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| Foto: Marco P.Cuartoscuro |
De hace unos meses a la fecha, los medios informativos en México han venido dando cuenta de una serie de hechos criminales que, además de la inusitada violencia con que son perpetrados, pretenden también enviar diversos mensajes a la población, al gobierno y a los grupos de poder que, en su conjunto, componen la sociedad mexicana.
Estos hechos, que en la actualidad son principalmente atribuidos al crimen organizado pero que en otros momentos han sido imputados y reivindicados por la guerrilla, tienen un significado que hasta hoy ha sido poco entendido por el gobierno, por los ciudadanos e, incluso, por los propios medios que, en su mayoría, deliberadamente o por omisión, los han hecho pasar como situaciones fortuitas, cuando en realidad no lo son.
Vayamos a algunos ejemplos. El 6 de julio de 2007, prácticamente todos los medios electrónicos e impresos editados en la ciudad de México, informaron sobre cinco estallidos ocurridos en ductos petroleros, en tres municipios del estado de Guanajuato.
A pesar de que las autoridades de Pemex y la PGR pretendieron hacer válida la versión de que las explosiones habían ocurrido por la ordeña de combustible a las tuberías, otras explosiones ocurridas cinco días después y, sobre todo, un comunicado emitido por la Comandancia Militar de Zona en Guanajuato del EPR, esclarecieron el hecho: todo se trataba de una acción de sabotaje por parte de ese grupo guerrillero, para exigir la aparición con vida de dos de sus militantes, desaparecidos desde mayo de ese año en Oaxaca.
Luego, en la madrugada del 1 de agosto de 2007, estalló un artefacto explosivo a las afueras de una tienda departamental en la capital oaxaqueña. Esa misma mañana se halló otro artefacto, que no había sido detonado, en una sucursal de Banamex en la misma ciudad. El 10 de septiembre ocurrió otra acción de sabotaje a instalaciones petroleras en varias entidades de la república. Todas las acciones fueron reivindicadas por el EPR en sendos comunicados.
Otro ejemplo. La noche del pasado 15 de septiembre, la tradicional ceremonia del Grito de Independencia que encabezaba el gobernador Leonel Godoy Rangel, en Morelia, fue interrumpida por un par de explosiones. Los artefactos accionados eran granadas de fragmentación, que dejaron casi una decena de muertos y más de un centenar de heridos. A partir de entonces, grupos ligados a la delincuencia organizada iniciaron una larga cadena de acusaciones, recriminaciones y acciones de persecución interna. Un par de semanas después de ocurrido el ataque, el 26 de septiembre, la PGR presentó a tres de los presuntos responsables del ataque: Julio César Mondragón, Juan Carlos Castro y Alfredo Rosas, presumiblemente integrantes del grupo de los Zetas, quienes fueron primero arraigados y luego formalmente detenidos y recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma. Nada más se ha sabido de aquella sangrienta Noche Mexicana en Morelia.
¿Cuál es la conexión entre todos estos hechos?
Lenguaje violento
Lo aquí abordado nada tiene que ver con determinar quién va ganando la guerra que hoy libra el gobierno federal, las bandas dedicadas al crimen organizado y, desde un ámbito de pasividad relativa, la sociedad mexicana. Más bien, al lado de esa discusión, es menester tratar de comprender cabalmente qué significado tiene la violencia en sí, y cuál ha sido la respuesta gubernamental a esa cadena de sucesos.
A la luz de los hechos, las bombas y la violencia tienen un significado más o menos general y definido. La colocación y accionar de un artefacto explosivo tiene, al menos, tres mensajes posibles:
El primero de ellos, es cuando se coloca el artefacto pero, sin hacerlo estallar, se avisa a la autoridad de su existencia y el lugar exacto de su ubicación. Lo que, en términos llanos, busca un grupo criminal o paramilitar con esta acción, es únicamente demostrar al gobierno policía, Ejército, etcétera la capacidad de fuego con la que cuentan y el potencial que tienen para colocar libremente un artefacto en puntos estratégicos.
El segundo mensaje, es el recurrentemente utilizado por el EPR en sus acciones de sabotaje a instalaciones de Pemex. En ellas, dejaron claramente demostrada su eficiencia y capacidad en el manejo y accionar de explosivos, y la magnitud de los daños causados a los intereses gubernamentales y de la oligarquía que gobierna. Éste, por sí mismo, es un mensaje cargado de significados y amenazas para el Estado, aunque esas acciones no cobraron una sola vida.
El tercer mensaje, ubicado ya perfectamente en el ámbito del terrorismo, es cuando un artefacto es utilizado, con motivos de reivindicación política o en este caso criminal, en contra de un grupo de civiles. En este mismo contexto se ubican las ejecuciones perpetradas en contra de la población, por grupos armados que, al matar, no llevan otro objetivo más que el de intimidar a las personas y demostrar nuevamente su fuerza y grado de impunidad frente a la ley y el gobierno.
Mensajes incomprendidos
Basados estrictamente en la realidad, es evidente que en ninguno de los casos el gobierno en sus tres ámbitos de competencia ha tenido la capacidad de comprender estos mensajes y tomar previsiones al respecto.
Si el crimen organizado ha seguido los pasos de la guerrilla no hablamos, por ninguna circunstancia, de posibles nexos entre esos grupos en cuanto a su accionar, logística y organización, era previsible desde hace bastantes meses que si el crimen organizado ya había amagado al Estado con su capacidad de fuego (como en el caso de los impresionantes decomisos de armas que los grupos criminales abandonan deliberadamente que también había demostrado su eficiencia en el uso de sus medios de defensa (como el actuar mismo de los Zetas y otros grupos, que hoy disputan palmo a palmo el territorio nacional a la Policía Federal y el Ejército), en cualquier momento podrían llegar al tercer nivel en el lenguaje de la violencia, para comenzar a atentar en contra de civiles. Eso fue, exactamente, lo que ocurrió en Morelia y otros puntos de la República Mexicana.
Eso ha ocurrido hasta el momento. Aunque tal pareciera que la mayoría de las autoridades policíacas, grupos políticos, periodistas, organismos de inteligencia civil y militar e investigadores de los fenómenos criminales, no han tomado la importancia real al entendimiento de estos mensajes.
Ante ello, es evidente que el gobierno federal ha fracasado reiteradamente en el procesamiento sistemático de este diálogo violento con los grupos que le son antagónicos, para prever escenarios de riesgo y tomar medidas al respecto. Otra fuera la situación, si desde el principio se hubieran comprendido y atendido estos mensajes, y se hubiera actuado en consecuencia.
Pero también los medios mesas de redacción, directivos, analistas, reporteros y demás cargan con su parte de responsabilidad. A estos hechos, en su mayoría, no se les ha dado su correcta y cabal dimensión e interpretación, que va más allá del amarillismo, las conjeturas y las llamadas notas de sangre, y más bien tiene que ver con la posibilidad de dilucidar acerca de una serie de hechos que ocurren, que afectan a la colectividad y que, por tanto, es indispensable comprender en su contexto y no de forma aislada.
Debería preocupar a todos, que hoy no sólo existan dudas respecto a si el gobierno federal puede o no ganar la guerra contra el crimen; sobre todo, debería alarmar el hecho de que una parte muy importante de la población ni siquiera ha alcanzado a entender bien a bien cuál es el origen, las implicaciones y las consecuencias reales de toda esta violencia. Ése es, sin duda, el peor de los escenarios para la guerra contra el crimen organizado
