mecanismos para que el juez se cerciore de que los alimentos lleguen a los niños”.

La doctora Mónica González Contró explica que la legislación se ha basado en los derechos del niño o niña situándolos como los acreedores alimentarios y no el progenitor a cargo de la custodia, a menos que éste carezca de empleo y también la reclame para sí. Eso es un imperativo para el juez, pues lo primero que tiene que considerar es al sujeto de derechos, por ello se le debe garantizar el pago de los alimentos.

El interés superior del menor no solamente consiste en la satisfacción de sus necesidades básicas sino también el afecto que debe rodearlo. “Cuando la pareja estaba unida, el hombre, o los proveedores alimentarios, cubrían las necesidades más allá de lo que marca la ley pero cuando sobreviene la ruptura se vuelve un conflicto de intereses y los niños son utilizados como trofeo o una moneda de cambió, comenta Alberto Chávez.

Alejandro Heredia Ávila, fundador y Director General de la AMPFS habla de otra arista dolorosa: cuando los padres de los niños parten de la falsa concepción de que en una demanda de pensión alimenticia debe haber ganadores y vencedores y en ese afán se suscitan, incluso, falsas denuncias con tal de impedir que el padre o la madre vean a sus hijos. Ello les ocasiona daños emocionales que no se dimensionan, por ejemplo, cuando se les somete a interrogatorios como si fueran delincuentes.

“¿Qué hacen? Ir a llorar, a pedirle a un juez que determine una sanción por todos los atropellos que se cometen, pero esos reclamos no son tomados en cuenta aunque haya letreros en juzgados familiares que dicen: debemos respetar los derechos de los niños”. De hecho, también es poco conocido por padres, madres y la sociedad en general que si un juez no atiende el reclamo puede ser demandado ante el Consejo de la Judicatura.

En México, también se habla poco de los abusos en contra padres que no tienen la custodia y realmente desean estar presentes en la vida de los niños. Si bien es cierto que de ninguna forma se justifica el olvido, muchos se ausentan porque los juicios se prolongan demasiado, cuando la madre no permite que convivan con ellos o les resta la autoridad para opinar y decidir en asuntos cruciales. Pocos saben que quien no permita las convivencias también puede ser demandado y sancionado.

Hay otros aspectos que retratan esta compleja problemática: la alienación parental, que tiene múltiples manifestaciones: el padre o la madre que tiene la custodia e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, la manipulación para que odien al otro.

Actualmente, ya hay una propuesta de reforma para que se castigue. El drama es este: al año son cerca de 90 mil divorcios, más de 360 mil uniones libres que se disuelven en México y el 30% son muy dolorosas. En muchas de ellas hubo violencia intrafamiliar que puede alargarse en la separación y divorcio y envolver a los hijos.

Lo ideal sería que en el ejercicio de la patria potestad y la custodia no se hablara de género, sino de que ambos padres fueran obligatoriamente corresponsables en la crianza de los hijos, tal como marcan los tratados internacionales que México ha suscrito y no se han aplicado, en varias ocasiones, rigurosamente.

Aquí es importante la educación correcta que se debe dar a ambos progenitores. Los consejos, la libertad para que convivan con ambos. Todo ello forma parte de un trabajo legislativo y de concientización para que jueces familiares no resuelven a rajatabla, de forma ortodoxa, y vean el dolor. La materia familiar es una rama especial. No se debe pensar en ella simplemente como jueces y leyes, sino con un sentido social y humano, dice Alejandro Heredia.

“Hay miles y miles de letras que en los hechos están empantanadas por falta de sensibilización de padres, jueces, ministerios públicos, legisladores. En la crianza y desarrollo de los hijos de padres separados enfrentamos un problema multifactorial que crece día con día y no tenemos leyes actualizadas. Varios códigos familiares de diversas entidades federativas no se han analizado y menos actualizado con base en los tratados internacionales, porque los congresos locales, ocupados en cuestiones que reflejen cuestiones presupuestales, no han hecho nada al respecto.

“Eso sí, hay quienes, como Alejandra Barrales hicieron propuestas que se convirtieron en ‘herramientas jurídicas’ como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal (REDAM)”, recuerda el presidente de la AMPFS. Algunas de las características de ese registro son: “de acuerdo al Código Civil el juez hará saber a las personas que deseen contraer matrimonio si uno de ellos se encuentra inscrito en tal registro además de que las instituciones financieras y el buró de crédito podrán tener acceso a él”. Sin embargo, casi nadie sabe que existe ni en qué contribuye a paliar el problema.

La obligación alimentaria y el cuidado de los niños debe ser cubierto por ambos, La primera no debe ser solamente con recursos en efectivo sino con trabajo, cuidados. Se trata de una corresponsabilidad parental en la que ambos están comprometidos desde el momento en que los niños nacen. Existen diversos estudios que han comprobado que se desarrollan mejor en custodia compartida que en una monoparental. También debería considerarse la posibilidad de que los hijos se queden con el padre que tenga mejores posibilidades de cuidarlos, concluye Alejandro Heredia.

El psicólogo Nelson Zicavo Martinez dice que “la experiencia nos permite hablar de divorcio parental cuando el padre se aleja abrupta o paulatinamente de los hijos con un comportamiento aprendido y -¿por qué no?- ‘exigido’ por la sociedad, ya que existe la representación de la norma social (asignada) que establece que ante el divorcio es él quien debe recoger sus cosas y marcharse”.

En Para qué sirve ser padre, un libro sobre el divorcio y la padrectomía, Nelson Zicavo habla sobre que los hijos, en el imaginario social de Latinoamérica, son “propiedad” natural e indiscutible de la madre. “Es a ella a quien corresponde la potestad todopoderosa de permitir al padre seguir siendo el padre o convertirse en visita de sus hijos, y es conocido que las visitas son personas que están de paso, que llegan pero que al fin y al cabo no están siendo miembros con roles definidos en el grupo familiar”. Ello provoca, según el sicólogo, el peso de la responsabilidad de asumir sola lo que debiera ser entre ambos progenitores.

Así, el rol asignado al hombre, como la “mítica creencia social de que la mujer es la única capaz para la mejor atención de los hijos, han reducido desde el punto de vista familiar, social y hasta legal, las funciones del padre al de contribuyente biológico, lo cual limita las potencialidades de éste a ejercer y disfrutar a plenitud la dicha de ser padre. Y Zicavo Martínez se pregunta “cuántos rechazan esta norma de forma silenciosa”. Los pocos que abogan por otro modelo de paternidad suelen ser censurados y objetos de burla”.

Desde antes de nacer, los niños se ven sometidos a un constante bombardeo, macro y micro social, con mensajes cargados de connotaciones a veces erróneas y dañinas de lo que significa ser padre o madre. Estos mensajes dejan huellas palpables e indelebles en cada uno de los progenitores. “Los medios masivos de comunicación, a veces hasta sin proponérselo, estereotipan modelos de mujer-madre y de hombre-padre, que posteriormente cada una de las personas se encarga de reproducir con adaptaciones personales en el seno de la familia”, explica Nelson Zicavo.

¿Pues no que no queremos más Góngoras?

El 2 de agosto pasado nos acercamos al administrador de la página de “Basta de Góngoras en México” por medio de un mensaje en inbox. Después de 16 días permeó el silencio, ese mismo del que se quejan varias personas que mandaron testimonios que no han sido publicados. Se trataba de contribuir a esa discusión como sociedad, tal como escribieron Carlos Puig, Salvador Camarena, Katia D’Artigues, Gabriela Warketin, Bárbara Anderson, Gabriel Bauducco e Ignacio Lozano en la columna que simultáneamente se publicó en varios medios. Hoy tal parece que ese ejercicio fue más bien catarsis.

¿Dónde están las asociaciones o profesionales aliados para remitirles los casos donde piden apoyo económico o psicológico, asesoría jurídica? En casi dos meses ¿Ya presentaron propuestas, organizaron mesas de debates con expertos, con base en los testimonios obtenidos, para generar una propuesta de reforma?

Estamos frente a una problemática compleja, creciente, de la que debe hablarse desde un ámbito multidisciplinario, con expertos que, desde el principio, participen activamente con información fehaciente en la misma página, en foros públicos, conferencias en escuelas, universidades e incluso apoyo para evitar que muchos mitos se arraiguen aún más en el consciente colectivo. Pero dicha página se ha quedado en lo que no quiso ser: un compendio mínimo de horrores.

Hay esfuerzos de asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales o de la CNDH que a través de la Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, a cargo de la doctora Victoria Adato Green, divulgan “el conocimiento de los derechos humanos de la niñez y la familia desde una perspectiva de género y del interés superior que representa la infancia”, a través de programas de formación y capacitación que conformen una cultura de respeto a sus derechos que posibilite su práctica cotidiana en la familia y la sociedad en general.

Quedan aquí reflexiones y experiencias de nuestros entrevistados y una pálida semblanza de lo que ocurre en México. Duelen los testimonios, en su mayoría de mujeres, que se parten en pedazos todos los días para darles un presente y un futuro a sus hijos. Pero lo más importante es un proceso de concientización de los derechos de la infancia.

Con ese conocimiento entonces sí, será posible exigir a los involucrados: desde los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, al sector privado, a las instancias encargadas de la educación, que actúen para que prevalezca el interés superior del niño. Solo de esta manera se rebasarán maniqueísmos, mitos y buenas intenciones que parecen oportunismo o llamarada de petate.

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