Hoy en día no son pocos los análisis y estudios que destacan el impacto de las telecomunicaciones en las actividades socioeconómicas de los Estados modernos. Cada vez con mayor frecuencia se acepta y valora que las tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen un rol protagónico en temas como el crecimiento productivo o el desempeño de servicios igual que en otros de profunda orientación social como la libertad de expresión o el derecho a la información. Puede decirse ya que en estos asuntos se ha asentado la convicción de que su ejercicio o desarrollo no pueden concretarse si no se dispone de dispositivos, sistemas y servicios que permitan el acceso a la comunicación y a la consulta e intercambio de aquella información que apoye e interese al ciudadano y a la colectividad. Sin servicios de telecomunicaciones disponibles en todo el territorio, accesibles para la sociedad por su oferta y precio, y de calidad y permanencia, se compromete la observancia y vigencia de aquellos derechos y se obstaculiza el desempeño de los agentes productivos. Si se considera además que en la actualidad el desarrollo depende cada vez menos de la acumulación de activos, y cada vez más se nutre del avance en educación, en salud y en la realización del ser humano, el suministro y apropiación de las TIC son condiciones ineludibles para el progreso de nuestra sociedad y de todos sus participantes.
Asegurar el suministro, la accesibilidad y la eficiencia técnica y operativa de los servicios debe ser entonces un objetivo permanente de la regulación aplicable y de las entidades públicas dedicadas a su diseño y práctica institucional. Satisfacer esos requerimientos implica desde luego la implementación de planes y programas que tengan un impacto directo en el entorno en que los servicios se suministran. Y para lograr este propósito resulta fundamental analizar tanto la situación específica en que los servicios se proporcionan, como la mejor manera de acrecentar y optimizar esa prestación. El amplio universo regional que caracteriza a México, su diversidad económica; poblacional; cultural, social, es un vector a evaluar porque nuestro país no es uniforme en sus distintivos ni sus condiciones socioeconómicas son homogéneas, ni siquiera similares en algunas de las zonas geográficas que lo componen. Ya es verdad de Perogrullo señalar que el norte de la República es diferente al sur, y ambos territorios se parecen poco a los estados del centro del país o a la misma ciudad capital.
Reconocer estas diferencias y adoptar medidas regulatorias que igual las distingan es un objetivo complicado, porque tampoco pueden emitirse reglas o normas particulares que discriminen a los diversos escenarios estatales o incluso municipales. Encontrar la diversidad en la unidad sería entonces una de las metas más apreciadas a conquistar.
Las reflexiones anotadas se contextualizan con claridad en el escenario del servicio telefónico local. La existencia de áreas de servicio delimitadas geográficamente, que se diferencian la una de la otra por la cantidad de usuarios que se pueden contactar a través de tarifa local (usuarios de una determinada área), y usuarios que se tienen que contactar a través de una tarifa de larga distancia, muestra un criterio de diferenciación en la amplia superficie territorial de México y la división geográfica que hemos adoptado y convenido. El concepto de telefonía de larga distancia refiere a estas categorías porque se define en la aplicación de tarifas distintas conforme la travesía que deben recorrer las señales de voz. Si el emisor y el receptor se encuentran en la misma delimitación geográfica, el cargo es desde luego menor o incluso inexistente; si a la inversa se encuentran en delimitación es geográficas diferentes, el costo será mayor y puede alcanzar relevancia económica para los usuarios, e incluso inhibir su uso intensivo.
El tráfico telefónico de larga distancia -segmento no menor en el mercado de telecomunicaciones, desde el 2007 ha contabilizado en promedio poco más de 25 mil millones de minutos a escala nacional (Cofetel, www)- refleja pues situaciones distintas para una población determinada: si su intercambio habitual, de comunicación social y también de negocios, de relación empresarial, se desahoga con localidades cercanas que se ubican en la misma zona geográfica, el costo será más bajo que si el intercambio se produce entre poblaciones que se ubican en otra zona. Si como sugieren algunos autores -por ejemplo Zozaya (2010)- el desarrollo de un estado nacional es la suma del avance de las regiones que lo conforman, no debe menospreciarse el impacto económico que pueden alcanzar estas diferencias. Es por ello que en las páginas que siguen se aborda el tema de las comunicaciones telefónicas de larga distancia y la relación que guardan con el desarrollo regional. Creemos que mientras mayor intercambio económico se genere entre municipios y estados, es mayor la posibilidad de fincar el crecimiento productivo y el desarrollo social. En consecuencia, el buscar que tal interacción tenga los menores obstáculos posibles es una tarea sustantiva y primordial. Y en telecomunicaciones esa labor debe hacerse de las mejores herramientas y procedimientos posibles para contribuir a ello.
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Puede decirse que desde principios del siglo XX, el desarrollo regional ha sido tema y motivo de la gestión pública. No es casual que el porfiriato se destaque por el incesante esfuerzo para generar una amplia infraestructura ferroviaria, que sobre todo comunicó las regiones productoras de materias primas con los puertos y las aduanas para su envío al exterior, al tiempo que ayudó a cohesionar el territorio nacional, no sólo extenso sino también desarticulado entre sí. Pronto, en lo que podemos designar como un incipiente derecho de vía, en el trazado de las rutas ferroviarias se incluyó el tendido de las líneas telegráficas y después de las telefónicas, con lo cual el desarrollo de los transportes de la época corrió en paralelo al despliegue territorial de las comunicaciones de entonces.
La larga etapa histórica del desarrollo estabilizador que se sucedió después del triunfo de la Revolución y del período institucional de la misma, instaló las bases de la industrialización nacional y con ella se mantuvo la relevancia de aquellas regiones del país que incluso antes del proceso armado ya se distinguían por su potencial productivo. Por ejemplo, los estados del norte del país con Nuevo León en vanguardia, se destacaron en ese esfuerzo y poco a poco fueron constituyéndose como la región representativa de la manufactura y de la industria pesada. Otras entidades mantuvieron su perfil agrícola, aunque pronto volcaron sus capacidades hacia la agroindustria. Mientras estos procesos se consolidaban, las comunicaciones igual se desarrollan aunque estableciendo ya una diferencia esencial: la cobertura que se propone e implementa se centra en las localidades urbanas y sobre todo para las capitales estatales de Nuevo León y Jalisco, y desde luego para la ciudad de México, reconocido como el centro de casi la totalidad de las actividades nacionales. Un buen ejemplo de esta tendencia se narra en la historia documental de las comunicaciones y transportes que elaboró la Secretaría del ramo en 1987. Al consignar la estadística del servicio telefónico relata que las empresas concesionarias establecían la diferencia entre la ciudad capital y el resto del país, que en lenguaje coloquial se describía como la provincia. Así, al referirse al universo de abonados de 1935 de las dos empresas mayoritarias de entonces1, el total de Mexeric se distribuye entre 38 mil 800 usuarios del Distrito Federal y 24 mil 930 más localizados en provincia. Por su parte, Mextel aporta con el mismo orden un grueso 27 mil 470 de la ciudad capital y 20 mil 125 que se distribuían sobre todo en Guadalajara y Monterrey. Después, para 1946, la Secretaría repite la misma división y en el caso de la primera operadora clarifica que “los teléfonos Ericsson instalados a esta fecha suman 123 mil 147, repartidos en 72 mil 461 para la capital y 50 mil 886 para la provincia”(SCT, 1987:134).
Las asimetrías regionales que se ilustran con los datos anteriores y que en lo general se mantienen hasta nuestros días, son inherentes al desarrollo del modo productivo dominante. Para 1975, el destacado analista Luis Unikel del Colegio de México, así lo considera e incluso generaliza el fenómeno y lo aplica a escala universal. “Territorialmente hablando, dice en uno de sus trabajos estelares, el desarrollo socioeconómico no ocurre de manera uniforme; se produce con mayor intensidad en algunos lugares que en otros, lo cual genera desigualdades regionales. El fenómeno es mundial. De hecho, no hay país, sea industrializado o no; de economía mixta o socialmente planificada, que no presente disparidades regionales en el ingreso per cápita, en el nivel de vida de la población y, en general, en la distribución de la riqueza nacional” (Unikel, 1975:143).
Si se confronta el argumento del especialista con algunas estadísticas básicas de hoy, resaltasu precisión y pertinencia en tanto cuatro entidades federativas son y han sido los polos principales del desarrollo nacional. El Distrito Federal, como capital de la Federación y centro político de la República, y el Estado de México que ha crecido a la par, conforman efectivamente la zona conurbada más grande del país, y se complementan con Jalisco y Nuevo León para despuntar como las regiones de mayor crecimiento económico, a la vez que también despuntan en otros indicadores nacionales. En la generación del Producto Interno Bruto, por ejemplo, concentraron el 42% del monto generado en el 2010, y en tal porcentaje destaca que la ciudad capital contribuyó con el 17.9% y el Estado de México con el 9.6%, con lo cual la región conurbada se transforma en el primer núcleo productivo del país. Este predominio en la generación de riqueza actúa asimismo como vector de atracción para la población nacional, por lo que en los indicadores demográficos se observa igual preeminencia de los cuatro estados. Así, en conjunto centralizan hasta el 31.9% del número total de habitantes censado en el 2010, y en cuanto a hogares incluso superan ese porcentaje con el 32.1% del global de ese año, que entonces alcanzó los 28.1 millones de hogares a nivelnacional.2
La centralización económica y demográfica que revelan las cifras señaladas es asimismo el telón de fondo del equipamiento telefónico. Los datos registrados en Cofetel así lo confirman. En el 2011, el total del parque telefónico instalado en todo el territorio llegó hasta poco más de las 19.6 millones de líneas fijas instaladas. De esa suma, el 47.9% se ha habilitado en las cuatro entidades federativas consideradas, es decir, poco más de 9.4 millones de unidades proporcionan el servicio en los mercados locales del Distrito Federal; el Estado de México; Jalisco y Nuevo León. Pese a su envergadura, el global esconde todavía asimetrías entre cada entidad, y la ciudad capital concentra el 21.1% del total nacional y el Estado de México el 10.9% del mismo universo. Si se adicionan ambos equipamientos resulta entonces que la zona conurbada de la ciudad de México centraliza 6.2 millones de líneas físicas de las 19.6 millones de líneas en servicio, es decir, el 32% del global (Cofetel, www).
Mas la distribución económica, poblacional y del equipamiento telefónico son sólo algunos de los vectores que deben considerarse en torno al desarrollo regional. La organización consultora de desempeño planetario The Contracting Society3, que se especializa en realizar análisis y evaluaciones sobre la geografía de las regiones y su desempeño socioeconómico e institucional, y de diseñar y proponer los planes y acciones correctivas que resulten, clasifica en seis grandes áreas los temas a considerar como elementos definitorios del desarrollo regional en cualquier país. El primer tema que se identifica es el económico, y se incluyen categorías como la renta producida y sector económico dominante; balanza comercial registrada en la delimitación geográfica; articulación productiva de los mercados de la región; cadenas de valor y capacidad total en la generación de ingresos. En segunda instancia se listan los temas sociales, agrupamiento que entre otros ejes considera la participación política; inclusión y cohesión social e identidad de la región; niveles de pobreza y de educación de la población radicada; indicadores de salud, y en ellos temas como la alimentación y nutrición.
En tercer lugar se acentúan los asuntos culturales y en ellos una gran diversidad temática, como la residencia de centros históricos; el rescate de áreas históricas y arqueológicas de la zona; tradiciones y conocimientos ancestrales; lenguas de los pobladores y distintivos culturales de la región, tema este último que se destaca por la enorme variedad de contribuciones que aportan los habitantes de cada estado e incluso de cada municipio.
La cuarta posición del sumario remite a las estructuras físicas (equipamiento de infraestructura y servicios asociados; transportes y comunicaciones; ordenación y sustentabilidad del territorio; acondicionamiento espacial y sistemas de información geográfica, entre otros y la quinta incluye los asuntos político-administrativos y de gestión pública que identifican a la región bajo estudio. Este apartado es muy versátil y en él desfilan indicadores para cuantificar y evaluar la competitividad de la región considerada y el fortalecimiento institucional que la distingue; las plataformas políticas de toma de decisiones, de negociación y de participación ciudadana; involucramiento de la región en la definición de las políticas nacionales aplicables y en los planes y programas para el desarrollo, entre otros.
Finalmente, el sexto sector de actividad es el ambiental, y entre los ejes a considerar se numera la conservación de las áreas protegidas y de sus zonas de influencia; el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales disponibles; la descontaminación de cuerpos de agua;el monitoreo de la calidad ambiental y el manejo de residuos sólidos.
Como vector de impacto transversal, las TIC y las telecomunicaciones en lo particular se relacionan con la totalidad de los temas expuestos. Aunque se les distingue específicamente en el tema de estructuras físicas, las aplicaciones del sector pueden acelerar el desempeño en prácticamente todas las actividades y temas listados, y en ocasiones algunos servicios de importancia simplemente no pueden proporcionarse si no se dispone de servicios de telecomunicaciones. El caso de la banca ilustra el punto. Si en una región cualquiera y en las localidades que la integran no se dispone de las plataformas tecnológicas adecuadas y suficientes para soportar con eficiencia el suministro, simplemente no existen los servicios bancarios. Igual sinergia puede establecerse entre las telecomunicaciones y las actividades productivas de cualquier región: si la oferta de sistemas y de aplicaciones es accesible, eficaz y suficiente, los agentes económicos podrán optimizar su desempeñoporque ese insumo fundamental está a su alcance y a su servicio. Como se ha señalado, la disponibilidad de servicios telefónicos fijos no es homogénea en todo el país, por lo cual debe insistirse en que los equipos ya instalados y en operación aseguren una prestación adecuada, barata y eficiente del servicio telefónico para la población residente en la localidad que les hospeda. Para lograr este objetivo, la regulación del sector debe establecer aquellas reglas, resoluciones y procedimientos que en verdad lo concreten. Enseguida se señalan algunas de estas medidas específicas.
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En el ámbito de competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el desarrollo regional de nuestro país es también una meta a cumplir, que se deriva del marco jurídico-político que nos rige como nación soberana. En efecto, el Artículo 25 de la Constitución Política determina la rectoría económica del Estado y con ello le atribuye a sus órganos ejecutivos la responsabilidad de conducir e implementar el desarrollo nacional mediante aquellas acciones que regulen e impulsen el proceso económico y a la vez atiendan los procesos sociales derivados del mismo, para propiciar un crecimiento sostenido, equilibrado e integral. Así, la rectoría económica es la facultad de planear, conducir coordinar y orientar la actividad económica nacional, así como la regulación y fomento de las actividades que demandan el interés general.
Por su parte, conforme señala el Artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), el ejercicio de la rectoría del Estado en esa materia se concreta mediante la promoción del desarrollo eficiente del sector nacional de las telecomunicaciones, y el fomento de una sana competencia entre los diferentes operadores autorizados. Estos objetivos se han determinado con dos propósitos superiores: i) que los servicios se proporcionen con “mejores precios, diversidad y calidad, en beneficio de los usuarios”; y, ii) que se promueva una adecuada cobertura social de los mismos.
En tanto órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mediante el Artículo 9-A, fracciones I; X y XVII de la LFT se establece que la Cofetel tiene el encargo de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con autonomía para el dictado de sus resoluciones y con facultades para expedir disposiciones administrativas.
A través del ensamble de los tres elementos jurídicoinstitucionales señalados, la Cofetel está facultada para proponer y determinar resoluciones y procedimientos distintos para impulsar el proceso económico mediante el accionar del sector nacional de telecomunicaciones, y para atender los requerimientos sociales que aquel genera en esa materia. Resulta obvio considerar que en estos propósitos se incluye el atender el desarrollo de la totalidad de regiones que integran nuestro territorio. Igual debe asumirse que el suministro de los servicios es un proceso continuo que constantemente se actualiza, por lo cual el lograr que las telecomunicaciones se proporcionen en forma abierta y suficiente, con precios que deben sercada vez más bajos y con nivelesde calidad que asimismo deben perfeccionarse de manera constante, habrá de permitir que la rectoría estatal se concrete y que se atiendan los propósitos superiores que marca la LFT en su Artículo 7.
Las acciones que se han desarrollado en el tema del servicio local y para la consolidación de sus áreas de servicio ejemplifican estas tareas. Como en varios países del mundo, el suministro del servicio telefónico se ha supeditado a la delimitación de territorios geográficos específicos, la cual sirve para calcular las tarifas telefónicas y para la marcación respectiva. Si observamos el escenario telefónico en España se precisa que la autoridad ha establecido de principio zonas provinciales de numeración telefónica, las que a su vez se dividen en distritos telefónicos que se consideran áreas geográficas de referencia para efectos de establecer las tarifas aplicables en cada comunicación. Aunque esta división es operativa, la principal empresa telefónica ha implantado una tarifa plana para el servicio telefónico de larga distancia, con el propósito directo de fomentar el intercambio de tráfico telefónico en todo el país.
En El Salvador, por su parte, se considera que el área de servicio es “la zona geográfica en la cual un operador de servicio de acceso define como de igual precio a las comunicaciones de la misma categoría entre dos abonados cualesquiera, sin exceder las tarifas máximas que tiene aprobadas por el regulador”(Ministerio de Electricidad y Telecomunicaciones, www). En otras coordenadas muy distantes, puede citarse el caso de los Emiratos Árabes Unidos donde igual se demarcan áreas geográficas cuyo intercambio telefónico se tasa mediante tarifas diferenciadas según la distancia; en Israel y en Togo se ha introducido un enfoque similar, aunque sustentado en el concepto de regiones de servicio, las cuales finalmente son otra denominación del mismo mecanismo.
Como se desprende de los casos anteriores, la definición de áreas de servicio para el tráfico telefónico es motivo para organizar lineamientos específicos que regulen las tarifas aplicables en larga distancia. Nuestro país no ha sido excepción a esta tendencia y desde 1998 la Cofetel emite una primera resolución sobre el tema. En tal ordenamiento, el Área de Servicio Local (ASL en adelante) se define como “una delimitación geográfica en la cual se presta el servicio local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella” (Cofetel, 1998). Con tal parámetro, el espacio geográfico que comprende cada ASL viene a ser el asunto central porque si dentro de esa demarcación todas las llamadas que se realicen serán locales, la dimensión geográfica de cada ASL resulta entonces el tema central. El interés del usuario será que el ASL donde reside alcance el mayor tamaño posible, para que la mayor parte de sus llamadas sean locales y no le signifiquen erogación extra alguna. Al apreciar que esta situación puede catalogarse de interés público, el órgano regulador ha buscado en forma permanente el reducir el número de ASL’s mediante un proceso de consolidación, el cual tiene entonces la voluntad y el empeño de conseguir la eliminación del cargo de larga distancia para el mayor número posible de usuarios. Este proceso, cuyas características particulares se abordan enseguida, ha sido permanente y en reconocimiento no únicamente del interés del ciudadano, sino por igual responde a las inquietudes manifiestas de los prestadores de servicio, de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil.
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¿Cómo funcionan las Áreas de Servicio Local (ASL)?
Para entender el proceso pueden aprovecharse los elementos que componen la Figura 1. En el ASL número 1 existen dos usuarios que se pueden comunicar entre sí con tarifas locales, pero si desean comunicarse con los dos usuarios que pertenecen a la ASL 2, tendrán que pagar el servicio telefónico con tarifas de larga distancia.
Figura 1. Tipología básica de la interacción entre ASL’s.
Fuente: Elaboración propia.
Para cumplir el objetivo de eliminar el cargo generado por la comunicación telefónica entre usuarios localizados en ASL’s distintas, se genera el proceso de consolidación, el cual es entonces el acto de fusionar en una sola ASL a por lo menos dos diferentes. La Figura 2 ilustra el proceso.
Figura 2. Proceso de consolidación de ASL’s.
Fuente: Elaboración propia.
El proceso de consolidación no es simple y debe tomar en cuenta consideraciones técnicas y económicas. En el primer caso, se destaca que en el proceso de integración debe cuidarse que los impactos en la topología o estructura de las redes públicas de telecomunicaciones sean los menos posibles a fin de minimizar los costos de adaptación. En el terreno económico, es de importancia considerar los planes de desarrollo a efectos de reforzar su implementación, así como los impactos que tendría la consolidación en el desarrollo regional. De igual forma, se toman en cuenta los flujos de tráfico de larga distancia que intercambian entre sí las ASL’s a fin de buscar aquellas consolidaciones que redunden en un mayor beneficio para los usuarios.
Los avances en esta materia no han sido menores, antes de iniciar el proceso de consolidación de ASL’s, el país contaba con mil 464 áreas de servicio local, cuyas llamadas entre sí implicaban el cargo de la tarifa de larga distancia. A medida que se ha implementado el proceso, se ha llegado a reducir hasta las 397 áreas, con el provecho asociado para la población residente. De las áreas existentes, 198 cuentan con la infraestructura necesaria para realizar la interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, y en las 199 restantes las funciones requeridas para la interconexión se tienen que realizar en otra área.
La modificación a la conformación regional de las ASL’s es un proceso que se inicia a solicitud de autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno; de usuarios de los servicios; de organizaciones no gubernamentales implicadas en procesos de desarrollo local, o bien de los propios concesionarios, que desean ampliar su presencia regional y someten a la autoridad regulatoria sus peticiones de consolidación. De esta variedad de solicitantes se desprende el gran interés que la sociedad en general manifiesta sobre el proceso, el cual incide directamente en los precios que el usuario paga por su consumo telefónico de larga distancia. Si se considera este factor frente a los requerimientos del desarrollo regional, es comprensible que para el órgano regulador de las telecomunicaciones se defina la consolidación de ASL’s como un proceso de interés público, en tanto genera provechos y beneficios directos al ciudadano por la reducción de gastos en las tarifas que se pagan por el servicio de larga distancia. Al transformar ese tráfico en llamadas de servicio local, se disminuye substancialmente el costo de las comunicaciones y con ello se apoya tanto al desarrollo personal de los habitantes residentes en las ASL’s consolidadas, como el crecimiento económico de los agentes productivos presentes en esos mismos territorios. Ampliar el tráfico de telecomunicaciones mediante la reducción de su costo significa entonces el forjar un soporte directo al desarrollo de las regiones donde el proceso se implementa.
El proceso de consolidación de ASL’s emana de las Reglas del Servicio Local, publicado por la Comisión desde octubre de 1997. De conformidad con el último párrafo de la regla Sexta Transitoria del ordenamiento, la Comisión puede modificar las ASL que se determinen cuando así lo exija el interés público, para “fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, tal y como lo establece la Ley” (Cofetel, 1997). Con base en esta directriz y al encabezar el esfuerzo de consolidación, el órgano regulador promueve que la consolidación multiplique los beneficios que enseguida se ordenan:
Reducción de tarifas. Es quizá el máximo provecho y se destaca por su objetividad y concreción, en tanto el pago que los suscriptores efectúan por su consumo telefónico se reducirá notablemente. A la inversa de cubrir la tarifa de larga distancia, pagarán ahora las tarifas de servicio local en aquellas llamadas que se desarrollen entre las comunidades pertenecientes a las ASL’s consolidadas. Después del proceso, el intercambio entre ellas será siempre servicio local y será tasado en esa modalidad por los operadores presentes.
Mayor competencia y crecimiento del mercado. La consolidación propicia que la competencia entre proveedores del servicio telefónico aumente en forma sustantiva, ya que con la consolidación también se amplía el área de cobertura de los puntos de interconexión señalados con anterioridad. De igual manera, aumenta el tráfico de servicio local y se coadyuva para generar un incremento de la densidad telefónica, porque se incentiva la contratación en tanto las comunicaciones telefónicas se tasan con tarifas de servicio local a un mayor número de usuarios. Es preciso señalar que en tanto las ASL consolidadas podrán contar con una mayor cantidad de usuarios con los cuales se pueden establecer llamadas a tarifa local, el servicio será más atractivo para nuevos usuarios y se fomentará el ingreso de una mayor cantidad de competidores en el servicio local; con ello puede incrementarse el volumen de los mercados locales en aquellas ASL que se consoliden.
Integración regional. Como nos hemos esforzado en argumentar, uno de los sustentos más importantes para el desarrollo económico de una región son las vías de comunicación que las enlazan y conectan con otras regiones y con el resto del territorio nacional para el intercambio de cualquier naturaleza. Con la consolidación de ASL, los usuarios podrán establecer comunicación con oficinas gubernamentales, centros de salud y de educación; con instituciones financieras y con otros organismos de cualquier naturaleza, sin tener que incurrir en los costos de larga distancia, como era la situación de antaño. Con ello, se fortalecerán los vínculos entre diversas comunidades vecinas, y podrá impulsarse una mayor competitividad de la región en su conjunto. Con tales beneficios, podrá coadyuvarse a generar un efecto positivo que permitirá elevar la calidad de vida de todos los mexicanos que habitan en las ASL’s consolidadas.
El desarrollo regional, la búsqueda colectiva e institucional por alcanzarlo y consolidarlo, es un proceso que demanda el accionar conjunto de ciudadanos, empresas y gobiernos. Para lograr ese propósito es fundamental y estratégico el diseño de planes, programas e iniciativas que busquen concretar quizá beneficios acotados, primarios inclusive, pero que al acumularse pueden propiciar los cambios cualitativos que requiere el desarrollo de las regiones nacionales. Es nuestra convicción que el proceso de consolidación de ASL’s tiene ese carácter, y sus logros -enfocados en algunas regiones por ahora- podrán empujar quizá de inicio en forma conservadora pero firme y decidida, los cambios que demanda nuestro país para desarrollarse. La vocación de Cofetel la ha llevado a plantear el proceso y a ejecutarlo con la ayuda y compromiso de todos los implicados. Por necesidad histórica y presente, el proceso debe de seguir. No sólo ya para que la Comisión cumpla sus propósitos institucionales, sino también, y quizá en primer lugar, para que el mayor número de mexicanos tenga los servicios que por derecho propio les corresponden
Bibliografía citada:
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) (1997). Reglas del Servicio Local. En: Diario Oficial de la Federación, 22 de octubre.
(1998). Resolución administrativa mediante la cual se establecen los lineamientos para llevar a cabo la consolidación de los grupos de centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectivo. En. Diario Oficial de la Federación, 30 de noviembre.
(www). Minutos de tráfico telefónico de larga distancia nacional. Serie anual. En: http://siemt.cft.gob.mx/ SIEM/#!prettyPhoto/24/ Fecha: 7 de agosto de 2012.
(www). Líneas telefónicas fijas totales. Serie anual. En: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/#!prettyPhoto/11/ Fecha: 7 de agosto de 2012.
Ministerio de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador (www). Áreas de Servicio Local. En:
http://www.siget.gob.sv/images/documentos/telecomunicaciones/
recursos_de_telecomunicaciones/plan_de_numeracion_14mayo05204.pdf
Poder Ejecutivo Federal (1995). Ley Federal de Telecomunicaciones. En: Diario Oficial de la Federación, 7 de junio. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Historia de las Comunicaciones y los Transportes en México. El Teléfono. México; SCT.
Unikel, L. (1975). “Políticas de Desarrollo Regional en México”. En: VVAA. Demografía y Economía. México; El Colegio de México.
Zozaya, A. (2010). “Mexicanización y Globalización: México rumbo al desarrollo”. En: Cieslik, T. La Globalización: retos y oportunidades para México. México, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Notas:
1 A la época funcionaban en efecto las compañías telefónicas Mexeric, que se había desarrollado como la filial mexicana del fabricante sueco Ericsson; y Mextel, que representaba los intereses de la estadounidense Western Electric. En la que puede designarse como la primera gran decisión regulatoria de interconexión, el Gobierno Federal ordena a ambas empresas el interconectar sus facilidades, para beneficio de los usuarios de las dos redes que ahora podrían comunicarse entre sí. Aunque la orden se declara en 1936, se hace efectiva hasta 1947 y con ello origina a la primera Teléfonos de México.
2 Toda la información citada se ha tomado del portal del Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística en concreto de las páginas de estadística económica y demográfica. Cfr. www.inegi.gob.mx
3 Cfr. www.contractingsociety.com
