Cinque Terre

Aurelio Contreras Moreno

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Periodista, autor de Rúbrica.

Cruzada antiredes en Veracruz

El 15 de mayo de 2015, Karime Macías Tubilla, esposa del gobernador de Veracruz, transformó su cuenta de Twitter. De ser un medio para difundir las acciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside, lo convirtió en un espacio para dar consejos sobre el “buen uso” de Internet y las redes sociales.

Comenzó con una serie de recomendaciones, la mayoría de sentido común, como los cuidados sobre la privacidad en la red y los riesgos del acceso y uso de estas herramientas por menores de edad, sin la supervisión de sus padres. Al parecer, algo inofensivo y hasta cierto punto útil para quien no estuviese familiarizado con el mundo digital. Al mismo tiempo, la Presidenta del Dif estatal organizaba reuniones privadas con mujeres de la “alta sociedad” del estado para “concienciarlas” sobre estos tópicos.

Mientras esto sucedía, se desarrollaba toda una campaña de difusión alrededor de esta idea desde el departamento de Comunicación Digital del gobierno estatal, que dirige Córsica Ramírez Tubilla, prima de Karime Macías Tubilla, y cuyas oficinas se encuentran en la residencia oficial del Gobernador, Casa Veracruz, en la capital del estado.

Solo que algunos de los “consejos”, difundidos mediante ilustraciones con caracterizaciones como para niños, comenzaron a tomar derroteros polémicos, entre la discriminación y la paranoia. Uno de estos mensajes, ilustrado con una caricatura de una mujer con un trapeador y una cubeta, y en su momento tuiteado por Karime Macías –luego eliminó el tuit– señalaba: “¿Sabes quién trabaja en tu casa? Verifica sus perfiles de redes sociales antes de contratarlos, eso te dará una idea general de quiénes son. Establece reglas para el uso del teléfono. Ten en cuenta que la gente que trabaja en tu casa conoce tus rutinas y cómo vives”.

Campaña “tóxica”

Aunque estos mensajes se difundían desde la cuenta oficial de la Presidenta del Dif y podrían tomarse como una postura gubernamental, no pasaban de ese ámbito. Hasta que a mediados de junio, se convirtió en una campaña oficial del Gobierno del Estado de Veracruz.

A lo largo de la entidad, se colocaron espectaculares y se puso en funcionamiento la página veracruzdigital.gob.mx –con una liga directa a veracruz.gob.mx, la página oficial del gobierno–, donde comenzó a satanizarse a las redes sociales con mensajes como “pienso, luego publico”, “en Internet, aléjate de las personas tóxicas”, “desconéctate y disfruta”.

El objetivo de inhibir la libre expresión a través de estos medios es claro. Y no es nuevo. Desde el inicio de la administración ha sido manifiesta la fobia gubernamental a la crítica, periodística o simplemente ciudadana, al grado que la criminalizó al encarcelar a dos tuiteros críticos de su persona en 2011 bajo los absurdos cargos de “terrorismo”, y reformar el Código Penal del Estado para castigar con uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo a quienes fueran acusados de sabotaje y propagación de información falsa desde las redes, lo cual fue declarado inconstitucional y violatorio de los derechos humanos, el derecho a la información, la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad de expresión y la exacta aplicación de la ley penal por la SCJN en 2013.

El fondo político

Ufanándose de su “victoria” en los comicios federales del 7 de junio, el gobernador Javier Duarte aprovechó los primeros días después de la veda electoral para reunirse con dueños de medios de comunicación y reporteros, con motivo de la arcaica celebración del “Día de la Libertad de Expresión” instaurada en el alemanismo, con todo y que a nivel internacional se celebra el 3 de mayo, sin injerencias gubernamentales. En dichas reuniones, Duarte retomó el discurso de su esposa para pedir el “uso responsable” de las redes y alertar sobre sus “riesgos”. Lo que en el contexto de su interacción con éstas, implica inhibir y desalentar su uso por la “mala imagen” que generan de él y de su administración.

Entre tanto, la campaña se extiende por todo el estado, lo que representa una fuerte inversión de recursos públicos que podrían haberse utilizado para áreas de verdadero beneficio social, como la educación o la salud.

Hay una razón de peso para esta intentona del duartismo por inhibir lo que se publica en las redes y en Internet: el proceso electoral local en el que se renovará la gubernatura y el Congreso estatal, comienza en octubre. Hay urgencia por ejercer desde ahora un férreo control sobre lo que se difunda en la web que pueda afectar a quien llegue a ser el candidato del PRI a sucederlo.

Conociendo la tozudez de Duarte de Ochoa, no extrañaría que prepare una reforma legal para “regular” las redes y sus contenidos. Ya dieron los primeros pasos.

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